Argentina necesita divisas de manera desesperada para asegurar la provisión de bienes que no se producen en el país y poder cumplir con los compromisos de deuda tanto estatales como corporativos.
Sin embargo, muchos de los principales productos que se envían a mercados externos están gravados con derechos de exportación, al tiempo que todos los bienes exportables están sujetos a la “retención cambiaria” que licúa los ingresos de los exportadores.
Pero cuatro de los diez principales productos argentinos de exportación adicionalmente están intervenidos, lo que implica que la comercialización de los mismos es regulada por funcionarios del gobierno nacional.
Esa metodología, si bien no se encuentra formalizada por ninguna normativa oficial, fue reconocida públicamente por los propios integrantes de la cadena del trigo en el evento virtual “A Todo Trigo 2021”.
Por su parte, las empresas elaboradoras de aceite de girasol, además de aportar fondos propios a un fideicomiso destinado a subsidiar el precio del producto comercializado en el mercado local, tienen la obligación de asegurar el pleno abastecimiento interno de ese alimento básico.
El último producto en sufrir la intervención oficial es la carne vacuna, la cual, si bien experimentó esta semana un cierre directo de exportación, ya venía acumulando sucesivas disposiciones tendientes a regular su comercialización, entre las cuales se incluyen las Declaraciones Juradas de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC), versión actualizada de los viejos “ROE Rojos” que promovieron una liquidación masiva de hacienda durante la década pasada.
Las intervenciones son el tercer componente, que se suma a los derechos de exportación y el “cepo cambiario”, de una política económica orientada a disociar los precios internacionales respecto de los internos, algo que, continuado en el tiempo, no es gratuito en términos de generación de divisas.
Tal disociación, en el mejor de los casos, no permite que se incremente la oferta de bienes exportables por falta de incentivos económicos, mientras que, en el peor de los casos, puede generar desmantelamientos de cadenas de valor completas con el daño que eso genera no sólo en términos económicos, sino fundamentalmente sociales.
