Las autoridades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) avisaron este lunes en Misiones que de ser necesario recurrirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para hacer valer su decisión de limitar a solo 5 hectáreas anuales la posibilidad máxima de implantación de nuevos yerbales.
Tal como informó Bichos de Campo, esa norma debía comenzar a regir a partir de 2022 y por cierto resulta muy particular dentro de la política agropecuaria de la Argentina (donde no existen prohibiciones ni límites para sembrar ningún cultivo). Con ese argumento fue impugnada por un molino en la justicia de Corrientes, provincia cuyo gobierno también se opone.
Juan José Szychowski, presidente del Instituto mixto (hay representantes de toda la cadena y del Estado nacional y provincial), anunció que “se defenderá la plena vigencia de la Resolución 170/21 del INYM y de la Resolución 152/21” del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. También amenazó con sanciones a la empresa que motorizó el recurso de amparo, La Cachuera SA,. que es la productora de la yerba Amanda. Según el directivo, la firma infringe la Ley de Competencia, afectando el interés general.
“La Ley, la moral y nuestras convicciones de proteger a los miles de pequeños productores y trabajadores, son nuestras banderas”, dijo Szychowski, al tiempo que informó sobre la decisión de “evaluar el accionar de la empresa, entendiendo que si incurre en el incumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia, de ser necesario, se formalizará una denuncia ante El Tribunal de Defensa de la Competencia”.
El presidente del INYM, que impulsó esta limitación de nuevos yerbales en junio pasado, consideró que “la resolución judicial tomada en Paso de los Libres, muy lejos de los miles de trabajadores y de las plantaciones de yerba mate, afecta a la sociedad en su conjunto, porque si la Resolución 170 no puede implementarse, vamos camino a una sobreoferta de hoja verde, vamos camino a la caída de precios, a una crisis en el sector yerbatero. Y cuando eso ocurre hay crisis en la sociedad porque es la yerba la que mueve la economía en cada una de las localidades, en la región”.
Las autoridades del INYM brindaron una conferencia en el marco de la medida del juez federal de Paso de los Libres, Gustavo del Corazón Fresneda, que dio lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada por la empresa La Cachuera, decisión que ya fue apelada por el INYM.
Explicaron que con la Resolución 170 -que impone un máximo de implantación de 5 hectáreas anuales (o del 1% de la superficie yerbatera total) para todos los operadores inscriptos en el ector cualquiera sea su escala o tamaño , “queremos una producción distribuida en pequeñas unidades, que los agricultores se dediquen a producir la materia prima, y que las industrias inviertan ese dinero en ampliar y lograr nuevos mercados”.
El sector yerbatero se caracteriza en Misiones por tener unos 15.000 minifundistas que producen la hoja verde, aunque tanto en esa provincia como en Corrientes existen plantaciones de mayor tamaño generalmente integradas con la industria. La prohibición inédita de implantar un cultivo lícito más allá de las 5 hectáreas sorprendió a los grandes jugadores nucleados en la Cámara de Molineros Yerbateros, que a pesar de integrar el INYM fueron dejados de lado en esa decisión.
Al aportar elementos legales para sostener este tipo de intervenciones, el síndico del INYM, Emilio Jouliá, aseguró que con la medida dispuesta por el juez de Paso de los Libres “está en juego la institucionalidad del INYM”, e informó que la ley 25.564 de creación del Instituto, “ordena, obliga a intervenir cuando hay un exceso en oferta y demanda; no es un opción, el Instituto está obligado a intervenir y a dictar medidas que ordenen el crecimiento regulado de producción y de toda la cadena yerbatera”.
También manifestó que “acá hay casi un conflicto de poderes porque resulta que se está cuestionando desde el Poder Judicial de una provincia que no es el juez natural de esta empresa, ni del Instituto”. Eso en el sentido de que el juzgado pertenece a Corrientes, mientras que la elaboradora de Amanda y el propio instituto se encuentran en territorio misionero.
Específicamente sobre La Cachuera, la segunda empresa más importante del sector y exportadora de yerba mate, el síndico contó que “en 2, 3 o 4 años quiere plantar 1.000 hectáreas de yerba”.
“Esa cantidad, dividido 5, que es la cantidad de hectáreas que establece la Resolución 170 por productor, deja afuera automáticamente a 200 productores, o sea la empresa le resta 5 hectáreas de yerba mate a 200 familias”, indicó. “Hay una clara intención de abusar de ese poder dominante”, elucubró.
