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]]>Pero un acreedor de Vicentin, la láctea Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), que tiene una deuda pendiente de 19,0 millones de dólares con la compañía agroindustrial, presentó un plan de pagos que no contempla quita alguna de capital.
ARSA, constituida en 2016 luego de que una empresa del Grupo Vicentin comprara a SanCor CUL dos fábricas elaboradoras de yogures y postres, comenzó a registrar desde 2017 problemas recurrentes por incumplimientos de SanCor CUL –que supuestamente iba a gestionar la originación de leche y la comercialización de lácteos, pero no lo hizo–, la progresiva caída del consumo promovida por la pauperización social argentina y la política oficial de “precios máximos” con buena parte de los insumos liberados.
A partir de la restricción financiera experimentada entre 2018 y 2019, ARSA comenzó a recibir préstamos por parte de Vicentin SAIC, los cuales comenzaron a acumularse hasta finalmente quedar en “suspenso” luego de la cesación de pagos declarada por la corporación agroindustrial.
Como ARSA no logró generar ganancias desde que comenzó a operar (2016), este año, para poder seguir en actividad, debió salir a buscar un inversor que, por medio de una capitalización, pudiese evitar el cierre de la empresa elaboradora de los flancitos SanCor y los postres Shimmy.
Así es como en junio de 2021, con el objeto de proceder a la transferencia total del negocio frente a la imposibilidad de continuar con las operaciones, los accionistas de ARSA, South American Food S.A. y VFG Inversiones y Actividades Especiales, realizaron una venta de su paquete accionario, sujeta a varias condiciones, entre las cuales se destaca la reestructuración de una deuda (comercial + financiera) superior a los 80 millones de dólares, parte de la cual corresponde a Vicentin SAIC.
El comprador de ARSA, la empresa uruguaya Profox S.A., relacionada con los controlantes de Lácteos Conosur (La Suipachense), condicionó la adquisición a la posibilidad de reestructurar la deuda en un plazo de ocho años con un período de gracia de un año para los intereses y de dos años para el capital, pero manteniendo la deuda en dólares cancelables al tipo de cambio oficial del momento con una tasa de interés del 4% anual. Es decir: una propuesta sin quita (tal como quiere imponer Vicentin SAIC a sus acreedores).
Para que tal reestructuración pueda concretarse, debe contar con la autorización del juez concursal Fabián Lorenzini, además del visto bueno del titular de la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Salvador Moreno, quien está investigado el supuesto delito de estafa por parte de los responsables que llevaron a la cesación de pagos y posterior concurso preventivo a Vicentin SAIC.
Se trata de una cuestión compleja porque ARSA, además de contar con marcas emblemáticas para el mercado argentino, cuenta 607 empleados distribuidos en las fábricas de Córdoba y Arenaza (Buenos Aires) y el centro de distribución propio.
La auditoría forense, encargada por Lorenzini, descubrió que Vicentin SAIC encabezaba un ecosistema de empresas vinculadas –una de las cuales era ARSA– que generaron pérdidas de mayor magnitud que las ganancias producidas por el negocio principal, lo que implicó la inversión en negocios deficitarios que aspiraron capital de trabajo durante años, buena parte del cual fue cubierto con financiamiento obtenido por medio de balances que no mostraban la real situación de la compañía agroindustrial.
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]]>La operación se viene gestando desde hace meses y por la inhibición de bienes que pesa sobre los dueños de la concursada agroexportadora, no pudo concretarse formalmente el traspaso de acciones, pero lo cierto es que este grupo inversor comandado por el empresario argentino Claudio Rafaniello y los venezolanos Manuel y Alfredo Fernández ya comenzó a gerenciar la empresa que Vicentin le había comprado a SanCor en 2016 y por la que pagó cerca de 100 millones de dólares.
En la actualidad Alimentos Refrigerados SA (ARSA) cuenta con dos plantas industriales, una ubicada en las cercanías de la ciudad de Córdoba, camino a la localidad de Montecristo, y otra en Arenaza, en el partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Emplea en forma directa a alrededor de 600 personas y, según señalan fuentes del sector lácteo, cuenta con una cuota de mercado en el segmento de los postres del 32% y del 16% en los yogures.
En tanto, el grupo que finalmente compró a ARSA es conocido en la industria láctea local porque siete años atrás también tomó la mayoría accionaria de la local La Suipachense, que a partir de ese momento comenzó un proceso de expansión, con mayor presencia en las góndolas locales, lo que le permite actualmente estar procesando alrededor de seis millones de litros de leche al mes.
En este marco, los integrantes del directorio de Vicentin también estarían en negociaciones con otros grupos inversores para vender más activos de empresas relacionadas con el grupo.
La empresa concursada busca alivianar su situación financiera mientras espera una resolución por parte del trío compuesto por Viterra, Molinos Agro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) respecto a una eventual oferta concreta de compra de la agroexportadora. Una decisión, por cierto, que se sigue dilatando mucho más de lo previsto.
Otra empresa íntimamente relacionada a ARSA que sigue en problemas es justamente la cooperativa láctea SanCor. La compañía que llegó a tener 17 unidades industriales y más de 4000 empleados, no logra salir de su laberinto.
Esta semana la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra), el gremio que conduce Héctor Ponce, anunció que iniciará medidas en todo el sector lácteo del país ante la crisis que atraviesa la empresa y “en defensa de las fuente de trabajo”.
Concretamente desde el gremio señalan que la actual conducción de la empresa láctea incumplió “promesas de reactivación”. En este marco confirmó que procederá “instrumentando acciones sindicales que abarquen la totalidad del universo lácteo argentino, hasta que quienes deban aplicar las soluciones de fondo, lo hagan”.
De esta manera, las principales empresas del sector están en alerta ante posibles medidas de fuerza que podrían afectar a la producción de sus plantas industriales.
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