¿Podrán los empresarios agropecuarios argentinos algún día vender bonos de carbono?

La noticia de que la compañía estadounidense Microsoft adquirió bonos de carbono producidos por una empresa ganadera australiana por un valor del orden de 500.000 dólares australianos generó este año un gran revuelo en la comunidad pecuaria global.

En el ámbito local no fueron pocos los que se preguntaron si algo similar podría ocurrir en la Argentina. La respuesta “corta” es que es posible. Pero la respuesta “larga” es que, para que eso pueda ser factible, se requiere un marco regulatorio y científico adecuado, paciencia y comprender que no todos los sistemas productivos serán adaptables para producir bonos de carbono con valor comercial.

La Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por su sigla en inglés) por el Estado argentino en 2016 planteaba para el año 2030 no exceder la emisión neta de 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂eq) a través de la implementación de una serie de medidas en todos los sectores de la economía, aunque con foco en energía, agro, bosques, transporte, industria y residuos.

En el marco de la Cumbre de Ambición Climática y a cinco años del “Acuerdo de París”, el pasado 12 de diciembre de 2020 el presidente Alberto Fernández anunció que esa meta para 2030 sería ahora es de 360 millones de toneladas para alcanzar la situación de carbono neutral en 2050, lo que implicó asumir metas mucho más exigentes en ese sentido.

Una de las fuentes relevantes de gases de efecto invernadero en la Argentina son las emisiones de metano generadas por la fermentación entérica de rumiantes, aunque no es la única fuente ni tampoco la más importante.

La metodología de referencia del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) establece tres niveles de exhaustividad con la cuál efectuar las estimaciones de gases de efecto invernadero. El primero es el denominado nivel 1, que implica poco detalle y factores de emisión de referencia, mientras que el nivel 2 comprende detalle medio con inclusión de factores de emisión propios y el nivel 3 es muy exhaustivo con aplicación de modelos dinámicos de estimaciones.

En cuestiones de estimaciones de gases de efecto invernadero de los suelos y pastizales, Argentina informa sus inventarios en el nivel 1. “La información disponible actualmente en la Argentina sobre el potencial de secuestro de carbono de los pastizales es incompleta o no satisface los requisitos para ser utilizada en los inventarios de gases de efecto de invernado, según los criterios establecidos por el IPCC”, explica Pablo Cañada del área de Ambiente de CREA.

Por ejemplo: una investigación realizada por Roberto Álvarez, Gonzalo Berhongaray y Analía Giménez, publicada en 2020 en Science of the Total Environment (“Are grassland soils of the pampas sequestering carbon?”), no detectó evidencia de secuestro de carbono en 22 sitios con pastizales naturales de la zona pampeana argentina relevados entre 2007 y 2019. La hipótesis principal detrás de ese fenómeno es que el pasto remanente de aquel consumido por el ganado no alcanza a tener un nivel suficiente para reponer carbono en el sistema. Los autores estiman que el mismo fenómeno también se observaría en la mayor parte de las pasturas implantadas en la zona pampeana.

“Si bien en muchas situaciones no será factible contar con sistemas productivos ganaderos que permitan secuestrar carbono –porque el foco del recurso está orientado en la maximización de la productividad agropecuaria–, en ciertas condiciones, con los manejos adecuados, eso podría ser posible, aunque debería estar validada científicamente la capacidad de secuestro de carbono en el suelo”, apunta Cañada en un artículo publicado en la Revista CREA.

Un aspecto clave para poder consolidar un mercado de bonos de carbono es contar con una metodología reconocida por medio de la cual sea factible medir la evolución del carbono orgánico presente en el suelo junto con las emisiones producidas, de manera tal de obtener la emisión neta de carbono.

De hecho, cuando se analiza el caso australiano de Wilmot Cattle Company, la empresa que le vendió bonos de carbono a Microsoft, puede verse que el proyecto fue validado por una agencia gubernamental (Emissiones Reduction Fund). Esa validación, lejos de tratarse de una cuestión declarativa, se realizó en base a criterios científicos reconocidos por la comunidad internacional.

“Es necesario tener en cuenta que, además de un marco regulatorio adecuado, se trata de procesos largos. El caso de Wilmot, por ejemplo, se registró en junio de 2017 para ser evaluado durante tres años y medio, dado que recién recibió los créditos (Australian Carbon Credits Units) en diciembre de 2020”, remarca el técnico CREA.

“Una cuestión importante, que será tratada en noviembre de este año en la 26 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26) por realizarse en Glasgow (Escocia), es que debe definirse qué sucede con los créditos de carbono que, como en el caso de Wilmot, van de una nación a otra. ¿Esos créditos deben restarse del inventario nacional de emisiones del país vendedor? Veremos. Pero, en cualquier caso, la cuestión representa la importancia del involucramiento de los Estados nacionales en el marco regulatorio de este nuevo mercado”, añade.

En el transcurso del presente año Pablo, junto a otros técnicos del área de Ambiente de CREA, estará trabajando en experiencias piloto dedicadas a medir emisiones netas de carbono con el propósito de diseñar metodologías al respecto.

“Son muchas las prácticas sostenibles, tanto consolidadas como en proceso de incorporación, que permitirían generar un mercado maduro de bonos de carbono de origen agropecuario en la Argentina. Pero para eso se requiere un marco específico que a la fecha no está vigente; tenemos mucho trabajo por delante”, concluye.