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]]>La medida comprende a todas las categorías de conservación establecidas por al Ley de Bisques (rojo, amarillo y verde), en cualquier estado de ejecución en que se encuentre desde el mes de diciembre de 2014, a excepción de los planes y trabajos de conservación que no impliquen la conversión de los bosques. La orden judicial durará hasta “despejar la incertidumbre respecto de las solicitudes otorgadas con posterioridad al vencimiento del plazo de vigencia y actualización del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo establecido por la Ley Nº 26.331 y el Decreto Reglamentario N 91/09″.
La presentación judicial fue hecha por la organización Conciencia Solidaria. Pero una de las que más celebró el fallo fue la internacional Greenpeace, que además reclamó al gobierno provincial de Jorge Capitanich que este veredicto sea el punto de partida para establecer medidas que terminen con la deforestación.
“Es un paso muy importante que la justicia chaqueña haya suspendido los desmontes. Y un logro de todas las organizaciones y personas movilizadas en defensa del bosque. El gobierno provincial tiene que entender que este debe ser el principio del fin de la deforestación en la provincia. Es hora de que se prohíban los desmontes para siempre”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El reciente fallo consideró “que el artículo 7 de la Ley 26.331 establece la prohibición de toda acción de desmonte hasta tanto se sancione el OTBN local, y que el artículo 6 del Decreto 91/09 obliga a las jurisdicciones provinciales a actualizar sus respectivos ordenamientos cada cinco años desde la sanción del instrumento legal. Entiende que, en la medida en que la Provincia del Chaco sancionó la Ley 1762-R en el mes de diciembre del año 2009, correspondía ingresar al proceso de actualización en el mes de diciembre del 2014″. Por eso porhibe todo lo que se haya hecho de ahí en adelante.
Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, Chaco fue la provincia con más pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.177 hectáreas deforestadas.
A fines de 2018, Greenpeace denunció la complicidad del gobierno provincial con grandes empresarios agropecuarios, al realizar cambios de zonificación prediales para desmontar donde la normativa nacional no lo permite. Tras la fuerte presión de organizaciones sociales, el 29 de enero de 2019 el gobierno derogó, mediante el decreto 298/2919, las disposiciones que permitían estas modificaciones.
En mayo del año pasado, el Juzgado Civil y Comercial de la 21º Nominación de Resistencia suspendió la ejecución de los desmontes en las fincas recategorizadas hasta que haya una resolución sobre el amparo que presentó la Defensoría del Pueblo del Chaco para que se anulen los permisos.
“Más desmontes significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Destruir bosques es un crimen y no podemos perder ni una hectárea más”, advirtió Giardini, que desde Greenpeace está impulsando una petición hacia los gobernadores de Chaco (Jorge Capitanich), Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Salta (Gustavo Sáenz), y Formosa (Gildo Insfrán), para que decreten la emergencia forestal y prohíban los desmontes.
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]]>La entrada Como en el TEG, Córdoba ataca San Luis: Productores y transportistas de Río Cuarto presentaron un recurso para poder entrar a sus campos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Los abogados Javier Quiroga y Antonio María Hernández presentaron en los tribunales federales de la ciudad de Río Cuarto este amparo colectivo, uno de los primeros de este tipo desde que se inició, haca más de cien días, un periodo de cuarentena que en algunos casos violentó derechos fundamentales.
Sucede que varios gobernadores, pero sobre todo el puntaro Alberto Rodríguez Saá, se tomaron la atribución de establecer controles adicionales en los límites provinciales e impedir el paso de personas, aun cuando las mismas estaban exceptuadas por cumplir servicios esenciales. El agro es uno de esos sectores. En plena cosecha, a los productores se les permitió seguir haciendo su tarea.
Descargá aquí la ACCIÓN DE AMPARO SOC. RURAL RIO CUARTO, VICUÑA MAKENNA Y ACHIRAS
Los límites entre Córdoba y San Luis han sido de los más calientes, ya que el gobierno de la segunda provincia bloqueó el acceso por caminos rurales, impuso fuertes controles sobre los que querían ingresar e ideó un complejo sistema de cuarentenas, incumplible para muchos habitantes de la zona fronteriza.
Quiroga, el abogado que actúo como patrocinante de las entidades de Córdoba, explicó que este recurso de amparo por las trabas en los límites provinciales, contó que la presentación es promovida por cuatro entidades del departamento Río Cuarto. Son la sociedad rural de esa ciudad cabecera, la sociedad rural de Vicuña Mackena, el centro de transportista de Achiras, y el consorcio caminero de esa misma localidad, ubicada a solo diez kilómetros del límite interprovincial.
“Las medidas adoptadas por San Luis impiden la circulación entre las dos provincias, que en esta zona están muy relacionadas. Aquí tenemos la particularidad de que la gran mayoría de productores que viven en Achiras, en Córdoba, tienen sus establecimientos en San Luis, y se ven imposibilitados de acudir a ellos”, explicó el abogado.
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