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]]>Con esta nueva normativa, que le da marco legal al sector por los próximos 10 años, al achicarse el negocio se pone en riesgo el funcionamiento de muchas empresas pymes nacidas en los últimos 15 años. La producción de biocombustibles fue quizás la última industria que se creó en la Argentina. Surgió en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner al calor de la ley 26.093 y se tradujo en el desembolso de inversiones millonarias.
Alejandro Abad, presidente de Cepreb, la Cámara de Empresas Elaboradoras de Biocombustibles, dijo que “el lado positivo” de contar con una nueva ley es “que da marco regulatorio para que exista el sector por 10 años”. Pero de inmediato aclaró que “la parte negativa es que hay un retroceso importante en los volúmenes (de producción) y eso hará que la plantas produzcan al 50% o lo que es peor, que gran cantidad de ellas cierren”.
Escuchá la entrevista a Alejandro Abad:
El empresario explicó que en el país se instalaron 26 pymes productoras de biodiésel, algunas cerca de los puertos pero otras -por el incentivo fiscal que dio la ley- en provincias periféricas con la intención de mejorar su desarrollo industrial. Hay fábricas en las provincias de San Luis o La Pampa que “son mucho más vulnerables y no pueden tener el mismo nivel de eficiencia por los costos logísticos”.
Abad no pierde las esperanzas de una corrección en este camino de achicamiento. “Ojalá haya un camino por el cual a través de reglamentaciones se puede subir el corte, que no solo es un tema es un desarrollo de estas 26 empresas sino por el cumplimiento de compromisos (asumidos por el país) en cambio climático, energías renovables. Cuando el mundo hace pasos hacia adelante nosotros hacemos pasos atrás”, explicó.
El titular de Cepreb destacó que la política con esta ley terminó favoreciendo a las empresas petroleras, que ahora tendrán una porción mayor del mercado de combustibles en perjuicio también de otras industrias que se desarrollaron de la mano de las de biocombustibles.
“Con la ley anterior se desarrollaron 26 empresas y las que proveían materias primas para esas industrias, como el metilato de sodio; se dio salida al metanol que produce YPF; se establecieron empresas que procesan subproductos como la glicerina. Era un mercado virtuoso de industrialización y cuesta creer que se desande ese camino”, lamentó el empresario.
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]]>A ese problema coyuntural se agrega un condimento más estructural: en abril de 2021 vence el plazo de vigencia de la ley que le dio marco regulatorio en 2006 a la promoción de los biocombustibles y que disparó este tipo de inversiones. Los empresarios del sector no saben cómo van a seguir esas reglas de juego.
Alejandro Abad es el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, que nuclea a las pymes productoras de biodiesel para el corte en el mercado doméstico del gasoil (se lo mezcla en una proporción del 10%).
En diálogo con Bichos de Campo, Abad explicó la situación: “Desde principios de diciembre de 2019 no se actualiza el precio. La nueva administración no lo actualizó, el precio está congelado hace 8 meses, esto es previo a la pandemia y muchas otras situaciones. El atraso del precio es del 25%, por lo que se volvió imposible producir y por eso la industria está paralizada”.
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El precio intreno del biodiésel era, a diciembre de 2019, de 44.100 pesos la tonelada. Desde que arrancó el nuevo gobierno no sólo no fue modificado sino que casi no lograron atención alguna de parte de los funcionarios. “Tuvimos alguna que otra reunión, a cuentagotas, pero con las personas que toman las decisiones respecto de nuestra industria no hemos tenido relación”, se quejó el industrial. “No solo estamos paralizados sino sin perspectiva de diálogo parar poder destrabar este tema”, añadió.
Abad explicó que son 26 las empresas productoras de este insumo, y que están repartidas de forma federal en diferentes provincias. Dan trabajo en forma directa a 3.500 personas y las inversiones realizadas en estos años suman 250 millones de dólares.
Algo hay que hacer con ellas. Una chance es la obligada discusión en el Congreso sobre la vigencia de la ley 26.093 que dio marco normativo a la actividad desde 2006. “Esa ley tenía 15 años de vigencia pero entró en régimen 4 años más tarde. De cumplirse el plazo en abril, habrán sido 11 años efectivos. Por eso estamos pidiendo una prórroga para permitir una plena vigencia y el recupero de las inversiones. Estamos solicitando los cuatro años adicionales para el cumplimiento del mandato que de hecho en la ley está contemplado a sola discreción del Poder Ejecutivo”, expresó el directivo de las Pymes del biodiésel.
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Alejandro Abad, de la Cepreb, la Cámara de Empresas Pymes Regionales de Biocombutibles, dijo que el precio se modificó por última vez en el inicio de diciembre pasado: cobran 44.110 pesos por tonelada, lo que equivale a 44,1 pesos por litro de biodiésel usado para el corte del gasoil.
Desde ese momento no hubo más cambios ni novedades de parte de los funcionarios de Energía respecto de posibles mejores. En el mismo lapso de tiempo a devaluación del peso fue de 15% y en porcentaje similar aumentaron los costos operativos en pesos de las empresas productoras.
A todo esto se agregan los problemas de demanda que causó la cuarentena. El presidente de Cepreb dijo que “en abril las empresas trabajaron con baja capacidad de ocupación, ya que por las restricciones de la cuarentena el consumo de combustibles fue bajo y las compras se redujeron 70%. En mayo y junio hubo más actividad y la producción se redujo en solo 20% por ciento respecto de iguales meses del año pasado”.
Pero más allá de la menor demanda coyuntural de estos meses, el sector requiere de señales claras para el largo plazo y necesita un interlocutor que promueva la actualización del valor de su producto en forma continua, en función de la inflación y los cambios en los costos.
Abad explicó que el retraso en el precio fue compensado entre abril y mayo por “la baja en los commoditties que ahora están rebotando y por eso para julio prevemos un nuevo parate. Por eso necesitamos que se actualice el precio cuya fórmula refleja la evolución de precio del aceite de soja (la materia prima del biodiésel) y del tipo de cambio básicamente”.
El nuevo parate ya no sería por falta de demanda sino por falta de renta.
Pero no es lo único que reclama el rubro. Hay otro fantasma que genera incertidumbre y tiene que ver con la continuidad del marco legal que permite el funcionamiento de estas pymes que le venden el biocombustible a las grandes petroleras.
Sucede que dentro de 9 meses se podría caer la Ley de Promoción de los Biocombustibles que le dio vida y que disparó tantas inversiones de parte también de las grandes aceiteras.
El empresario pidió por la prórroga de esa ley que “se votó en 2006 y que regía por 15 años”, aclaró. Luego explicó que la norma “entró en plena vigencia en 2010 y por eso el poder ejecutivo podría prorrogarla por 5 años más”.
-¿Y qué sucede si el gobierno decide no prorogarla?
-Sin prórroga de la ley, las petroleras no tendrían obligación de comprar y eso llevaría a la extinción de las empresas pymes. El tema nos genera una inquietud enorme por no tener una perspectiva respecto de cómo seguirá el negocio a partir de marzo del año que viene- explicó Abad.
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