¡Pará, papá! Que eso no sería posible porque hace apenas un año, cuando asumió Alberto Fernández, el Congreso jugó -se podría decir que por primera vez- a favor del campo y le fijó límites al Poder Ejecutivo para modificar a su antojo las alícuotas de los Derechos de Exportación (DEX). Puede bajarlas y retocarlas (de hecho, acaba de hacerlo en el caso de las economías regionales, las automotrices o la actividad minera). Pero para subirlas tiene un límite.

Bichos de Campo recurrió a Andrés Domínguez, un abogado especializado en estas cuestiones y que trabaja como asesor de la Federación Agraria, para entender dónde estamos parados.

-Andrés, hay rumores de suba de retenciones…

-Los he escuchado, sí. Pero respecto a un posible aumento de los DEX a productos agroindustriales hay que recordar que por la que se llamo la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, la ley 27.541 también llamada de Emergencia Económica, se estipuló que los DEX iban a tener un tope máximo de 33% para la soja,(en el caso del poroto ya estamos en ese 33%), y del 15% para todos los demás productos de Argentina, no solo del campo. Ahí entrarían el maíz, el trigo, la carne. También se fijó un tipo de 5% para las economías regionales, aunque no se definió cuáles son.

-¿Es decir que por primera vez el Congreso le dijo al gobierno ‘te dejó subir retenciones, pero hasta acá’?

-En efecto, en esa ley se extendió la delegación de facultades. Esto quiere decir darle un permiso al Poder Ejecutivo para que por un decreto simple  modifique los alícuotas hasta estos topes máximos.

-¿Entonces los rumores chocan contra lo que autorizó el Congreso?

-Respecto a estos rumores (hablan de subir la soja al 40% y los cereales al 20%), lo que puede pasar sin necesidad de ir a una Ley del Congreso, sino por un decreto simple, no por un DNU, es lo siguiente: En el caso de la soja, como ya tenemos el poroto en un máximo de 33%, podría desaparecer nuevamente el diferencial y llevar los subproductos al 33% (hoy el aceite y la harina de soja tributan 31%).

-¿Y en los cereales?

-El mayor riesgo está en que trigo y maíz, que están en 12 puntos, podrían ir a 15% con un simple decreto. También la carne, que está en 9%, podría subir a 15% con un solo decreto.

-Los productos regionales acaban de retocarlos con otro decreto, en muchos casos a la baja. No tendría sentido que vuelvan a subirlos ahora. 

-En el caso de regionales hay una pequeña trampa porque no están definidas cuáles son las economías regionales. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del maní de Córdoba o de la leche en polvo que hoy tributan más del 5% y que podrían también subir.

-¿Así que Alberto está medio atado de manos?

-El presidente puede hacer solamente esto que te he dicho de acá a fin de año. No puede por si solo imponer aumentos de retenciones mayores. Si se quisiera llevar la soja a 35%, la carne a 18%, o maíz y trigo a 25″, eso no se puede hacer, sería anticonstitucional.

-¿Entonces hay que quedarse tranquilos?

-La regla general en la Argentina, que casi nunca se cumple, es que es el Congreso quien regula las retenciones, es una potestad de los legisladores. Esto viene desde la época en que la Argentina se armó como país y la aduana se nacionalizó. Por eso los DEX son nacionales. Lo que siempre ha pasado es que el Congreso ha delegado  esa facultad al Poder Ejecutivo. Hoy esa delegación esta vigente, con estos límites.

-¿Y es posible que el Ejecutivo no respecte esos límites?

-También la justicia  ha puesto límites recientes. Hay un fallo de 2014 llamado Camaronera, en el que la Corte Suprema dijo que solo el Poder Ejecutivo puede tocar las retenciones en el caso de que exista una delegación, y que si no existe no será valida la modificación. Hay otro fallo menos conocido, que es el fallo Danes de 2019, que declaró inconstitucional el decreto de Macri de septiembre de 2018 (cuando Dujovne puso las alícuotas de 3 y 4 pesos), porque en ese momento no tenia facultades delegadas. Se habían caído. Lo solucionaron rápidamente con una delegación que incluyeron en el Proyecto de Presupuesto 2019, y que después se amplio por la ley de emergencia de Alberto Fernández. Pero el caso Danes decreto la inconstitucionalidad de las retenciones.

-Me imagino que Macri devolvió el dinero mal cobrado a los empresarios…

-No, ja. En Argentina declarar la inconstitucionalidad de una norma no significa que la norma deja de regir. Es decir, si una norma es inconstitucional, solamente se aplica para el caso de la empresa que fue a la justicia. Pasó en este caso de las retenciones de Macri. A las demás empresas a las que les cobraron retenciones desde septiembre de 2018 hasta fin de ese año no se las devolvieron. Cada una de esas empresas debía ir a quejarse a la justicia.

-¿Y es posible que Alberto se arriesgue igual a pesar de los límites que imponen el Congreso y la justicia?

-Podría haber un pequeño riesgo de que suban las retenciones más allá de los limites establecidos en la Ley de Emergencia. Sería inconstitucional, pero no hay  un tribunal en la Argentina que controle la inconstitucionalidad de todas las cosas. Si, supongamos, suben la soja al 35%, tendrían entonces que ir los exportadores de soja a la justicia, o una empresa afectada, a quejarse, esperar el fallo. Recién ahí caería la suba, pero solo para esa empresa. Esto es un poco complicado pero no es un escenario imposible.

-¿Hasta cuándo tiene Alberto estos poderes acotados? 

-Estos límites y la autorización al Poder Ejecutivo están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021, es decir este año. ¿Qué pasa después? Las retenciones que se hayan dictado por el Poder Ejecutivo en ese periodo quedan vigentes. Por ejemplo el decreto 1060, que modificó algunas economías regionales. Si no se cambia durante todo este año, no desaparecen la retenciones. Lo que desaparece es el poder que tiene el Ejecutivo de modificarlas. Pero las retenciones quedan vigentes con la última alícuota fijada.

-¿Necesitan actualizar la ley?

-Uno supone que  para fin de año, probablemente con la ley de Presupuesto o alguna otra ley tributaria se renueve la delegación de facultades. Ahí tenemos que estar atentos, porque podría llegar a haber un nuevo tope. Por ejemplo, que el tope del 15% se lleve a 20%.

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“La Ley de Emergencia congeló el mínimo no imponible para los aportes patronales a las Economías Regionales en 17.000 pesos, que rigen desde febrero de 2019”, alertó Domínguez. Luego apuntó que ese congelamiento duraría hasta diciembre de 2020 y que entre ambas puntas habría “una inflación esperada que no bajará del 100%”.

“Esto implica que en los hechos más trabajadores dejarán de estar incluidos en el beneficio (de desgravación de aportes patronales), y que los que lo están paguen más”, apuntó el experto. Así, el freno alcanza a muy diversas actividades, como la producción de frutas, algodón, tambos, arroz, yerba, vino, entre otros sectores.

El artículo 22 de la Ley 27541, mal llamada “de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Publica”, dice literalmente: “Los empleadores comprendidos en los decretos 1.067 del 22 de noviembre de 2018, 128 del 14 de febrero de 2019 y 688 del 4 de octubre de 2019 y su modificatorio, con los requisitos y condiciones previstos en esas normas, deberán considerar que la suma a la que se refiere el primer párrafo de este artículo es, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, de 17.509,20 pesos, la que no sufrirá actualización alguna”.

En febrero pasado, y con vigencia desde marzo, el ex presidente Macri había dispuestos una suba del mínimo no imponible que ahora se congela para un total de 44 actividades productivas regionales, tal como ya les había concedido a los sectores textil, calzado, marroquinería y curtiembres. El Mínimo No Imponible por debajo del cual ,os empresarios no pagaban aportes por sus empleados se elevó de 7.004 pesos a los mencionados 17.500 pesos. Eso implicaba que para todos los sectores beneficiados pagarían cargas solo por la diferencia entre el sueldo del trabajador y ese tope.

Ver De paquete a “paquetito”: Macri solo anunció que las Pymes del agro pagarán menos aportes patronales

De acuerdo con un comunicado oficial de ese momento, la medida beneficiaría a 24.000 empresas que emplean a más de 250.000 trabajadores en todas las provincias del país. El costo fiscal de esta medida sería de aproximadamente 3.000 millones de pesos anuales.

Las economías regionales, que en buena medida están nucleadas en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), tiene otro flanco delicado en la nueva Ley de Emergencia Económica. Desde esa entidad incluso se reclamó “exceptuar” al sector de la suba de retenciones contemplada es ese mamotreto legal, pero no han tenido todavía respuesta del gobierno.

“Productos tales como arroz, maní, legumbres, frutas finas, yerba, tabaco, miel, entre otros, deben contar con un trato impositivo diferencial que incentive a los productores a encarar una planificación de trabajo a corto y mediano plazo”, señalaron desde CAME. También advirtieron que el nivel de rentabilidad en estas economías regionales “es nulo o directamente negativo” y en algunos casos, inclusive, los costos de producción superan por amplio margen los precios que reciben los productores.

“El impacto fiscal de la suba de retenciones a las Economías Regionales es insignificante para el Estado y, a su vez, muy representativo para el interior productivo que genera miles de empleos en mano de obra intensiva”, explicaron desde la entidad, donde calculan que el aporte al Tesoro en concepto de derechos de exportación rondará este año los 520 millones de dólares, aplicando las tasas de entre 3 y 4 pesos por dólar exportado que aplicó el anterior gobierno en 2018.

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Domínguez agregó que “es cierto que es candidato a presidente y sacó de hecho el 49% de los votos. Por eso creo que la Mesa de Enlace hizo lo más institucional que podía hacer, porque muchas veces en Argentina se critica al lobby como una mala palabra, o bien que los empresarios o sectores que tienen algún tipo de poder hacen todo por detrás”

“La Mesa de Enlace hizo todo lo contrario; hizo público lo que quiere para su sector y para el país. El documento de 14 puntos que elaboró fue puesto a disposición desde el 10 de julio para todos, y se habló tanto con Mauricio Macri, como con Roberto Lavagna y con Alberto Fernández”, explicó el especialista en política agropecuaria.

Escuchá el reportaje completo a Andrés Domínguez:

Según el director de Red Consultora, desde el agro “hay que hablar con todos los candidatos a presidente y preguntarles qué pasa hacia el futuro”.

“Ahora que ya pasó la reunión, quiero decir que uno de los miedos era que alguno de los candidatos, tal como ocurrió en el pasado, fuera por separado e intentara ir hacia alguna de las cuatro entidades del campo por separado, para dividir al campo, a la Mesa de Enlace y para hablar de la división entre el chacarero y los productores”, celebró el técnico.

Escuchá otro tramo del reportaje realizado a Andrés Domínguez:

El asesor de FAA dijo que “hubo intentos del candidato del Frente de Todos de ver a alguna de las cuatro entidades agropecuarias por separado, pero la Mesa de Enlace mantuvo la promesa de los cuatro presidentes de las entidades agropecuarias de ir todos juntos al lugar donde los candidatos presidenciales los citaran. Y en ese contexto se dio la reunión, con un escenario macroeconómico complejo donde se intentó hablar no tanto de la coyuntura sino de lo que va a venir”.

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“Desde el año pasado que se viene judicializando este tema en Entre Ríos. La ONG Foro Ecologista de Paraná presentó un recurso de amparo en 2018 y la Justicia falló a su favor, poniendo un límite de prohibición para usar cualquier agroquímico, estableciendo límites de 1.000 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para aplicaciones aéreas. Pero cuando Bordet sacó su decreto en enero de este año, la ONG volvió a presentar un recurso de amparo y la Justicia se lo aceptó, debido a que el gobierno no hizo las pruebas científicas suficientes para demostrar que están asegurando la salud de quienes asisten a las escuelas rurales”, explicó en Bichos de Campo Andrés Domínguez, el director de RED Consultora.

Escuchá la primera parte de la entrevista a Andrés Domínguez:

Domínguez, que es abogado y docente de derecho en la Universidad de Belgrano, explicó que “durante el primer fallo de 2018, la Justicia aplicó el Principio Preventivo Ambiental, el cual sostiene que si el medio ambiente puede ser afectado hay que tomar medidas antes, porque luego puede ser tarde. Este principio cruza todos los fallos de estas características. Ante esta normativa judicial es que el gobierno de Entre Ríos hizo un nuevo decreto achicando los metros de permiso de aplicación de agroquímicos en áreas terrestres y aéreas. Y por eso la ONG Foro Ecologista de Paraná volvió a quejarse”.

Ver: Todo lo que querías saber sobre el glifosato: Bayer publica 300 estudios sobre el herbicida más temido

El presidente de RED Consultora agregó que “el gobierno provincial se justifica mencionando un informe de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que realizó Agroindustria en conjunto con el INTA y Conicet. Pero si lo analizamos no deja de ser un documento colgado en una página web, debido a que no es disposición ni resolución”.

En este sentido, Domínguez recomendó: “No podemos justificar el uso del glifosato solo porque se respetan las BPA y de este modo decir que se aseguran la salud, inocuidad y medio ambiente. Es necesario dar un debate social por fuera del sector agro. Es necesario que se presenten pruebas y argumentos que convenzan a la sociedad, porque así un producto como el glifosato, que no tiene consenso social, nunca será aprobado”.

Escuchá la segunda parte de la entrevista a Andrés Domínguez:

“Quizás las BPA son la solución tecnica, pero ni para la Justicia ni para la sociedad es suficiente. Hay fallos en Colombia, y también en Brasil. Incluso en Estados Unidos la Justicia falló en contra de Monsanto, estableciendo que el glifosato había causado cáncer, y con indemnizaciones millonarias”, remarcó Domínguez.

Para el abogado, el fallo reciente de la Justicia en Entre Ríos “amerita para que la provincia tenga una ley provincial, al tiempo que Nación tampoco debe demorar el debate de una ley nacional de aplicación de agroquímicos”.

Escuchá la tercera parte de la entrevista a Andrés Domínguez:

¿Cómo se resuelve esto? “El consenso social se plasma en las leyes. Hay que dejar de mirarse el ombligo y explicarle a la sociedad, con fundamentos. Hay que dar el debate. Los que están convencidos de que esto puede hacerse bien tienen que dar sus argumentos, y además hay que hacer un mejor esfuerzo jurídico del realizado hasta ahora. Faltan instituciones, y dejar de hablar entre nosotros que somos todos amigos y nos conocemos, y hablarle al que le teme al glifosato, que no es el agrónomo”.

Escuchá la cuarta parte de la entrevista a Andrés Domínguez:

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El GAPU Agro planteaba, entre otras políticas, la apertura de exportaciones, eliminación de ROEs, baja de retenciones y transparencia de los mercados. Ese grupo luego se desintegró. Pero Bichos de Campo preguntó a uno de sus integrantes, Andrés Domínguez, qué pasó con esas propuestas, para saber si alguna finalmente se cumplió durante el gobierno de Macri.

“Hoy las expectativas de cambio se desinflaron mucho. En ese momento llegamos a generar consensos con Lilita Carrió, con el radicalismo, con gente de Francisco De Narváez y con el PRO, y más allá de que en un principio se habían sacado y bajado retenciones, en poco tiempo debieron reimplementarlas”, evaluó.

Entre las cosas que sí se cumplieron, Domínguez enumeró “que se abrieron las exportaciones, no hay más drama con los ROEs ni hay más destrucción de mercados como el trigo y la carne, y se avanzó también en las simplificaciones administrativas”.

El joven abogado, director y fundador de Red Consultora Agro, indicó que en medio del proceso de quita y puesta de las retenciones, “pasaron cosas. Vino la crisis económica y esto implicó la vuelta de las retenciones, e incluso se metieron en actividades que antes no tributaban, como el caso de los lácteos”, que, dicho sea de paso, ahora tributan entre el 8% y el 11%. Según un informe del Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA), el valor promedio cobrado por los tamberos podría ascender a 12 pesos el litro si no existieran retenciones y los reintegros volvieran al 3% para leche en polvo entera.

Escuchá lo que nos decía Andrés Domínguez:

En relación al fomento de políticas para economías regionales, Domínguez consideró que “se avanzó poco”, y en materia de infraestructura, dijo que “es importante estar avanzando con la obra de la Cuenca del Río Salado que lleva décadas sin resolverse, o la recuperación del Belgrano Norte.

“Eso va de a poco, pero se está trabajando. En el contexto de crisis y en medio del acuerdo con el FMI, lo primero que se recortan son las obras. Esto ya está pasando en muchas de ellas, y debido a la restricción fiscal, habrá que ver el avance”, indicó.

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La industria aceitera, principal sector exportador de la Argentina, afirma que esta paridad entre las alícuotas desalienta el agregado de valor en el país. Pero bajar unos puntos de retenciones tendría un costo fiscal importante. RED Consultora lo calculó en unos 420 millones de dólares.

Ver Revisarán con Dujovne el esquema de retenciones para la soja y sus derivados

Frente a la novedad de que el propio presidente habilitó esta discusión y promovió una reunión para los próximos días entre este sector industrial con los ministros Nicolás Dujovne y Dante Sica, la consultora dirigida por Andrés Domínguez se preguntó cuánto saldría al Estado Nacional bajar las retenciones a los subproductos de soja.

Para construir este cálculo, RED Consultora utilizó los datos de exportaciones promedio de las últimas 9 campañas (la cifra se acerca a 19 mil millones de dólares) y evaluó a partir de allí dos posibles alternativas para cumplir con el pedido de la industria. La primera, que es la que se estudiaría en esa mesa de trabajo, sería bajar de 4 a 3 pesos por dólar la neo-retención que se aplica desde septiembre pasado, para los productos con valor agregado pero no para los embarques de porotos. La segunda opción sería restablecer el diferencial histórico de retenciones de 3 puntos porcentuales.

Los resultados son diferentes. Para el primer caso se calculó un costo fiscal de 13.907 millones de pesos, que a un tipo de cambio actual de 40 pesos representa un costo fiscal de unos 350 millones de dólares.

En el segundo caso, es decir reduciendo 3 puntos porcentuales respecto del 18% fijo de retenciones que pagan la soja y sus subproductos, el costo fiscal calculado por RED Consultora asciende a casi 420 millones de dólares.

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Avanzan las negociaciones entre Estados Unidos y China luego del “cese del fuego” que los presidentes Donald Trump y Xi Xinping acordaron en Buenos Aires el pasado 1 de Diciembre. En ese momento se dieron un plazo de 90 días para llegar a un acuerdo, bajo la amenaza de que de no alcanzarlo Estados Unidos aplicaría 200 billones de dólares extras en nuevas tarifas por sobre los 250 billones que ya habían entrado en vigencia durante 2018. Ese acuerdo incluyó la promesa china de aumentar “sustancialmente” las compras de productos estadounidenses, lo que principalmente significa más compras de granos e insumos para la industria alimenticia.

La última semana de Enero una delegación china encabezada por el viceprimer ministro visitó Washington para reunirse con el Secretario del Tesoro y el de Comercio, luego de que a principio de mes se dieran las primeras reuniones cara a cara en Beijing, aquellas de nivel vice-ministerial. 

Los negociadores parecen conformes, pero el reloj corre: quedan apenas unos 25 días para negociar. Trump celebró los avances pero antes había recordado que es un “hombre de tarifas”, ¿será también un hombre de acuerdos?

En estas horas se comenzó a hablar de una posible reunión entre Trump y Xi en Vietnam los últimos días de Febrero, apenas horas antes que culmine el plazo para negociar. ¿Habrá algún anuncio allí de paz comercial o seguirá escalando la guerra luego de un este impasse?

Ha habido algunas señales positivas. Inmediatamente tras regresar de Buenos Aires del G20 el gobierno chino retomó la compra de soja americana. Este dato es de suma importancia: Estados Unidos es el segundo proveedor de soja hacia China, por un valor de 12.0000 millones de dólares en 2017.

Ver Diego de la Puente: “China comenzó a comprar soja norteamericana, pero yo sería muy cauteloso”

Desde que se desató la guerra comercial las compras chinas se fueron derrumbando, hasta llegar a cero en el último noviembre. El reemplazo fue principalmente sudamericano, aunque no de bandera argentina: China importó 5,07 millones de toneladas de soja brasileña en noviembre, casi el doble de los 2,76 millones de toneladas importados hace un año.

La vuelta a las compras de soja americana tras semejante debacle es más que una señal, es un paso económico concreto, y si se retoma el comercio normal entre ambos países se distenderá el impacto económico negativo que este conflicto viene teniendo en los farmers americanos, base electoral del Presidente Trump.

Se autorizó también la entrada de cinco nuevos cultivos transgénicos (dos eventos para soja, uno para maíz y dos para colza) que venía largamente demorados, hecho que abre la puerta a mayores compras de alimentos americanos a futuro.

Más aún, se permitió por primera vez en la historia que ingrese el arroz americano. Por supuesto que esta importación de arroz jamás será competitiva versus la producción local o la que pueda comprar de sus vecinos del sudeste asiático, pero ciertamente es una señal de buena voluntad.

Pero hay más avances y no sólo en agro: China anunció también que se irán reduciendo las tarifas a los automóviles y autopartes americanas, una de las industrias que a toda costa Estados Unidos quiere sostener. 

Ver: Dos sojas transgénicas de interés para la Argentina fueron liberadas por China

Beijing quiere negociar y no tiene pudor en entregar símbolos, mientras pueda mantener sus estrategias de largo plazo razonablemente inalteradas. Y justamente allí estará la parte difícil de esta negociación.

Las quejas o demandas más fuertes de Estados Unidos, más allá del “fetiche” con el déficit comercial o la industria automotriz que tiene la actual administración republicana se centran en dos puntos. El primero es la transferencia forzada de propiedad intelectual al obligar a las empresas americanas a tener socios chinos para invertir en aquel país (los cuales, alegan los americanos, se quedan con sus secretos industriales y tecnológicos, lo que sería una práctica contraria a la OMC).

El  segundo es el programa “Made in China 2025”, con el cual el Estado quiere poner recursos y prioridad en desarrollo de inteligencia artificial, robótica y transporte entre otras industrias de punta, con el claro objeto de obtener el liderazgo tecnológico mundial, y con él, el económico y también a la larga el militar.

Mientras el punto de la propiedad intelectual puede quedar  solucionado en una discusión un poco más técnica, por su parte del referido al avance tecnológico es sin duda el trasfondo de la pelea estratégica entre las dos potencias.

En la crisis de 2008 la economía americana era tres veces superior a la China, hoy con datos actualizados a finales de 2018 solamente es un tercio superior. China sabe que aún no está en condiciones de ganar esa pelea económica de fondo, pero se prepara para darla. Necesita tiempo, tiempo es lo que pareciera va a buscar en esta negociación.  

Ver Diego Guelar: “Estamos vendiendo muy poco y mal a China”

En estos días las segundas líneas parecen tener sobre la mesa de negociación dos “concesiones” chinas sobre estos temas. Por sí solo aquel país está modificando su legislación sobre propiedad intelectual y prohibiendo la transferencia forzada de tecnología. China jamás aceptara que ha “robado” datos o fórmulas en el pasado, pero por primera vez ha convalidado que de aquí en adelante el tema esté en discusión y propone medidas para proteger mejor las inversiones externas. No es  poco, pero las dudas occidentales son las de siempre: cuánto de las promesas chinas respecto a conductas empresarias que serán controladas por el partido comunista pueden ser creíbles. 

Respecto al plan “Made in China 2025”, se ha bajado la propaganda y retórica del mismo, y se pretende dejar de mostrarlo como prioridad. Pero por supuesto, no parece lo más realista pensar que Beijing abandone sin más sus planes de desarrollo tecnológico de punta, más allá de concesiones puntuales que pueda hacer en esta negociación.

De esta forma, con esta “oferta mix” de mayores compras de alimentos, bajas de tarifas en autos, mostrar acción sobre defensa de propiedad intelectual y al menos en la retórica dejar de lado la competencia tecnológica, China pretende que Trump quede por satisfecho y dé por terminada la guerra comercial, declarándose por supuesto ganador absoluto de la misma. Mientras tanto el presidente americano se guarda en la manga la carta que más le gusta jugar: sanciones unilaterales y tarifas, sin preocuparse mucho por su legalidad ante la OMC.

¿Se conformará Trump con un acuerdo de este tipo? ¿Será posible pasar del cese del fuego al acuerdo? Queda lo que resta de febrero para negociar. El esquema que se ha informado de conversaciones y se está cumpliendo hasta ahora es ir de menor a mayor en la escala/nivel de negociadores, listar acuerdos y pedidos, realizar consultas en cada lado y elevar los resultados para su evaluación de cara a las siguientes reuniones. Las tensiones crecerán día a día a medida que se acerque el “deadline” del 1 de marzo, y la reunión de los líderes en Vietnam si se confirma.

Ya ha habido pérdidas concretas en estos  meses de tensión. Nombramos a los sojeros americanos, que se espera que hacia final del 2018 haya vendido un 40% menos a sus clientes chinos y además con mayores aranceles, pero también los productores de carne en China, que usan esa soja como insumo para alimentar su impresionante demanda interna de carnes, han debido enfrentar mayores costos al comprar soja en Brasil. En China, se conoció que las exportaciones de diciembre cayeron un 1,4% respeto a noviembre y un 4,4% respecto al mismo mes del 2017, es decir, al mayor caída en dos años. Impacto directo de la guerra comercial.

Mirando al impacto de largo plazo, varias cadenas de valor transnacionales están pensando en buscar nuevos proveedores de bienes intermedios e insumos que ahora compran desde China (textiles, partes eléctricas, procesadores, diversos productos plásticos) en otros países de Asia, de aún menor costo de mano de obra. Están previendo que aunque ahora se lograse un acuerdo, el conflicto China-USA marcará el futuro, y prefieren muchos de ellos asegurarse los suministros, ya sea desde Vietnam, Filipinas, Thailandia o Cambodia. Pase lo que pase, la transnacionalización de la economía ya comenzó una nueva reorganización hacia adentro de lo que se conoce como la “gran fábrica asiática”.

Tanto China como Estados Unidos han sido grandes beneficiados del sistema internacional de comercio, que hoy cruje por la pelea entre ellos. El fenomenal ascenso chino se basa en la exportación, y saben allí que su país aún necesita mercados abiertos para sus productos para completar su desarrollo en camino a ser una superpotencia. Se da la paradoja de tener al país comunista y autoritario más grande de la tierra bregando por el libre comercio y el multilateralismo, mientras que el país que era el campeón de esos conceptos ahora los ha dejado de lado.

Hasta aquí mucha información y análisis, pero …. ¿Habrá acuerdo? Una pista nos la puede dar el USMCA (Acuerdo America-Mexico-Canada), el nuevo NAFTA. Luego de denostar al NAFTA como el peor acuerdo de la historia y presionar hasta el límite para renegociarlo, amenazando lisa y llanamente con romperlo, Trump cerró primero con México y luego con Canadá un nuevo acuerdo, en donde lo más nuevo es el nombre. El mismo contiene más protección a la propiedad intelectual, mayores promesas de compras de bienes americanos (lácteos) por parte de Canadá, y obligaciones de aumentar el porcentaje de producción local de los autos (en otro ataque indirecto a China), y se agregaron cláusulas de renegociación permanente. Quizás la única gran novedad es el capítulo de protección de datos digitales, realidad que no existía cuando se firmó el NAFTA. Así las cosas, un nuevo acuerdo que no cambia tanto, le dio el título que buscaba Trump: El NAFTA murió y fue él quien consiguió un acuerdo mejor.

Todo esto puede estar presente en la negociación con la potencia ascendente de Asia. Ya China aceptó retocar su regulación sobre propiedad intelectual y aumentar sus compras de bienes americanos, podría incluso auto-limitar algunas de sus exportaciones, dar mayores promesas de protección a las inversiones, alguna novedad en temas de tecnología y datos, y porque convalidar una nueva fecha para evaluar resultados y volver a negociar. 

Si para el 1 de Marzo las potencias logran esta agenda levemente ambiciosa, aunque acotada, y sobre todo, posible, habrá “pax comercial”. No será un gran acuerdo integral, pero podría ser el acuerdo alcanzable y realista que por lo menos posponga o reduzca los males de una confrontación comercial abierta. Trump habrá ganado. Y China habrá ganado tiempo para seguir creciendo y preparándose para la batalla final.

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“No hubo mejoras para el campo. En todo caso se evitaron perjuicios mayores. Pero el sector no recibió en este Presupuesto un tratamiento mejor que el de este año. Por el contrario, podría estar pero”, sostuvo Andrés Domínguez, de Red Consultora, quien explicó que si Senadores vota el proyecto tal como quedó redactado el gobierno nacional podría elevar las retenciones a la soja al 30% cuando las que rigen ahora son de 28%.

Es que en materia de retenciones, en definitiva el Gobierno renunció a subirlas al 33% pero quedaría habilitado para que sean mayores a las actuales. Lejos, muy lejos, parece haber quedado la propuesta de campaña de eliminación de todas las retenciones y de una baja progresiva para los derechos de exportación tributados por la soja y sus derivados. 

Otro punto importante es el de las facultades que tendría el Poder Ejecutivo para fijarlas. El proyecto votado quedó tal como estaba redactado originalmente, lo que implica el gobierno de Cambiemos (integrado por políticos que en 2008 decían todo lo contrario), tendrá ahora facultades hasta diciembre de 2020 para establecer cambios a su criterio, sin pasar por el Congreso, según explicó Florencia Ricchiuti de la Fundación Barbechando.

Pero, además, las retenciones para el resto de los productos podrían aumentar, también mediante decreto del PEN, hasta el 12%. En el supuesto de que esto sucediera (es decir que se aplique ese procentaje, “eso implica que si el dólar se va a 50 o 60 pesos, por ejemplo, las retenciones aumentarían respecto de los actuales 4 pesos. Es decir, sólo regiría para su cálculo el porcentaje y no ya el valor fijo como dice la norma actualmente”, agregó Domínguez.

En el resumen publicado por Barbechando se destaca además que las cooperativas de seguros y financieras que tengan un capital (medido como activo/pasivo en el último ejercicio fiscal) por encima de 50 millones de pesos, aportarían una alícuota de 4% como impuesto a las Ganancias. Y si ese capital es más de 100 millones, la alícuota sobre la base imponible sería del 6%.

El proyecto de ley además establece además un refuerzo al presupuesto de 400 millones de pesos para el INTA. Quizás uno de los pocos puntos para festejar. 

En cuanto a Bienes Personales, y tal como lo informamos en Bichos de Campo, los inmuebles rurales cuyos titulares sean personas humanas y sucesiones indivisas quedan exceptuados del pago de ese tributo cualquiera sea su destino o afectación.

“Lo que se teme en el sector es que esa renuncia de las autoridades nacionales se transforme luego en un revalúo fiscal de las propiedades que compensaría la pérdida de ingresos fiscales”, advirtió Dominguez.

En tanto, desde Barbechando explicaron que en principio y según lo acordado en Diputados “se tomarán las valuaciones fiscales de 2017 ajustadas por inflación hasta tanto se conforme la Comisión de valuación federal, creada en la Ley de Consenso Fiscal”. Ese organismo, denominado formalmente como , fue creado este miércoles por  Decreto 938/2018 aunque su puesta en funcionamiento demandará varios meses. 

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Actualmente, como director de Red Consultora, Domínguez analizaba el proyecto oficial de Ley del Presupuesto 2019, que el Ejecutivo envió al Congreso, y descubrió un par de artículos que iban a contramano de aquella promesa electoral y que consagraría el regreso de las retenciones hasta fines de 2020, más allá del gobierno de Mauricio Macri. 

“Haciendo un análisis objetivo de la situación, las retenciones pueden volver a aumentar”, se animó a decir el especialista a Bichos de Campo. “Si se aprueba la Ley de Presupuesto tal como fue enviada, tanto este Gobierno -si es que la crisis no se logra morigerar- o el que asuma en 2019 tiene acceso a elevar hasta el 33% (las retenciones para) cualquier producto exportable, sin necesidad de pasar por el Congreso”, destacó Domínguez al explicar el alcance que podrían tener las facultades extraordinarias reclamadas por el gobierno a los legisladores.

Aquí la entrevista completa con el Director de Red Consultora:

“La pelea, más que por los 3 o 4 pesos establecidos por dólar exportado, deben apuntarse a intentar limitar la delegación de facultades que el Gobierno le pide al Congreso”, advirtió Domínguez.

Luego explicó: “La Constitución es muy clara y dice que para que la delegación sea válida debe tener un plazo y un marco”. Eso fue lo que volvió a reclamar el Gobierno al Congreso en el proyecto de Presupuesto: estirar el plazo hasta 2020 el marco de crisis económica.

“El último plazo estaba vencido en 2010, pero nadie se quejó a finales de 2015 porque se tocaron para bajarlas”, recordó el experto. Ahora, si se aprueba la Ley de Presupuesto como fue enviada, el artículo 83 deja en claro que las retenciones pueden elevarse hasta el 33 % hasta el 2020 y con la posibilidad de eliminar el carácter transitorio de las mismas.

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Rebobinemos Don Inodoro: Hace unos días, Mauricio Macri lamentó tener que dar marcha atrás con su principal promesa de campaña al agro, que había sido la eliminación de todas las retenciones menos la de la soja, que iría bajando paulatinamente. Tras dar ese pésame, y en el marco de una fortísima devaluación y de las negociaciones con el FMI, el gobierno redujo las retenciones originales vigentes para el complejo sojero al 18% y para todos los sectores creó una neo-retención de 3 o 4 pesos por dólar exportado. Esto implica que la soja y sus derivados terminaron pagando entre 28 y 30%, mientras que el resto de los productos y servicios ahora dejan en las arcas oficiales un tributo de entre 7 y 12%, según cual sea su agregado de valor.

Ahora que se conoce la letra chica del presupuesto 2019 que se envió al Congreso para su discusión se sabe que el Gobierno se reserva la chance de “fijar derechos de exportación cuya alícuota no pueda superar el 33% del valor imponible o del precio oficial FOB”, según dice el artículo 83. Y que pretende hacerlo aun más allá del primer gobierno de Macri, es decir hasta fines de 2020.

Es decir que lo que hasta hace pocos días era una retención máxima del 12% para todos los productos exportables (menos la soja) podría convertirse de pronto en un mordisco de hasta 33%. Y avalado por el Congreso.

Esto del aval legislativo es otra modificación importante, porque hasta ahora (como hacía el kirchnerismo en sus gestiones tan criticadas por el macrismo opositor de aquel entonces), el Ejecutivo actual se arrogaba el derecho de definir sobre la estructura de retenciones sin consultar al Congreso, como definen realmente las normas.

Por eso el artículo 84, que sigue al que deja la puerta abierta para una nueva suba de las retenciones, pide al Congreso que de por válidos todos los decretos y resoluciones que alteraron los impuestos a la exportación desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri. Incluyendo el decreto inicial que eliminó el tributo para la mayoría de las posiciones arancelarias, el 16 de diciembre de 2015, cuando el campo tocaba el cielo con las manos. 

El consultor Andrés Domínguez, que fue uno de los redactores de aquella plataforma de campaña de Cambiemos, explicó que con estos dos artículos “finalmente el gobierno ha reconocido que necesita una Ley para modificar las retenciones e incluyó el pedido de delegación de facultades al Congreso en el Presupuesto 2019, tal como veníamos pidiendo”.

“Además incluye en el proyecto la ratificación de todos los decretos de esta gestion desde 2015 en temas de retenciones, lo que confirma la necesidad de una delegación expresa para que las retenciones fijadas por el Ejecutiva no puedan ser atacadas de inconstitucionales”, añadió el especialista.

Para Domínguez, “de aprobarse esta delegación, se confirma la transitoriedad de las retenciones hasta dicimebre de 2020 (estrictamente no serán transitorias las retenciones, pero sí la facultad para modificarlas por parte del PEN sin intervención del Congreso). Ahora queda la definición en manos del Congreso”, insistió. 

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