Tal como había prometido, el gobernador misionero Oscar Herrera Ahuad recibió ayer la visita de representantes de la Organización de Productores Autoconvocados de la provincia, que hace semanas vienen denunciando la escalada de los delitos rurales, sobre todo en la zona norte del territorio. El funcionario estuvo acompañado por el diputado nacional Ricardo WellBach, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia y el presidente y vice del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM). En quince días habrá una segunda reunión para evaluar la concreción de las primeras medidas acordadas.
“No sabemos si alcanza, pero pudimos hablar claramente sobre los temas que nos están atormentando y en los que nos sentimos impotentes, ya sea por no tener resolución como por no tener apoyo de quiénes deberían apoyarnos: los intendentes”, dijo hoy a Bichos de Campo Frances “Paquita” Lowe, una de las referentes del movimiento.
“Según la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosana Pia Veamcherutti, el tema principal es que no hay un autor del delito porque generalmente se encuentra el ganado ya carneado. Nosotros le dijimos qué nombres y apellidos hay (como sospechosos), sólo es cuestión de que haya una mejor investigación por parte parte de ellos”, agregó.
Los productores y colonos presentes sostuvieron que la periodicidad con que ocurren estos delitos hizo que los cuatreros estén en su mayoría identificados. Sin embargo, la complicidad en las fuerzas policiales hace que las denuncias no prosperen: al momento hay al menos 80 causas demoradas.
“El servicio de seguridad rural es casi inexistente y lo poco que existe se desarrolla con mucha precariedad de recursos y en forma muy esporádica. Y como si eso no fuera poco, vemos que la política partidaria en muchos casos es el motor de los delitos de usurpación y ocupación de tierras privadas”, indicaron del productores movilizados en el documento presentando ante el gobernador Ahuad, al que accedió Bichos de Campo.
Frente a eso, el funcionario propuso una serie de medidas que comenzarán a implementarse –según prometió- en los próximos días:
- Se creará una fuerza especial dentro de la Policía que se dedique a los delitos rurales y esté capacitada para intervenir en esas áreas. Su principal objetivo será controlar las rutas en coordinación con los distintos municipios.
- La presidenta del Superior Tribunal de Justicia designará en cada juzgado a una persona específica para llevar adelante los expedientes de delitos rurales. Se pondrán a disposición herramientas de inteligencia para investigar a las redes delictivas.
- La gobernación informará a todos los intendentes los puntos para la puesta en marcha del Plan de Seguridad Rural. Será responsabilidad de los municipios controlar el origen de la carne en los puntos de venta, sus condiciones bromatológicas, etcétera.
Respecto a los robos de yerba, se analizó junto a los funcionarios del INYM la forma en que operan los delincuentes y los controles que se realizan en las playas de acopio y rutas. “Les contamos que nos parecía que esa Institución se había quedado dormida. Nos dimos cuenta que, desde que estamos autoconvocados, se está siguiendo el manejo de la yerba en los secaderos”, comentó Lowe.
En dos semanas la gobernación prometió convocar una nueva reunión para analizar el avance de las medidas propuestas. “Empezamos a hablar de comisión y un foro rural y yo insistí en que no funcionan y tardan mucho en realizarse. Nosotros necesitamos una solución inmediata”, concluyó la referente.
