En diálogo con Bichos de Campo, Madero trazó un panorama actual de la actividad inmobiliaria rural. “El mercado de alquileres está sobre demandado, pero en si, el mercado de compra venta está buscando un nivel estable de precios, donde la parte propietaria y la inversora parecen estar mas cerca”, contó el presidente de la  CAIR.

“Del año pasado a este los alquileres concretados a esta altura estuvieron muy demandados. Los campos agrícolas, expresados en quintales de soja por hectárea, se pagaron entre 10% a 15% mas que la campaña previa, y los campos ganaderos, expresados en kilos de novillos, se pagaron hasta 10% más”, agregó.

La cámara genera el llamado índice “InCAIR” para medir la actividad en este rubro: marcó una suba del 18,18% en mayo con respecto a abril pasado, lo que equivale a 46,64 puntos tomando el 100 como base de referencia máxima, que fue el pico registrado en 2011. Esto hizo que mejorara el ingreso de los propietarios que alquilaron campos. “El propietario recibe pesos porque los alquileres se pagan en pesos”, aclaró el presidente de CAIR.

En cuanto a la compra de tierras, Madero explicó que se trata de una inversión de largo plazo y de refugio de capital. “Con el tiempo la tierra le gana al dólar y además produce. Hoy estamos en una meseta luego de una baja de precios y en un año electoral donde habrá que evaluar lo que suceda después”, sostuvo Madero, y agregó: “Mientras no surjan nuevas restricciones o señales desalentadoras la primera mitad del año estaría en rangos similares al actual”.

La clave pasa por entender que los propietarios están en línea con la idea de valor que la inmobiliaria les pasa. “Hay decisión de venta, que no es lo mismo que necesidad de venta; es decir, se puede esperar hasta encontrar un valor en la banda de negociación, por lo cual el comprador hostil no compró”, aseguró Madero.

Para poner referencias de precios de mercado, Madero comentó que la mayoría de operaciones de compra venta son de hasta 2 millones de dólares, algo que en el mercado se considera de escala pequeña a muy pequeña. En tanto las operaciones de entre 2 y 5 millones de dólares se catalogan como de escala mediana y por encima de ese monto se habla de una escala grande.

En la zona núcleo bonaerense, el techo máximo de precios al que puede pagarse una hectárea dista bastante de los registrados a fines de 2011 y comienzos de 2012, anterior boom de los commodities, cuando andaban en torno a los 18 mil o 20 mil dólares. “En esa zona considerada una de las mejores del país una hectárea de campo se paga entre 12.500 a 13 mil dólares”, sintetizó.

-¿Hay alguna señal de corto plazo que preocupe al mercado?

-Hay una figura vendedora que aparece y que para mi es triste, un poco mas repetida pero no dominante por fortuna: el que vende porque se va del país. La decisión pasa más por el ´vendo todo y me lo llevo a otro lado donde se pueda vivir con tranquilidad y respeto´; lo que genera una condición más expulsiva que atractiva. De 100 campos en venta, 3 se dan bajo esta figura, nueva pero muy minoritaria. Es triste tener que tomar la venta de un campo por esta razón.

-¿Cómo está  la compraventa de inmuebles agropecuarios?

-El inversor quiso hacer valer sus dólares demasiado y ofrecer entre 40% y 50% por abajo de los valores de mercado. En consecuencia el mercado de alquileres se volvió atractivo, también impulsado por la suba de precios internacionales de los commodities. Entonces eso nos da dos rutas diferentes: el alquiler va por autopista porque va en pesos, en cambio, el mercado de compra venta implica ir por un camino de servidumbre o de paso, porque va expresado en dólares. Una ruta es fácil y la otra es más trabajosa.

-¿Están entonces el cepo cambiario y la pandemia influyendo en las operaciones inmobiliarias?

-El año pasado, con la pandemia, la producción agropecuaria fue declarada esencial y no paró, es lo que yo llamo ´el big bang de la alimentación´ porque salvo los pescados todo viene de la tierra e independientemente de la dieta que utilices, pero otras actividades sí se frenaron, lo que generó una alternativa de inversión compleja. Se concentró más capacidad de inversión pero en pesos, y empezó una especie de juego del paquete, pero al revés; nadie quiere tenerlo en la mano cuando pare la música. Lo que quiero decir es que nadie quiere los pesos, pero con un cepo que te impide comprar divisas y con pocas atractivas de inversión esos pesos fueron hacia la producción agropecuaria y entonces se disparó la demanda de alquileres.

La campaña 2020/2021 que acaba de terminar perfilaba el año pasado como para mantener los valores de los alquileres pero los valores empezaron a bajar y entonces se desnaturalizó la dinámica de mercado, básicamente por la incertidumbre acerca del marco global, pero también por algo que parecerá trivial y no lo es: las restricciones de circulación. Hubo negocios que no vieron la luz siquiera por ese impedimento. Ya para cuando se pudo circular con mas libertad la coyuntura había cambiado y ese interés que hubo en mayo dejó de existir en septiembre y octubre pasado.

-Pero entonces ¿El cepo sí afecta?

-El cepo afecta a la transacción en si, incluso aunque la operación sea de contado, y a eso se agrega que la inseguridad jurídica respecto de cobrar los dólares limita mucho las operaciones con plazo. Es decir, no hay una seguridad total de que en una operación inmobiliaria se pague en dólares el saldo de precio remanente si se pactara, por ejemplo, un 60% de pago al contado y el resto con plazo a algunos años. Históricamente esa operatoria de mitad de contado era habitual y no había problemas, pero desde que tenemos el cepo, de 2011 en adelante, se instaló esa inseguridad de cobro en operaciones que antes eran rutinarias. Así que mientras eso exista será una traba mas para operar.

-¿Cómo juega el gobierno de Alberto Fernández en esta ecuación?

-Hay un contrapeso bajista que impera por el escenario político y económico argentino. Es decir, la tierra es la que hay y es un bien estratégico y escaso. En la macro eso se puso en relevancia, pero en lo micro, en lo local, la coyuntura no ayudó porque cuando asumió Alberto Fernández se percibió como un cierto deja vu en el sector agropecuario de lo que fue 2008 y hoy las señales son mas de desaliento que de aliento a invertir.

-¿Aparece el fantasma de una intervención a la propiedad privada? 

-Empezó en diciembre de 2019 con Vicentin y siguió en octubre de 2020 con la toma de campos de los Etchevehere y con Juan Grabois en el medio con el proyecto Artigas. Esto de agitar fantasmas en torno a la seguridad jurídica y al resguardo de la propiedad privada genera inquietud. El sentido común es que no caiga bien este discurso. Desde CAIR emitimos distintos comunicados al respecto de la propiedad privada donde también incluyó la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, en la cual se modifica el artículo 22 bis y se prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos de entre 30 a 60 años para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios. Y si sumamos lo sucedido en Guernica, Gran Buenos Aires, cuando un grupo de personas ocupó terrenos en medio de la cuarentena, es un antecedente que me permite sostener que la problemática trasciende a un conflicto de propiedad privada sólo en el campo; afecta a la propiedad privada a nivel nacional.

-Nubarrones en el horizonte…

-Mirá lo que pasó hace poco en Avellaneda, donde se dictó una ordenanza que promueve la expropiación de terrenos baldíos mediante la creación de un registro; los propietarios tienen un plazo estipulado para parcelar o edificar, y todos aquellos inmuebles que entren en ese registro deberán pagar un 50% más de impuestos. Esto hace imposible la idea de heredar un terreno en este municipio y retenerlo durante 10 años para hacer una vivienda.

-La semana pasada hubo más declaraciones de Alberto sobre la tenencia de tierra improductiva…

-La verdad es que no sé a qué tribuna le está hablando pero lo que sí noto es que con eso se crispan los ánimos en lugar de buscar serenarlos. Hay un nivel de nervios a flor de piel, mucho más en pandemia y un estadista debería conducir a otro nivel. La propiedad privada esta resguardada por la Constitución. Esto no hará más que generar trabajo a la Justicia y a Tribunales. De cualquier forma, en lo inmediato no puedo darte una respuesta sobre cuánto podría afectar esto al mercado inmobiliario rural.

-¿Afectó al mercado inmobiliario el cierre de las exportaciones de carne?

-Pienso que son medidas coyunturales de 30 días que aunque no afectan los valores de la tierra sí percibo que suponen malas señales hacia afuera, porque perdemos confiabilidad como proveedores y lleva tiempo recomponer eso. Nosotros emitimos un comunicado de prensa sosteniendo que esto es otro tiro en el mismo pie justo cuando nos estábamos recuperando de la herida anterior. Desde CAIR esperamos que las autoridades nacionales revean esta postura. Necesitamos políticas claras, ciertas y previsibles y que atraigan inversiones. La parte positiva de todo esto sería que tenemos un recurso tierra y un recurso humano extraordinario. Por eso yo siempre digo que Argentina tiene un caballo ganador con la rienda corta y es una pena.

-¿Cómo repercute actualmente la Ley de Tierras?

-La Ley de Tierras surgió en 2011, cuando nosotros surgíamos como cámara con CAIR. Se promulgó el 29 de diciembre de 2011, unos días después de que asumiera Cristina Fernández su segundo mandato, y se hizo de ella una ley ideológica y poco racional. Habla de un porcentaje máximo del 15% de extranjerización y hoy hay 5,5% en manos de extranjeros. Las tierras más ricas del país son las que menos extranjerización tienen. Las provincias más cerca de ese limite son las mineras como San Juan, La Rioja, Salta, Catamarca, y las forestales como Corrientes y Misiones. Esto sacó un jugador de la cancha: el extranjero que invertía en zonas donde le costaba más al argentino, como la Patagonia por ejemplo. De todos modos hoy casi no aparecen operaciones con extranjeros.

CAIR cumplió sus 10 años en octubre de 2020. Hoy reúne unos 200 socios en todo el país y Madero aseguró que lo hace “con un permanente ida y vuelta a la hora de interconectar negocios. Las consultas, recorridas y avisos publicados se mueven de modo activo”.

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Una nota firmada por Sebastián Tamashiro para Sobre la Tierra, el medio de divulgación de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba), indicó que además la ley de arrendamiento rural vigente “no considera a la tierra como un recurso natural que puede perder capacidad productiva ni contempla los derechos ambientales de la comunidad”.

“Aproximadamente la mitad de las tierras se producen bajo arrendamiento. La ley que regula este contrato facilita el acceso a los que quieren explotarla (arrendatarios), pero no exige un cuidado especial de la tierra como recurso natural que se degrada, ni reconoce el derecho de la comunidad de disponer de un ambiente saludable”, resaltó Rafael Mallo, quien estudió este tema para alaborar su tesis en la maestría en Agronegocios en la Escuela para Graduados (EPG-Fauba).

“La ley habilita a que la búsqueda de la mayor renta en el menor tiempo posible se lleve adelante sin limitar prácticas no sustentables. La Ley 13.246 de Arrendamientos Rurales y Aparcerías, promulgada en 1948 y luego modificada por el Decreto Ley 2.188, de 1957, y por la Ley 22.298 en 1980, debería regular la materia ambiental en los estos contratos. Sin embargo, es una ley que no se conoce ni se respeta y que tiene alcances muy limitados”, señaló Mallo, quien es abogado recibido de la Universidad Nacional de La Plata.

En este sentido, agregó: “Cuando se pensó la ley, los grandes propietarios de tierras imponían condiciones abusivas a las personas que querían trabajarla. Hoy en día, es al revés”.

“Las propiedades cada vez son más chicas -por ejemplo, por división de las herencias- y muchos dueños ni siquiera viven allí. Ante el gran desconocimiento y grado de informalidad en los arrendamientos, los propietarios tienen menos decisión sobre el suelo”, advirtió el experto.

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Por eso Mallo propuso “contextualizar el contenido de la ley y entender que el gran eje de cambio viene por el lado de los recursos naturales y del medio ambiente”. En ese sentido evaluó que “estamos en un momento interesante para cambiar las leyes hacia otras que otorguen mayor entidad a los aspectos ambientales y que tengan su base en el uso de información estadística para tomar medidas en política apropiadas”.

Mallo, en ese sentido, añadió que “en principio hay que reconocer el derecho de la comunidad sobre los recursos naturales. Esto no es nuevo, está en el artículo 41 de la Constitución Nacional del año 1994. Ese fue el primer paso de un cambio institucional, pues ahora es el Estado quien debe definir las reglas y las herramientas específicas para que sirvan en la práctica de forma efectiva”.

“La cantidad de arrendamientos y sus consecuencias ambientales dependen de muchos factores. Hace algunos años, estos contratos tuvieron un pico por los buenos precios internacionales de los granos y tenían ventajas sobre cualquier otro título que cotizaba en la bolsa. Al no existir regulación, se dejó vía libre a prácticas contaminantes con grandes réditos económicos a corto plazo que no fortalecieron las cadenas productivas”, explicó.

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Para el experto, “la reformulación de la ley tiene que ser clara. Tendría que plantearse un modo distinto de ver el derecho privado en lo que es materia de recursos naturales y pensar el protagonismo de los incentivos. La libertad para usar la tierra no es exclusivamente de su dueño, aislado de los demás, pues la forma en que la utiliza puede afectar a muchas otras personas. El Estado puede, por ejemplo, fomentar que los productores opten por no dañar los recursos naturales a través de préstamos blandos o subvenciones a sus actividades. De esa forma se podrían alentar las prácticas más sustentables”, propuso.

“Hoy en día, el arrendamiento se maneja por usos y costumbres. La gente suele buscar a personas con prestigio o que tengan buenos antecedentes en el cumplimiento de su palabra ya que no existe ley que la proteja. Lamentablemente, en los últimos 10 años se presentaron 14 proyectos para tratar la actual ley de arrendamiento de tierras, pero no abordan esta temática de forma integral”, finalizó.

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El alquiler, así, se transforma en un costo relevante en los balances de los productores reales, el sujeto productivo que más nos interesan a los Bichos de Campo. La mayoría de las veces, el tipo que asume casi todos los riesgos del negocio tiene que asignar a la variable “tierra” más dinero del que finalmente le queda como ingreso, y no como ganancia, en su propio bolsillo.

Ver Una pregunta a Mariano Maurette: ¿arrendamientos se alargan por ley?

La Bolsa de Córdoba es una de las pocas entidades del sector que se dedica sistemáticamente a medir esta variable, pese a la alta importancia que tiene el valor del alquiler en la ecuación de la agricultura. Lamentablemente lo hace solamente en su territorio de influencia y no hay mediciones similares en otras zonas agrícolas. Pero la provincia de Córdoba es una gran productora de soja y maíz, y por lo tanto este trabajo ofrece un buen indicador de lo que sucede con los arredamientos.

Estamos a pocas semanas del arranque de la siembra de granos gruesos y la BCCBA lanzó su primer relevamiento sobre el valor de los alquileres (en octubre volverá a preguntar si finalmente se consolidaron estos niveles). El resumen del trabajo es que “el arrendamiento agrícola promedio en la provincia de Córdoba para la campaña 2018/2019 se estima en 10 quintales de soja por hectárea”. Esto es 1 tonelada de soja. 

¿10 quintales de soja? ¿Es mucho? ¿Es poco? Como parámetro inicial diremos que dos años atrás (saltamos el año pasado porque hubo una fuerte sequía), el rendimiento promedio de una hectárea de soja en Córdoba osciló entre 32 y 35 quintales. Esto confirma que el valor de los alquileres es un dato crucial, pues se lleva casi 30% de la producción, más incluso que las retenciones, que en la actualidad se ubican en el 26%.

Estos 10 quintales que se piden ahora son, según el informe de la Bolsa mediterránea, medio quintal menos, o cerca del 5%, respecto de la campaña anterior. Veamos la evolución histórica reciente de los alquileres:

La Bolsa indica que “en dólares la caída sería más acentuada como  consecuencia del menor precio esperado a cosecha de la oleaginosa, estimándose el alquiler promedio en 270 dólares por hectárea”. Esto es un retroceso del 15% en relación al año anterior. Pero no es una buena noticia para nadie, porque responde a condiciones macro que no benefician ni al productor ni al dueño de la tierra. 

Para la Bolsa de Cereales cordobesa, la leve caída en quintales “se relaciona a la fuerte sequía que atravesó la producción agrícola en nuestra provincia que implicó la pérdida de casi 11 millones de toneladas por un valor de 3.200 millones de dólares, generando dificultades financieras a un gran número de productores”.

“Esta situación condiciona el valor de los arrendamientos ya que, si bien las perspectivas económicas para el sector agrícola en la próxima campaña son positivas, limita la capacidad de pago de los arrendatarios, lo cual se reflejó en una demanda más cauta de lotes agrícolas durante las últimas semanas”, se explicó.

Ver A 106 años del Grito de Alcorta, un chacarero dice que sus reclamos son los mismos de aquel entonces

Uno debería imaginar que frente al cachetazo que el clima la dio a la cadena agrícola el año pasado, los alquileres deberían tender a compartir los riesgos entre quien produce y quien logra una renta de su campo. Pero según el trabajo sucede todo lo contrario. “Al igual que el año pasado se observa una fuerte caída en contratos a porcentaje frente a la opción de quintales fijos. Los contratos a porcentaje relevados son, en promedio, al 30% sobre el valor de rendimiento obtenido”.

Quizás la única muestra de solidaridad de los dueños de la tierra con sus arrendatarios es que ahora se sumaron al plan “Ahora 12”. Es chiste. Pero la BCCBA indicó que “una de las novedades de esta campaña es el aumento notable de contratos donde los pagos se realizan en cuotas de manera mensual, bimestral o trimestral”.

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El 25 de junio de 1912, hace 106 años, se produjo el Grito de Alcorta, como se conoce a la primera gran protesta agraria de los colonos del sur de la provincia de Santa Fe y el norte bonaerense, la que marcó la irrupción de las figura de los chacareros (que se quejaban entonces de las condiciones de usura en las que debían producir en fracciones de campos que alquilaban  a grandes estancieros) en la política del Siglo XX. Esa movilización fue la que luego dio origen a la Federación Agraria Argentina (FAA).

Sebastián Campo es el actual presidente de la filiar de esa entidad en Pergamino, una zona agrícola del norte bonaerense que tiene fama de albergar grandes riquezas (sus tierras son de las más productivas del país) pero que en realidad posee una gran cantidad de campos pequeños (chacras, les dicen) que, tras aquellas luchas y luego de muchas peleas pasaron a manos de pequeños y medianos productores. De hecho fue otro pergaminense, Antonio Noguera, quien a principios del siglo pasado se convirtió en el primer presidente que tuvo la entidad.

La conversación con Sebastián no tiene desperdicio. Mirala acá:

Campo tiene 37 años y no solo el apellido lo incrimina: su facha de gringo laburante también delata sus orígenes. Sus bisabuelos vivieron de España y se instalaron como colonos en Pergamino, trabajando siempre sobre tierras alquiladas. Recién en 1974 su abuelo y el hermano lograron comprar las primeras 50 hectáreas. “Yo no soy de una familia que viene arrastrando tierras desde 1800 sino todo lo contrario. Esa fue la primer chacra que compra mi abuelo y a partir de ahí, en un proceso de mucho trabajo, mi padre fue comprando 15 hectáreas más acá, 20 más allá, y así se armó un paquetito de 70/80 hectáreas”, relata.

-¿Y a vos te alcanza esa superficie para vivir o te vez obligado a trabajar tierras que pertenecen a otros?

-Yo mantengo la tradición. Al igual que a principios de 1900 trabajo la chacra propia, pero además alquilamos campos y  prestamos servicios a terceros, de cosecha y de siembra.

-¿Qué pasó con los que alquilaban campos después de la última sequía?

-La campaña 17/18 fue de terror, la tormenta perfecta. Después de tres o cuatro meses de sequía, entramos a cosechar y solo se sacaban entre 20 a 25 quintales de soja por hectárea. Luego vino el temporal de 25 días, los porotos se pudrieron, y los quintales bajaron a 17/18. Menos un porcentaje de descuento porque la cosecha era de muy mala calidad, tenemos zonas donde los promedios oscilaron entre 10 y 15 quintales.

-Pero eso es lo mismo que sale pagar el alquiler del campo…

-Exacto, con la poquita soja que se sacó a veces no alcanzó ni para pagar el alquiler. Y entonces tenés que sacar de tu propio campo, como es nuestro caso. Y además de perdés la que producís, si todavía te queda ánimo para seguir tenes que volver a financiarte para la campaña venidera.

-¿Y qué herramientas financieras existen si te va mal?

-En el partido de Pergamino hasta ahora absolutamente ninguna. Los productores de Pergamino estamos pagando la Tasa Vial a término (al Municipio), porque hasta ahora no ha habido postergación. Estamos pagando el Impuesto Inmobiliario (a la Provincia), que vale recordar tuvo un 50% de aumento para 2018, y lineas de financiación por emergencia todavía no hay ninguna. De hecho, nuestra gobernadora (María Eugenia Vidal) no firmó para Pergamino todavía la Emergencia Agropecuaria. Y en el Banco Nación, que debería ser nuestro palenque para volver a producir, las tasas están en 30% y son imposibles de pagar.

En medio de la entrevista, Sebastián creyó que se había equivocado al recordarnos que 80% de los productores manejan solo el 20% de la soja que se cosecha en la Argentina. Pide detener el reportaje. Pero el dato es bien cierto. Y entonces le mentimos con que vamos a editar esa parte (no lo hicimos porque nos pareció prueba suficiente de lo genuino de este chacarero). Para distraerlo le preguntamos cómo hará él para seguir:

-En julio estamos en pleno proceso de renegociación de alquileres (antes de la siembra de la nueva campaña 2018/19). La verdad es que cuando uno lee aquellos puntos que reclamaban los colonos de Alcorta, que se pararon para decir ‘acá no se siembra más’, son los mismos puntos que hoy deberíamos levantar para salir a pelear…

-¿Decís que hay que rediscutir el sistema de arrendamientos en la Argentina?

-Teenemos que rediscutir eso y muchas cosas más, porque la concentración es brutal y nos viene comiendo a los más pequeños. Yo no sé si la campaña 2018/19 la voy a  poder enfrentar. De hecho estoy en ese proceso, sin saber qué voy a hacer. Y si yo no puedo, va a venir un productor más grande que yo a ocupar este lugar, y se va a perder un poblador que vive en este pueblo y intenta que su economía se mueva y su pueblo siga vigoroso.

-¿El que te alquila a vos quien es? 

-Hay varios casos. Hay gente que esta jubilada, no tiene hijos y alquila el campo. Hay gente que tiene otra profesión. Pero el problema acá es que la tierra que sale a la venta no es comprada por los colonos. Aquel fenómeno que hacía que mi abuelo y mi papá pudieran comprar fracciones de los vecinos hoy no se puede hacer más. Porque aquella persona que tiene acceso a pagar 14 a 15 mil dólares por una hectárea de campo es gente que está fuera de este negocio. El pequeño productor, y sobre todo el joven productor, no tiene acceso a la tierra. El Banco Nación debería estar presente acá. Nos dicen que la herramienta está, pero si al lado de la chacra de mi familia se venden 20 hectáreas es imposible que yo las pueda comprar. Sí va a aparecer el empresario, el estudio o el escribano, y se va a apropiar de estas 20 hectáreas.

-¿Y qué chances ves de que pueda replicarse una movida de arrendatarios como fue aquel Grito de Alcorta? ¿Se pueden poner de acuerdo entre ustedes o se pelearían por ver quién le alquila el campo al escribano que lo compró?

-Lamentablemente es la lectura que hago para dentro del sector, la de una falta total de compromiso, que es la misma actitud que veo en el jardín de infantes de mi hija o en el club del pueblo. Hoy veo un sector agropecuario que esta trabajando a los codazos, y no codo a codo. Habría que visibilizar bien cuáles son nuestros adversarios y dejarnos de mirar de reojo entre nosotros.

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En diálogo con Bichos de Campo,  Agustín Bilbao, asesor Crea Necochea-Quequén y Socio en la Regional Necochea de Aapresid, comentó que “la cosecha en el sudoeste bonaerense, pese a que se atrasó con respecto a otros años, marcha bien, con el 90% de la cebada y el 70% del trigo cosechados. En cuanto a los rindes, esperábamos mejores. En zonas inundadas y de toscas tuvimos rindes promedio de 4.000 as 5.000 kilos por hectárea y en las mejores zonas, rindes de 6000 kilos por hectárea”.

Al momento de comparar los rendimientos de la presenta campaña con la pasada, Bilbao dijo que “en trigo pan tuvimos buenas calidades este año, con excepción de algunos lotes que salieron con panza blanca, algo que se penaliza con 5% a 10% de pérdida en el precio. Y en cebada cervecera, en esta campaña pudimos solucionar los problemas de proteína baja que se presentaron durante 2017, aumentando las fertilizaciones con nitrógeno”.

Escuchá el reportaje completo a Agustín Bilbao:

En referencia a la cebada, Bilbao remarcó que “le hemos encontrado una buena estabilidad de rendimiento, sobretodo con los años secos. Y descubrimos que rinde incluso más que el trigo, aportando la ventaja de que libera de modo más temprano los lotes para sembrar soja de segunda, y en nuestra zona tener unos 10 días de diferencia es realmente importante”.

Consultado acerca de cómo dan los números para el productor, Bilbao enunció que “el año pasado los números del trigo no fueron buenos, mientras que esta campaña los márgenes brutos dan mejor, pero tengamos en cuenta que esto no es tan bueno porque estamos a nivel mundial, en una relación stock- consumo de las más grandes de la historia. Lo que nos preocupa es el aumento importante de costos fijos, tales como impuestos, porque el precio del cereal no acompañó del mismo modo; por lo cual estimo que serán años de rentabilidades aceptables, y serán mejores en los casos en que no se paguen alquileres”.

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