“Creo que lo que pasó en estos últimos tres días hábiles fue muy finamente planificado porque va a ser la primera vez que se saca una resolución el 1 de diciembre (132/20), el 2 de diciembre viene una carta dirigida a nosotros diciendo que no podíamos egresar divisas por un expediente que está abierto al respecto, el día 3 Marcelo Rossi, titular de la Dirección de Control Comercial Agropecuario (DNCCA), envía tres notas del Banco Central (BCRA). Ese mismo el Banco Central dice que estamos en situación irregular, y hoy viernes 4 por la mañana, previo a un fin de semana largo, nos dan de baja del RUCA”, denunció Fernando Jurado, el CEO del grupo Olio, ante la segunda clausura realizada contra por la DNNCA a la empresa Díaz & Forti, que forma parte de ese grupo.
El tema es ultrasensible porque Díaz & Forti maneja actualmente, mediante contratos de fazón autorizados por el juez Hernán Lorenzini, las operaciones en las dos plantas aceiteras que tiene el malogrado grupo Vicentin cerca de Rosario, donde trabajan cientos de personas. El propio Jurado vinculó ambas situaciones en una entrevista concedida a Bichos de Campo.
Frente a estas acusaciones contra Rossi y la gente de la ex ONCCA, fuentes oficiales salieron a aclarar que las investigaciones sobre las operaciones de Díaz & Forti son previas a esta última semana, ya que la empresa venía de una primera suspensión el 20 de noviembre, y que nada tiene que ver con esta decisión las operaciones realizadas en las plantas de Vicentín, sino que hay sospechas por negocios realizados en otros establecimientos fabriles del Gran Rosario, pertenecientes a Cofco y Renova.
Además se aclaró que este segundo expediente se inició no en el ámbito del Ministerio de Agricultura sino en el Banco Central (BCRA), donde se detectó que Díaz & Forti tiene liquidaciones de divisas pendientes por más de 450 millones de dólares. Recién cuando se recibió esta información, dijeron las fuentes, se procedió a la segundo suspensión, “que puede ser subsanada ni bien ese operador acredite haber corregido las situaciones” denunciadas.
¿Cuáles son esas situaciones?
El viernes 20 de noviembre se produjo una primera intervención oficial sobre la empresa Diaz & Forti. El mercado venía anticipando una situación muy particular sobre su accionar, ya que esa firma corredora ofertaba entre 3 y 5 dólares más por tonelada de soja que el resto de los operadores. Frente a esta situación, los funcionarios de Agricultura actuaron de oficio y comenzaron a verificar los movimientos comerciales de esa firma y de otros operadores granarios vinculados a ella.
Haciendo cruces de información sobre las Declaraciones Juradas que los operadores granarios están obligados a presentar periódicamente ante el Estado (formularios de cartas de porte, formularios C15, C17, C18, etc), surgió que Díaz & Forti realizó operaciones comerciales como “usuario de industria” sin estar habilitado para ello, por un total de 57.691 toneladas de soja en tres plantas procesadoras.
Estas plantas son las de Renova en Timbúes y dos plantas de la empresa china Cofco ubicadas en Puerto General San Martín y Timbúes.
El Estado sospecha que esas casi 58 mil toneladas de soja de Díaz & Forti que ingresaron a su nombre para industrialización y producción de aceite (38.654 toneladas a la planta de Renova y 19.037 a las instalaciones de Cofco), en la práctica fueron exportadas como grano sin procesar. De inmediato se comenzó a actuar frente a “una posible maniobra para eludir el pago de derechos de exportación, por la diferencia de alícuotas entre el poroto de soja (33%) y sus subproductos procesados (30%)”.
Agricultura, en ese momento, procedió a suspender a la operadora. Y requirió información sobre las tres matrículas involucradas en la posible maniobra.
A partir de ese incidente, lo que hicieron los inspectores fue requerir información adicional de otros organismos. Días después la respuesta del Banco Central fue contundente: “Se hace saber que Diaz & Forti incumple en un 97,8% con este organismo, adeudando -a la fecha de la consulta- liquidar 450 millones de dólares”.
Frente a esta situación, la DNCCA actúo nuevamente de oficio y volvió a suspender la matrícula de dicho operador. Se trata de una decisión de manual, que según la versión oficial no esconde “ninguna animosidad especial” contra la empresa Díaz & Forti, como argumentaba su CEO.
