Una discusión se produce (o mejor dicho, se repite) cada vez que en la Argentina el clima juega una mala pasada al sector agropecuario: los productores no tienen mecanismos que les permitan recuperar al menos parte del dinero invertido para los cultivos o el ganado que perdieron. No existe un seguro que abarque todos los casos. Y si existe, su costo es prohibitivo.
Luego de buscar y ensayar sin éxito un sistema de seguros agropecuarios en los últimos tres años, el gobierno de Cambiemos ha reconocido finalmente que no le encontró todavía la vuelta a esta asunto. Por eso, frente a las nuevas inundaciones en las provincias del norte, acordó con las entidades de la Mesa de Enlace y las aseguradoras que se tomará esta último año de gestión para lograr un acuerdo definitivo con el sector privado. La apuesta del equipo de Agroindustria es ver si en una nueva gestión macrista prospera algo más sólido, posiblemente a través de una Ley, y los productores (en especial los más pequeños) dejan de ser carne de cañón frente a un clima cada vez más inestable y violento.
En este contexto resulta interesante el pronunciamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que agrupa a sectores de la producción, la industria y la comercialización de granos. “La Bolsa de Comercio de Rosario apoya la sanción de una ley de seguros agrícolas por considerarla sumamente necesaria ante el evidente cambio climático”, se jugó la entidad en un informe que firman sus especialistas Patricia Bergero y Julio Calzada.
Este posicionamiento parte de un diagnóstico irrefutable: “En Argentina cerca del 99% del total de las sumas aseguradas de los seguros agropecuarios son coberturas ‘monoriesgos’ (usualmente contra el granizo) y apenas el 1% coberturas ‘multirriesgo'”, apunta el trabajo de la BCR.
A la vez, este endeble sistema de cobertura hace eje en los granos y es virgen en otras producciones no menos importantes. Precisa el informe que “la agricultura participa con el 99,95% del mercado de seguros agropecuarios, mientras que la actividad forestal posee el 0,03%, y la ganadería, por su parte, el 0,02%”.
Bergero y Calzada reconocen que existe un tercer tipo de cobertura, que es conocida como seguros por índices o paramétricos y que a sido ensayado también por el actual gobierno. “Bajo ciertas circunstancias, favorecería la reducción del costo de la prima (recorta monitoreo, controles documentales y verificación) y no depende del comportamiento del asegurado o del asegurador sino del fenómeno exógeno”, indicaron. Una cobertura de este tipo incluso está a disposición de los productores actualmente en el Rofex. Pero a todas luces también resulta insuficiente para atender el escenario global.
A juicio de los analistas de la BCR, en este escenario, el seguro multirrriesgo sería la mejor opción para dar certidumbre a los productores. Pero aclaran que “es evidente que el costo de los seguros multirriesgos atentaría contra su adopción generalizada” y apuntan que “hasta el presente el gobierno no brinda ninguna clase de subsidios a las primas”.
“La bajísima cobertura multirriesgo en el mercado argentino se debe a la ausencia de intervención del Estado en el subsidio de las primas y en la cobertura de catástrofes”, sentencia esta explicación, que recuerda que el Estado “sólo colabora en los casos de aplicación de la Ley de Emergencia Agropecuaria, que implica la postergación o exención del pago de impuestos en aquellas zonas donde haya ocurrido algún siniestro”.
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En este punto, la BCR consideró que es necesario impulsar una nueva Ley de Seguros Agropecuarios, y no descarta que el Estado deba poner más dinero público para que el sistema funcione. Pone la entidad rosarina ciertos parámetros para encarar -una vez más- esta negociación:
- Dice que “el Estado debe subvencionar las primas en alguna medida y adoptar un rol asegurador frente a eventos catastróficos”.
- Que “seben ser incluidas todas las producciones nacionales, no sólo granos”.
- Que “se debe evitar la obligatoriedad del seguro, ya que todo lo que es obligatorio tiene una connotación negativa. Por lo que debe ser decisión del productor contratar el seguro o no”.
- Que el costo del seguro debe ser para el productor “deducible del impuesto a las ganancias”.
- Y que para abaratar los costos de cobertura este plan debe acompañarse con “información detallada a escala local o subregional”.
