El análisis contempla una serie valores como impuestos y servicios, maquinaria, agroquímicos y mano de obra. Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro y directivo de ACOVI, remarcó que “se destaca que la actividad en esta época del año es tan intensiva, que la mano de obra representa un 40% en los casos analizados. Si se suman además los aportes patronales, el peso relativo de este factor supera el 50%”.

Ver: Costos de Producción y punto de equilibrio- abril 2018

Otra conclusión es que el productor de vino tinto mantiene rentabilidad positiva para el caso de escenario base, el cual supone que riega sin utilizar pozo ni energía y no tiene pérdidas por contingencias climáticas. Sin embargo, si se suma un riego con pozo, el costo total se incrementa un 11,4% y su situación pasa a ser deficitaria. Esto se intensifica aún más en el caso de pérdida de producción por granizo. Aquí hay una diferencia con abril del año pasado, cuando la rentabilidad del productor era positiva.

Nicolás Vicchi, subgerente de ACOVI,  valoró el trabajo del observatorio y destacó otra preocupación. “El productor de vino blanco se encuentra en una situación deficitaria en todos los escenarios. Comparando sus costos con abril de 2017, mantiene su posición deficitaria por debajo del punto de equilibrio”, remarcó.

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Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), según consigna La Nación, calculó que este incremento adicional en el  valor del combustible va a representar un gasto adicional de 2.100 millones de pesos, aunque solo considerando la producción de granos y sin incluir economías regionales. “Desde diciembre de 2016 tenemos casi $ 13.000 millones extra sobre la campaña agrícola en el sector”, señaló Matías Lestani, integrante del Departamento Económico de CRA.

El precio del gasoil se elevó 21% desde junio, que es cuando los productores de granos gruesos planifican las labores. Pasó de 16,1 pesos a 19,94 pesos por litro.

Silvina Campos Carlés, asesora económica de Coninagro, analizó el impacto desde el inicio de la campaña en 1.448 millones de pesos u 84 millones de dólares, pero solo tranqueras adentro. De acuerdo a esta visión, si se suma en la cuenta al transporte de granos el impacto asciende a 1.571 millones de pesos adicionales. Y así las cosas, “los productores de Argentina necesitarán por esta suba 3.018 millones de pesos más para cubrir los costos tranqueras adentro y su transporte”.

En un comunicado de prensa, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi) analizó el impacto de la suba del gasoil en la economía vitivinícola. “Un aumento del combustible del 17% acumulado como el ocurrido en menos de dos meses repercute directamente en los costos totales de producción, incrementando estos en más de un 3,5%, pasando el costo por hectárea de $ 80.721 a $ 83.586 (sin amortizaciones)”, calculó.

Daniel Pelegrina, flamante titular de la Rural, también dijo que este golpe al bolsillo del productor se siente mucho. “Como el sector agropecuario utiliza la tercera parte del consumo total de gasoil del país cualquier aumento de precio en este insumo impacta en su competitividad”, explicó.

Pero a diferencia de otros que culpan a las petroleras, el dirigente cargó las tintas sobre el Estado y los impuestos que se esconden detrás del precio del surtidor. “Actualmente el 40% del precio final de este insumo son impuestos que están ad-valorizados, por lo tanto los tributos varían al mismo nivel que el producto”, contó Pelegrina. Y agregó: “Un primer paso para ganar en competitividad de precio va en línea con la propuesta para los impuestos a los combustibles planteada por el Poder Ejecutivo Nacional, que prevé cambiar las alícuotas ad-valorizadas por montos fijos por litro”.

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“Evidentemente no entendieron qué es la actividad productiva como la vitivinicultura que da trabajo a miles de personas, y lo peor es que se lo explicamos al ministro Dujovne y al mismo presidente Mauricio Macri”, se quejó Iannizzotto, quien es mendocino y está vinculado al sector a través de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi). 

Esa entidad emitió a las pocas horas de conocidos los anuncios oficiales un duro comunicado en el que advierte que la imposición de elevados impuestos internos al vino podría acelerar la grave crisis que atraviesa esa actividad en los últimos años. “El sector vitivinícola se encuentra atravesando una fuerte baja en el consumo y un impuesto agravaría aún más la situación de los precios. Cabe recordar que cuando la actividad deja de ser rentable aumenta el abandono de viñedos. Actualmente ya hay entre 25.000 y 30.000 hectáreas ya abandonadas o semi-abandonadas y esta situación lo profundizaría”, advirtió Acovi.

Ver también: “El año que vivimos en peligro: en 2018 podría escasear el vino”

Para la entidad, sería “un gran golpe para nuestra economía regional”.

“En la vitivinicultura se trata de 100 mil familias que en forma directa trabajan en los viñedos. En total, hablamos de 385 mil empleos directos e indirectos generados en todo el país”, se recordó.

Según el proyecto de reforma impositiva, la alícuota del impuesto interno a los vinos y sidras subirá de 0 a 10% gradualmente en un lapso de cinco años; mientras que el impuesto interno en las cervezas treparía del 8 al 17% y el de los espumantes crecería de 0 a 17%. Además Economía prevé incrementar la carga tributaria a los cigarrillos y las bebidas gaseosas.

“La medida no es coherente con lo que anunció Macri, que era bajar toda la masa impositiva. Igualar el vino a las otras bebidas alternativas es un desatino y algo contradictorio que se contrapone con una política productiva”, indicó el titular de Coninagro.

Esa confederación agrupa a través de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (FeCoVitA), que es una cooperativa de segundo grado, a 29 cooperativas, integradas por más de 5.000 productores.

“La medida no está inmersa en una política productiva. La vitivinicultura es una cadena de valor muy rica para el país, al lado de otras vinculadas a un aspecto industrial que no requiere mano de obra como las gaseosas. Se comprometieron a bajar la presión fiscal, con esto hay menos empleo y actividad económica”, precisó.

“Los que toman estas decisiones no conocen las actividades productivas, lo peor es que hemos hablado con ellos y les hemos explicado”, se lamentó el dirigente cooperativo.

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