Investigación: El llamativo silencio de “la autoridad de aplicación” de la política hípica

Esta breve investigación periodística comenzó más o menos así:

Quejándose de la implacable ofensiva de María Eugenia Vidal contra el supuesto “subsidio al hipódromo”, un proyecto que de aprobarse en el Congreso bonaerenses le permitirá a la Provincia apropiarse de un fondo de 1.000 millones de pesos anuales que actualmente van desde los tragamonedas hacia los criadores de cabellos de carrera, un amante del turf me preguntó: “¿Y qué opina la autoridad de aplicación de la política hípica? ¿Por qué nadie del gobierno nacional le hace frente a Vidal?”

La “autoridad de aplicación”… ¿Qué vendría a ser eso? Aunque degradada a sencilla Dirección de Equinos, la “autoridad de aplicación” de una política nacional para quienes se dedican a criar caballos es la vieja Dirección Nacional de Actividades Hípicas, que depende de la actual Subsecretaría de Ganadería, a cargo de Rodrigo Troncoso. Es que los caballos, como las ovejas o las vacas, son seres vivos de cuatro patas, que comen, crecen y se reproducen.

Todo ese área de la política ganadera está subordinada, a la vez, del actual ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. Y esto está más que claro porque a poco que asumió el cargo público, el ex presidente de la Sociedad Rural fue invitado a participar de la ceremonia de la entrega del gran premio Carlos Pellegrini´en el Hipódromo de San Isidro, que sería luego uno de los más afectados por la medida que ahora impulsa el Ejecutivo bonaerense. Sucedió el 16 de diciembre de 2017.

Vidal lanzó su ofensiva para eliminar el Fondo de Reparación de la Actividad Hípica -creado a principios de la década del 2000-, unos pocos meses después de ese gran premio, el 14 de febrero de 2018. “Con ese dinero que dimos en 2017 podríamos haber puesto en valor 30 guardias de hospitales públicos, comprado 650 ambulancias, construir 1.000 viviendas o hacer mas de 120 kilómetros de ruta”, dijo la gobernadora, dejando más que claro que su objetivo era derivar esos 1.000 millones de pesos que hoy van a los premios de las carreras (y desde allí se distribuyen a lo largo de la cadena de producción de caballos) hacia las arcas generales de la Provincia. En ese momento, nadie desde la “autoridad de aplicación” de la política hípica abrió la boca.

Ver: Golpe de Vidal a la actividad hípica: plantea quitarle todos los subsidios

En la Dirección de Equinos y la Subsecretaría de Ganadería siempre se mantuvieron al margen de la discusión sobre la iniciativa de Vidal que, según dicen los representantes del turf, pondría en peligro de supervivencia a toda una actividad troncal en ese sector productivo, la cría de caballos pura sangre de carrera (los SPC). Se trata, y en esto hay consenso, de una actividad en la que la Argentina es líder mundial, y que tiene una fuerte presencia en la Provincia de Buenos Aires, donde unos 80.000 puestos de trabajo dependerían de los haras, los studs, los hipódromos y las pocas apuestas que todavía se hacen hacia los salieri de Leguisamo.

Ver: ¿De qué hablamos cuando hablamos de la industria de los caballos de carrera?

¿Tanta gente depende de los hipódromos? ¿No será una exageración de quienes pretenden conservar sus privilegios? Imposible saberlo si la “autoridad de aplicación” no sale a aclarar los tantos, como correspondería frente a este intenso debate. Pero no es la primera vez que los argentinos discutimos sobre algo sin saber de qué se trata.

Por lo pronto, el comunicado oficial que anunciaba la única visita de Etchevehere a San Isidro decía sobre la cría de SPC que “se estima que genera en forma directa 45.000 puestos de trabajo y otros 90.000 en forma indirecta, que constituyen grupos familiares de, aproximadamente, unas 400.000 personas que viven hoy de la industria del caballo”. Fuente oficial, la pucha.

Pese a tanta importancia no hubo nadie, pero nadie, desde el Ministerio de Agroindustria, que dijera alguna cosa sobre el posible impacto que tendría sobre la actividad productiva una ley provincial que al parecer es decididamente antiproductiva.

El 15 de abril pasado, cuando la gente de la hípica comenzó a salir de la modorra y a mostrar los dientes frente al proyecto que Vidal ya había enviado a la Legislatura, hubo una chance clarísima para que la “autoridad de aplicación” diera a conocer su opinión sobre la conveniencia o no de eliminar el Fondo de Reparación del Turf.

Ese día el ministro Etchevehere participó en Pilar de la exposición de la Expo Industria del Polo. “Debemos potenciar a esta industria que genera más de 30.000 empleos de manera directa y 100,000 indirecta”, subrayó en ese momento. Otras vez números dispares, pero siempre importantes.

Dos conclusiones. La primera es que hay que llamar de modo urgente a un censo sobre la mano de obra que ocupan las actividades hípicas. La segunda cosa que quedaba claro es que, ni siquiera a pesar de la mano de obra que ocupa, la “autoridad de aplicación” se animaría a desafiar a la gobernadora Vidal, niña mimada y eventual candidata a presidente por el macrismo. Una derrota de la política de Estado a manos de la política partidaria.

Ver: Estrategia oficial: El polo sí, pero los caballos de carrera más o menos…

Una nueva chance para impulsar un sano debate sobre si la cría de caballos debe seguir recibiendo parte del dinero de los tragamonedas provinciales sucedió el pasado 1 de mayo, cuando se desarrolló por primera vez en Palermo el “Día del Caballo Argentino”. La jornada había sido lanzada tiempo antes, el 22 de marzo de 2018, y fue presentada como parte de una “Política Hípica Nacional”. Pero la “autoridad de aplicación” ni siquiera formó parte de los auspicios. Y el ministro de Agroindustria cedió la voz cantante en materia de política hípica a su par de Deportes, el simpático”Colorado” Mac Allister.

“La actividad hípica en la Argentina es un 70% de caballos de carrera, un 20% de polo y el restante 10% de todo el resto de las actividades”, me dice muy seguro un añoso recorredor del paño de césped verde de los hipódromos. Punto más o punto menos, a esta altura es inadminisible que en el Ministerio de Agroindustria no hayan publicado ni siquiera un análisis del impacto que podría tener sobre un sector productivo real la decisión de la Provincia de Buenos Aires de restarle financiamiento a la actividad, cualquiera sea el origen de los fondos.

Tengan o no razón en sus quejas los cultores de las carreras de caballos, lastima la inteligencia el silencio de la “autoridad de aplicación”.  Para avalar o para rechazar los argumentos de los criadores de pura sangre deberían expedirse las autoridades. Porque no puede suceder que una administración provincial avasalle y no pueda la Nación ni siquiera propiciar un debate más integrador y productivo.

Todo había sido diferentes hasta pocos meses antes de la ofensiva de Vidal. El 19 de septiembre de 2017, cuando todavía pintaba tranquilo el panorama, Agroindustria sacaba pecho y creaba nada menos que “la Mesa de Equinos Sangre Pura de Carrera”. Ese día hubo una primera reunión presidida por Troncoso, el subsecretario de Ganadería. La idea de esa mesa era, según dijo el funcionario, “generar un mecanismo de diálogo sustentable en el tiempo para que haya una continuidad de trabajo”.

Pero la mesa de la competitividad de los caballos de carrera nunca volvió a reunirse.

El 21 de febrero de 2018, pocos días después del anuncio de Vidal sobre la “eliminación de los subsidios a los hipódromos”, y ya con Etchevehere al mando del ministerio, volvió a reunirse la Mesa Equina, pero esta vez con todas las diferentes asociaciones vinculadas a la hípica. La agenda recorrió los temas calientes, pero no hubo definiciones. Recuerda el comunicado oficial que se habló “de la necesidad de contar con un órgano a nivel nacional que regule las actividades hípicas en todo el país (es decir, con una “autoridad de aplicación” en serio) y ver cómo se articula con las Loterías Provinciales para aquellas actividades que tienen relación con las apuestas y regularización del juego”, en clara alusión a la Lotería de la Provincia, el organismo encargado de administrar las máquinas tragamonedas y el Fondo de Reparación para el Truf.

Más allá de esa aproximación al debate que ahora nos ocupa, después de esa segunda reunión tampoco hubo pronunciamiento oficial. La “autoridad de aplicación” siguió muda respecto de si la ofensiva de Vidal podría ser dañina o no para un sector productivo de fuste como la cría de SPC. ¿Cerrarán los haras y los hipódromos, como dicen los del sector? ¿Habrá una furiosa concentración de criadores de caballos pura sangre? ¿Será una actividad reservada solamente para los que desean blanquear dinero de actividades ilícitas o de la política?

Todas esas son preguntas que no podemos responder, porque simplemente los gobiernos han decidido no hablar de ello. Y mientras la ley enviada por Vidal logró media sanción en el Senado bonaerense, la “autoridad de aplicación” nacional brilla por su ausencia.

Ver: Logró media sanción el proyecto de Vidal que desfinancia al turf

¿Será posible que un país o su principal provincia dicten leyes sin que los funcionarios técnicos del área den a conocer sus pareceres? ¿Será posible que se pongan en peligro unos cuantos miles de puestos de trabajo sin antes dar el debate necesario?

Frente a ese posibilidad, Bichos de Campo volvió a preguntar a los funcionarios de Agroindustria sobre esta extraña situación. La respuesta que brindó la “autoridad de aplicación” fue la que me convenció de comenzar a publicar esta breve serie de notas: “Se trata de una atribución de la provincia de Buenos Aires. Desde Agroindustria, mientras tanto, seguimos trabajando para mejorar la competitividad del turf”.

Nada, solo eso. ¡Largaron!

Al final parece que la competitividad pasaba por guardar silencio.