El programa para intentar incrementar la disponibilidad de trabajadores agropecuarios temporarios en economías regionales fracasó ante la falta de interesados.
El pasado 1 de septiembre entró en vigencia el decreto 514/2021, que estableció la compatibilización del trabajo rural registrado con la recepción de planes sociales bajo las modalidades de trabajo temporario, trabajo permanente discontinuo o trabajo de temporada.
De esa manera, a partir de ese mes los trabajadores temporarios del agro argentino podían ser contratados en blanco por cierto lapso de tiempo sin que eso derive en la desactivación, por parte de la Anses, del cobro de planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o el plan Argentina Trabaja.
Ya están disponibles los datos de empleo del mes de septiembre pasado y los números correspondientes al sector agropecuario no son alentadores, pues durante ese mes se registraron 319.348 trabajadores en el sector, una cifra menor a los 321.097 ocupados en septiembre de 2019.
Los datos correspondientes a septiembre de 2020 no son comparables porque, debido a las restricciones logísticas implementadas durante ese año, se hizo por demás difícil –y en algunos casos directamente imposible– el tránsito de trabajadores temporarios entre una jurisdicción y otra.
Antes del decreto 514, las personas que eran dadas de alta en un empleo dejaban de percibir los planes sociales. Por eso se esperaba que la flexibilización de la medida generase una mayor oferta de personas dispuestas a realizar labores en el agro. Pero eso no sucedió.
Entre las hipótesis detrás de ese fenómeno puede incluirse el hecho de que el decreto 514 estableció la flexibilización por un período de dos años, lo que introdujo un factor de riesgo respecto de la situación presente a partir del tercer año. Adicionalmente, además de los planes nacionales, en muchas provincias se implementan beneficios sociales que se desactivan cuando el beneficiario es dado de alta en un empleo.
Otra hipótesis posible es que los integrantes del sector al cual está dirigida la medida, beneficiarios de planes sociales sin ninguna ocupación formal, considerasen –en el actual contexto inflacionario– que no vale la pena el esfuerzo realizado para el ingreso por obtener debido al decreciente valor del peso argentino (en otra palabras: el valor del trabajo está cada más pauperizado en la Argentina).
Finalmente, no puede descartarse el hecho de que un sector de la población considere a los planes sociales como un derecho adquirido –una suerte de ingreso mínimo asegurado permanente– y que complemente el mismo con “changas” sin considerar la posibilidad de regresar al mercado formal de trabajo ni siquiera en términos temporales.
En mi zona, norte de Misiones, se refleja mejor el último párrafo, la mayoría sigue trabajando después de la temporada de cosecha, pero no quieren ser blanqueados por el miedo a perder los planes, que consideran como algo seguro.
“Finalmente, no puede descartarse el hecho de que un sector de la población considere a los planes sociales como un derecho adquirido –una suerte de ingreso mínimo asegurado permanente– y que complemente el mismo con “changas” sin considerar la posibilidad de regresar al mercado formal de trabajo ni siquiera en términos temporales.”