El concurso de Vicentin en la recta final: Tres agroindustrias quieren salvar a la empresa, pero las entidades bancarias están perdiendo la paciencia

La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro y Viterra Argentina firmaron una carta de intención no vinculante con la concursada Vicentin SAIC por medio de la cual se establece un compromiso de inversión de 720 millones de dólares para intentar rescatar a la compañía agroindustrial

Así lo informaron representantes de las tres compañías interesadas durante una audiencia en línea organizada el pasado 4 de noviembre por el juez del concurso preventivo de Vicentin, Fabián Lorenzini, quien convocó a las partes para que informen a los acreedores y trabajadores los avances en las negociaciones y los detalles de la propuesta concordataria.

El video de la audiencia fue difundido esta semana con el propósito de que los miles de acreedores que integran el concurso sepan cómo se está desarrollando la etapa final del proceso, dado que el período de exclusividad –luego de haber sido prorrogado– vence el próximo 16 de diciembre, lo que implica que no hay mucho tiempo para terminar de definir y acordar una propuesta superadora entre los principales acreedores.

La audiencia, que se extendió por casi dos horas y media, permitió evidenciar que ACA, Molinos Agro y Viterra tienen intenciones de integrar una sociedad que gestione la mayor parte de los activos de Vicentin. ACA y Molinos son usuarios de los servicios de molienda ofrecidos por Vicentin, mientras que Viterra, como accionista mayoritario, es socia de Vicentin en Renova S.A.

Sin embargo, el evento también fue un reflejo de cómo los representantes de las entidades bancarias –que son, en términos de la masa concursal, los principales acreedores– están a un paso de perder la paciencia frente a la falta de precisiones aportadas por el directorio de Vicentin.

Omar Scaler, el presidente del directorio de Vicentin, aseguró que envió a los acreedores un “proyecto de propuesta”, al tiempo que Estanislao Bougain –otro director– expresó, con una envidiable tranquilidad, que “la propuesta en su conjunto no está, no existe, porque necesitamos un paso más para poder terminarla y creemos que estamos muy próximos para poder realmente tenerla escrita”.

Lorenzini, prácticamente rogó a los directores de Vicentin que mostraran algo concreto. “Espero que ustedes entiendan la gravedad del momento; sé que lo entienden, pero es mi obligación hacerles notar que el motivo de esta audiencia, el principal motivo de esta audiencia, además de, por supuesto, escuchar a todos los demás (interesados), es saber en qué consiste la propuesta concordataria; no considero que a esta altura de la situación sea una demanda irrazonable ni mucho menos”, dijo el juez casi implorando que aporten algún dato concreto.

“Si no formulamos la propuesta en términos claros, al menos a grandes rasgos y con un trazo grueso, veo muy difícil que en el tiempo que nos queda para el período de exclusividad se puedan reclutar las conformidades de todos los acreedores, así que les pido que hagan un esfuerzo, que me entiendan y que por favor indiquen por lo menos los lineamientos generales que nos permitan comprender hacia dónde estamos encaminados”, insistió el juez.

Estanislao Bougain tomó la palabra, pero, lejos de aportar, claridad, señaló que la propuesta contempla dolarizar los créditos pesificados de todos los acreedores –tanto granarios como no granarios– para hacer un pago inicial por “una suma que tenemos que determinar de definir exactamente”. No detalló cuáles serían los términos de la dolarización de las deudas pesificadas. Y comentó que la propuesta general sería abonar el 30% de la deuda en un plazo de 15 años, sin hacer mención a ninguna tasa de actualización de las cuotas por abonar.

Julio Fermo de Columbus Zuma Investment Banking, asesor de entidades internacionales IFC y FMO, pidió la palabra para expresar que el diseño de un proyecto de propuesta, teniendo en cuenta que se trata de un proceso que involucra unos 1500 millones de dólares, “exige de un cierto nivel de profesionalismo y seriedad que no están alineados con lo que nosotros hemos recibido hasta este momento; con eso quiero decir que nos han compartido términos muy vagos que no nos permitieron siquiera llevar adelante un análisis serio y en este punto quiero ser muy claro: tenemos una profunda vocación por alcanzar un acuerdo porque sabemos de los efectos que supone no alcanzar un acuerdo”.

“Estamos predispuestos a hacer todos los esfuerzos que hagan falta para tratar de lograr un acuerdo dentro del período exclusividad, pero lo que no podemos desconocer es que, para alcanzar un acuerdo, previamente hay que recibir una propuesta y esa propuesta tiene que ser formulada con todos los detalles que supone el análisis de algo tan complejo como es una propuesta concordataria en el marco de un proceso tan difícil”, disparó Fermo.

Cuando llegó el turno de las empresas interesadas en buscar una solución, Mario Rubino, gerente general de ACA –cooperativa que es el principal acreedor granario en el concurso– manifestó que ese mismo día, el 4 de noviembre, habían logrado un acuerdo de intención no vinculante “porque todavía nos faltan elaborar los contratos definitivos para poder hacer la oferta vinculante”.

“Las tres empresas que estamos acá (por ACA, Molinos y Viterra) no somos inversores que venimos a buscar fondos para obtener rentabilidad y e irnos al lograr el pico de esa rentabilidad y darle otro destino al capital; somos tres empresas del sector con importantes inversiones realizadas en la Argentina”, explicó el directivo de ACA.

Rubino detalló que la iniciativa comprende una inversión conjunta de 720 millones de dólares, de los cuales 100 millones están computados para afrontar eventuales contingencias futuras, para luego añadir que al contratar los servicios agroindustriales de la concursada se logró mantener la estructura de la misma en funcionamiento “con momentos de márgenes positivos y con momentos de márgenes negativos, como está ocurriendo actualmente, pero en esta instancia de negociación siempre nos comprometimos a poder mantener la empresa en marcha”.

Por su parte, Amancio Oneto, vicepresidente de Molinos Agro, apuntó que existen contingencias que hacen que “no sea posible que podamos hacer una capitalización inmediata” de Vicentin y que “eso lleva hacia a una cierta complejidad en la estructura de la operación”. Y agregó que “la estructura a la que arribamos (en el acuerdo) no es la estructura que nosotros hubiéramos soñado”. Palabras misteriosas para un acuerdo que, por el momento, debe permanecer en la confidencialidad.

Cuando le llegó el turno a Sergio Díaz, representante del Banco Nación (BNA), no tardó en reconocer que la propuesta realizada por Vicentin “no cubre las expectativas que teníamos nosotros en cuanto al crédito privilegiado” de la entidad que conforma el concurso, por medio del cual el BNA tiene la posibilidad de recibir, como parte de pago, todos las liquidaciones de ventas de bioetanol elaborado en la unidad industrial de Avellaneda de Vicentin, dado que esa misma fue, precisamente, la garantía del crédito.

La cuestión del bioetanol, lejos de tratarse de un detalle, representa un aspecto central para que pueda desarrollarse el acuerdo de rescate, porque las tres empresas interesadas consideran a la planta de etanol maicero un activo estratégico, aunque –por supuesto– el mismo no tendría utilidad alguna si todo lo que genera va a parar al BNA. Por ese motivo, el directorio de Vicentin solicitó a las autoridades de la entidad oficial que “liberen” a esa fábrica para que los pagos se hagan en función de las utilidades generadas por la misma –con una garantía hipotecaria atada a la instalación industrial– y no por su facturación. Ese pedido no convence para nada al presidente del BNA Eduardo Hecker, quien en reiteradas oportunidades se manifestó en contra de las actitudes emprendidas tanto por el anterior como el actual directorio de la concursada.

En ese sentido, Julián Echazarreta, directivo de ACA y ex secretario de Agricultura de Alberto Fernández, hizo un paréntesis para contextualizar la situación y recordar que la capacidad ociosa de la industria aceitera argentina ronda el 40% y que la posibilidad de que las fábricas de Vicentin puedan seguir trabajando permiten “disfrutar de cierta paz social”. En otras palabras: usar el caso Vicentin como un activo político puede terminar siendo un pésimo negocio para el gobierno nacional, sin mencionar, claro, el drama social que representaría la quiebra definitiva de la empresa concursada.

Otro tema complejo es que la propuesta no parece tener interés en la planta industrial que Vicentin tiene en la localidad santafesina de Ricardone, que, por tener una capacidad de molienda de casi 4400 toneladas/día, es muy ineficiente respecto de la unidad de San Lorenzo, que puede moler 16.650 toneladas/día de oleaginosos.

Lorenzini, al finalizar el encuentro virtual, volvió a insistir con el hecho de que el directorio de Vicentin debe presentar una propuesta concreta cuanto antes. “La propuesta siempre se puede mejorar, pero si no hay propuesta, la discusión va a seguir siendo una discusión muy etérea, muy poco telúrica, y tenemos que aterrizar el problema para evitar  justamente que se sigan atrás poniendo umbrales del tiempo que ya  lamentablemente no podemos extender más”, argumentó el juez.

Por último, Estanislao Bougain se comprometió a acceder a ese pedido. “El próximo paso nuestro tiene que ser efectivamente los acuerdos necesarios para presentar la propuesta en el expediente e inmediatamente presentar una cantidad de conformidades, con las que ya contamos y algunas otras que estamos recién empezando a mostrar”, dijo el directivo de Vicentin sin transpirar una sola gota de sudor.