Horas después de que el gobierno decidiera, como en las peores épocas del cristinismo, suspender las exportaciones de maíz para asegurar una oferta más barata a los sectores que consumen localmente ese grano, la misma administración anunció un acuerdo con la industria exportadora de aceites (que es casi la misma que exporta el maíz) para asegurar un precio accesible para el aceite vendido localmente.
No hay muchas diferencias salvo en los porcentajes. En el negocio del aceite de soja y girasol, el 95% de la producción se exporta y 5% queda para el mercado doméstico. En el caso del maíz, se exporta cerca del 65% de la cosecha sin procesar, mientras que el 35% restante queda en el país para la producción de carne de pollo, cerdo, vacuno en feedlots, leche, huevos y hasta bioetanol.
No se entiende por qué razón, entonces, el gobierno pactó con un sector una formula consensuada para frenar los precios internos, en el caso del aceite. Y castigó a la producción y exportación de maíz con una intervención en el mercado (aunque temporal, pues durará hasta marzo) que provocará una baja de precios debido a la distorsión entre oferta y demanda. De hecho, los compradores internos de maíz ya no deberían pujar con nadie por la mercadería disponible.
Planteado este dilema, a última hora de este miércoles el gobierno mostró como un éxito su cara conciliadora. Los ministros de Agricultura, Luis Basterra, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, posaron en una fotografía junto al presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras, que además dirige el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), donde casi las mismas empresas se dedican a exportar maíz.
Lo cierto es que en este caso sí hubo diálogo sobre el aceite y se firmó un acta acuerdo “para implementar un mecanismo de financiamiento que permita asegurar un precio accesible para el aceite de consumo familiar y, al mismo tiempo, compensar a los productores aceiteros que abastecen el mercado interno”.
La palabra compensaciones volvió a aparecer peligrosamente en escena.
No quedó nada claro, en la comunicación oficial, como funcionará el mecanismo para compensar a los fabricantes de aceite por el porcentaje de su producción destinada a abastecer a bajo precio el mercado interno. En otras épocas, cuando gobernaba Cristina Kirchner, hubo primero compensaciones a través de la ex ONCCA, que fueron multimillonarias y no surtieron mayor efecto en la contención de los precios. Luego funcionó un fideicomiso, en el cual de algún modo las aceiteras se distribuían el costo de sostener el aporte de aceite barato para el mercado doméstico.
Vale decir que Argentina es el país del globo que más aceite produce en función de su población. Cada argentino deberían tener una producción equivalente a más de 250 litros de aceite. El producto debería ser barato solo por la abundancia.
“Este acuerdo nos permite generar un instrumento que nos va a posibilitar garantizar alimentos a precios accesibles para las argentinas y los argentinos en todo el territorio nacional, sin descuidar las exportaciones del sector”, destacó Basterra durante la firma del pacto. Allí participaron además la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, y el secretario de Agricultura, Julián Echazarreta.
Kulfas explicó, aunque si dar precisiones: “El acuerdo tiene el objetivo de proteger el poder de compra de los argentinos, y evitar que el precio de producto que forma parte del consumo diario esté atado a los vaivenes externos”. En rigor, los precios de los aceites son fijados por mercados externos como Chicago (en el caso de la soja) y Rotterdam (en el caso del girasol).
“Esto le aporta previsibilidad a la industria, con un instrumento que le permite compensar a los productores y garantizar el abastecimiento al mercado interno”, agregó Kulfas.
En el mismo sentido, Español señaló: “Es un punto de partida importante para fortalecer la política de precios de un alimento esencial como el aceite. De esta manera, buscamos cuidar el consumo de los hogares argentinos, conjuntamente con la actividad exportadora”.
En representación de la industria aceitera, y olvidando por un rato su rol como representante de los exportadores de maíz, Idigoras expresó: “Ha sido un diálogo muy positivo y fructífero. Hemos sido convocados por el Gobierno para trabajar sobre esta problemática específica con el objetivo de asegurar el abastecimiento del mercado interno, sin distorsionar las condiciones de competencia de la producción, la comercialización y la exportación de aceites del complejo oleaginoso”.
Mañana contaremos en qué consiste el mecanismo financiero ideado para controlar los precios internos.
