La entrada Más que “Estado bobo”, éste parece “boludo”: Reclaman casi 6 millones en divisas a una cerealera fantasma de Rosario se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El pedido del BCRA para que los bancos detengan el drenaje de dólares hacia el extranjero a nombre de esta empresa -a la que se identificó como una “cerealera”- es que la misma mantenía una suma de divisas pendientes de liquidación (la obligación a ingresar los dólares obtenidos por una exportación en el mercado local de cambios) por la friolera de 5.632.761,30 dólares.
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Es muy habitual que las empresas hagan todo lo posible por dejar los dólares que ganan exportando fuera del país, porque “ingresarlos” implica cambiarlos por pesos al valor oficial de 100 pesos. En cambio, si los cobran por ejemplo en Uruguay y después los ingresan por una vía informal, pueden trocarlos al doble de esa suma en el mercado libre de cambios.
Si lo que exportaba FG Importaciones (no se informa qué fue) hubiera sido una soja -que hoy vale 500 dólares-, estaríamos hablando de una operación por 11.300 toneladas, que es la cuarta parte de lo que puede cargar un buque de ultramar o el equivalente a casi 380 camiones. Si fuera maíz o trigo, sería casi el doble de ese volumen.
FG Importaciones no tiene silos ni puerto ni elevadores, aunque esto no sería impedimento para exportar (hay otras empresas que alquilan esas instalaciones). Tampoco tiene campos donde almacenar silobolsas. Su único domicilio declarado queda en el segundo piso de este edificio de la calle Brown, en Rosario.
Según el Banco Central, FG Importaciones había estado exportando por más de 5,6 millones de dólares, cobró esos envíos en dicha moneda y no introdujo esos billetes al mercado oficial de cambios, como debe hacer cualquiera otra empresa del rubro agrícola. “El 66,72% de las divisas correspondientes al valor de las exportaciones con obligación de ingreso y liquidación se encuentran pendientes de regularizar”, explicó el BCRA, que ya el año pasado había suspendido la cuenta corriente de otras cerealeras que operaban las plantas del grupo Vicentin, como la corredora Díaz&Forti.
Pero en aquel momento, aquellas eran empresas reales que cargaban granos en un barco y lo exportaban. En el caso de la firma cuestionada ahora, bien vale dudar sobre si no se trata de una fachada para ocultar las operaciones de exportación de otros jugadores y una maniobra para fugar divisas el exterior. ¿Por qué? Porque FG Importaciones SRL ni siquiera figura como “exportadora de granos” en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), que maneja el Ministerio de Agricultura. Eso es obligatorio para el resto de las cerealeras.
La cartera agropecuaria también publica mes a mes los volúmenes de granos y subproductos embarcados por cada compañía. Y en todo 2021 no aparecen en esos registros oficiales rastro alguno sobre ese operador. Entre Cargill, Dreyfus, Bunge, Cofco o empresas locales más pequeñas, no hay ni una referencia allí a esta cerealera fantasma. Tampoco aparecen barcos contratados a su nombre que hayan recalado en los puertos argentinos para cargar algún producto agrícola.
“Nosotros no somos la Aduana”, contestaron desde el BCRA cuando Bichos de Campo preguntó cómo era posible que nadie hubiera sospechado antes de esta ignota compañía rosarina y en todo caso le hubiese impuesto un control más riguroso para evitar lo que sucedió: la dejaron exportar por 5,6 millones de dólares que ahora se reclaman. Por cierto, es la Aduana el organismo que debería haber puesto ese filtro en caso de considerarlo necesario. El Banco Central está cumpliendo con su obligación que es reclamar las divisas.
La pregunta es si el estado pudiera haberlo evitado.
FG Importaciones SRL es una empresa de solo tres años de vida, aunque en realidad como “cerealera” su existencia ha sido mucho más breve.
La firma fue creada en mayo de 2018 por Juan Bautista Fassio e Ignacio Alfredo Granato, ambos comerciantes y domiciliados en Rosario. Granato fue fu primer gerente en esta primera etapa, en la que la empresa pretendía dedicarse a la importación (co0mo su nombre lo indica) de artículos textiles, electrónicos y de ferretería. Pero Granato duró menos de un año: en abril de 2019 vendió su participación societaria a la esposa de Fassio, Eleonora Cripovich.
Recién el 1 de septiembre de 2020, es decir hace poco más de un año, la sociedad modificó su estatuto social para abarcar dentro de sus actividades la compra y venta de productos agrícolas. Pero tampoco duró demasiado en el negocio, pues la AFIP la dio de baja del Sistema de Información Simplificada Agrícola (SISA) en abril de 2021. Allí figuraba como exportadora.
Este caso, a esta altura, expone la extrema fragilidad de los controles que impone el Estado a ciertas empresas, a todas luces muy débiles frente a la presión cotidiana que sienten miles de pequeños contribuyentes que son hostigados de modo permanente para que cancelen sus pasivos con la AFIP. También deja al descubierto que es casi nulo y obsoleto el intercambio de información permanente entre los diversos organismos involucrados en las tareas de control. Queda claro no hay cruce de ningún tipo de información.
Entre octubre y noviembre, a Fassio (principal cara visible de la fantasmal FG Importaciones SRL) le rebotaron un par de cheques por cifras millonarias. Recién después de eso el BCRA parece haber comenzado a sospechar sobre su situación y descubrió que había 5 palos verdes en divisas pendientes de liquidación.
No parece mucho para un país que exportó granos por más de 30 mil millones de dólares, que es la cifra que las cerealeras reales habían liquidado ante el BCRA hasta noviembre de 2021. Pero tampoco es poco. En poder del Central, esos cinco palos verdes hubieran permitido afrontar la importación de algunos de los insumos claves que le están faltando por estos meses a los productores agropecuarios.
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]]>La entrada ¿Cuáles son las consultas más frecuentes de los productores a los contadores especializados en agro? La respuesta no te va a sorprender se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>¿Y cuáles son los temas contables e impositivos más consultados por los productores? Bichos de Campo acudió a distintos especialistas para dar con las preocupaciones más frecuentes. Una ellas es el famoso Impuesto a las Ganancias.
“Es el principal costo de consulta porque la actividad agropecuaria te termina gravando realices o no ventas. A diferencia de cualquier otra actividad, si vos no vendes la producción la tenés que valuar como si la hubieras vendido a valor de mercado. Quedarte ahorrando en granos, lo que históricamente hicieron los productores, implica que vos pagues el Impuesto a las Ganancia cuando los tenés, y que después pagues cuando los vendas sobre la diferencia de precio que hubo entre el cierre de ganancias y el valor de venta”, explicó a este medio Mariano Echegaray, licenciado en Administración, contador y asesor de empresas agropecuarias.
Aunque quisiéramos exponer una razón más coherente para este inconveniente, lo cierto es que es así simplemente por el criterio de evaluaciones que se ha fijado, lo que convierte al sector en uno de los más discriminados a nivel impositivo.
“Hoy por hoy el Impuesto a las Ganancias no solamente tiene una incidencia en un resultado que ya pasó, sino que incide en la determinación de obligaciones impositivas a futuro como son los anticipos. Lo que tratan de hacer los productores es ir determinando, con una antelación suficiente, cual será el impacto de ese impuesto en función al resultado que van obteniendo”, señaló por su parte Bernardo Ciancaglini, contador especializado en temas agropecuarios, a Bichos de Campo.
¿Hay algo para hacer? La respuesta, aunque tenga gusto a poco, es planificar con anticipación, siempre de la mano de un profesional.
Otro de los temas por los que más se consulta es el de los saldos técnicos del IVA, que se generan por la diferencia entre el IVA que se paga por la compra de insumos, servicios o inversiones necesarias para la producción, y el que se recupera a la hora de la venta.
“El saldo técnico es un saldo inmovilizado, que se deteriora con la inflación, cuya única forma de recuperarse es incrementando el volumen de venta o disminuyendo el volumen de compra. Lamentablemente, el saldo técnico va a depender de la situación de cada productor y de la infraestructura con la que cuente. Su recupero no es una cuestión sencilla de analizar porque entra la complejidad de la actividad en la que se esté trabajando”, afirmó Echegaray.
Argentina va camino a posicionarse como líder mundial en el cobro de impuestos sobre el patrimonio
“El sistema es tan perverso que el único camino para que te puedas ahorrar algún impuesto es pensar en crecer. ¿Cuál es el problema que tenés para pensar en crecer? Que en la vereda de en frente está la política, que permanentemente está bombardeando al sector agro con malas noticia”, agregó el especialista.
Vale aclarar que existen otros saldos que sí cuentan con un mecanismo un tanto más aceitado para su devolución, como es el saldo de libre disponibilidad, al que se accede por el Sistema Simplificado Agrícola (SISA). El mismo genera una devolución del desfasaje generado por las retenciones aplicadas a la hora de exportar, y puede ser administrado por un profesional contable de forma más rápida.
“El IVA es un antes y un después en la vida del productor. Hoy la presión fiscal sobre la renta agrícola está en torno del 60%, siempre considerando todas las unidades del Estado, desde los municipios hasta los impuestos nacionales. Eso trae aparejado la búsqueda de un esquema alternativo en la comercialización que atenúe distintas situaciones”, indicó Ciancaglini a este medio.
Una herramienta alternativa para aplicar esos saldos técnicos que no se logran recuperar es la inversión en ganadería, que presenta más beneficios fiscales al quitar el pago anticipado de impuestos que sí tiene la agricultura. En la actividad pecuaria, los establecimientos de cría pueden ser valuados en su costo histórico por lo que no se debe pagar por la tenencia de la hacienda, algo que sí ocurre con la tenencia de granos que no se venden.
“En ganadería pagás cuando vendés. Si tenés la posibilidad de vender granos y comprar hacienda, dejás de tener un activo que te valúa en valor de mercado y te pasas a un activo que te valúa a costo histórico. Tenés entonces un beneficio y un incentivo fiscal para invertir en ganadería”, detalló Echegaray. Por desgracia, esta puede no ser la solución más atractiva teniendo en cuenta los vaivenes y las restricciones registradas durante este año.
Finalmente, otra de las consultas frecuentes es la orientación del financiamiento y de las inversiones para obtener beneficios fiscales. Aquí la decisión tiene que ser tomada en base al margen de negocio esperado y más conveniente. Una opción puede ser la compra anticipada de insumos agrícolas, para evitar su aumento, y otra puede ser la transformación de activos a dólares.
“Lo importante es que nosotros, en un contexto inflacionario, si nos quedamos en granos terminamos tributando más impuestos. La recomendación es buscar el negocio y cambiar el paradigma en los productores. El productor agropecuario siempre decide una venta en función de lo que es el precio. Tenemos que dejar de pensar como productores y empezar a pensar como empresarios”, sostuvo Echegaray.
Ahora bien, ¿qué pueden esperar los productores para el año 2022?
“Está clarísimo que el año que viene vamos a tener más impuestos. Se acaba de firmar un pacto fiscal donde se autoriza a las provincias a subir los cuatro impuestos provinciales básicos: sellos, ingresos brutos, inmobiliario y patente. Además se los incentivó a implementar el impuesto a la riqueza, para el cual ya tienen facultad. Ahora hay que ver que decide cada Congreso provincial y hasta donde suben las alícuotas”, determinó Héctor Tristán, contador público y tributarista especializado en cuestiones agropecuarias, en conversación con Bichos de Campo.
El otro inconveniente está en la diferencia del tipo de cambio, que afectó de forma más que notoria al precio de los insumos, registrándose en muchos casos aumentos del 100%. Esto genera imprevisibilidad e inseguridad jurídica a los efectos de poder encarar un nuevo proyecto productivo.
“Antes el productor solo tenía que ser eficiente para producir, hoy tiene que ser eficiente para producir, comercializar, administrar el pago de los impuestos, entre otras cuestiones”, reconoció Echegaray.
Pero a no desesperar. Todos los especialistas acordaron en que la mejor estrategia es consultar y planificar con anticipación las actividades a encarar.
“La consulta tiene que ser permanente. Hay que ir tratando de ver diferentes situaciones que permitan al productor agropecuario estar preparado para atender, de la mejor manera posible, las contingencias que se puedan llegar a generar. Los derechos de exportación, las restricciones cambiarias, la imposibilidad en la comercialización, son todas aristas el productor tiene que tener en cuenta en su análisis”, puntualizó Ciancaglini.
“El concejo que más he dado es la planificación, que va desde cómo se instrumenta un contrato, hasta como se instala una operación, el tipo de sociedad, etc. Hay una cantidad de alternativas que permiten optimizar fuertemente el negocio de punta a punta”, concluyó Tristán.
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]]>La entrada Educando a Aníbal Fernández: Los camiones cerealeros suelen llevar 32 toneladas y como máximo llegan a 45, pero jamás 140 toneladas se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>#Contrabando La Policía Federal Argentina en colaboración con AFIP -DGI secuestró un camión que trasladaba ilegalmente 140.540 kg. de maiz partido por un valor de: $2.389.180 en Maipú, Provincia de Mendoza. pic.twitter.com/qAf5UX01qN
— Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) December 28, 2021
El tuit del ministro desató una catarata de burlas en la red social de la que es habitué. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no exista camión granelero en el mundo capaz de cargar las 140 toneladas de granos que mencionó Aníbal. Y si existiera, quizás no hubiera sido raro que hubiera pasado los controles ruteros de la Argentina, tan permeables al “a ver cómo podemos arreglarlo”. Pero seguro que los carabineros de Chile lo hubieran detenido en la frontera, pero no por el contrabando sino para evitar que destrozara el asfalto.
En la Argentina, al igual que en otros países del mundo la Ley 24.449 dispone que los camiones semirremolques o con acoplados no pueden superar un peso total de 45 toneladas (con alguna variación según la configuración de ejes). En tiempos del gobierno de Cambiemos, el macrismo impulsó mucho la aprobación de los llamados Bitrenes, que son camiones con una mayor capacidad. Pero inclusive en esos casos -que están habilitados solo para ciertos corredores viales- la carga máxima fijada es de 75 toneladas.
Igual todo depende de la carga que lleven. En el caso de la soja o el maíz, un camión tradicional como el que aparece en el camión detenido por los inspectores de la Policía y la AFIP transporta habitualmente cerca de 32 toneladas, en tanto con el famoso bitren de hasta nueve ejes (que no se utiliza por ahora para cargar granos) podría cargar un máximo de 53 toneladas.
A partir del Decreto 27/2018, las autoridades de Transporte establecieron una nueva normativa que mejoró los volúmenes transportables, porque se habilitó la incorporación de camiones con acoplado de mayor porte. En este caso, dentro de los 18.50 metros reglamentarios, se puede sumar más tonelaje agregando ejes al acoplado, elevando el límite de 45 a 55 toneladas de carga bruta, pero manteniendo la distribución de peso por eje.
Aún así, harían falta más de dos bitrenes o tres de estos camiones agrandados para llegar a los volúmenes de carga que Aníbal dice haber interceptado en Mendoza.
Este informe de Fadeeac, una de las cámaras del transporte de cargas, confirma que en ningún caso (salvo en el de los bitrenes especialmente autorizados para ciertas rutas), un camión en la Argentina puede llevar más de 45 kilos de pesos. Todo dependerá del número de ejes de que disponga el vehículo y de cómo estén distribuidos debajo del chásis.
El tema de la carga de maíz en el súper camión detenido en Mendoza no fue el único motivo de burla para con el ministro de Seguridad, que no debería saber demasiado de estas cosas salvo porque alguna vez -allá lejos y hace tiempo- también ocupó la cartera de Producción y llegó hasta a tener bajo su mando a la ex secretaría de Agricultura. También le objetaron el irrisorio valor de la mercadería.
“Me parece que se le escapó un cero al ministro. Difícil que llevara 140 toneladas. Pero dale que va. Escribe cualquier disparate y da lo mismo”, trató de explicar el ex secretario de Agricultura de cambiemos, el agrónomo Guillermo “Willy” Bernaudo.
Me parece q se le escapó un cero al ministro. Difícil que llevara 140 ttn. Pero dale que va. Escribe cualquier disparate y da lo mismo.
— Willy Bernaudo (@willybernaudo) December 29, 2021
Pero ojo, porque todo esto no quiere decir que no exista el camión capaz de cargar las 140 toneladas de maíz partido secuestrada en el operativo que destacó el ministro Fernández. Sí que existe y es capaz de cargar hasta 500 toneladas de peso, claro que no podría circular por las rutas argentinas y mucho menos cruzar por el tunel aduanero que nos separa de Chile en el principal cruce de Mendoza.
BelAZ, un fabricante de vehículos bielorruso, presentó en 2015 junto un poderoso camión de carga, que ya ostenta el titulo de ser “el más grande del mundo”. El GVW mide 20 metros de largo, 10 de ancho y 8 de alto, calza unos neumáticos que superan los 4 metros. Su peso total, sin carga, es de 360 toneladas, y es capaz de transportar otras 500 toneladas adicionales, el equivalente a siete aviones Airbus A320 repletos.
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]]>La entrada La Afip ahora asegura que detectó más de 1600 toneladas de cereales en infracción se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Tal como viene ocurriendo en los últimos meses, en ninguno de los casos la Afip informó ni la identidad de las empresas involucradas ni en qué juzgado se habría realizado la denuncia penal, como correspondería hacer a frente a los supuestos delitos denunciados.
Tras las tareas de fiscalización desarrolladas por agentes de la Dirección General Impositiva, la Afip aseguró que dio con un operador de Tres de Febrero (Buenos Aires) que no tenía inscripta su planta de acopio en el Registro Único de operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA). Por otro lado, en Coronel Pringles el organismo afirmó que detectó la existencia de granos sin declarar en una planta procesadora “de un contribuyente dedicado a la elaboración de alimento balanceado y complementos proteicos para nutrición animal”.
La AFIP se vanagloria por haber evitado maniobras de evasión del 0,017% de la cosecha de granos
Bichos de Campo consultó a la Afip por los nombres de las firmas involucradas, pero se indicó que la información se encuentra protegida por el secreto fiscal. Lo único que sí se dio a conocer fue el volumen de la mercadería incautada: se interdictaron, según la Afip, 622 toneladas de maíz, 488 de trigo, 501 de cebada y 26 de avena.
Según indicó el organismo, en los últimos cuatro meses se desarticularon maniobras de evasión y exportación fraudulenta por más de 25.500 toneladas de granos en las provincias de Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y Entre Ríos. Una “cruzada” fiscal con mucha épica pero con ningún nombre y apellido.
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En las últimas semanas, el organismo tributario viene construyendo una épica de sus tareas de control en el comercio de granos, al difundir noticias sobre una serie de operativos exitosos para desbaratar operaciones tanto de evasión como de contrabando. En ninguno de estos casos la AFIP informa ni la identidad de la empresa que intentaba perjudicar al fisco, ni da cuenta de en qué juzgado se ha realizado cada denuncia penal, como correspondería hacer a frente a estos supuestos delitos.
Así las cosas, en las últimas jornadas nos hemos enterado que:
- El 3 de diciembre se desbarató en Santa Fe una maniobra de evasión con granos no declarados, que estableció un nuevo récord al evitar el comercio ilegal de unas 9.150 toneladas de maíz y soja.
- El 2 de diciembre “se evitó la exportación fraudulenta de 226 toneladas de burlanda seca de maíz, subproducto de la producción de bioetanol, que tenía como destino España, vía Uruguay”.
- El 26 de noviembre “se evitó la exportación fraudulenta a Mendoza de 915 toneladas de maíz y aceite en un paso fronterizo en la localidad mendocina de Maipú”.
- El 15 de noviembre “se evitó la exportación fraudulenta de 504 toneladas de maíz partido con destino a Chile”.
- El 10 de noviembre ” incautó 502 toneladas de soja en un depósito fiscal en Rosario, tras detectar irregularidades en la documentación respaldatoria de la mercadería que pretendía ser exportada a Paraguay en camiones con patente y choferes del país vecino”.
- El 8 de noviembre “realizó el mayor decomiso de granos en la historia del organismo, y en un solo procedimiento, la DGI secuestró más de 8.100 toneladas de maíz que se encontraban almacenadas en distintos depósitos del puerto bonaerense de Campana.
Esta ha sido la seguidilla de noticias dadas a conocer por la AFIP que, extrañamente, antes de eso y en lo que iba de la gestión de Marcó del Pont, o no había secuestrado ninguna tonelada de granos, o por lo menos no informaba de esos operativos con la dedicación con que lo hace ahora.
Tanta dedicación llevó que la subdirectora general de Servicios al Contribuyente del organismo, Patricia Vaca Narvaja, declarase a El Destape a principios de noviembre que “se está avanzando en este tipo de investigaciones de lucha contra la evasión de sectores que son fuertemente poderosos económicamente y eso también los motiva a que se pongan nerviosos”.
Ciertamente los grandes evasores que existen desde todos los tiempos en el agro (tanto en el comercio de granos como en otras múltiples ramas de actividad) deben estar comiéndose las uñas de los nervios que les produce esta ofensiva de los temibles sabuesos. Sobre todo después de hoy, cuando la AFIP superó sus propios récord al incautar 9.150 toneladas de granos, batiendo así su anterior marca de 8.100 toneladas.
“El operativo realizado en Santa Fe equivale a más de 300 camiones que estacionados uno atrás del otro en la ruta ocuparían 7 kilómetros”, se ufanó el organismo, que de todos no informó donde estaba almacenada esa mercadería, si en los mencionados camiones en fila, en un acopio o quizás ya estuviera en la bodega de un barco.
Como sea, el organismo batió de nuevo el parche para mostrar una gran eficacia a la hora de controlar a los evasores y contrabandistas del agro, aunque jamás los identifique. “A lo largo de los últimos 4 meses, la AFIP desarticuló maniobras de evasión y exportaciones fraudulentas por más de 23.000 toneladas de granos”, ensalzó.
Para hacer todavía mucho más impactante esa cifra, la convirtió de toneladas a kilos, multiplicando por 1.000. “Son 23 millones de kilos de productos agrícolas que intentaron comercializarse en forma irregular”, subrayó.
También multiplicó la cantidad de kilómetros ocupados por la fila de camiones que debieran haber trasladado semejante cantidad de mercadería negra. Eran 800 camiones “con acoplado” los que harían falta, y que “puestos uno detrás de otro en la ruta ocuparían cerca de 19 kilómetros”.
No calculó la AFIP, sin embargo, qué porcentaje de la producción nacional de granos -que ha llegado en el último ciclo agrícola a 130 millones de toneladas- representaban los incautados. Pues esas 23.000 toneladas equivalen a solo 0,017%.
Otra comparación posible es que esas 23.000 toneladas de granos que intentaban ser contrabandeados no alcanzaban para llenar la mitad de la capacidad de bodega promedio de los buques de ultramar que ingresaron a la Hidrovía del Río Parana para exportar la cosecha. En 2019 (último año de normalidad, sin coronavirus ni bajante del Paraná) fueron 2.632 barcos los que lo hicieron.
Pero otra manera más efectiva todavía de comparar los volúmenes es la siguiente: esas 23.000 toneladas en decomisos de la AFIP son casi la misma cantidad de toneladas que las que se llevaban exportadas hasta junio de este año a Chile bajo la posición arancelaria 3823.12.00.000N, que hace referencia al ácido oleico u oleína, un subproducto del refinado del aceite de soja que suele utilizarse para la alimentación animal.
En ese caso, la Aduana -dependiente de la AFIP- no detuvo ningún camión ni emitió comunicado a pesar de que los envíos habían crecido geométricamente y se concretaban a valores altísimos, de la mano de empresas argentinas muy dudosas que no tenían antecedentes en el negocio y en operaciones que además incluían una triangulación con empresas -también dudosas- radicadas en los Estados Unidos.
Bichos de Campo pidió explicaciones a la Aduana sobre estos extraños negocios que pasaban casi siempre por el filtro de la Aduana de Campana. Jamás -a pesar de haber preguntado muchas veces- obtuvo respuesta.
¿Cuántos kilómetros de ruta cubrirá la fila de camiones el día en que la Argentina se decida a sacar de circulación a sus funcionarios más chantas?
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]]>La entrada Los satélites que venían a aportar valor agregado al agro argentino se emplearán para que la AFIP vigile a todos los campos del país se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Y ese día finalmente llegó, aunque probablemente no como esperaban la mayor parte de los productores agropecuarios, porque los datos se emplearán para intentar detectar a evasores en el ámbito agropecuario.
Las autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) creen que existe un amplio margen para mejorar la recaudación en el sector agropecuario a pesar de los numerosos registros de datos disponibles.
En ese marco, el organismo recaudador suscribió un convenio para facilitar el acceso de las imágenes satelitales generadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).
“El monitoreo satelital de distintas actividades económicas permite realizar cruces de información con las bases de datos de la AFIP para ampliar las acciones de investigación y fiscalización que realiza el organismo en todo el país a través de la Dirección General Impositiva”, indicó el organismo por medio de un comunicado.
Si bien el comunicado no hace referencia a ningún sector en particular, está claro que la mayor utilidad que buscará obtener la AFIP con esa información será la geolocalización de cultivos, hacienda y silobolsas.
La información que suministre la CONAE, a través de los satélites SAOCOM 1A y SAOCOM 1B, será administrada y analizada por un área especializada en imágenes satelitales de la AFIP, que fue creada este año con el objetivo de ampliar y fortalecer las herramientas de fiscalización. Asimismo, los técnicos de la Conae asistirán al organismo en la capacitación de los trabajadores abocados a las tareas de interpretación y análisis de los datos.
Ayer jueves el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, suscribieron en la sede porteña de la AFIP el convenio que permitirá facilitar el acceso a la tan preciada información por parte de los agentes recaudadores.
“Esta herramienta, que es resultado del trabajo conjunto con la CONAE y el MINCyT, fortalece y mejora las tareas de fiscalización de nuestro organismo a partir de la explotación de información satelital valiosa que hasta ahora no era utilizada con estos fines”, explicó Marcó del Pont.
Por si quedaba alguna duda sobre las intenciones detrás de la iniciativa, el vicepresidente de la Conae y secretario de Planeamiento y Políticas del MINCyT, Diego Hurtado, señaló que a partir del acuerdo “se amplían las prestaciones de nuestros satélites, en particular de los SAOCOM 1A y SAOCOM 1B”, dado que “todos los servicios de monitoreo para la actividad agropecuaria que ya se brindaban, se van (ahora) a combinar con datos de la AFIP vinculados a catastro, infraestructura, densidad poblacional”.
Así que a no olvidarse: cada vez que vayan de recorrida por el establecimiento y que el día esté soleado, miren para arriba y saluden. No sean maleducados.
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]]>La entrada Desde el miércoles los trabajadores temporales del campo deberían poder cobrar su salario sin perder por eso los planes sociales se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>¿Y esto que quiere decir? Que los trabajadoresdel agro argentino podrán ser contratados en blanco por cierto lapso de tiempo sin que por ello la ANSES les dé de baja los subsidios sociales que cobran, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o el plan Argentina Trabaja.
A pesar de que se habían presentado en el Congreso numerosas iniciativas para resolver esta problemática de la incompatibilidad que existía hasta ahora, la presión de las cámaras empresarias y los serios problemas para encontrar mano de obra disponible en las provincias agilizó el trámite y Alberto Fernández terminó por nuclear dichas propuestas en un decreto presidencial.
Dicha medida plantea una solución a la falta de mano de obra rural para actividades zafreras, provocada por el temor de los cosecheros de tomar trabajo registrado. Hasta ahora, si axceptaban ser contratados de modo legal por una empresa privada se les suspendían beneficios como la AUH.
¿Pero se podrán superponer los ingresos desde el 1° de septiembre, como dice el decreto? Marcos Williams Prim, director nacional del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), indicó a Bichos de Campo que desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial se encuentran trabajando junto al Ministerio de Trabajado para hacer operativa la medida.
“Estamos trabajando a contrarreloj desde ese día para ajustar los detalles relacionados al ANSES, a la AFIP y al Ministerio en sí, principalmente para compatibilizar los sistemas informáticos que son los que permiten dar de alta un trabajador y hacer realidad la continuidad de los planes”, dijo.
Por otro lado explicó que desde las distintas delegaciones de RENATRE se ha iniciado un trabajo con las provincias y municipios para que se acojan a la nueva mecánica, de modo que quien acepte trabajar en el campo no pierda subsidios de índole provincial. “Estamos difundiendo todo esto porque lo importante, entre otras cosas, es que tanto el trabajador como los productores rurales sepan que pueden a partir de ahora contratar en blanco a las personas y que no se perderán los planes si los regularizan”.
En ese sentido, Pablo Vernengo, del área de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) –una de las entidades que más trabajó sobre esta problemática- señaló a Bichos de Campo que planean realizar “una comunicación masiva a través de radios locales para informar a los trabajadores golondrina que está este beneficio. Hay trabajadores que no están enterados y no lo podrán usar en la próxima cosecha”.
“Tenemos que difundir esto que se ha logrado a pedido de CAME. Esperemos por el bien de todos que se llegue con la fecha porque están en juego las próximas cosechas del período 2021/2022”, agregó el director de esa entidad.
El decreto, que entrará en vigencia pasado mañana, tendrá en principio una vigencia de dos años.
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]]>La entrada Fiscales piden el procesamiento de directivos de una semillera por un caso de trabajo esclavo denunciado en 2010 se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de Matías Di Lello, junto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), pidieron además la inhibición general de bienes de esos empresarios y que se traben embargos por más de 22 millones de pesos para garantizar la reparación a las víctimas.
El pedido de procesamiento de los directivos de la empresa Satus Ager fue solicitado al juez Carlos Villafuerte Ruzo, por ser considerados coautores del delito de trata de personas con fines de trabajo forzoso, agravado por haber sido cometido de manera organizada por más de tres personas, en concurso ideal con el delito de reducción a la servidumbre u otras prácticas análogas.
Estas causas se iniciaron a partir de inspecciones lanzadas contra el sector semillero en 2010 y 2011, en el peor momento de la relación entre el sector agropecuario y el gobierno de Cristina Kircher tras el conflicto por las retenciones móviles. La AFIP realizó varios operativos por aquellos años, incluida esta causa contra Satur Ager. Vale decir que tras estos acontecimientos, la industria semillera actualizó muchas de sus prácticas en la contratación de trabajadores migrantes para el desflore de maíz.
Informó la agencia Télam que los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que se ordene el inicio de una investigación patrimonial a todos los imputados de haber participado en la captación de trabajadores, en su mayoría oriundos de la provincia de Santiago del Estero. Según esta denuncia, una vez en el campo esos hombres debían trabajar “de sol a sol” y “en condiciones infrahumanas: sin baños, luz, agua potable, con comida vencida y malos tratos”.
Según la investigación, los hechos tuvieron lugar en los campos “Doña Clementina” y “Santa Celestina”, durante diciembre de 2010 y enero de 2011, y la causa se inició a raíz de una inspección y posterior allanamiento realizados por el Municipio de Ramallo.
En esta larga causa judicial, en diciembre de 2018 el Juzgado Federal de San Nicolás dictó los sobreseimientos de los imputados, pero en febrero de 2020, la Sala B de la Cámara Federal de Rosario revocó la resolución. En el trámite, la fiscalía sostuvo que detrás de la contratación de las víctimas está “la presunción de que, por las condiciones de pobreza en las que viven, aceptarán condiciones que otros trabajadores rechazarían”.
En aquel momento los trabajadores llegaban hasta el lugar de trabajo en micros provistos por la empresa y varios de ellos dijeron que desconocían las características, el tiempo de trabajo y el monto de la remuneración por las tareas que debían realizar. “Todos los testimonios son elocuentes en cuanto a la necesidad económica que atravesaban, su nulo o bajo nivel de escolarización, siendo incluso varios de ellos directamente analfabetos”, indicó la fiscalía.
En la denuncia se argumentó que los trabajadores debían realizan jornadas que oscilaban entre las 10 y las 14 horas diarias, mientras el pago era por hectáreas y podían realizar una determinada cantidad por semana, aunque los obligaban a repasar cada hectárea una y otra vez, y por ende la paga se reducía drásticamente.
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Las víctimas eran alojadas en precarios “trailers” y en galpones de chapa, en condiciones de hacinamiento: “aproximadamente 80 empleados vivían en una casilla prearmada totalmente construida de chapas con piso de tierra, camas cuchetas estilo militar, sin ningún tipo de alumbrado”.
La provisión de agua funcionaba con molinos de viento, ante cuya ausencia los trabajadores debían subir a hacerlo girar: “teníamos que acarrear el agua desde el molino en tachos de glifosato que cortábamos” en los que también “lavamos los platos, la ropa, entre otras cosas”, señaló una de las víctimas.
Por otro lado, se relató que los días en que no podía llevarse adelante la tarea de desflorado debido a condiciones climáticas adversas los trabajadores no recibían pago alguno, y la empresa les reducía la remuneración mediante “descuentos” por la compra de elementos para la higiene y de ropa adecuada para el trabajo.
“Como se ve, no se trata de una u otra mala condición aislada, tampoco de uno u otro indicador de explotación; se trata de una situación general del trabajo en los campos que refleja una decisión deliberada de explotación para la maximización de las ganancias”, concluyeron el fiscal Di Lello y la Protex.
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]]>Según los trascendidos, ambas firmas representan un mismo grupo económico y pertenecen a la familia Veronesi, oriunda de esa localidad. Las dos empresas ya habían sido objeto de allanamientos en 2011 por el mismo delito que ahora se les imputa, pero resultaron inocentes. Bichos de Campo intentó contactarse con la familia pero prefirieron no dar declaraciones por el momento.
Unión Cerealera SA figura a cargo del señor Domingo Veronesi, quien se desempeña también como presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Gualeguaychú. La empresa se encuentra en funciones desde hace 22 años, con una fecha de registro que data del 29 de marzo de 1999.
“La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y asociada a terceros en el país o en el extranjero la comercialización, elaboración, e industrialización de cereales o de cualquier otro producto agropecuario o para la actividad agropecuaria”, aclaran los registros públicos.
Dentro de sus operaciones se encuentran habilitados para las comerciales (compra, venta, importación, exportación, permuta, distribución, envasamiento, fraccionamiento de mercaderías, productos y/o subproductos elaborados); las industriales (elaboración, fabricación y producción de toda clase de productos derivados del sector agropecuario o de cualquier otro sector); las financieras (inversiones de capital); las inmobiliarias (adquisición, venta, arrendamiento de inmuebles); las agropecuarias (explotaciones agrícola ganadera, forestales y avícolas) y la realización de servicios de transporte de cargas como mercaderías, materias primas, entre otras.
Dentro de su línea de negocios Unión Cerealera ofrece productos de nutrición animal; cuenta con un molino arrocero; ofrece servicios de administración para explotaciones agropecuarias; comercializa maquinaria de la línea Valtra; cuenta con establecimientos de producción agrícola y comercializa insumos como fertilizantes y repuestos para maquinaria. Según el registro de deudores del Banco Central, su situación financiera es regular.
En cuanto a Agropecuaria Sur, cuyo presidente de Angel Antonio Veronesi, por la empresa se encuentra en funciones desde hace 25 años, con una fecha de registro que data del 18 de febrero de 1996. La misma se encuentra inscripta dentro de la categoría de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
Dentro de las actividades declaras realiza cultivo de cereales no forrajeros, cría de ganado bovino, cultivo de arroz y transporte automotor de cargas. Al igual que en el caso anterior, según el registro del Banco Central no figuran como deudores.
Hasta el momento se realizaron cuatro allanamientos, dos de ellos en la intersección de la Ruta Provincial N° 20 y la Ruta Nacional N°14, donde están ubicadas las plantas industriales y oficinas comerciales de las mencionadas empresas; otro en una propiedad de Alberdi y Urquiza y un cuarto en Luis N, Palma y boulevard Daneri, vinculado al contador que tiene a su cargo la cartera contable de las firmas.
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]]>Tras cuatro allanamientos, la Afip afirmó que los montos evadidos por dos compañías superaron los 40 millones de pesos por la falta de liquidación de impuestos, pero no se identificó a las firmas en cuestión, con lo cual no es factible saber si se traba de acopios, pymes agroindustriales o simplemente “valijeros” de granos.
El comunicado asevera que la pesquisa de la AFIP “logró identificar que los involucrados actuaban como un único grupo económico que trabajaba de manera coordinada. Los integrantes societarios y un contador, que también oficiaba de apoderado, operaban en forma simultánea en ambas empresas”.
“Las dos firmas agropecuarias, cuyas actividades eran complementarias, se relacionaban comercialmente como clientes y proveedores entre sí”, añadió. Todo muy bien. Pero sin ninguna manera de saber a quién se refiere.
“Como parte de los procedimientos ordenados por el Juzgado Federal de Gualeguaychú se realizaron cuatro allanamientos en los domicilios comerciales de las firmas así como en estudios contables relacionados en las maniobras”, relató el comunicado.
Vale recordar que, justamente para evitar suspicacias, el artículo 101 de la norma que regula los procedimientos fiscales (Ley Nº 11.683) permita a la Afip comunicar los nombres de los involucrados en casos como el presente en el misterioso comunicado.
El artículo 101 especifica con total claridad que “no están alcanzados por el secreto fiscal los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas, a la falta de pago de obligaciones exigibles, a los montos resultantes de las determinaciones de oficio firmes y de los ajustes conformados, a las sanciones firmes por infracciones formales o materiales y al nombre del contribuyente o responsable y al delito que se le impute en las denuncias penales”.
Por tales motivos, la Afip “queda facultada para dar a publicidad esos datos, en la oportunidad y condiciones que ella establezca”, de manera tal de evitar promover sospechas generalizadas e infundadas sobre determinados sectores o comunidades.
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