El año pasado el Servicio Nacional de Manejo del Fuego ejecutó un presupuesto de 433 millones de pesos. Pero en 2021 se espera que esa partida supere los 3000 millones de pesos gracias a un nuevo aporte forzoso realizado por el sector privado argentino.
Eso porque la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional del presente ejercicio 2021 creó una “contribución obligatoria” del tres por mil sobre las primas de todos los seguros con excepción de los dedicados al ramo de “vida”.
Con ese aporte forzoso del sector privado, junto con una partida inicial asignada de 418 millones de pesos, el Ministerio de Ambiente espera contar este año con un presupuesto superior a los 3000 millones de pesos, el cual se será gestionado por medio de un fideicomiso que fue creado en abril pasado.
Los generosos contribuyentes del aporte del tres por mil son los contratantes de seguros automotores, de riesgos del trabajo, incendios, familiares, agropecuarios y hasta los de sepelios (sí, en serio, también incluye a los seguros de sepelio).
La cuestión que hoy la Superintendencia de Seguros de la Nación ya transfirió la primera partida del nuevo impuesto al fideicomiso: se trata de una cifra de 551 millones de pesos. Clink Caja.
La contrapartida de ese “éxito” recaudador es que, debido al nuevo impuesto destinado a financiar el Servicio de Manejo del Fuego, las compañías aseguradoras decidieron a fines del año pasado no renovar el acuerdo voluntario por medio del cual derivaban al Estado el 1% de todas las pólizas de seguros automotrices para financiar planes forestales.
El fideicomiso para la administración del Fondo Nacional del Manejo de Fuego tiene al Ministerio de Ambiente como fiduciante, fideicomisario y también beneficiario. Y es administrado por un “Comité Ejecutivo” integrado por el ministro de Ambiente Juan Cabandié, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental Sergio Federovisky y el subsecretario de Gestión Administrativa de ese ministerio Edgardo Kutner.
La constitución de un fideicomiso permite a funcionarios públicos dar pronta respuesta a problemas específicos urgentes, aunque, como su uso es discrecional, debe contar siempre con una auditoría independiente para verificar que no se cometan irregularidades.
