El pedido del BCRA para que los bancos detengan el drenaje de dólares hacia el extranjero a nombre de esta empresa -a la que se identificó como una “cerealera”- es que la misma mantenía una suma de divisas pendientes de liquidación (la obligación a ingresar los dólares obtenidos por una exportación en el mercado local de cambios) por la friolera de 5.632.761,30 dólares.

Es muy habitual que las empresas hagan todo lo posible por dejar los dólares que ganan exportando fuera del país, porque “ingresarlos” implica cambiarlos por pesos al valor oficial de 100 pesos. En cambio, si los cobran por ejemplo en Uruguay y después los ingresan por una vía informal, pueden trocarlos al doble de esa suma en el mercado libre de cambios.

Si lo que exportaba FG Importaciones (no se informa qué fue) hubiera sido una soja -que hoy vale 500 dólares-, estaríamos hablando de una operación por 11.300 toneladas, que es la cuarta parte de lo que puede cargar un buque de ultramar o el equivalente a casi 380 camiones. Si fuera maíz o trigo, sería casi el doble de ese volumen.

FG Importaciones no tiene silos ni puerto ni elevadores, aunque esto no sería impedimento para exportar (hay otras empresas que alquilan esas instalaciones). Tampoco tiene campos donde almacenar silobolsas. Su único domicilio declarado queda en el segundo piso de este edificio de la calle Brown, en Rosario.

Según el Banco Central, FG Importaciones había estado exportando por más de 5,6 millones de dólares, cobró esos envíos en dicha moneda y no introdujo esos billetes al mercado oficial de cambios, como debe hacer cualquiera otra empresa del rubro agrícola. “El 66,72% de las divisas correspondientes al valor de las exportaciones con obligación de ingreso y liquidación se encuentran pendientes de regularizar”, explicó el BCRA, que ya el año pasado había suspendido la cuenta corriente de otras cerealeras que operaban las plantas del grupo Vicentin, como la corredora Díaz&Forti.

Pero en aquel momento, aquellas eran empresas reales que cargaban granos en un barco y lo exportaban. En el caso de la firma cuestionada ahora, bien vale dudar sobre si no se trata de una fachada para ocultar las operaciones de exportación de otros jugadores y una  maniobra para fugar divisas el exterior. ¿Por qué? Porque FG Importaciones SRL ni siquiera figura como “exportadora de granos” en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), que maneja el Ministerio de Agricultura. Eso es obligatorio para el resto de las cerealeras.

El Banco Central reclama que liquide 70 millones de dólares una cerealera muy dudosa, que había sido identificada por Bichos de Campo

La cartera agropecuaria también publica mes a mes los volúmenes de granos y subproductos embarcados por cada compañía. Y en todo 2021 no aparecen en esos registros oficiales rastro alguno sobre ese operador. Entre Cargill, Dreyfus, Bunge, Cofco o empresas locales más pequeñas, no hay ni una referencia allí a esta cerealera fantasma. Tampoco aparecen barcos contratados a su nombre que hayan recalado en los puertos argentinos para cargar algún producto agrícola.

“Nosotros no somos la Aduana”, contestaron desde el BCRA cuando Bichos de Campo preguntó cómo era posible que nadie hubiera sospechado antes de esta ignota compañía rosarina y en todo caso le hubiese impuesto un control más riguroso para evitar lo que sucedió: la dejaron exportar por 5,6 millones de dólares que ahora se reclaman. Por cierto, es la Aduana el organismo que debería haber puesto ese filtro en caso de considerarlo necesario. El Banco Central está cumpliendo con su obligación que es reclamar las divisas.

La pregunta es si el estado pudiera haberlo evitado.

FG Importaciones SRL es una empresa de solo tres años de vida, aunque en realidad como “cerealera” su existencia ha sido mucho más breve.

La firma fue creada en mayo de 2018 por Juan Bautista Fassio e Ignacio Alfredo Granato, ambos comerciantes y domiciliados en Rosario. Granato fue fu primer gerente en esta primera etapa, en la que la empresa pretendía dedicarse a la importación (co0mo su nombre lo indica) de artículos textiles, electrónicos y de ferretería. Pero Granato duró menos de un año: en abril de 2019 vendió su participación societaria a la esposa de Fassio, Eleonora Cripovich.

Recién el 1 de septiembre de 2020, es decir hace poco más de un año, la sociedad modificó su estatuto social para abarcar dentro de sus actividades la compra y venta de productos agrícolas. Pero tampoco duró demasiado en el negocio, pues la AFIP la dio de baja del Sistema de Información Simplificada Agrícola (SISA) en abril de 2021. Allí figuraba como exportadora.

Este caso, a esta altura, expone la extrema fragilidad de los controles que impone el Estado a ciertas empresas, a todas luces muy débiles frente a la presión cotidiana que sienten miles de pequeños contribuyentes que son hostigados de modo permanente para que cancelen sus pasivos con la AFIP. También deja al descubierto que es casi nulo y obsoleto el intercambio de información permanente entre los diversos organismos involucrados en las tareas de control. Queda claro no hay cruce de ningún tipo de información.

En lo que va del año la liquidación de agrodivisas alcanzó un récord histórico absoluto de 30.100 millones de dólares

Entre octubre y noviembre, a Fassio (principal cara visible de la fantasmal FG Importaciones SRL) le rebotaron un par de cheques por cifras millonarias. Recién después de eso el BCRA parece haber comenzado a sospechar sobre su situación y descubrió que había 5 palos verdes en divisas pendientes de liquidación.

No parece mucho para un país que exportó granos por más de 30 mil millones de dólares, que es la cifra que las cerealeras reales habían liquidado ante el BCRA hasta noviembre de 2021. Pero tampoco es poco. En poder del Central, esos cinco palos verdes hubieran permitido afrontar la importación de algunos de los insumos claves que le están faltando por estos meses a los productores agropecuarios.

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La Resolución General 5096/2021, firmada por Brunilda Traverso, la titular de la Aduana, estableció nuevos valores de referencia para las principales posiciones arancelarias exportadas a China, incluyendo los huesos con carne que quedan después del desposte, y que son uno de los productos más exportados a ese país.

En general, a todo con lo que sucede en el mercado internacional donde han venido aumentando los precios pagados, le Aduana elevó de 10 a 15% estos valores que tienen como objetivo evitar la subfacturación. Así, por ejemplo, el brazuelo pasó de 7 dólares por kilo a 7,80 dólares. Y el garrón se cotizó ahora a 8 dólares, desde los 7,15 dólares de una resolución previa de mediados de año.

Estos son los nuevos valores de referencia:

Además de para la República Popular China, estos nuevos valores referenciales se aplicarán a los cortes cárnicos exportados a las dos Coreas, Filipinas, Taiwán, Japón (ojalá se exportara algo) Tailandia y Hong Kong.

En las últimas semanas se ha venido produciendo una suba más que interesante de los precios internacionales de la carne vacuna, que en promedio se ubican un 25% por encima de la misma época del año pasado. Para esta situación se han conjugado la salida parcial del mercado por parte de Argentina, pero sobre todo la suspensión de Brasil luego de que se hallaran en ese país dos casos atípicos de Vaca Local.

Pero el telón de fondo sigue siendo siempre el mismo: la intensa demanda desde China, que este año terminaría importando más de 3 millones de toneladas de cortes vacunos, lo mismo que produce en todo un año la Argentina.

Tal es la demanda que el gobierno kirchnerista ha puesto una seria de vallas para poder vender a ese país, además de estos precios de referencia que evitan las chances de subfacturación por parte de las empresas, pues no se puede vender por debajo de estos precios. En principio, el Ministerio de Agricultura sacó de la cancha de un plumazo a los exportadores sin planta (concentrando el negocio en manos de los grandes frigoríficos), luego impuso un sistema de cupos por planta y finalmente solo habilitó también con cuotas de exportación la venta de carne de la vaca conserva categorías D y E.

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Triste también ha sido el comportamiento de ese organsimo de control frente al cepo de las carnes: para quedar bien con los dirigentes más poderosos del gobierno (lease Máximo Kirchner, quien al parecer fue quien decidió la continuidad de este corset exportador) no se dudó en escrachar públicamente a cuatro empresas frigoríficas en base a información equivocada o que no había sido debidamente comprobada.

Vamos a los hechos.

Hace por lo menos cuatro semanas Bichos de Campo ofreció pruebas concretas a la Aduana sobre un posible caso de contrabando y subfacturación: empresas de muy dudosa reputación estaban copando el comercio hacia Chile de oleínas o ácido oleico, un derivado del aceite de soja. Había diferencias muy notables de precios entre la mercadería que salía del país y la que entraba a Chile, muchas veces tercerizada a firmas con sede en Miami. Todos los envíos se concentraban en la Aduana de Campana.

Aportamos planillas y datos que llegaron a nuestras manos y le preguntamos varias veces a la Aduana qué había de cierto sobre estas sopeschas. Pero nadie nos contestó. Pasa el tiempo y lo que parece una clara maniobra elusiva (se estaría enviando aceite de soja a Chile en vez de oleína, desde empresas dudosas, a precios subvaluados aquí para tributar menos, y a veces con  intervención de dudosas firmas estadounidenses), continúa como si nada. Esta era la nota que explicaba esa posible maniobra:

Manual de ayuda al aduanero: Sospeche si algo que sale de Argentina a 285 dólares luego ingresa a Chile a 880 y además tercerizado vía Estados Unidos

Ahora bien, en el marco de una nueva ofensiva política del kirchnerismo contra el sector agropecuario, que se concreta con la extensión del cepo a la exportación de carne, esta misma Aduana que no responde a denuncias que parecen graves (total es Bichos de Campo quien publica y los medios “serios” no le siguen la corriente) podría ser capaz de imotorizar denuncias con pruebas muy endebles y hasta ha escrachado públicamente a cuatro empresas frigoríficas sin darles el correspondiente derecho a una mínima defensa.

Sucedió ayer. Y en ese caso, tristemente, la mayoría de los diarios sí levantaron la gacetilla oficial casi sin expresar dudas sobre su contenido. ¿Cómo dudar de la palabra de un organismo de semejante calibre? Si la conformación de la Aduana es incluso previa al Estado Argentino.

Decía la infomación oficial que Aduana “verificó un depósito fiscal que ofrece servicios a frigoríficos exportadores e identificó cuatro empresas que falsearon sus declaraciones y las etiquetas de sus paquetes con el objetivo de enviar a China cortes de carne no permitidos”. El depósito fiscal, que no se identificó en el parte de prensa, se llama Bajo Cero SA, y está ubicado en la localidad de Ituzaingó. Allí estuvieron los aduaneros haciendo inspecciones la semana pasada.

Este vez, el organismo no dudó en exponer públicamente a las firmas que realizaban esta supuesta maniobra: los “frigoríficos Login Food S.A., Frigorífico Alberdi, Black Bamboo Enterprises S.A. y Exportmeat S.R.L”. Vale aclarar que solo Alberdi y Black Bamboo son plantas de faena de bovinos, ya que Login Food y Expormeat son en realidad matarifes abstecedores que además exportan carne, utilizan la cuota de otras plantas y alquilan las instalaciones de otros frigoríficos.

Hasta aquí, un pequeño error nomás. Pero la intención de la Aduana de utilziar estos escraches para “demonizar” a la industria frigorífica -y así de paso ganarse la simpatía del ala más dura del gobierno kirchnerista- comienza a quedar más que clara cuando el comunicado explica la supuesta infracción: “Esas empresas intentaron exportar cortes de carne simulando otros cuya venta al exterior no está interrumpida”.

“Los cuatro exportadores buscaron enviar a China cortes no permitidos al declarar que se trataba de ‘cuarto delantero’ o ‘hueso lumbar’, cuando en realidad se trataba de asado”, denunciaba con pompa la gacetilla.

Ese es el caso de Black Bamboo, una planta ubicada en  Hughes (Santa Fe) que denunció a viva voz los problemas que sufría por el cierre de las exportaciones. El eschache público de la Aduana se debe a un episodio que involucra 23 cajas de carne de 25 kilos cada una, en la que aparecieron piezas de siete huesos unidos entre si por dos capas de músculos”, y que “se encuentran seccionados en tiras”.

Bichos de Campo publica ahora en exclusiva las fotos de la peligrosa mercadería que para la Aduana es asado (un corte que está prohibido exportar hasta fines de diciembre) pero que según la empresa es otra cosa: “punta de hueso lumbar”. Que cada uno saque sus propias conclusiones.

Black Bamboo no tuvo derecho a defensa y seguramente recurrirá a la justicia si este caso no se resuelve: gracias a una posible incompetencia de la Aduana es probable que todos terminemos pagando onerosos cargos a los letrados. La empresa tiene todas las de ganar. En las últimas horas incluso mcomenzó a circular un video donde se muestra cómo se obtienen estas vértebras lumbares que parecen un asado pero no lo serían.

Un segundo video muestra cómo se arman estas cajas cuestionadas por la Aduana:

El otro frigorífico sancionado es el Alberdi, que está ubicado en Entre Ríos. En este caso, se le cuestionó la confección de tres contenedores que estaban estacionados también en el depósito fiscal Bajo Cero SA. En uno de ellos el certificador de la Aduana, llamado Eduardo Paolini, también habría encontrado rastros del asado prohibido. En los otros dos supuestamente había cajas que contenían vacío.

Mucho antes del escrache público, el propio depósito fiscal ya había aclarado que se trataba de un error y que las cajas de asado no iban a ser exportadas:

Y en el caso de las cajas con el supuesto vacío, de nuevo caemos en los mismos dilemas: al parecer se trataba de otro corte vacuno que no estaba prohibido y de aspecto similar, las aletillas o puntas de pecho. Según la gacetilla de la Aduana, en cambio, la “firma declaró que se trataba de ‘recortes del troceo (trimming)’, corte que está habilitado su exportación, cuando en realidad se intentaba exportar matambre y vacío como recortes”.

La foto es la que sigue, también para que quienes saber saquen sus propias conclusiones. ¿Será vacío esto? Nosotros por si acaso no lo probamos:

Desde que comenzó el hostigamiento oficial contra la cadena de la carne, cada tanto la Aduana emite una gacetilla vinculada con el asunto: que realizó controles a tal o cual (que nunca antes habían sido identificados, o que estableció precios de referencia para evitar maniobras de subfacturación. Siempre, esas gacetillas dicen en alguno de sus párrafos que el organismo “que encabeza Silvia Traverso” cumple con una tarea encomiable de control.

La verdad es que nosotros tenemos algunas dudas que Traverso debería explicar en algún momento. ¿Es asado o no es asado? ¿Es vacío o no es vacío? ¿Hay un posible caso de contrabando, subfacturación y triangulación en el comercio de oleínas a Chile?

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Según un informe de la Aduana, que justamente se dio a conocer el mismo día en que el gobierno nacional decidió extender el cepo a la exportación de carne hasta el 31 de octubre, estos frigoríficos “falsearon sus declaraciones y las etiquetas de sus paquetes con el objetivo de enviar a China cortes de carne no permitidos por el decreto 408”.

El organismo que encabeza Silvia Traverso “denunció a los cuatro exportadores por las infracciones e impidió la salida del país de los embarques”. Curiosamente -porque es raro que suceda en este tipo de comunicaciones oficiales- identificó a las plantas infractoras: son los frigoríficos Login Food S.A., Frigorífico Alberdi, Black Bamboo Enterprises S.A. y Exportmeat SRL.

Más curioso todavía es el hecho de que Aduana denuncia a dos de estas empresas -Login Foods y Exrpotmeat- por supuestamente exportar cortes porhibidos a China cuando ni una ni la otra tienen cupos de exportación asignados y mal podrían exportar, aunque podían ser empresas asociadas a alguno de los 66 frigoríficos que sí han han recibido cuotas. Pero resulta extraño por lo menos que a los aduaneros este detalle no les haya llamado la atención..

Solo diez empresas frigoríficas se quedaron con 54% de los nuevos cupos de exportación de carne: Este es el listado

La Aduana ya había realizado una denuncia contra 19 empresas del rubro cárnico en mayo pasado, justo cuando el gobierno iniciaba esta etapa de intervenciones en el mercado de exportación. En aquel caso no identificó a las empresas, que resultaron ser en su mayoría –según publicó oportunamente Bichos de Campo– casi todas socias del Consorcio ABC y las mayores beneficiarias de los cupos de exportación.

Esta denuncia que se conoce ahora “fue realizada la semana pasada”, segúna admitió la propia Aduana, que destacó que “detectó y denunció que esas empresas intentaron exportar cortes de carne simulando otros cuya venta al exterior no está interrumpida, tal como dispuso el gobierno nacional como parte de su política para garantizar el abastecimiento del mercado interno”.

Las tareas de fiscalización y control permitieron saber que los cuatro exportadores implicados buscaban enviar a China cortes no permitidos, pero declaraban que eran “cuarto delantero” o “hueso lumbar”, cuando en realidad se trataba de asado.

“En uno de los casos denunciados la firma declaró que se trataba de recortes del troceo (trimming), corte que está habilitado su exportación, cuando en realidad se intentaba exportar matambre y vacío como recortes”, se explicó.

En el comunicado de la AFIP también se comentó que “a las medidas dispuestas por la Aduana se suman las fiscalizaciones iniciadas por la DGI que encabeza Virginia García sobre los 150 frigoríficos de mayor envergadura del país donde se identificaron maniobras de subfacturación y/o no declaración de operaciones en 9 de cada 10 de los establecimientos controlados”.

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Pero detrás de los papeles, entre bambalinas, existe la sospecha de que muchos de esos cargamentos supuestamente legales de oleína esconden casos de contrabando, subfacturación y triangulación, de esos que a los funcionarios de Alberto Fernández tanto les gusta denunciar en los medios de prensa pero que pocas veces -o mejor dicho, casi nunca- denuncian ante la justicia.

Bichos de Campo alertó de la situación a las autoridades de la Aduana local a principios de la semana pasada, pero no obtuvo respuesta: ni confirmación ni desmentida. Por eso decidimos la publicación de este caso.

La maniobra, según sospechan empresarios afectados que ya la denunciaron ante la Aduana de Chile, podría contar con la complicidad de sectores de la propia aduana argentina. En rigor, estos cargamentos de oleína sospechosos tienen como puerta de salida la Aduana de Campana, en el norte de Buenos Aires.

La suposición de estos empresarios es que en vez de estas cargas de oleína, que se declaran a un valor FOB de menos de 300 dólares por tonelada, se estaría enviando a Chile en realidad aceite de soja, que cotiza a 880 dólares. Es decir que habría una evidente subfacturación, que permitiría reducir la carga de retenciones y otros tributos. Además en varios casos la mercadería aparece tercerizada a nombre de empresas registradas en los Estados Unidos, lo que evitaría a sus vendedores reales tener que ingresar los dólares liquidados a la Argentina.

Según datos del INDEC, el volumen histórico de exportación de ácido oleico ha mostrado algún crecimiento desde 2018, cuando se exportaron 17 mil toneladas. Luego, en 2019 se registran operaciones por casi 19 mil toneladas; en 2020 llegan a 22 mil toneladas, y ahora vamos 14,4 mil toneladas hasta junio pasado. Es decir que a este ritmo se llegaría a casi 29 mil toneladas a fines de año.

A la par, en la que va de 2021 han crecido las operaciones concretadas por operadores no reconocidos en el mercado. Varios de esos exportadores son posiblemente insolventes o de otros rubros.

Por ejemplo, un joven de 23 años llamado Alejandro Luis Arévalos operó fuerte entre el 8 de marzo y el 7 de abril de 2021. Exportó supuestamente la oleína a un valor FOB de 280 dólares. Envió 1.304 toneladas por un total de 365 mil dólares y luego desapareció. El joven tiene domicilio en San Francisco Solano, que no parece ser la oficina de un exportador de esa talla.

Otro monotributista de 41 años llamado Claudio Daniel Antúnez hizo dos envíos de oleína a Chile el 21 de enero, por 138 toneladas, a 238 dólares FOB. En la AFIP ese hombre está inscripto como vendedor mayorista de diferentes alimentos. Y recién tramitó su matrícula como exportador en mayo de 2020.

Una empresa de Rosario norte llamada ARPYLT SA realizó 18 envíos de ese derivado del aceite de soja entre el 8 de enero y el 22 de febrero. Exportó en total 1.053 toneladas a un valor FOB de entre 230 y 280 dólares, lo cual supuestamente le permitió facturar 279.500 dólares. Esta firma renovó su directorio en noviembre de 2020. Su presidente es Tulio Jorge Solías, quien tiene domicilio en Rosario y se define comerciante. Tampoco parece esa vivienda la de una pujante firma exportadora.

Pero el caso más llamativo es el de una firma llamada Madel SA, que fue creada en 2014 aunque recién en 2018 se inscribió en AFIP para realiza la “venta al por mayor de alimentos balanceados para animales”, lo que podría incluir sus negocios con la mencionada oleína. En ese mismo momento cambiaba sus accionistas y se designaba presidenta a Carolina Mabel Geier, con domicilio en Urdinarrain, Entre Ríos. Como vice aparece uno de los hermanos Tommasi, reconocidos productores agropecuarios de esa zona y dueños de una aceitera en esa localidad.

En enero de 2021, la firma modificó su estatuto para incorporar entre sus posibles negocios la “Importación y exportación de sus productos o de terceros, en especial de cereales, legumbres y oleaginosas”. Su sede social está ubicada en una vivienda ubicada en un barrio de calles de tierra de esa ciudad entrerriana.

Esta empresa Madel SA realizó más de 70 envíos de ácido oleico a Chile entre febrero y mayo de 2021, a un valor FOB de 280 a 285 dólares. Hasta el quinto mes de 2021 acumulaba exportaciones (en junio y julio habrían continuado) por 3.268 toneladas (un tercio del total nacional) por 924.500 dólares. En junio, según datos de la Aduana Chilena, Madel SA exportó otras 1.800 toneladas aproximadamente bajo esa posición arancelaria. Es decir que superaba las 5.000 toneladas en el primer semestre.

Las posibles irregularidades aparecen a la vista cuando se comparan los envíos de esa empresa registrados en la Aduana de Argentina con los datos recabados por la Aduana de Chile. Hay similitudes en los envíos registrados por ambas, pero existe una evidente diferencia entre los valores FOB de la mercadería registrados por uno y otro organismo.  Veamos esta serie de envíos de fines de mayo.

En la denuncia a la que accedió Bichos de Campo se observa una comparación entre los envíos de la supuesta oleína realizados por Madel SA del 18 al 20 de mayo: Varios envíos con salida aduanera desde Campana sumaron unas 448 toneladas que, al valor FOB declarado de 285 dólares por tonelada, implican una suma de 127 mil dólares.

Esas cargas, ahora según los registros de la Aduana de Chile, ingresaron a ese país unos días después, pero en la mayoría de los casos con valores FOB de 880 dólares. Por eso la cifra final (sobre la cual habría que declarar impuestos e ingresas divisas) es mucho más elevada aunque la cantidad de oleína exportada sea la misma. Para la aduana de Chile, ya se habla de unos 310 mil dólares.

En las ocasiones en que el valor FOB declarado aumenta sospechosamente a 880 dólares por toneladas (es decir, dos veces y media más que el original), aparece mencionada en los registros de la Aduana de Chile un dato curioso: se reconoce que la mercadería tenía origen en Argentina, pero a la vez se consigna que ha sido supuestamente comercializada desde los Estados Unidos.

Por esa razón en esos casilleros donde se registra un valor FOB notablemente más elevado para la misma mercadería la firma Madel deja su lugar a otra sociedad llamada M Chas Group. Todo parece indicar que se trataría de la empresa M CHAS GROUP INC, registrada el 5 de febrero de 2021 en el estado de Florida bajo el número P21000013818 y con domicilio en 8450 NW 102 AVENIDA, DORAL, FL 33178. Tiene, según los registros de sociedades de ese país, dos socios argentinos llamados Gustavo Matías Chas y María B Gálvez.

En junio, como se dijo, Madel SA siguió exportando activamente ese producto, que en muchas ocasiones volvía a ser tercerizado vía Estados Unidos por la flamante sociedad M Chas Group a valores cercanos a los 900 dólares. La sospechas son que en esos casos lo que carga el camión -en vehículos pertenecientes casi siempre a la empresa de Transportes Don Alberto- no sería ácido oleico, como figura en los papeles, sino aceite de soja. Por eso finalmente los valores FOB se acercan a los vigentes para dicho producto.

En los registros aduaneros chilenos de junio han aparecido además dos empresas nuevas en el candelero que desde Estados Unidos venderían “oleína” originada en la Argentina. Una de ellas es Samsapple INC, creada en 2017 en Florida a nombre de dos directores llamados Gabriel Salazar Sánchez y Cristian Pinto. La segunda es Modo Domo LCC, también con sede en Florida y creada en 2019. Su única directora se llama Susana Georges.

Según una fuente, esta maniobra permitiría obtener suculencias ganancias a los organizadores de la maniobra. “Declaran una venta de oleína a 285 dólares, pero compran aceite de soja en Argentina a 550 dólares billete y lo venden en Chile a 880 dólares FOB (equivalentes a 970 CIF). Descontando los 90 dólares de flete, les quedan 330 dólares limpios por tonelada. A esa cifra hay que multiplicarlo por la carga de cada camión”, calculó el empresario pidiendo el anonimato.

Como sea, todo esto sucede frente a las narices de los servicios aduaneros de la Argentina y Chile, que evidentemente no se toman el trabajo de comparar sus respectivos registros de operaciones entre ambas naciones para detectar a tiempos este tipo de extrañas operatorias.

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Luego se prohíben todos los embarques de carne durante cierto lapso de tiempo: aquella vez de 2006 fue Néstor Kirchner y hoy es Alberto Fernández quien toma esa decisión.

Más tarde se establece una negociación con los frigoríficos exportadores del Consorcio ABC , para rehabilitar los embarques bajo un sistema de cupos: La resolución se dictó hoy y el 54% de esos volúmenes administrados quedan en manos de 10 empresas.

Pero faltaba un condimento, para repetir por completo la historia…

Esta tarde, en una reunión virtual convocada por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para explicar a los operadores del negocio de la exportación de carne cómo quedarían las cosas, el secretario de la Federación Gremial de la Carne, Alberto “Beto” Fantini, golpeó la mesa “virtual” denunciando que el gobierno está deteniendo entre 5.000 y 7.000 toneladas de carne que ya tenía su respectivo permiso de exportación y estaba por subir al buque carguero que todos los viernes pasa por Buenos Aires.

Eso nos faltaba. La “Gran Guillermo Moreno”. Que alguien muy poco comedido diera la orden de que se bajara la carne de los barcos. Esto fue lo que sucedió en 2008, cuando el ex secretario de Comercio de Néstor y Cristina hizo la señal de que había que “cortarle el cuello” a quien se pusiera enfrente de la orden presidencial de cerrar por completo las exportaciones. Fue durante un acto kirchnerista en la Plaza de Mayo. Comenzaba a calentarse el aire en el conflicto con el campo por la Resolución 125.

El que lo recriminaba a Moreno en aquel momento era Martín Lousteau, ex ministro de Economía, quien esa misma tarde había recibido los reproches de los frigoríficos porque alguien del gobierno había dado la orden de bajar los contenedores cargados de carne que ya habían sido habilitados y estaban cargados en los barcos. El Lousteau de entonces nos recuerda al Kulfas de ahora, que pone la cara frente al sector aunque entienda poco del negocio específico, tratando de actuar con algo de racionalidad cuando son otros los que dan las órdenes y redactan las resoluciones.

Es lo que sucedió en las últimas horas, según denunció Fantini (preocupado por las fuentes de trabajo en los frigoríficos exportadores) y confirmaron a Bichos de Campo fuentes de la industria frigorífica exportadora. “Están mandando para atrás contenedores que ya estaban en el puerto para cargar, con todos los papeles aduaneros en regla”, describió una fuente, que sin embargo no pudo confirmar los elevados volúmenes establecidos por el sindicalista.

La Mesa de las Carnes pide eliminar “todas las restricciones” y recuerda que los exportadores reciben apenas la mitad de lo que les corresponde por la “doble retención”

Como en aquella ocasión de 2008, nadie se hacía cargo de haber dado la orden y mucho menos había un comunicado de prensa.

El rechazo de los contenedores era la política aplicada por la Aduana desde que el miércoles temprano se conoció el decreto 408/2021, que estableció la creación de un nuevo sistema de cupos para la exportación de carne que apunta a reducir a la mitad, al menos hasta fin de agosto, los envíos de 2020.

Y eso a pesar de que el artículo 4° de ese decreto firmado por Alberto y los ministros Kulfas y Luis Basterra decía clarito que las medidas restrictivas que allí de decidían “alcanzan a toda la mercadería que, a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, no se encontrare cargada en un medio de transporte que hubiere partido con destino al extranjero”. La interpretación de esa letra puede llegar a ser fatal: si no estaban ya navegando los océanos, jodete.

Los frigoríficos, con estos envíos, trataban de regularizar en parte la situación de incumplimiento con sus clientes en el exterior antes de la entrada en vigencia de los cupos por empresa, que fueron oficializados este viernes por una resolución conjunta de los ministerios de Agricultura y Producción. La redacción de esa normativa, según pudo saber este medio, corrió por cuenta del vicepresidente del Senasa, el santacruceño Carlos Milicevic (quien en 2008 también ocupaba un alto cargo en el gobierno de Cristina), y el flamante titular de la ex ONCCA. En rigor, Kulfas le pidió a Luciano Zarich que se ocupara esta tarde de explicar a los actores de la carne cómo funcionaría el nuevo sistema de cupos.

Fue en esa reunión que estalló la bronca de Fantini y se conoció el regreso de “la Gran Moreno”. Era lo único que nos faltaba. Si todo sigue como fue entonces, ahora lo que viene son largos años de comercio administrado mediante los ROE, de modo siempre sospechoso.

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Los contenedores modelo 2021 no solo fueron  demorados en el puerto. Según las fuentes, algunos fueron enviados de vuelta al mercado interno cuando la Aduana confirmaba que llevaban alguno de los siete cortes vacunos prohibidos por el nuevo decreto: asado, tapa de asado, vacío, matambre, cuadrada, paleta y falda. Eso sucedió en muchos de los casos.

Los nuevos Morenos del gobierno, al parecer, se enardecieron cuando conocieron los últimos datos del INDEC, que daban cuenta que a pesar del cierre total de las exportaciones de carne decidio por Alberto a partir del 20 de mayo pasado, el volumen de carne embarcado el mes pasad había sido incluso superior al del mes de abril. En efecto, en mayo las exportaciones de carne bovinas fueron de 55 mil toneladas peso producto, un 10% más que el mes anterior, aunque casi 7% menos que en mayo de 2020.

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“Fijar valores de referencia permite desarticular posibles maniobres de evasión de impuestos pero también atacamos distintas prácticas abusivas que afectan el ingreso de divisas al mercado cambiario”, señaló la directora de la DGA, Silvia Traverso en un comunicado que anticipaba la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución General 5011/2021.

La resolución finalmente se publicó y estableció valores referenciales para las posiciones arancelarias correspondientes a cueros y pieles, destinadas a determinados países, que van de 0,36 a casi 0,70 dólares por kilo de cuero bovinos exportado, según el siguiente esquema:

Los países de destino que tendrán nuevos precios de referencia son Brasil, México, Uruguay, España, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Hong Kong y China, entre otros países.

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No negamos que haya subfacturación y mucho menos evasión de impuestos en ese sector. Por el contrario, sabemos que existe y que es mucha. No en vano casi ninguna carnicería del país entrega la factura.

Ahora bien, nos llama mucho la atención el ataque de histeria que se ha apoderado de los organismos que deben controlar la cadena en la última semana, y que coincide justo con el cierre de las exportaciones de carne decidido el 17 de mayo por el presidente Alberto Fernández, aún en contra de la opinión negativa de todos los que entienden sobre esa actividad.

Hoy, domingo, ha sido la AFIP la que ha sacado en un comunicado de prensa una gacetilla cuyo título luce a todas luces potente:  Dice el organismo que tras relevar 150 frigoríficos que explican el 72% de la faena total de bovinos, se ha detectado “maniobras de subfacturación y/o no declaración de
operaciones” en el 90% de los casos. Sin duda luce temible el panorama.

El domingo pasado fue la Aduana la que denunció que 19 frigoríficos exportadores habían utilizado una posición arancelaria que no les correspondía para pagar menos retenciones y cometer el delito que está de moda: “subfacturar”. Con una investigación paralela sobre ese caso, Bichos de Campo publicó los nombres de esas empresas, que la Aduana ocultó exprofeso a pesar de haberles aplicado multas por 6 millones de dólares.

El lunes 31 de mayo, la ex ONCCA también realizó su propia denuncia mediática, sin aportar los nombres ni los expedientes de cada caso. Mejor dicho, solo mencionaba a tres sociedades menores, así como el secuestro de unas 200 toneladas de mercadería. El organismo que depende de Agricultura informó que habían sido suspendidas del RUCA (el registro de operadores) unas 12 exportadoras de carne.

Todos estos anuncios en tono épico y espectacular, que aportan sin embargo casi ninguna prueba concreta, apuntan a crear una pésima imagen de la industria de la carne justo en el marco del cierre de las exportaciones de este alimento y  justo cuando el propio Presidente Fernández había dinamitado, el jueves de la semana anterior, las negociaciones entre funcionarios de su propia gestión y el Consorcio ABC de frigoríficos exportadores, para ver si se podían rehabilitar antes los embarques.

La sucesión de denuncias sobre la actividad pone en evidencia que ahora existe cierta obsesión del gobierno por este rubro productivo, la cadena de ganados y carnes, pero justo en el marco de una disputa política con la Mesa de Enlace, que ya realizó un paro ganadero con alto acatamiento y promete nuevas medidas de protesta.

No estaría nada mal está obsesión oficial por controlar a los actores de la cadena si no fuese tan sugerente que se realiza en medio de esta escalada de tensión con el sector, si estas denuncias no estuvieran vacías por completo de evidencias concretas, y si no fuera que el gobierno actual, desde que asumió en diciembre de 2019, discontinuó casi por completo la política del gobierno anterior para ordenar tributariamente la cadena de ganados y carnes.

Y eso claramente sucedió así. Si Mauricio Macri se había reunido en su paso por la Rosada un total de 10 veces con la Mesa de las Carnes, para discutir los temas del sector, Alberto no lo hizo ni en una sola ocasión. Pero tampoco lo hicieron sus funcionarios de menor rango. La Mesa de las Carnes pasó a ser casi una figura decorativa.

En este contexto, hay miles de cosas que quedaron sin hacer desde el propio Estadio, o se interrumpieron. Por ejemplo, ya no se sabe ni siquiera si funcionan los controladores electrónicos en los frigoríficos que se instalaron en la gestión anterior. Y la AFIP, que ahora hace estas denuncias, dejó a medio armar el REC (Remito Electrónico de Carnes), con el que el Estado aspiraba a controlar -como ya había comenzado a hacer con frigoríficos y matarifes- al eslabón final de la cadena, el de las carnicerías.

En medio de un mar de dudas, comenzó a regir el remito electrónico de carnes

Hechas todas estas aclaraciones necesarias, recién ahora nos podemos dedicar a la denuncia presentada ahora por la AFIP. El texto de la gacetilla es le que sigue:

Como se puede leer, en los operativos realizados por el organismo “se detectaron matarifes (usuarios de servicio de faena) que recurrieron al uso de facturas apócrifas, sociedades sin sustancia y prestanombres, para comercializar más de 500.000 cabezas de ganado entre 2018 y 2020”. Esos operativos, confiesa el organismo, se iniciaron en abril. Es decir coinciden con la creación de las DJEC, las declaraciones juradas que implementó el gobierno y que ahora le sirven para trabar las exportaciones de carne.

Justamente la gestión anterior de la AFIP había comenzado as  implementar el REC: era un remito electrónico entre el matarife o el frigorífico y el carnicero que permitía verificar la correcta facturación en el tramo final de la cadena, que es lo que ahora se denuncia. Pero el REC quedó en la nada. Y nadie lo explicó.

Insistimos que no vamos a defender a nadie en el sector de la carne, donde no existen carmelitas descalzas. Pero muchos matarifes desde 2018 venían advirtiendo a viva voz que los carniceros se negaban a facturarles la media res que recibían para poder seguir operando al margen de las normativas. El argumento era que la inmensa mayoría de los locales está al mando de un monotributista que no podría haber seguido en dicha categoría -y por lo tanto debía ser responsable inscripto ante el IVA- si blanqueaba los montos facturados.

AFIP insiste con el REC y se inicia la temporada de cacería de carnicerías

Una probabilidad, entonces, es que la mayor parte de los mayoristas de la carne se hayan visto obligados a falsear sus datos y hasta recurrir a facturas apócrifas ante la imposibilidad de facturar sus ventas a los minoristas. Frente a situación tan evidente, la AFIP no había dicho nada hasta ahora.

Hasta ahora, donde se informa que “la DGI comenzó a fiscalizar a los 154 frigoríficos más grandes del país. Los establecimientos investigados por la DGI representan el 40% de todos los frigoríficos del país y explican el 72% de la faena total. Todos las firmas fiscalizadas registraron una facturación individual superior a los 250
millones de pesos anuales”.

Sobre los resultados de dicha pesquisa, que comenzó recién en el mes de abril, “todas las fiscalizaciones se encuentran en proceso pero como resultado de las tareas de control los inspectores de la DGI identificaron maniobras de subfacturación y/o no declaración de operaciones en el 90% de los frigoríficos relevados”.

“El monto de las infracciones y las multas, serán determinados al finalizar los procedimientos”, añade la información oficial. Pero se puede suponer que muchos de estos casos se judicializarán, pues también los empresarios tienen en este caso argumentos para defenderse.

“Es muy probable que en efecto se haya encontrado subfacturación en el 90% de las plantas, porque es sabido que el comercio de carne está prácticamente en manos de los matarifes que contratan los servicios de faena de los frigoríficos. Todos facturan el IVA de la carne con 10,5%, pero el servicio de faena (el trabajo que la planta le hace al matarife) quedó con una alícuota de 21%, que nunca se redujo ni se alineó con el resto de la cadena. Por eso casi todos subfacturan la carne, para evitar un crédito fiscal que sería imposible recuperar. Si la AFIP hubiera regularizado esto como se pide hace ratio, no existiría esta subfacturación”. indicó una fuente que conoce al dedillo el negocio.

Bienvenido entonces que la AFIP haya vuelto a preocuparse por esta situación anormal.

El organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont también “descubrió” otra modalidad irregular en un sector donde buscale la vuelta ha sido siempre la constante. “LKa DG detectó un grupo de matarifes que recurren a sociedades y personas humanas sin capacidad operativa, técnico económica y financiera para desarrollar sus actividades. Las firmas identificadas por la DGI comercializaron un total de 582.000 cabezas de ganado entre 2018 y 2020”, se informó.

“Una de las hipótesis de trabajo explorada por los inspectores de la DGI es que los matarifes sin capacidad económica que recurren al uso de facturas apócrifas constituyen una pantalla para algunos frigoríficos que les permite evadir impuestos y generar créditos fiscales ficticios”, se especuló en este caso, donde tampoco aparecen nombres concretos y que está en vías de investigación.

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La subfacturación en los negocios con la carne vacuna fue el principal argumento que utilizó el Gobierno para recrear un sistema de permisos de exportación (antes se llamaban ROE y ahora son las DJEC) con el que mantiene ahora clausuradas las exportaciones de ese alimento, provocando una pérdida de unos 250 millones de dólares mensuales a esa cadena productiva. Pero en concreto, no es mucho lo que hasta ahora ha denunciado la Aduana en materia de subfacturación, casos concretos. Tampoco lo ha hecho la ex ONCCA, pese a la estridencia de sus comunicados donde anuncia decenas de suspensiones a empresas que ni menciona.

Como mecanismo “normal” en un país “normal”, la Aduana viene fijando valores de referencia para justamente evitar este tipo de maniobras de subfacturación desde fines de 2020, aunque no siempre actualiza los valores al ritmo que sí lo hace el mercado. Esto ha provocado quejas de los actores privados. Por eso ahora se definió un nuevo sistema más exhaustivo de control de los contenedores dispuestos a salir de los puertos.

La Aduana flexibilizó los valores de referencia para evitar subfacturación en las exportaciones de carne vacuna

Se informó oficialmente así: “Con el objetivo de fortalecer las herramientas utilizadas para identificar posibles maniobras de evasión y de subfacturación de exportaciones, el organismo que depende de la AFIP dinamizó los procedimientos para controlar el valor de las mercaderías que se venden al exterior”.

En rigor, este miércoles se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 5002, que sustituye la normativa vigente que databa de 1999.

“La decisión del organismo modifica los procedimientos que siguen las áreas de la Aduana abocadas al control de valor de las exportaciones y amplía los instrumentos disponibles para enfrentar la evasión y combatir las prácticas de subfacturación en la exportación de mercaderías”, se estableció. Bienvenida sea la normalidad: según esta versión oficial, con el desarrollo de nuevas tecnologías para el uso y la explotación de la información, la Aduna está ahora en mejores condiciones de “optimizar la gestión y los tiempos de procesamiento de las operaciones”.

“La normativa, que contó con aportes de representantes del sector privado afectados por la competencia desleal, potencia el análisis de riesgo en orden a lograr un control inteligente que optimice la selección de casos que serán sometidos a control de valor”, indicó el organismo. En este esquema, los valores de referencia serán solamente un primer indicador del riesgo.

Hasta ahora ya se establecieron valores de referencia para las exportaciones de peras, manzanas, ajo, carne de cerdo, tomate perita, mosto concentrado, arándanos, leche en polvo, cebolla, papa, pasas de uva, corvina y carne bovina.

Pero la nueva normativa establece nuevos criterios para efectuar el control sobre una carga sospechosa de haber sido facturada a valores menores que los reales.

En otro orden, la titular de la Aduana, Silvia Traverso, ratificó las recientes denuncias del organismo contra 19 frigoríficos que habían utilizado una posición arancelaria diferente a la que debía utilizar para enviar huesos con carne sobre todo hacia China. De esto ya informó con lujo de detalles Bichos de Campo.

Luego del chasco de la ex ONCCA, ahora es la Aduana la que denunció a casi 20 frigoríficos exportadores por maniobras para tributar menos

“Estas multas no se dan aisladas sino que forman parte de las distintas medidas que tomó nuestro organismo para recuperar herramientas de fiscalización a lo largo del último año, herramientas que el gobierno anterior desmanteló o no utilizó”, comparó la titular de la Aduana. “La industria frigorífica y, en particular, los exportadores de carne son un sector muy beneficiado por el alza internacional de los precios”, agregó.

Sobre este caso, en el cual se aplicaron multas por unos 6 millones de dólares, la defensa de los frigoríficos es que todo surgió de un error de la propia Aduana, que en la determinación de los precios de referencia para las carnes, en enero pasado, no se contemplaron ese tipo de envíos de huesos.

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“La propuesta contempla dos aspectos fundamentales. Uno es superar esta situación, revertir la medida temporaria de suspensión, tratando de interpretar la posición del gobierno y ayudando a superar el tema de precios”, explicó Ravettino al periodista agropecuario Silvio Baicco, por la señal de Canal Rural.

El segundo punto “es el mediano y largo plazo, que debemos empezar a considerar.  Solicitamos al Gobierno que nos aboquemos a cuestiones importantes como por qué crece la población y no el stock ganadero, qué deberíamos hacer para que lo haga, qué incentivos debería tener el productor”, agregó el directivo.

Traduciendo, hasta la semana pasada el Consorcio ABC y otras entidades de la industria frigorífica, bajo una situación de extorsión aplicada por el gobierno que cerró el grifo exportador, habína ofertado a las autoridades colocar en el mercado unas 12 mil toneladas de cortes a precios más baratos que los actuales, es decir en los niveles que tenían en diciembre pasado. Aunque este volumen de carne “subsidiada” era el doble del que habían vendido a través de supermercados en el primer trimestre del año (6.000 toneladas), o un 50% más de las 8.000 toneladas consensuadas con Paula Español, la secretaria de Comercio, antes de la intervención del presidente, no alcanzó a satisfacer las demandas de las autoridades.

Por eso, el Consorcio ABC habría elevado su oferta a unas 15.000 toneladas mensuales, según anticiparon algunas fuentes. Ahora es el gobierno el que debe contestar si le parece suficiente. Equivale a casi 8% del consumo total.

Mirá la entrevista completa de Silvio Baicco al presidente del Consorcio de Exportadores ABC:

Ravettino indicó que desde el Consorcio se espera una respuesta positiva porque “el esfuerzo hecho en esta oportunidad es el máximo que podemos hacer como Institución en materia de colaboración con el Gobierno”. Sostuvo que se trata de las últimas instancias de negociación y que el objetivo es evitar situaciones extremas como “las intervenciones directas con sistemas ROES, incrementos de retenciones, etc.”

Negó además que se haya ofrecido dejar de exportar los cortes “parrilleros”, en tanto la posición institucional como entidad exportadora no podría ser nunca prohibir algo. “Podemos colaborar, aumentar volúmenes, pero pedir prohibición de una posición arancelaria nunca”, dijo.

En cuanto a las acusaciones de la Aduana que trascendieron en los últimos días, en donde se acusó a ciertos frigoríficos -muchos de ellos integrantes del Consorcio- de certificar exportaciones bajo una posición arancelaria correspondiente a los huesos no aptos para consumo humano, el directivo afirmó que se trató de una situación que tuvo una repercusión “que no se corresponde con la realidad”.

Luego del chasco de la ex ONCCA, ahora es la Aduana la que denunció a casi 20 frigoríficos exportadores por maniobras para tributar menos

“Es un tema técnico circunscripto a dos puntos. El primero son las posiciones arancelarias 0506 y 0202. Una es el hueso con carne y la otra el hueso limpio. Hubo una discrepancia entre los despachantes de aduana de cuál era la posición adecuada. Cada uno tuvo su criterio, unos pusieron una y otros otra. El monto total de un frigorífico para referirlo económicamente es insignificante. Es alrededor de 20 dólares en el año”, señaló.

“El otro tema está en los precios de referencia. Los huesos pelados que se exportan a 600 o 700 dólares tenían en la resolución anterior un valor de referencia de 1400 dólares. Eso se solucionó con la nueva norma. Pero claro, quedaron enganchadas algunas posiciones llevadas a cabo con la resolución anterior. Todo lo demás a lo que se refieren los medios, que son maniobras de subfacturación o de falta de ingresos de divisas, es nuestra lucha y lema y ojalá se pueda seguir investigando”, declaró Ravettino.

Hacia el final de la entrevista el presidente afirmó que el Gobierno espera subir la producción de carne de las 3.200.000 toneladas que se producen hoy, a las 5.000.000 en unos años.

“El gobierno quiere que en unos años argentina produzca 5 millones de toneladas de carne de los 3 millones 200 que produce hoy. De manera tal que se destinen tres millones al mercado domestico y dos a la exportaciones. Yo me conformaría con que empecemos a mover de los 3.200.000 para arriba, y después que lleguemos a lo que podamos conseguir. Me animo a decirlo porque es una propuesta del gobierno no nuestra”, dijo.

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