El jefe de una experimental encontró, en pleno auge del covid, a varios trabajadores compartiendo el mate y no tuvo más remedio que aplicarles un día de suspensión, como sanción muy leve por el riesgo sanitario que esta actitud implicaba para todo el resto del personal. Pero los reprendidos tenían muy buena llegada con el gremio APINTA, que reclamó directamente al director nacional del organismo, Carlos Parera, quien insólitamente desautorizó al funcionario y ordenó levantar  esa suspensión.

Parera ya había dado muestras de docilidad frente a ese tipo de presiones cuando ordenó, hace unos meses, dar marcha atrás con un pedido del director del Centro Regional Buenos Aires Norte, Hernán Jorge Trebino, para que la justicia les permita continuar allí con una serie de ensayos sobre aplicaciones de agroquímicos que se veían amenazados por el fallo que prohíbe las fumigaciones a 1095 metros en torno a los centros poblados de Pergamino. La sede local del INTA está dentro de esa franja de prohibición.

La grieta por los agroquímicos vuelve a apoderarse del INTA: El director nacional desautorizó un pedido de la Experimental Pergamino para poder seguir investigando

En el INTA Balcarce, una de los principales enclaves de investigación agropecuaria del país, ya se han producido también algunas renuncias de profesionales reconocidos por razones de índole política.

A esta altura, lo que está quedando muy claro es que el INTA vive un intenso proceso de politización que altera la vida institucional. La empobrecedora grieta que se vive en todos los eslabones de la sociedad tiene su propio capítulo en este instituto público, que debería ser lo más aséptico posible y ofrecer espacios de paz y tranquilidad para el desarrollo de sus investigaciones.

En declaraciones radiales, el secretario general de APINTA, Mario Romero, blanqueó esta situación de modo más que generoso, reconociendo que hay sectores del organismo -incluso su gremio- que impulsan este tipo de  enfrentamiento entre modelos más que a hacer lo que deberían hacer: defender a sus afiliados para que puedan generar investigación y extensión agropecuaria. Por supuesto que -un clásico- el sindicalista le echó la culpa de esta colisión al otro gobierno, el de Mauricio Macri.

“En el INTA la línea de conducción administrativa es de carrera, el director nacional es de carrera (en referencia a Parera). Pero las grandes políticas se manejan desde el Consejo Directivo, donde hoy las votaciones son perdidas por el oficialismo, desde el tema de sumarios administrativos hasta algunos concursos para cubrir cargos. Se están avalando irregularidades que estamos denunciando y que van a terminar en la justicia”, amenazó el sindicalista.

Escuchá ese reportaje completo a Mario Romero en Radio Gráfica:

“La verdad que un organismo como el INTA debería estar acompañando políticas activas del gobierno, que a veces se ven retardadas por estos tipos que están poniendo palos en la rueda. Son los mismos que hablan de que el Estado no responde, que el gasto es excesivo, y que cuando estuvieron en el gobierno (en referencia a los cuatro años de macrismo) aplicaron políticas de restricciones presupuestarias. Pero son los mismos que cobran 150 mil pesos por mes y no se pueden mover”, amplificó Romero, dejando muy en claro cuál es el tenor del enfrentamiento. El sindicalista reclamó “democratizar estas representaciones”.

“El máximo nivel de decisión del INTA es el Consejo Directivo, regido por un presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo Nacional. El Consejo Directivo integra un cuerpo colegiado con cinco representantes del sector público y cinco del sector privado. De esta manera se garantiza una activa participación del sector productivo en la fijación de las políticas y las estrategias globales de decisión institucional, como así el control social de su accionar”, define la página web del INTA sobre el órgano de conducción que ahora APINTA ubica como principal escollo para poner al organismo en línea con el “proyecto nacional” del gobierno de Alberto y Cristina.

Por el Estado figuran en esa Consejo Directivo la presidente del INTA, Susana Mirassou; y el vicepresidente Tomás Schlichter, además de un representante del Ministerio de Agricultura, Manuel Pedreira. El sector público aporta además dos representantes por la universidad: Por las facultades de Ciencias Agrarias aparece Liliana Monterroso y por las de Veterinaria lo hace Humberto Luis José Occhi.

Pero luego hay cinco representantes de las entidades gremiales y técnicas de los productores: AACREA con Alejandro Conci; Coninagro con Nicolás Carlino; CRA con Sergio Melgarejo; la Federación Agraria con Pablo Paillole; y la SRA con Santos Zuberbhuler.

Según la visión de principal gremialista del INTA, los representantes tanto de la Universidad como de las entidades rurales son quienes frenan que el organismo se encolumne más decididamente con los planes del actual gobierno. Para Romero, el poder de veto de la Mesa de Enlace se podría resolver ampliando ese consejo directivo a representantes de la pequeña agricultura familiar, la industria metalmecánica y los propios trabajadores.

En esta encarnizada discusión por el poder, en sus declaraciones mintió Romero cuando dijo que la conformación actual del Consejo Directivo del INTA fue decidida por un decreto de la dictadura. En realidad fue una medida del gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Se trata del decreto 287 del 10 de marzo de 1986.

Más allá de que 35 años después puede parecer razonable discutir las representatividades en dicho órgano de conducción, resulta inevitable remarcar que lo que sucede actualmente dentro del INTA es un intento de los sectores ligados al kirchnerismo de controlar todos los hilos de poder dentro del instituto.

Esta ofensiva no siempre es bien vista por los sectores más académicos dentro del INTA, a los que muchas veces se los cuestiona simplemente por trabajar a favor de un supuesto modelo agrícola antagónico con los intereses nacionales. Utilizar la palabra “agroquímicos” para referirse a un insumo fitosanitario es muchas veces motivo de sospecha. La militancia les dice “agrotóxicos”.

¿Y quiénes protagonizan esta ofensiva que tiene a maltraer a muchos científicos? No solo los gremios como APINTA y ATE bancan estas posiciones. También hay un nutrido grupo de técnicos y profesionales que ingresó al organismo en los últimos tramos del gobierno de Cristina Kirchner, cuando La Cámpora era palabra santa.

Según datos oficiales, para 2018 había 7.993 empleados en el INTA. Más allá de las quejas de los kirchneristas, la gestiones de Amadeo Nicora y Juan Balbín dentro de ese instituto durante el gobierno de Macri evitaron todo lo posible los recortes en la plantilla de personal. Aún a costa de restringir el presupuesto operativo para investigaciones, no hubo allí despidos masivos como los que sí se produjeron en el Senasa o en el propio Ministerio de Agricultura.

No puede dejar de remarcar esta crónica sobre una creciente politización en el INTA la aparición de nuevas expresiones internas, como una flamante agrupación “Frente de Todos INTA”, que en los últimos días ha difundido una proclama a tono con los reclamos de Romero, el sindicalista.

Los kirchneristas empleados en dicho organismo, en ese documento, cuestionan con dureza a la Mesa de Enlace y se encolumna con el gobierno en la presente discusión sobre los altos precios de los alimentos. Justifican la existencia de las retenciones y los controles de precios. Proponen la recreación de una Junta Nacional de Granos (JNG) e insisten con la necesidad de expropiar la aceitera Vicentin, para que el Estado intervenga de manera mucho más decidida en el comercio de granos.

El Frente de Todos INTA, además, reconoce tener serias diferencias con el ala más moderada del gobierno de Alberto Fernández. “Tenemos discrepancias importantes con algunas medidas (o falta de medidas) del Gobierno Nacional y el Ministerio de Agricultura. Marcha atrás con la expropiación de Vicentin y el cierre de las exportaciones de maíz, con la falta de control de los embarques en los puertos”.

Pero también aclaran que no sacarán los pies de la amplia coalición oficialista porque “tenemos claro que a quienes nos enfrentamos son los mismos enemigos del pueblo de siempre: la vieja y nueva oligarquía, los agroexportadores, la Sociedad Rural y sus hijos actuales, la Mesa de Enlace y sus socios”.

No sería grave, acaso un simple estudiantina, si entre los “enemigos del pueblo” estos militantes no listaran a veces a muchos investigadores del propio INTA, que acaso solo tengan el defecto de estudiar cuestiones mucho más terrenales, como el desarrollo sustentable de la producción en humedales, los patógenos en el temible cultivo de la soja, nuevas variedades de arroz que luego sembraría el CEO de Clarín o la posibilidad de introducir de modo sustentable la ganadería en el monte chaqueño.

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“La impugnación alcanza a 7 de los 22 puestos de decisión clave en la estructura del INTA, a los que se accede mediante llamados a convocatoria abierta y pública”, informó la Asociación del Personal del INTA en un comunicado. Ahora, el Consejo Directivo de la institución deberá decidir si hace lugar a esas impugnaciones. De no hacerlo, el gremio queda habilitado para recurrir a la justicia.

Ver Convocan a un concurso para reemplazar a Héctor Espina como director nacional del INTA

Según Mario Romero, el secretario general de APINTA, esos siete concursos no serían válidos porque incluyen requerimientos contrarios a los establecidos por el Decreto Ley 21.680, de creación del INTA, que rige su funcionamiento desde 1956. “La principal incoherencia corresponde a requerimientos de estudios formales necesarios para concursar estos cargos de conducción que exceden a los establecidos por ley”, se argumentó.

¿Cómo se explica esto? Pues porque “los concursos impugnados explicitan como condición excluyente que los candidatos deben contar con maestrías y títulos de posgrado”. No es lo que exige la normativa, donde se estableció que “para el caso del máximo puesto concursado, el de Director Nacional, la ley establece que basta contar con un título de grado de ingeniero agrónomo o médico veterinario”.

“Al tratarse de convocatorias abiertas y públicas, el requerimiento lesiona la igualdad de oportunidades de la ciudadanía para acceder a estos cargos”, argumentó el gremio del Instituto, que argumentó que si el requisito de contar con una maestría fuera “de carácter preferente” y no “una condición necesaria”, no hubiera tenido sentido su impugnación.

“Así, incorporando un requerimiento que no está en la ley, se excluye de estos concursos a gran parte de la ciudadanía, por lo que APINTA solicita expresamente dejar sin efecto las convocatorias observadas y realizar nuevas convocatorias ajustadas a derecho”, explayó el comunicado.

Además del concurso para reemplazar o eventualmente elegir a Espina, los concursos corresponden a los de directores de los centros de investigación en Recursos Naturales y Agroindustria, y los de los centros regionales Chaco-Formosa, Patagonia Sur, Mendoza-San Juan y Santa Fe.

Para el gremio, “los errores detectados son resultado de la discrecionalidad con la se viene manejando el actual Consejo Directivo”. Allí hay un presidente y un vice designados por el Ejecutivo, pero compraten sus decisiones con cinco representantes del sector público y cinco del sector privado. El actual presidente de Juan Balbín, un productor que proviene de las filas de AACREA.

Bichos de Campo informó oportunamente sobre el concurso para reemplazar a Espina, un técnico del INTA asociado con la anterior gestión. Los interesados deben presentarse entre el 15 de julio y el 2 de agosto y, como requisitos, en efecto se les reclamaba tener título universitario de Ingeniero Agrónomo o Médico Veterinario, tener experiencia en cargos semejantes, ya sea en el ámbito público o privado, y haber cursado una maestría. Esa es la piedra de la discordia.

Espina es oriundo de San Julián, provincia de Santa Cruz, y es ingeniero agrónomo recibido en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Ocupó diferentes cargos públicos, pero en su CV, al menos en el que se publica en la página del INTA, no figura que haya realziado un curso de posgrado o una maestría. Ergo, no podría ni concursar.

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El INTA era este lunes un hervidero de rumores y de angustia. La versión más escuchada decía que la conducción del organismo iba a disponer el cierre de tres de los cinco centros IPAF (institutos creados en 2006 para crear y difundir tecnologías específicas para la agricultura familiar), 25 agencias de extensión ubicadas dentro de Estaciones Experimentales, además de decidir sobre la fusión de algunas direcciones nacionales. También, hay que aclararlo, las fuentes consultadas dijeron que no se preveían despidos sino solo un ajuste de las estructuras.

Hace unos días, entrevistado por Bichos de Campo, el presidente del INTA, Juan Balbín, habló de la necesidad de reorganizar la institución para acercarla más a las necesidades de los productores, pero no mencionó el cierre de oficinas e institutos en el interior del país. Tampoco habló de la necesidad de ejecutar nuevos despidos.

Por el contrario, en enero de este año, Balbín declaró al diario Clarín que había cumplido con las metas de ajuste de personal pactadas con el Poder Ejecutivo. “Hemos hecho un achique de planta, en un convenio con Modernización, por el cual hemos pasado de una dotación de 7.600 a 7.000 personas. Hemos cumplido con eso a través de jubilaciones y acuerdos con gente que ha tomado el retiro voluntario. El presupuesto es acotado pero esperamos ser eficientes para sostener el funcionamiento vital del INTA”, indicó el ex presidente de los grupos CREA.

Ver Juan Balbín anticipa una mutación en el INTA: “Se va a interactuar mucho más con el sector privado”

Mario Romero, un dirigente del gremio Apinta, señaló que en realidad desde principios de la gestión de Cambiemos se han perdido 850 puestos de trabajo en el organismo que depende de la Secretaría de Agroindustria, básicamente por el retiro o la jubilación de muchos técnicos y profesiones que nunca fueron reemplazados. También por contratos que no han sido renovados.

“La visión que tenemos nosotros es que nada les alcanza. primero le piden un ajuste al INTA y cuando se hace, le vuelven a pedir otro y otro. Pero ya no hay margen de ajuste en el INTA. Si hay otro ajuste se va a llevar puesta a mucha gente porque ademas no hay guita para funcionar. Ni siquiera hay plata para llevar a cabo los proyectos que aprobó el propio Consejo Directivo en febrero pasado”, contó Romero a Bichos de Campo.

ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, coincidió que el INTA está sumido en estos momentos en una “paralización”. Ese sindicato denunció que “la historia se repite, pues esto se vivió durante la dictadura militar ey el gobierno neoliberal de los ’90”.

Las versiones que cirularon por todo el organismo daban cuenta de que el plan de ajuste incluía la eliminación de los IPAF de la Patagonia, el NEA y el Cuyo, por lo cual sobrevivirían dos centros específicos para pequeños productores en el NOA y la región pampeana. Además se borrarían de la estructura 25 agencias de extención (son las que s eocupan de divulgar las tecnologías entre los productores de la zona, que están funcionando en igual cantidad de Estaciones Experimentales Agropecuarias (EEA) del instituto.

Pero además se achicarían un 20% todas las estructuras de conducción en el INTA central y las regionales. Es decir, a poda alcanzaría también a los asistentes regionales, a los directores y coordinadores de algunas áreas.

El Presupuesto 2019 que preparó el Ministerio de Hacienda era de 7.516 millones de pesos, pero en esas condiciones más del 90% de ese dinero debía ser destinado a pagar los salarios del personal. A último momento el Congreso le asignó un pequeño adicional, que por lo visto tampoco alcanza para motorizar los diversos programas que lleva a cabo el organismo.

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