La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, intimó a las grandes empresas de los sectores de comercio e industria a fabricar, distribuir y comercializar “al máximo de su capacidad instalada” productos de la canasta básica mientras persista la emergencia sanitaria.
Lo hizo a través de la resolución 330/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, en la cual se precisó que las empresas industriales y comerciales deben “arbitrar las medidas conducentes para asegurar el transporte, distribución y provisión de los insumos y bienes finales producidos en todo el territorio nacional” hasta tanto se mantenga vigente la emergencia sanitaria por el Covid-19.
“El incumplimiento de la presente resolución hará pasibles a las empresas infractoras de las sanciones previstas en la Ley N° 20.680 y sus modificaciones”, amenaza la resolución.
Vale recordar que la Ley de Abastecimiento Nº 20.680, que data de 1974, contempla multas, clausura del establecimiento por un plazo de hasta noventa días, inhabilitación de hasta dos años, comiso de las mercaderías, suspensión de hasta cinco años en los registros de proveedores del Estado y pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales.
La normativa introduce un grado de discrecionalidad enorme dado que no establece ningún parámetro objetivo para medir el nivel de actividad de una empresa según su capacidad instalada y tampoco tiene en cuenta las circunstancias ajenas a la conducción empresaria que puede afectar la dinámica productiva (medidas sindicales, dificultades para conseguir insumos, gestionar importaciones, etcétera).
En los fundamentos de la resolución se indica que la medida (la amenaza en realidad) “resulta indispensable a fin de satisfacer la demanda creciente de la población y entidades públicas de los distintos niveles de gobiernos para evitar, de este modo, situaciones de desabastecimientos”.
La medida rige para compañías del sector industrial que facturen más de 3955,2 millones de pesos por año y las del sector comercial que registren una facturación anual superior a 3698,2 millones de pesos.
Esta semana la Secretaría de Comercio Interior imputó a la filial argentina Mondelēz, Bagley (Arcor) y PepsiCo por presuntas infracciones para intentar zafar del régimen de precios máximos implementado en el último año por el gobierno nacional, que obliga a las empresas a subsidiar parte de los productos que elaboran con recursos propios.
Imputamos a Mondelez, Bagley y PepsiCo tras detectar que estas empresas ofrecerían en el mercado productos calificados como nuevos con modificaciones mínimas respecto de los originales y con aumentos significativos en sus precios. pic.twitter.com/C0JNuaLDC6
— Paula Español (@pauespanol) April 8, 2021
