Bichos de Campo, como medio especializado en política agropecuaria, ya ha hecho uso en dos ocasiones de este derecho frente a las autoridades del Ministerio de Agricultura, en ambos casos con resultado favorable más allá de que no siempre la información obtenida haya incluido todos los detalles que se requerían. En la primera ocasión se reclamó la lista de supuestos “exportadores sin planta” que habían sido suspendidos del RUCA y que eran utilizados por el gobierno para justificar nuevas intervenciones sobre el negocio de la exportación de carnes. Ante un segundo pedido, la gestión del ex ministro Luis Basterra nos envió el listado de causas judiciales abiertas que todavía reclaman judicialmente por viejas deudas por compensaciones de la ex ONCCA y que publicamos.

Acceso a la información pública: Todavía hay 138 juicios que reclaman millones al Estado por las compensaciones de la ex ONCCA ¿Qué empresa los impulsan?

Este viernes, este medio realizó un nuevo pedido de acceso a la información pública: se intenta conocer en este caso el listado de todas las DJEC (Declaraciones Juradas de Exportaciones de Carnes) tramitadas por los frigoríficos ante la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA) y la Secretaría de Comercio Interior para poder exportar carne vacuna.

Se realiza este pedido en el entendimiento elemental de que si el Estado formula e implementa un sistema de autorización o denegación de las exportaciones de carne, entonces debe dar a conocer quiénes son las empresas que han recibido los permisos de embarque y en qué cantidades, de modo tal que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a saber quiénes fueron los beneficiarios de dichas políticas. Se trata de controlar al controlador, como en cualquier sociedad civilizada.

Este es el pedido de acceso a la información pública:

A nuestro criterio, este pedido se justifica especialmente por los antecedentes que existen en la materia: entre 2007 y 2015 el Estado implementó un sistema muy semejante al de las actuales DJEC, que se denominaba Registro de Operaciones de Exportación (ROE) y que no solo involucraba a la carne vacuna (ROE Rojo) sino a todos los granos y sus subproductos (ROE Verde) y a todos los productos lácteos (ROE Blanco). La gestión del sistema estuvo, según el lapso de la historia, a manos de la ex ONCCA o de la derogada UCESCI, que dependía de Comercio Exterior.

En aquel largo periodo histórico hubo múltiples sospechas de corrupción y favoritismos en el sistema de asignación de los ROE a las diversas empresas de cada rubro, los que derivaron en la eliminación de esa herramienta a partir del recambio de gobierno en diciembre de 2015.

Muchas de esas investigaciones periodísticas y hasta judiciales fueron posibles porque existía la posibilidad de ejercer cierto control social de aquellos permisos: al menos por unas horas, el Ministerio de Agricultura publicaba en su página web institucional los nombres y los volúmenes autorizados a cada una de las empresas agrícolas. Con dicha acumulación de información, las Bolsas de Cereales podrían luego construir las cifras acumulativas de tonelajes de granos y subproductos que iban a exportarse.

Lo mismo sucede ahora con las DJVE (Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior) de granos que funciona al amparo de la Ley 21.453. Todos los días la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios del Ministerio publica la identidad de las cerealeras o aceiteras que presentaron esas DJVE para exportar productos agrícolas.

En el caso de las exportaciones de carne, todo siempre ha sido mucho más oscuro. En tiempos en que la ex ONCCA o la UCESCI distribuían los ROE Rojo entre los frigoríficos, diariamente se hacía pública la información sobre los volúmenes y productos que recibían la autorización para salir del país. Pero nunca las autoridades dieron a conocer la identidad de las empresas beneficiarias de esos permisos, creando un manto permanente de sospecha sobre cómo se repartían los ROE Rojos.

El caso sería  ahora más grave, porque la DNNCA, a cargo del contador Luciano Zarich, no publica nada de nada sobre las nuevas DJEC: ni los productos a exportar, ni los volúmenes solicitados y mucho menos la identidad de las empresas exportadoras que obtienen estos permisos.

Las DJEC fueron creadas mediante la Resolución Conjunta 3/2001, del 19 de abril pasado, por los Ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo. “Las exportaciones de los productos cárnicos y sus subproductos, estarán sujetas a la registración previa de una Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC)”, definía esa norma. La autoridad de aplicación de dicho régimen sería la DNNCA, que reglamentó el procedimiento para que los frigoríficos que quisieran exportar carne bovina pudieran presentar sus DJEC mediante la Disposición 59/2001.

Tanto ese organismos como la Secretaría de Comercio Interior, a partir de allí, deben aprobar en nombre del Estado Nacional cada uno de los embarques. Es decir, hay un doble control sobre las presentaciones previos al que finalmente, como en cualquier país normal, debe realizar la autoridad aduanera.

Posteriormente, a partir de mayo de 2021, el Gobierno nacional estableció diferentes regímenes de cupos de exportación de carne vacuna para las plantas frigoríficas, que de todos modos -a pesar de tener un tonelaje asignado por dichos cuotas de exportación- debieron seguir tramitando las DJEC que les correspondieran frente a la DNCCA.

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En la actualidad existe un sistema de cupos generales por frigorífico equivalentes al 50% de lo exportado en 2020, más otra cuota para cortes kosher para Israel, más otro sistema de cupos para exportar carne de vaca conserva de las categoría D y F. Además hay cupos que no son sometidos a un reparto de parte del Estado por tratarse de acuerdos con otras naciones, como la cuota de 20 mil toneladas para Estados Unidos, o las cuotas Hilton y 481 para la Unión Europea.

Pero el gobierno, ni a través de la DNCCA ni mediante la Secretaría de Comercio Interior, dan a publicidad datos sobre las DJEC presentadas. Y no se sabe entonces quiénes son los receptores de las Declaraciones Juradas DJEC, con lo cual resulta de imposible controlar que esas cuotas de exportación finalmente se estén distribuyendo como corresponde. Esto implica una clara vulneración de las normas más elementales de la transparencia  que debe mostrar el sector público en todos sus actos.

Por eso fue que Bichos de Campo solicitó  al Ministerio de Agricultura que de a conocer el listado de las DJEC acumuladas y las empresas beneficiadas hasta por lo menos fines de octubre, mediante el mecanismo previsto en la Ley de Acceso a la Información Pública. Esperamos que además de facilitar esa información, que compartiremos con nuestros lectores, a futuro esa dependencia revierta su decisión original de ocultar dichos datos para comenzar a publicarlos con regularidad, como debe ser y como sucede con otros regímenes de control del Estado.

Veremos qué pasa. En algunos días lo sabremos.

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Se reconocía de este modo que todavía quedaban empresas (aceiteras, molinos, feedlots y de otros rubros) que reclamaban al Estado cobrar parte de las “compensaciones” que distribuyó la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA entre 2008 y 2011). En ese tramo el organismo fue administrado por Ricardo Echegaray, Emilio Eyras y Juan Manuel Campillo. Durante esas gestiones fueron públicas múltiples denuncias por posibles casos de corrupción en la distribución de esos fondos públicos. Tantas, que incluso condujeron a la decisión de disolver la ex ONCCA en febrero de 2011.

Ocho años después, según confirmaba la Resolución 21/2019, había deudas pendientes de pago. Según versiones extraoficiales, las empresas alimenticias que no habían cobrado reclamaban del Estado una suma cercana a 3.000 millones de pesos.

La mencionada Resolución 21/2019 disponía que en el Ministerio de Agricultura, que había recibido los expedientes de pago pendientes desde la disuelta ex UCESCI de la Secretaría de Comercio Interior, se declaraban “concluidos los procedimientos administrativos originados a partir de la presentación de solicitudes de compensaciones al consumo interno”, y se suspendían “por el término de 180 días los efectos de los actos administrativos que hayan reconocido las compensaciones mencionadas en el artículo precedente”.

Ese plazo de “no innovar” fue prorrogado por 90 días en la Resolución 211/2019, de noviembre de ese año. Quedaban pocos días para el cambio de gobierno, Cambiemos ya había perdido la elección y la decisión de no pagar esas deudas sospechosas se trasladaba para febrero: la papa caliente quedaría en manos de la nueva gestión. La decisión final respecto de estos expedientes corresponderían a las nuevas autoridades del Ministerio de Agricultura, que a partir de diciembre de 2019 quedó a cargo del agrónomo Luis Basterra.

Esta nueva gestión publicó a fines de abril de 2020 la Resolución 16/2020, que amparándose en la situación de emergencia económica y pandemia, y alegando que “atento al cambio de autoridades, aún no se ha concluido con los trámites respectivos”, suspendió el cómputo del plazo previsto en la resolución del artículo anterior.

Sin plazos perentorios para resolver si correspondía o no pagar esas millonarias compensaciones, en octubre de 2020 el propio Basterra designó como asesor especial de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio al reconocido abogado Eduardo Barcesat, quien ante consultas periodísticas sobre los motivos de su nombramiento explicó que iba a dedicarse al análisis de esos ciertos expedientes de la ex ONCCA, entre otros temas. Barcesat pertenecía a la estructura del Instituto Patria, al igual que la jefa de Gabinete de Basterra llamada Diana Guillén.

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En abril de 2021 una evidencia de que Agricultura todavía no había resuelto por la negativa o la positiva estos expedientes de pago fue que la empresa molinera Morixe admitía en sus balances públicos que a diez años de la disolución de la ex ONCCA todavía reclamaba el pago de 245 millones de pesos pendientes.

En este pedido de acceso a la información pública que Bichos de Campo presenta a las autoridades del Ministerio de Agricultura mediante los mecanismos legales vigentes se pretende que conocer estas precisiones:

1. El listado de empresas que todavía reclaman deudas por aquel régimen de compensaciones que ejecutó la ex ONCCA hasta febrero de 2011, dando a conocer la identidad de cada sociedad, su número de CUIT y el monto que reclama a las autoridades.
2. Que exponga cuál ha sido su decisión sobre esos expedientes de pago, si ya se ha tomado. Y que explicite si en el caso de que se estén reconociendo las deudas reclamadas por las empresas, como se procederá a efectuar los pagos y si se aplicará algún mecanismos de actualización de los montos.

Este medio de comunicación ya había utilizado este recurso de acceso a la información pública en el caso de los supuestos 15 exportadores de carne que habían sido suspendido, y que en realidad nunca fueron tales. Muchos de ellos incluso fueron rematriculados a los pocos días.

En esta ocasión vinculada a las compensaciones pendientes de la ex ONCCA, ya se efectuó la consulta periodística pertinente al área de comunicación del ministerio, pero han pasado 15 días y no obtuvimos respuesta. Ahora empiezan a correr los 15 días en que deben responder lo que se solicita según los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública.

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