Por una votación de 121 votos a favor y 8 en contra (Australia, Guatemala, Hungría, Israel, Nueva Zelanda, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos), con 54 abstenciones (entre ellas la de Argentina), la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) aprobó hace pocas horas el proyecto de resolución III, “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales ”.
El máximo organismo de la ONU aprobó esta Declaración, que ya había sido votada por el Consejo de Derechos Humanos el 28 de septiembre de 2018. Ahora se invitará a los gobiernos y a los organismos de las Naciones Unidas y difundirla y si es posible a respetar ese largo listado de derechos.
Esta votación pone fin a un largo proceso de debate que se inició dentro de la ONU seis años atrás, en 2012, pero que en realidad se remonta mucho más atrás. Promovido por la organización Vía Campesina (LVC) y otras entidades globales desde hace más de 15 años, todo se inició en 2000, cuando el SPI (Serikati Petani Indonesia), sindicato indonesio miembro de LVC estableció los primeros contactos en Ginebra, a fin de buscar el reconocimiento y la institucionalización de los derechos del campesinado.
Dentro de la ONU, la primera sesión del grupo de trabajo que debía redactar estos derechos se llevó a cabo en julio del 2013, con la primera lectura del texto de la declaración propuesto por el Comité Asesor y un debate entre los numerosos países participantes bajo la fuerte presión de los países industrializados, con Estados Unidos a la cabeza. Este trabajo fue impulsado a lo largo de todos estos años por el gobierno de Bolivia. Es una incógnita a develar por que la Argentina se abstuvo en la votación.
Para Liga Campesina, de todos modos, era imperativo tener una carta de derechos para los campesinos semejante a la que la ONU dictó para los niños o los ancianos. “Aproximadamente el 80% de la población mundial que sufre de hambre vive en las zonas rurales. Actualmente, el 50% de éstas personas se dedican a la agricultura campesina y el 20% son familias sin tierra que sobreviven en arriendo o como trabajadoras y trabajadores rurales mal remunerados. No menos del 70% de este renglón de la población son mujeres que trabajan principalmente en la agricultura”, enumeraba la organización.
Ahora, con los declaración ya aprobada, todo parece más sencillo. La FAO (el organismo de la ONU para la agricultura y la alimentación) se congratuló de esta decisión. “A la población rural se le ha dejado atrás de forma sistemática: constituye la gran mayoría de los pobres del mundo, generalmente tienen salarios más bajos y menos acceso al agua, energía, protección social y otros servicios que son esenciales para su desarrollo sostenible. Esta es una oportunidad para cambiar esta realidad”, explicó Carla Mucavi, Directora de la Oficina de Enlace de la FAO en Nueva York.
Los derechos específicos reconocidos por la Declaración incluyen el derecho a una alimentación adecuada, a la tierra y al agua. La Declaración sostiene también la necesidad de respetar la identidad cultural y el conocimiento tradicional de la población rural, así como la exigencia de proporcionar protección social y garantizar la igualdad de género en las zonas rurales.
