La cantidad de unidades se determinan como resultado del entrecruzamiento de los inscriptos en el Renspa con los acreditados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf) del Ministerio de Agricultura. A diferencia del Renspa que es obligatorio, el Renaf es gratuito y permite dar cuenta del trabajo de los agricultores familiares de todo el país.

De las más de 67 mil unidades productivas familiares, la mayor cantidad se encuentran en la provincia de Mendoza con 8.025, a la que le sigue Buenos Aires con 7.851, Chaco con 6.408, Corrientes con 5.581 y Misiones con 4.894.

De ese total, un 61,5% (41.782) corresponde a un tipo de establecimiento ganadero; un 29,08% (19.752) se dedica a la agricultura y un 9,42% (6.396) realizan ambas actividades por lo que fueron declarados como mixtos.

“El crecimiento del registro de productoras y productores familiares en el Renspa fue producto de las jornadas que se realizaron en todo el territorio durante el año pasado, organizadas por los referentes de agricultura familiar del Senasa y agentes de los equipos territoriales, junto a otras instituciones”, sostuvo Lucía González Espinoza, coordinadora de Agricultura Familiar del Senasa.

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En primer lugar, obtuvo dictamen favorable la Ley de Acceso a la Tierra, una iniciativa apoyada por la Unión de Trabajadores de la Tierra y avalada por los entonces ministros Luis Basterra y Daniel Arroyo, que busca crear un Fondo Fiduciario de Crédito para la Agricultura Familiar (CREPAF), una susrte de plan Procrear para el sector.

Su principal objetivo es facilitar el acceso a créditos para la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas a familias de la agricultura familiar. Si prospera, el Fondo Fiduciario durará 50 años y su patrimonio estará formado por recursos del tesoro nacional, tierras o inmuebles del estado, ingresos obtenidos por emisiones de valores fiduciarios de deuda, entre otros recursos.

Los beneficiarios deberán estar registrados en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y tener como ingreso económico principal a la actividad agrícola, pecuaria, forestal, florícola, pesquera, acuícola o apícola.

“El proyecto propone un sistema de créditos blandos al estilo PROCREAR pero para el sector rural, con el cual las familias pequeñas productoras puedan acceder a tierras para producir alimentos de un modo sustentable y habitar en una vivienda digna”, dijo Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT.

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Además se propone la creación de un Comité Ejecutivo formado por un representante del Ministerio del Interior, de Economía, de Agricultura, de ANSES, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y del INTA, que se encargará de planificar y presupuestar las acciones del fondo, pedir recursos al tesoro nacional, instrumentar el proceso de inscripción y determinar un criterio para el acceso a inmuebles.

Dicho comité establecerá además un sistema de puntajes para ordenar a los aplicantes, y en él tendrán prioridad de selección las mujeres, los jóvenes y quienes tengan conocimientos previos en agroecología.

En caso de que la ley se sancione, la AABE tendrá un plazo de 180 días para analizar la totalidad de los inmuebles del estado, tanto de uso público como privado, que estén por fuera de las urbes.

El proyecto, que obtuvo el visto bueno en las Comisiones de Legislación, Agricultura y Ganadería, y Presupuesto y Hacienda, no fue sin embargo acompañada por Juntos por el Cambio, que emitió un dictamen de minoría a favor de otra iniciativa similar pero presentada por un legislador del PRO. Durante la firman del dictamen, consideraron que la propuesta oficialista tiene un “enfoque asistencial por parte del Ministerio de Desarrollo Social” y que los créditos otorgados deberían ser de “trazabilidad de la agricultura familiar”.

En este sentido, el apoyo de la oposición fue para el proyecto que busca crear un Programa Nacional de Financiamiento para la Agricultura Familiar y las Economías Regionales (PRONAFER). El mismo busca promover y desarrollar la actividad productiva de los agricultores familiares y los pequeños productores de las economías regionales, a través de la asistencia financiera de bancos con recursos provenientes del Ejecutivo. Esta propuesta busca ser instrumentada a través del Fondo Cooperativo para el Desarrollo Agroempresarial (FONDAGRO).

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Los créditos otorgados podrán ser destinados a la incorporación de maquinaria, equipos y capital de trabajo, a las inversiones prediales o a los costos de acceso a la tierra. Además, la autoridad de aplicación designada establecerá los instrumentos necesarios para prestar asistencia técnica a los beneficiados por esta línea crediticia.

Por otro lado, la iniciativa establece que el Poder Ejecutivo tendrá facultades para establecer un régimen que fije la obligatoriedad de la compra de productos de la agricultura familiar, por una cuota porcentual de hasta el 30%.

Finalmente, Diputados avanzó también con el tratamiento del proyecto titulado “Marcha al Campo”, que propone un reordenamiento y repoblamiento de tierras fiscales, para movilizar fuerza de trabajo ociosa y activar proyectos productivos de personas y grupos familiares vinculados a la agricultura.

La iniciativa implica la realización de un relevamiento de tierras fiscales para distinguir entre aquellas de orden nacional, provincial y municipal. También supone la realización de un censo para definir el sujeto social objetivo y determinar mediante encuestas sus necesidades.

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Las tierras serán cedidas en comodato, es decir que nunca dejarán de ser propiedad del Estado, y en extensiones de no más de 150 hectáreas. El objetivo es evitar que estos proyectos fracasen a mediano o largo plazo. Por tal motivo, los beneficiarios deberán realizar una capacitación vinculada al trabajo cooperativo, y a la conformación de unidades de trabajo y producción.

Se prevé el otorgamiento de una renta básica por localización para acompañar a las familias y generar condiciones de infraestructura básicas para su radicación (vivienda, acceso a servicios públicos, etc.)

Desde el oficialismo indicaron que este reordenamiento “permitirá repoblar y desarrollar el interior del país, mejorar caminos rurales, asegurar la salud y la educación, industrializar en origen, incentivas la soberanía alimentaria, mejorar las condiciones de la ruralidad y de la conservación ambiental”.

A diferencia de los dos primeros proyectos, la ley de Marcha al Campo aún debe continuar su trabajo en comisiones, por lo que todavía no está lista para ser discutida en el recinto.

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Así lo describió Vanina Fuyiwara, que se ocupa de la comunicación en la Federación Agraria Argentina. En esa entidad acaban de lanzar la campaña “Somos Agricultores Familiares”, con el fin de difundir y visibilizar quiénes son y cómo trabajan las personas que llevan adelante emprendimientos agropecuarios a una escala familiar, que sin embargo son afectadas con las mismas políticas que el Estado piensa para “el campo”, como un genérico que los invisibiliza.

Sobre esta idea retomó también Fuyiwara: “La campaña lo que busca es visibilizar esa diferencia que nos distingue y que entonces, cuando la gente piense en ‘el campo’ como este genérico, se les pueda poner un rostro, se pueda ver cómo es la producción de los productores que nosotros representamos”.

Un rostro y una forma de producir. Una familia entera. Como es el caso de la que compone Carlos Camargo, presidente de la filial del gremio en San Rafael, Mendoza, que en su emprendimiento “Finca Rincón Deseado” se dedica a la producción de uvas orgánicas para vinos artesanales, a la elaboración de aceites de oliva y al turismo rural, lo que les permite dar a conocer sus productos y lograr venderlos.

Esta alternativa que encuentra la familia Camargo para vender sus productos es algo muy común que ocurre en las pequeñas producciones y es otro de los puntos donde la campaña busca echar luz. “Nosotros con esto no buscamos plantear las necesidades desde el llanto, sino desde dar a conocer a ese productor que trabaja su propio emprendimiento, lo lleva adelante y no tiene tanto margen para tercerizar o para hacer grandes inversiones”, contaron desde la entidad a Bichos de Campo.

La campaña tiene como protagonista, hasta ahora, a cinco familias agrarias de todo el país. En Junín, Provincia de Buenos Aires, Daniela Ferreto, hija de productores agrícolas ganaderos, muestra su campo mixto. Ahí ella se ocupa de la venta de los “huevos de campo” que producen.

Por otro lado, en Ayacucho, Sergio Chiramberro filmó el criadero de gallinas que tienen para producir huevos, pavos y “pollos parrilleros”, que luego comercializan en la estación del pueblo.

En Rio Cuarto, Córdoba, los que están al frente de la filial federada son Dante Diaz y Mayra Centeno, dos personas que se ocupan de hacer Stevia agroecológica, hierbas para el mate y extractos, entre otras cosas y muestran la forma que tienen de producir la hierba de manera artesanal.

El quinto video subido -y el último por ahora- lo encuentra a José Romero, presidente de la filial Aimarauco, en la localidad Aimogasta, de La Rioja, eligiendo las mejores aceitunas para comercializar. Allí cuenta que su emprendimiento de elaboración de olivos está compuesto por 35 integrantes en forma de cooperativa.

“Compramos los insumos en común con la idea de salvar el producto y no estar dependiendo de los tiempos que imponen a veces los industriales de la zona. También para que se cumpla el valor agregado, trabajando con muchos esfuerzos y limitaciones pero con la convicción de que unidos vamos a salvar a la producción”, dijo convencido Romero en su video difundido por la gremial.

Fuyiwara también contó sobre las convicciones que en Federación Agraria comparten con su representación ampliada de todo el Mercosur, la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur (COPROFAM): “Desde las nueve gremiales alrededor de los siete países que contempla COPROFAM, coincidimos -y trabajamos en casos de éxito- en que las políticas publicas diferenciadas y especificas permiten el desarrollo de este tipo de productores. Les dan oxigeno, les permiten dar un salto cualitativo y cuantitativo. La vinculación con las políticas publicas diferenciadas no tienen que ver con salir a buscar un auxilio, sino con poder pensar herramientas para estos productores que a esta escala les pueda posibilitar no solo la subsistencia ni la forma de mantenerse cerca de la tierra, sino también que les permita crecer manteniendo su tradición de cuidado”.

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Por último, la comunicadora reflexionó sobre lo que representa el trabajo agrario para los afiliados a la gremial: “Nosotros pensamos a la producción no solo como una actividad económica sino también como un valor en cuanto al entramado sociocultural de vida en el interior y de vinculación y de pertenencia en las familias”.

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Durante la gestión de Luis Basterra al frente de la cartera  todo habían sido amagues que o llegaron a buen puerto. Por eso, luego de ciertos realineamientos entre ellos, el Frente Agrario Nacional se disolvió y se creó este agrupamiento que se presenta como antagónico de la Mesa de Enlace, como “el campo que alimenta y construye soberanía alimentaria”. Lo conforman la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Fecofé (que agrupa a viejas cooperativas de la Federación Agraria) y el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST).

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Dirigentes de esas tres entidades informaron que tras su reunión con el recién llegado ministro Domínguez hubo compromisos muy explícitos de parte del funcionario para dar respuestas a algunos de los reclamos históricos de ese sector. Por caso se acordó:

• Impulsar la reactivación del Monotributo Social Agropecuario, a costo cero para los pequeños productores del Renaf (Registro Nacional de la Agricultura Familiar). Este monotributo especial había sido desmantelado por la gestión de Cambiemos bajo el argumento de que los padrones de beneficiarios estaban inflados con militantes políticos y sociales.
• Domínguez pormetió dar impulso de la Ley de Acceso a la Tierra para su aprobación en el Congreso de la Nación. Esta es una legislación planteada desde la UTT que promueve la creación de una suerte de plan Procrear Rural, destinado a que las familias de pequeños productores puedan obtener financiamiento barato y de largo plazo para poder comprar su propio predio y así poder dejar de depender del mercado de alquileres.
• El ministro también volvió a prometer que su cartera reglamentará “con presupuesto” la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, que fue sancionada en 2015 pero siempre se aplicó parcialmente pues no se creó el fondo de reparación de 1.500 millones de pesos anuales, tal como ordenaba el Congreso.
• Finalmente se planteó “trabajar en pos de lograr fondos rotatorios para las cooperativas agroalimentarias y asistencia inmediata ante emergencias climáticas”. Esta figura de los fondos rotatorios fue muy utilizada por Domínguez en su anterior gestión en Agricultura, entre 2009 y 2011. Consiste en inyectar recursos directos en el sector privado con distintos fines, que no deben devolverse y por el contrario deben reciclarse entre los propios beneficiarios.

Fuentes de la UTT dijeron que “además acordamos la conformación de una Mesa de Diálogo Permanente entre el Ministerio de Agricultura y la Mesa Agroalimentaria Argentina, para planificar en conjunto políticas agropecuarias en el marco de un modelo de desarrollo sustentable y equitativo”.

El tiempo dirá si todas éstas han sido promesas de campaña o por el contrario definen avances concretos.

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De otro modo no se explica la resolución Resolución 254/2021, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Firmada por el secretario de Agricultura Familiar, Miguel Ángel Gómez, la norma parece ser muy anodina y no decir nada: pero multiplica por más de tres veces los fondos con que ese organismo puede salir a subsidiar a pequeños productores y organizaciones campesinas.

Allí también, queda claro, la maquinaria de poder kirchnerista saldrá a tentar a la gente para que los vote en las elecciones legislativas del 14 de noviembre. El objetivo son los sectores más empobrecidos del medio rural, y que mayores necesidades básicas insatisfechas (NBI) padecen. La pobreza rural es un fenómeno que no se mide (el INDEC solamente toma registro en los principales conglomerados urbanos).

La Resolución 254/2021, firmada por Gómez, dice en su Artículo 1º: “Sustitúyese el Artículo 1º de la Resolución RESOL-2020-1-SAFCEI#MAGYP de fecha 29 de julio de 2020”. En aquella norma, que tiene apenas poco más de un año de vida, se había aprobado el “Manual Operativo del Programa de Asistencia Crítica y Directa para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena”.

Bichos de Campo se tomó un rato para ver qué es lo que se había modificado en ese Manual Operativo. Y es que en los considerandos de la nueva resolución no se explica ni qué se modifica ni por qué debe modificarse. Solo se dice que “en esta etapa y en función de la experiencia obtenida en el desarrollo del citado Programa se entiende conveniente modificar el precitado Manual Operativo, contemplando los parámetros básicos y objetivos a los que deberá ajustar su cometido”.

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Revisando ambos manuales, la conclusión es que no cambia nada hasta el punto 6 del Manual, que se refiere a la “Implementación” del programa de asistencia crítica y directa a los agricultores familiares, campesinos e indígenas, que apunta a “asistir en forma directa y oportuna a productores y productoras de la AFCI que se encuentren en situación de riesgo productivo ante situaciones ocasionadas por eventos excepcionales, inesperados, imprevisibles y/o irresistibles”, así como “mejorar la calidad de vida de los pequeños y medianos productores” y “promover, apoyar y fortalecer la inclusión social y cultural” de ese sector del agro argentino.

¿Y qué cambia en el punto 6? Los montos con los que la Secretaría liderada históricamente por el Movimiento Evita (entre 2011 y 2015 directamente por Emilio Pérsico, y desde 2019 a la fecha por el propio Gómez) podrá salir a subsidiar a esta población objetivo.

Dice el Manual anterior: “El presente Programa aspira a asistir a las áreas más vulnerables de la AFCI, en forma directa, mediante el otorgamiento de aportes no reembolsables o a través de la entrega de insumos, destinados a sostener las estructuras productivas ante eventos de fuerza mayor o casos fortuitos. Los aportes serán definidos por la SAFCI, a partir del estudio pormenorizado de la problemática de caso concreto y en ninguno de los casos podrá superar los Pesos Cien Mil ($100.000)”.

Dice el Manual actualizado: “El presente Programa aspira a asistir a las áreas más vulnerables de la AFCI, en forma directa, mediante el otorgamiento de Aportes no Reembolsables o a través de la entrega de insumos, destinados a sostener las estructuras productivas ante eventos de fuerza mayor o casos fortuitos.
Los aportes serán definidos y otorgados mediante acto administrativo por la SAFCI, a partir del estudio pormenorizado de la problemática de caso concreto y en ninguno de los casos podrá superar los DIEZ (10) SMVM (Salarios Mínimos Vitales y Móviles)”.

A partir del 1° de octubre, el Salario Mínimo Vital y Móvil sufrió un incremento -también en clave electoral- del 46% y quedó ubicado en 32 mil pesos. Quiere decir que la Secretaría de Agricultura Familiar podrá distribuir hasta un máximo de 320 mil pesos por beneficiario de sus subsidios, es decir tres veces y un puchito más del dinero que estaba autorizada a distribuir hasta ahora.

Ese área de la cartera conducida por Julián Domínguez también puede asignar aportes no reintegrables a organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígenas. En este caso de personas jurídicas, los subsidios que hasta ahora podían ser de hasta 2.500.000 pesos, ahora tendrán un límite máximo de 180 Salario Mínimo Vital y Móvil. Esto es 5,76 millones de pesos, más del doble.

Otra cosa que cambió es que en el nuevo Manuel se eliminó el Punto 14, referido al Presupuesto. Antes se ponía un límite de 30 millones de pesos para la implementación y ejecución del programa. Ahora ese tope se eliminó. No hay precisiones respecto de la cifra global.

A favor de la nueva normativa debe decirse que incorpora todo un capítulo vinculado a la “debida diligencia”, que apunta a dotar de mayor transparencia a todo el proceso.

En ambos manuales se repite un punto referido a la “Transparencia”. Allí de determina que “la SAFCI trabajará con la Dirección General de Comunicación y con la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Agricultura, para disponer de un espacio dentro de la página web oficial, desde el cual la ciudadanía pueda acceder a información actualizada del presente Programa y formas de acceso. Todo ello en el marco de la Ley 25.326 (Protección de datos personales) y la Ley 27.275 (Acceso a la información pública)”.

Por ahora no hay noticias de ese apartado.

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Luego de varias semanas de muy escasa actividad normativa en la cartera agropecuaria, estas novedades referidas a un área del Minagri fuertemente politizada, donde predominan funcionarios del Movimiento Evita, dio pie a las especulaciones: ¿Dejará su cargo el ministro luego de las elecciones? Desde hace semanas que en los corrillos políticos se especula con esa posibilidad.

Por un lado Basterra firmó la Resolución 174/2021, que dispuso la creación del programa “Semillar” o Programa de Semillas para el Desarrollo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. El mismo funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura Familiar que conduce Miguel Gómez y no bajo el paraguas de Instituto Nacional de Semillas (INASE), un organismo técnico que depende también del Ministerio.

Según marca la resolución firmada por Basterra, que no agrega demasiado detalle sobre el funcionamiento operativo del Semillar, dicho programa tendrá como objetivo “propiciar y fortalecer sistemas de rescate, mejora, multiplicación y abastecimiento de semillas en el territorio nacional”.

Solo justifica la resolución oficial que “existe preocupación internacional sobre la pérdida de los recursos fitogenéticos asociados a la alimentación” y expone que “la conservación in-situ de variedades mejora la capacidad de adaptación y resiliencia necesarias”, ya que “en nuestro país dicha pérdida ha provocado la reducción de las capacidades del sector de la agricultura familiar para su desarrollo y del consecuente abastecimiento local de alimentos”.

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La otra norma publicada por Basterra en el Boletín Oficial ses todavía más incierta. Se trata de la Resolución 180/2021. Dispone la creación del “Programa Nacional de Formalización, Valor Agregado y Comercialización para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena”, también en el ámbito de la Secretaría de Agricultura Familiar.

“Será objetivo del Programa robustecer los procesos y eslabones de la formalización, valor agregado y comercialización para todos los productores y productoras de dicho sector inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF)”, explicó el segundo artículo de la normativa. También se beneficiará a las organizaciones de ese sector inscriptas en el Renafo.

Aunque no está muy claro de qué se ocuparía este nuevo programa (en el Ministerio también existen áreas específicas vinculadas a la comercialización y el agregado de valor), en las explicaciones sobre su necesidad se argumenta que “en lo que respecta a la formalización, se observa que la falta de ella junto a la de organización y formalización de los actores, genera un bajo poder de decisión y negociación para hacer frente a la comercialización de los productos”.

Se intuye entonces que la iniciativa tenderá a generar figuras formales para que los pequeños productores puedan vender sus productos en condiciones de mayor formalidad.

“Asimismo se busca abordar aspectos que afectan directamente en la comercialización de los productos de la AFCI. En este sentido, la calidad e inocuidad de los productos del sector es un aspecto clave, como así también en aspectos técnicos de proceso, como de infraestructura y equipamiento de los establecimientos de pos-cosecha, almacenaje y logística”, agregan los fundamentos de la Resolución firmada por Basterra, añadiendo objetivos casi inagotables al referido programa.

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El 13 de agosto pasado las diputadas Figueroa y Caparrós propusieron modificar por ley la integración del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para agregar a funcionarios públicos y correr -según se entiende en una primera lectura- a los representantes del sector privado y del sector académico.

La difusión del proyecto de ley mereció una reprobación generalizada de sectores del agro, que incluyó comunicados de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace (CRA, SRA, FAA, Coninagro), de los Colegios Veterinarios y de Agrónomos, de organizaciones técnicas como CREA y hasta de las asociaciones de cadena de cultivos (Acsoja, Argentrigo, Asagir y Maizar).

Es que la iniciativa fue leída como una nueva avanzada del Kirchenirismo sobre el sector, luego de otras dos noticias que se produjeron recientemente y que dejaron un clima más que tenso. Se trata de dos proyectos anteriores, uno del diputado Carlos Selva y otro del senador Dalmacio Mera, que propusieron quitarle terrenos al INTA Cerrillos de Salta, y al INTA Sumalao en Catamarca, respectivamente.

De forma exclusiva, la diputada Alcira Figueroa, autora del proyecto de la discordia, habló con este medio sobre su propuesta.

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-¿Cómo surgió esta idea?- le preguntamos.

-Tengo una trayectoria dentro del área de la Agricultura Familiar del INTA de más de 20 años. He coordinado dentro de la provincia al equipo de ProHuerta, creado en la década de 1990. Una de las dificultades que veíamos es que si bien el INTA trabajó históricamente con ese sector, que es mayoritario en algunas provincias más que en otras, no está representado en el Consejo Directivo Nacional. Por lo tanto, si bien se ejecutan planes y proyectos, no hay una priorización presupuestaria dentro del Instituto.

A continuación Figueroa agregó: “No éramos reconocidos porque siempre estuvo el debate de si teníamos que estar en Acción Social, porque el sector atendía al desarrollo social. Entre 2012 y 2014 se empezó a trabajar en una ley de Agricultura Familiar que tenía que ver con esa inclusión, no sólo en el INTA sino como política de Estado, que sea reconocida como actividad prioritaria de la gente del campo”.

-¿Qué buscan con este proyecto?

-Lo que queremos con Mabel Caparrós es impulsar una mayor apertura a la participación del sector de la agricultura familiar dentro del Consejo Directivo del INTA. Incluyéndonos en la directiva vamos a tener mayor capacidad de decidir sobre la actividad, en lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, a las semillas, a la tecnología, así como lo tienen los grandes productores. Queremos que nuestro sector también tenga acceso. ¿Y cómo se obtiene? Teniendo capacidad de decidir sobre las políticas públicas.

-¿Por qué el proyecto propone directamente cambiar el Consejo, excluyendo del Consejo Directivo actual a representantes del área académica y de las entidades rurales, en vez de agregar un miembro de este sector que ustedes buscan representar? Lo que ahora quedó plasmado es el interés por agregar funcionarios públicos y eso no asegura que vaya a quedar representada la Agricultura Familiar.

-No era ese el espíritu. Creo que hubo una mala interpretación. Nosotros en ningún momento hemos planteado sacar a las cuatro entidades del campo. Todo lo contrario, lo que queremos es ampliar y sumar a la agricultura familiar. Por supuesto que las Universidades son claves. Las cuatro entidades del campo van a permanecer, son parte importantísima de la vida agropecuaria del país. La opinión, la idea, los proyectos que tiene el sector por supuesto que tienen que estar contempladas en el proyecto. Lo que pedimos es agregar incluso a Medio Ambiente que no está en el Consejo Directivo. No hemos hablado de excluir a ningún sector, al contrario.

-Sin embargo el articulado menciona hacer una modificación sobre la conformación del Consejo Directivo para incorporar a alguien de Senasa, del INAI, de Ambiente, como usted afirma, y también deja aclarado que solo habrá lugar para quienes representan a las entidades agropecuarias y a las academias en un consejo asesor.

-Esas se mantienen por supuesto. Nosotros hacemos alusión a lo que se agregaría. Ahí seguramente haremos la corrección cuando se debata en la Comisión y se pondrá con nombre y apellido a las entidades del campo.

-¿La propuesta entonces es agrandar el Consejo, no modificarlo?

-Exacto.

-Y frente a este mal entendido que usted señala, ¿qué opina ahora de todos los comunicados que estas entidades emitieron?

-Que nada más lejos que eso. Nosotros concebimos al INTA como el Instituto que vela por los intereses de todo el mundo del agro, y en el mundo del agro están los grandes, los medianos y los pequeños, ese fue siempre el espíritu del INTA. De ninguna manera vamos a excluir. Pedimos la incorporación de representantes de la Agricultura Familiar y de Ambiente, porque es una actualización de lo que nosotros estamos viviendo en cuanto al cuidado de los ecosistemas y el control de la contaminación. Pensamos que es una voz relevante que debería estar opinando sobre el desarrollo sustentable de los territorios, haciendo propuestas y correcciones. Por ahora tenemos escasas respuestas o respuestas parciales, con poca articulación, para gestionar esas problemáticas nuevas.

-¿Entonces usted afirma que este proyecto debería tener una reescritura?

-Exacto. Creo que se va a corregir cuando lo tratemos en Agricultura o Medio Ambiente. Específicamente irá a la Comisión de Agricultura y allí se harán las modificaciones, los agregados que correspondan. Ningún proyecto es perfecto.

-Otro punto llamativo de la iniciativa es que en los fundamentos ustedes afirman que hay dos millones de personas que integran a la agricultura familiar. Sin embargo, según datos del último Censo Agropecuario de 2018 sólo se reconocen 250.000 establecimientos agropecuarios. ¿De dónde obtienen la cifra de dos millones?

-Nosotros entendemos como agricultura familiar a todo lo que se desarrolla en las zonas urbanas, periurbanas y rurales. El dato del Censo tiene que ver con las explotaciones agropecuarias. Nosotros incluimos el universo que produce, que no está asentado pero que sale de los programas de extensión.

-Entonces ustedes tienen en cuenta a quien cultiva en el ejido urbano o al borde de él.

-Sí.

-Además del ruido que generó este proyecto, ¿qué opina del que provino también del Frente de Todos, el del diputado Carlos Selva, de querer quitarle alrededor de 500 hectáreas a la Estación Cerrillos del INTA en Salta, siendo usted de esa provincia y del mismo espacio político?

-Yo hablé con el diputado después de que presentó ese proyecto, porque no soy parte de esa comisión y no participé de esos debates. Se trató de hablar, de consensuar y después se corrigió. Si bien hay tierras disponibles en el INTA de Cerrillos, en el que yo justamente trabajaba, esas tierras se destinan a parcelas de investigación, de experimentación y también de extensión. Nosotros teníamos por ejemplo 2 hectáreas allí para la producción agroecológica y, por convenio con la universidad, un trabajo con alrededor de 70 alumnos, de tercero y cuarto año de forma semanal, en formación de agroecología.

Respecto a la necesidad de incorporar tierras Figueroa afirmó: “Es cierto también que hay una demanda impresionante de viviendas. En Salta Capital y en donde yo vivo son los lugares que tienen mayor hacinamiento por falta de disponibilidad de tierra para hacer viviendas o loteos. Hay una realidad acuciante y creo que lo hizo con la intensión de solucionar un problema de hábitat que tiene la familia salteña. Hay tierra cercana que se podría expropiar, que son de actividades inmobiliarias cerca del ejido urbano o del ejército, que están sin uso y sobre las que se podría hablar con sus dueños”.

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-¿Usted coincide entonces en que esas tierras hay que obtenerlas de alguna forma, pero no quitándoselas al INTA?

-Claro, no deben ser las del INTA.

-Algo similar ocurrió con el INTA Sumalao en Catamarca, por un proyecto presentado por el senador Dalmacio Mera. ¿Qué opinión le merece esa iniciativa?

-Sí. Yo creo que no va a prosperar porque imagínense que sería achicar una entidad tan elemental para la vida económica y agropecuaria del país. No corresponde.

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Kunz va primero en la lista “Alternativa Republicana” con una agenda muy marcada por las problemáticas que deben afrontar los pequeños productores.

“El grupo que forma la lista que yo encabezo tiene cosas para decir. Las elecciones sirven para validar propuestas, caminos que se le proponen a la sociedad para recorrer en su desarrollo y progreso. Tenemos una visión que consideramos autónoma y distinta, no solamente a las demás fuerzas políticas sino también al interior de Juntos por el Cambio”, señaló el misionero a Bichos de Campo.

Mirá la entrevista completa acá:

¿Qué es lo que debe cambiar desde su perspectiva? El direccionamiento de la política provincial y nacional para fortalecer a las producciones de pequeña escala, y para eso su experiencia dentro de la cartera estatal le será crucial.

“Pensamos que en Argentina tenemos otra Pampa Húmeda escondida por no tener estas herramientas en marcha. Sabemos que otros países de la región lo han logrado y pensamos llevar al Congreso ese modelo de desarrollo. El gran desarrollo agropecuario brasilero tiene en una de sus patas a la agricultura familiar y el cooperativismo, logrando que pequeños productores manejen tecnología de punta como si fueran grandes productores. Esa es una de las bases por la que Brasil es una potencia en la exportación de alimentos”, afirmó Kunz sin pelos en la lengua.

-¿Consideras que las negociaciones políticas te permitirían instalar este tema?- le preguntamos.

-Creo que es posible. Lo que sucede es que hay que saber mostrarle al resto de la dirigencia política nacional el valor y la importancia que tiene para el desarrollo nacional este tipo de políticas. A todo el mundo le cae bien trabajar con los pequeños productores, es políticamente correcto, pero a la hora de ponerle énfasis siempre están mirando otra cosa. Tal vez con los adecuados despertadores se puede llegar a tentar a muchos otros actores a reconocer esta realidad y llevarla adelante.

A continuación el ex funcionario dio el siguiente ejemplo: “La lechería en Misiones se desarrolla en campos de diez o quince vacas con un promedio de diez a doce litros por cada una. Desde la Pampa Húmeda eso es absolutamente no rentable y sin embargo acá funciona. Lo que hace falta muchas veces es exponer correctamente el caso para que se adopte como posibilidad y lo asuman como espacio para ensayar políticas”.

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-Si conseguís finalmente una banca, ¿qué estaría al tope de tu agenda?

-Seguir empujando a un sistema de acompañamiento técnico y financiero como el que ya hemos propuesto en el congreso, que emula para la Argentina lo que es el PRONAF brasilero, el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar que ya tiene 30 años de recorrido, que nosotros hemos podido estudiar en todos sus aspectos como para poder reproducirlos.

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Frente a eso, investigadores del INTA comenzaron a trabajar en conjunto con esas comunidades para resguardar el material genético presente en la zona, estudiar la forma en que circula y aportar conocimientos para desarrollar su producción.

Dicha articulación demostró que las semillas de quínoa fueron obtenidas por intercambios comerciales o trueques de productores locales y, gracias al trabajo de los agricultores familiares, se logró una adaptación al clima local que permitió cultivarla para el autoconsumo.

“La introducción de esas semillas contribuyó a la seguridad alimentaria de las familias productoras en los períodos de escasez y la alimentación en base a ese cultivo es parte de la herencia cultural que logró asentarse en el territorio”, explicó Miryam Barrionuevo, técnica del IPAF Patagonia del INTA.

La especialista señaló que los materiales vegetales que se cultivan en esta zona tienen características fenotípicas y etapas fenológicas similares a las quínoas del centro de Chile y aseguró que las ferias “son un espacio social y cultural en donde se realiza el intercambio de materiales y conocimientos”.

Damián Alcoba, del INTA, relató el proceso para lograr la primera variedad de quinoa registrada de la Argentina

Según el registro de la feria de intercambio de semillas de Zapala, en el año 2012 una de las participantes de Varvarco llevó semillas para intercambiar y de esa forma se estableció el primer contacto con las familias productoras de quínoa. Los agricultores manifestaron, en este sentido, que compartieron semillas por fuera del círculo familiar y local, ampliando el área de distribución de la quínoa hacia otros pueblos y parajes.

Si bien la quínoa se caracteriza por tener una gran adaptabilidad al medio, tolerancia a la escasez de agua y resistencia a distintas plagas, aportando un alto contenido en proteínas, calcio, fósforo, hierro y magnesio, las pequeñas familias productoras encontraron limitaciones para desarrollarlo durante los intensos períodos de sequía.

Para Alejandro Mogni, técnico del INTA Chos Malal en Neuquén, la baja producción actual de quínoa permite abastecer la demanda de las familias pero no generar excedentes para ofrecer en el mercado local. “Algunos productores reconocen que para mantener y aumentar la escala de producción de quinoa es necesario contar con maquinaria para la trilla y el escarificado de los granos”, indicó.

Frente a ese panorama, el trabajo del INTA viene siendo clave a la hora de analizar estrategias productivas que tengan en cuenta los aspectos culturales del cultivo en  la región, de manera tal de contribuir a mejorar aspectos tales como densidades de siembra, el manejo del suelo y la sanidad.

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El RENSPA es el registro sanitario general que lleva a cabo el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y allí tienen la obligación de anotarse todos los que producen alimentos. Pero en los últimos tiempos ha ofrecido  ciertas facilidades para que se inscriban los productores más chicos. Informó ahora que durante el primer semestre se sumaron 1.306 unidades, un 13% más que en igual periodo del año pasado, cuando se habían anotado 1.153 predios.

“La inscripción en el RENSPA posibilita tomar mejores decisiones desde el punto de vista sanitario y que las productoras y productores familiares sean consideradas a la hora de implementar los programas vigentes de cumplimiento obligatorio”, explicó Lucía González Espinoza, coordinadora de Agricultura Familiar del Senasa. ¿A qué se refería? “Facilitamos así la comercialización y acceso a alimentos de calidad”, explicó.

La cantidad de unidades se determinan como resultado del entrecruzamiento de los registrados en el RENSPA con aquellos acreditados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) del Ministerio de Agricultura. Del total de las 64.084 unidades productivas familiares de todo el país inscriptas en el Registro sanitario y a la vez vinculados con el Registro de la Agricultura Familiar, la mayor cantidad se encuentran en las provincias de Mendoza, 7.635; Buenos Aires, 7.327; Chaco, 6.135; Corrientes, 5.256 y Misiones, 4.525.

Un 28% de esas pequeñas explotaciones son agrícolas (18.110), un 62% corresponde a un tipo de establecimiento ganadero (40.027) y un 9% fueron declarados mixtos (5.947).

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