En una resolución de la ANMAT, organismo al cual reporta el INAL, se dispuso sacar de circulación “los productos: Leche en polvo descremada instantánea fortificada con vitaminas A y D, RMPA 21-101498 y Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D, RNPA 21-101499, con el símbolo de alimento libre de gluten, marca Great Valley”.

La leche presuntamente había sido elaborada por un establecimiento registrado para el número RNE M-522300 y fraccionados por Great Valley, una firma de Río Cuarto. Pero una investigación iniciada por el Gobierno de Santa Fe determinó que el producto en realidad carecía de registros sanitarios, consignaba el registro de establecimiento inexistente y utilizaba registros de producto de alimentos pertenecientes a otra razón social. Para colmo, consignar el símbolo de alimento libre de gluten sin estar autorizado.

Resultó entonces que esas leches en polvo eran “productos falsamente rotulados y en consecuencia ilegales”

Las actuaciones las inició la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAl) en el marco de un programa de monitoreo. Al tropezar con estas leches, los funcionarios santafesinos tomaron muestras de las mimas en la localidad de Firmat.

Al comenzar a indagar primero descubrieron que el RNE declarado no se correspondía con ninguna jurisdicción provincial del país y en cuanto a los registros de producto (21-101499 y 21-101498) pertenecían a productos de la razón social La Ramada SA.

La agencia realizó una auditoria en el establecimiento ubicado en Franck, Santa Fe, pero allí “no detectó los productos denunciados ni sus rótulos”. Además la empresa santafesina “manifestó no tener relación comercial ni conocimiento de la firma Great Valley”.

Puesto en alerta el sistema nacional, el INAL realizó una consulta a la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la Provincia de Córdoba, para verificar si esa firma de Río Cuarto se encontraba autorizada. La respuesta fue que ese registro era “inexistente”.

Así que la leche en polvo resultó ser totalmente trucha. Carecía de registros sanitarios, declaraba un registro de establecimiento inexistente y también apeló a registros de producto de alimentos pertenecientes a otra razón social, La Ramada SA.

“Por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República”, informó el INAL en la resolución. Pero el caso es grave y debería seguir a esta prohibición una investigación judicial.

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¿Casualidad o causalidad? Con ese universo digital nuevo por explorar, todos los ojos pasaron a estar puestos sobre Rosina. “Hace 12 años que opero en Mercado Libre como compradora y vendedora. La gestión anterior me pidió si me podía sumar a la parte operativa y detectar con las áreas técnicas cuáles eran los temas más sensibles y cómo abordarlos”, contó a Bichos de Campo la mujer que ahora coordina el Programa de Fiscalización y Monitoreo en medios digitales de esa entidad.

Desde el 2012 Senasa sostiene un convenio con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para articular estas áreas de trabajo. Desde el año pasado comenzaron a operar en conjunto con Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperin, para controlar publicaciones y perfiles que ofrezcan productos veterinarios y farmacológicos destinados a mascotas, animales no domésticos, alimentos para animales sin registro, fertilizantes, fitosanitarios, u otros insumos que violen las normativas vigentes.

Leicht se enorgullece al pensar que es el primer convenio que Mercado Libre -la plataforma de comercio electrónico más grande Latinoamérica y que abarca el 86% de la venta electrónica en Argentina- firma con un organismo sanitario.

Luego de presentar un informe detallado de cómo evolucionaba el convenio ante las nuevas autoridades, que ingresaron al organismo en diciembre del año pasado, los números que se manejaban en la detección de infracciones mostraron la necesidad de ampliar esfuerzos. “La realidad es que hasta que uno no toma conocimiento del gran universo que es el comercio electrónico no puede dimensionar lo que ve porque no lo ve. El Senasa nunca tuvo presencia”, afirmó Leitch.

Luego de intercambiar experiencias con la ANMAT, que trabaja hace 8 años realizando fiscalizaciones, la ahora ex secretaria armó un proyectó que presentó a las autoridades, donde se proponía ampliar la cobertura y realizar controles más allá de Mercado Libre. Ella justificó la propuesta afirmando que no se deber tener una mirada sesgada porque sino la vista sería “sólo de un árbol y no del bosque”.

El objetivo del programa es proteger al consumidor y darle herramientas para identificar qué producto está comprando. El principio rector es la concientización más que la prohibición y el castigo.

“Es más la cantidad de normas que uno desconoce que las que conoce. Hay gente que comercializa sin saber que hay un marco regulatorio. Cuando vos prohibís, generás un canal paralelo mucho más grande, al que es difícil de acceder”, dijo Leicht.

Agregó que “el que quiere acceder de forma sencilla a un compuesto químico probablemente no lo busque por internet y lo consiga igual.”

Hasta el momento, se han detectado 12.450 publicaciones en infracciones y han sido dadas de baja. De ese total de productos, 10.965 reportes correspondían a artículos o productos veterinarios, farmacológicos, y animales cuya comercialización está prohibida; 867 reportes corresponden a artículos como alimentos para animales, productos orgánicos, ecológicos y biológicos y 708 reportes, corresponden a artículos como agroquímicos, fertilizantes y plantas, entre otros.

La mayor cantidad de infractores se encontró en la provincia de Buenos Aires y en CABA, seguido por Córdoba, Santa Fe y Mendoza. La gran incidencia de este programa puede observarse en la actualización del listado de Productor Prohibidos por parte de Mercado Libre, que se encuentra en sus “Términos y Condiciones de Uso del Sitio”.

Rosina, el cerebro detrás de este programa, destaca que la iniciativa en primer lugar permite transparentar la operatoria comercial online al 100%, convirtiéndola en auditable y trazable. “Como organismo público tenemos que poder rendir cuentas”, dijo.

En segundo lugar, el programa no consume ningún insumo material por lo que es amigable con el ambiente, y por último no genera erogación alguna del estado.

“Las buenas iniciativas no necesariamente tienen que generar un gasto presupuestario. Se trabaja con profesionales y técnicos del Senasa, no se sumo gente al equipo”, concluyó.

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