La semana pasada el presidente Alberto Fernández, por medio de un decreto, decidió correr del medio al Ministerio de Transporte para determinar que en los próximos tres meses la Administración General de Puertos (AGP) deberá concesionar el servicio de señalización y dragado de la Hidrovía del Paraná por un plazo de un año.
Pero existe un problema: ese organismo estatal no fue creado con el propósito de gestionar y controlar una concesión de tal magnitud, así que hubo que salir a los apurones a crear una nueva normativa para tal fin.
Y eso es precisamente lo que se estableció hoy por medio de la resolución 76/2021 de la AGP, la cual fue redactada y revisada con tal premura que el documento final publicado tiene diferentes tipografías, señal inconfundible de que hubo varias personas haciendo aportes al respecto, pero no las suficientes como para darse cuenta de que había que emprolijar el texto final antes de enviarlo al Boletín Oficial.
En el reglamento de contrataciones de la AGP se establecen las pautas presentes en todo proceso licitatorio, desde los criterios para diseñar un contrato hasta la modalidad para realizar la adjudicación y controlar al concesionario.
Entre las facultades que se atribuye la AGP para realizar contrataciones se encuentra la de aumentar o disminuir hasta un 20% el monto del contrato “sin variación de las condiciones y precios pactados y con la adecuación de los plazos respectivos, debiendo requerir conformidad del contratante cuando el porcentaje fuere superior”.
También tendrá el “poder de control, inspección y dirección de la respectiva contratación”, además de la facultad de imponer penalidades y sanciones a los contratantes cuando los mismos incumplan sus obligaciones contractuales.
Otra atribución de la AGP será la prerrogativa de proceder a la ejecución directa o por terceros del contrato “cuando el contratante no lo hiciere dentro de plazos razonables, pudiendo disponer para ello de los bienes y medios del contratante incumplidor, encontrándose a cargo de este la totalidad de los gastos que la situación pudiere irrogar”.
Supuestamente, una vez finalizado el período de un año de la contratación gestionada por la AGP, comenzaría a hacerse cargo del servicio de dragado el concesionario seleccionado por una licitación internacional realizada por el Ministerio de Transporte, aunque, en función de los diferentes y sorpresivos sucesos ocurridos en las últimas semanas, eso no está garantizado.
Esto es lisa y llanamente una muestra más de lo que puede hacer un gobierno tan incapaz como corrupto. Viven inventando cuestiones inexistentes para justificar el robo
En una hipotética consulta con nuestros héroes, si le preguntáramos a Belgrano, Rosas o Brown , sobre que deberíamos hacer con nuestros ríos y mares; seguramente responderían que lo tiene que manejar el Estado.- Hay muchos compatriotas que dicen que son otros tiempos, pero , la voluntad patriótica es la misma. A esos que les gusta mirar el norte, hay que avisarles que EEUU maneja sus ríos y sus mares, y no con una contratación privada, si no con sus ejército.