El gobierno borró con el codo lo que escribió con la mano hace apenas una semana. En aquel momento, una disposición de la ex ONCCA reglamentó los nuevos ROE (llamados ahora DJEC) y estableció que ante cada pedido de exportación de carnes, el organismo se tomaría tres días hábiles para aprobarlo. Ahora ye se sabe que no será así, porque una nueva resolución del Ministerio de Agricultura dispuso que las exportaciones estarán cerradas por los próximos 30 días, como ordenó el presidente.
“Suspéndese por el plazo de 30 días la aprobación de solicitudes de Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC), en los términos de la Resolución Conjunta 3 del 19 de abril de 2021”, define la Resolución 75/2021 que lleva la firma del ministro Luis Basterra y aporta el marco jurídico para concretar la veda exportadora que había anticipado Alberto Fernández a los exportadores del Consorcio ABC el lunes pasado.
El cierre de las exportaciones tendrá vigencia a partir del día de su publicación, es decir desde hoy, justo cuando se pone en marcha un paro ganadero en contra de la medida. Es decir que la Aduana debería liberar todos los cargamentos que habían solicitado permiso esta semana o la semana pasada, y que estaban siendo rechazados con malas artes y sin ningún respaldo legal.
La prohibición de comercial libremente carne vacuna con el exterior rige para casi todas las posiciones arancelarias que se utilizan para administrar ese rubro: a) 0201.10.00; b) 0201.20.10; c) 0201.20.20; d) 0201.20.90; e) 0201.30.00; f) 0202.10.00; g) 0202.20.10; h) 0202.20.20; i) 0202.20.90; y j) 0202.30.00. Se refiere a los cortes bovinos enfriados y congelados en sus diversas presentaciones.
Solo se exceptúan de esta veda por treinta días “las mercaderías destinadas al consumo y que sean exportadas dentro de los contingentes arancelarios otorgados por terceros países”. Es decir, quedan sin restricción cupos como la Cuota Hilton para la Unión Europea o la cuota americana.
“La Ley 22.415 (el Código Aduanero) admite ciertas limitaciones a las exportaciones, sean o no económicas, cuando tengan por finalidad estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de oferta adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno; resguardar la buena fe comercial, a fin de impedir las prácticas que pudieren inducir a error a los consumidores” entre otros motivos.
El gobierno viene argumentando estas dos razones como base de su decisión, que reaviva el fantasma del cierre exportador de 2006, que duró varios años y que provocó una verdadera masacre ganadera, con la pérdida de 20% del stock bovino. Es decir, los funcionarios dicen que se trata de una decisión para morigerar la suba de los precios de la carne y que además se necesitan medidas para “ordenar” el mercado de la carne, y evitar maniobras de elusión de liquidación de divisas y subfacturación.
Sobre este punto hay que decir que el Ejecutivo habla de maniobras como el “rulo ganadero”, pero ni identifica ni sanciona a los responsables de llevarlas a cabo. Por eso, con este cierre generalizado rechazado por todo el sector agropecuario, pagan justos por pecadores.
Basterra, que venía prometiendo estabilidad en las reglas de juego para los productores, recuerda que su cartera y la de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, emitieron el 19 de abril la Resolución Conjunta 3, donde se crearon los DJEC. Aunque las autoridades prometieron entonces que solo servirían a los efectos del control, un mes después se confirmó el mayor temor de los productores: que regresaran los ROE con que Guillermo Moreno y Ricardo Echegaray regularon las exportaciones durante varios años en el gobierno de Cristina Kirchner.
“De conformidad con el actual avance del mercado exportador de carnes, sus precios han experimentado un alza sostenida, producto de la creciente demanda de dichos productos, principalmente por parte de los mercados asiáticos”, argumenta la norma. Eso es falso, pues los precios internacionales de la carne han registrado sensibles bajas en los últimos meses, respecto de los niveles que tenían a principios de 2020.
Pero para el gobierno, de todos modos, “esta situación ha generado que los precios internos acompañen los de exportación de la carne vacuna en contexto donde el precio mundial de los alimentos ha aumentado significativamente”.
“Aceptar sin más la fijación de valores del mercado internacional para alimentos locales que constituyen productos básicos de la mesa de los argentinos y las argentinas, implicaría renunciar a los deberes básicos en materia de política económica”, sostiene la normativa que retoma una de las prácticas agropecuarias más dañinas aplicadas por el kirchnerismo. El cierre de las exportaciones, en todas las experiencias en que se aplicó, nunca ayudó a reducir los precios internos y por el contrario provocó incontables perjuicios a los sectores productivos.
Basterra, de todos modos, se cubrió al culpar de la decisión final a la cartera de Kulfa, de donde depende Comercio Interior: “Según lo informado por el Ministerio de Desarrollo Productivo surge que en materia de comercialización de los productos cárnicos de origen bovino existe una distorsión de precios que superan los índices generales de inflación en materia de alimentos y que impiden el normal abastecimiento de los consumidores y las consumidoras del mercado interno”.
Por supuesto, también aparecen como excusa de este cierre de las exportaciones la pandemia del Covid, la elevada pobreza y los pactos internacionales sobre derechos del hombre.
No es joda. En la Argentina, quince años después del primer desastre, vuelve a estar prohibida la exportación de carne vacuna.
