El documento brinda una serie de recomendaciones para aquellos que deseen elaborar y promover una legislación local actualizada sobre el manejo y la aplicación de productos fitosanitarios en municipios, partidos o departamentos de nuestro país.

“Esta iniciativa surge como respuesta a la creciente preocupación de toda la sociedad acerca de los potenciales efectos negativos de las prácticas realizadas en el campo”, indicó la Red BPA por medio de un comunicado.

“De manera proactiva, la Red BPA pone a disposición esta herramienta que aporta recomendaciones concretas para promover la implementación de las Buenas Prácticas a nivel local. Será sin duda una base de consulta para intendentes y Concejos Deliberantes al momento de analizar o redactar normativas en el ámbito local”, añadió.

El primer documento sobre “Recomendaciones para Normativas de Departamentos, Municipios y Partidos que Regulen sobre Aplicaciones de Productos Fitosanitarios” se publicó en 2017. En la actualización lanzada esta semana se incorporan los consensos técnico-científicos alcanzados por el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Gestión de Productos Fitosanitarios, elaborado e impulsado por la Red BPA.

“Este documento está alineado con los objetivos planteados por la mesa de trabajo, ya que prioriza el cuidado de la salud y del ambiente, al mismo tiempo que promueve un desarrollo productivo sostenible en sus tres dimensiones: social, económica y ambiental”, remarcó la Red BPA.

“Aún queda mucho por hacer, pero estamos convencidos de que este manual aporta una base común de consenso y compromiso en Argentina”, concluyó.

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El documento cuenta con una guía didáctica para la inspección del sistema de pulverización de los equipos, que está basada en normas internacionales y optimizada con más de 70 equipos evaluado

La guía contempla criterios para la evaluación de la barra de pulverización, del depósito de caldo de pulverización y sistema de carga, filtros y tuberías, bomba de pulverización, sistema de agitación, incorporador del producto, sistemas de medición y controles, picos y pastillas, distribución transversal y velocidad de avance, además de pautas para la generación de un informe sobre los defectos relevados.

En lo que respecta, por ejemplo, a la precisión del manómetro, se indica que la precisión del mismo debe ser de ±0,2 bar para presiones de trabajo comprendidas entre 1 bar (incluido) y 2 bar (incluido). Para presiones superiores a 2 bar, el manómetro debe medir con una precisión de ±10% del valor real.

El fiel del manómetro debe permanecer estable para permitir la lectura, una a una, de las presiones de trabajo. Con el sistema de pulverización funcionando, se debe observar si el fiel permanece estable en cada lectura. También se recomienda la evaluación mediante un ensayo que abarque presiones entre 1 y 6 bar, con intervalos de 0,5 bar, de manera tal que la comprobación se realice en sentido creciente y descendiente de la presión.

En cuanto a la distribución transversal, la misma se evalúa teniendo en cuenta que el coeficiente de variación (CV) no debe superar el 10% y la cantidad de líquido recogido en cada canaleta del banco de ensayo de pastillas en la zona de solapamiento no debe variar en más de un ±20% del valor medio total.

Para realizar esa evaluación –se indica– es necesario contar con un banco de ensayo especializado de determinación de distribución transversal de líquido pulverizado. El evaluador deberá colocar la barra de pulverización a una altura de 50 centímetros; fijar una presión de ensayo dependiendo de las características de las pastillas utilizadas; colocar el banco de ensayos debajo de la barra de pulverización, procurando que el líquido pulverizado sea recogido por el mismo; no colocar las probetas al final del banco de ensayo; y accionar el sistema de pulverización por dos a tres minutos antes de iniciar el ensayo.

Posteriormente, el inspector debe colocar las probetas al final del banco de ensayo y hacer funcionar la máquina por un tiempo determinado, suficiente como para llenar tres cuartas partes del volumen total de las probetas; visualizar la uniformidad de distribución de la barra a partir de indicadores dentro de las probetas; registrar el volumen recogido en cada probeta y realizarle los análisis pertinentes para conseguir calcular índices como el CV, caudal total y caudal medio.

A partir de la información obtenida, deben elaborarse los correspondientes histogramas de distribución. El volumen total pulverizado se determina a partir de la suma de las cantidades de líquido recogidas en las diferentes canaletas. Y para determinar el valor medio total se dividirá el valor total por el número de canaletas que hayan recogido líquido.

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El pasado 16 de marzo el juez Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de La Paz, Diego Rodríguez, en el marco de un amparo ambiental interpuesto por Elio Fabián Kohan, integrante de la “Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos Basta es Basta”, declaró inconstitucional la normativa provincial (resolución Nº 37) que establece una distancia de 50 metros para aplicaciones terrestres de agroquímicos en lugares donde existan casas o caseríos lindantes a lotes de uso productivo para extender ese límite a los 100 metros.

Pero la cuestión es que el amparo presentado por Kohan contra la Comuna de Colonia Avigdor y, en subsidio, contra el gobierno de la provincia de Entre Ríos, se hizo a partir de una supuesta aplicación aérea ocurrida el pasado 9 de febrero sobre Colonia Avigdor, aunque no existe ningún responsable identificado al respecto.

La resolución de Rodríguez fue calificada por el Superior Tribunal de Justicia como un pronunciamiento que “luce un exagerado activismo judicial que suple la pretensión y voluntad de la parte actora, resolviendo de modo puramente voluntarista aspectos no planteados por la demandante”.

El fallo indica que María Mercedes Pérez, presidenta de la Comuna de Colonia Avigdor, así como Sebastián Trinadori y Adriana Abrigo, representantes legales del Poder Ejecutivo de Entre Ríos, “denunciaron la existencia de una incongruencia, tanto en la pretensión como en los hechos alegados, en tanto que no se ha acreditado ninguno de ellos, ni siquiera la amenaza de un daño al ambiente que justifique la acción promovida”.

El texto además se burla del juez de La Paz, dado que advierte que, si la denuncia correspondió a una supuesta aplicación aérea indebida, la norma por aplicar es el decreto N° 279/2003, que prevé la prohibición de aplicaciones aéreas de agroquímicos dentro de un radio de 3,0 kilómetros a partir del perímetro de una planta urbana.

También deja constancia que “la pretensión esgrimida por el demandante, en los términos en que fue concebida, deviene palmariamente improponible, no solamente por su manifiesta imprecisión, sino también por su indefinida generalidad, toda vez que no se logra entender cuál sería en concreto la lesión ilegítima de un derecho ni la supuesta pretensión preventiva que articula”.

El fallo estipuló que la parte vencida (Kohan) deberá hacerse cargo de las costas del proceso, las cuales fueron establecidas en una suma total de 107.100 pesos.

El fallo fue firmado por Daniel Omar Carubia, Claudia Mizawak, Juan Ramón Smaldone y Susana Medina (en disidencia parcial).

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El Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa (CIALP) expresó su “decepción” con la aprobación de la nueva norma al considerar que los legisladores no tuvieron en cuenta las recomendaciones elaboradas por la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave) luego de un trabajo de consenso que demoró tres años.

“Nuestra Institución fue convocada en octubre de 2016 por la Dirección de Agricultura del Ministerio de la Producción de la Provincia de La Pampa, con el objeto de constituir la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal”, señaló CIALP por medio de un comunicado.

En dicha comisión participaron funcionarios provinciales de la Subsecretaría de Ambiente, la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud y la Dirección de Agricultura Familiar del Ministerio de Desarrollo Social junto con referentes de las Facultades de Agronomía y de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa, del Ministerio Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, INTA, Senasa, CEPIA y asociaciones de productores, además de representantes de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de General Pico.

“Aceptamos el desafío de trabajar arduamente durante más de tres años para modificar, modernizar y mejorar la Ley de Agroquímicos 1173 vigente desde el año 1989”, explicaron los agrónomos pampeanos.

En febrero de 2020, durante el debate de un proyecto diseñado por el subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Tittarelli, representantes de CIALP fueron convocados por la Cámara de Diputados para presentar evidencias y opiniones al respecto.

“En el mes de agosto del corriente año acercamos un nuevo análisis con recomendaciones, entre las cuales propusimos la modificación de varios artículos”, indicaron. Entre las recomendaciones realizadas se destacan las siguientes:

– Incorporar especialmente y en un capítulo exclusivo, el concepto de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) elaborado por la Red de BPA.

– Establecer las distancias de pulverización teniendo en cuenta recomendaciones elaboradas en la Coprosave, datos y mediciones de la Red de BPA y de la legislación internacional y trabajos e informes científicos de organismos públicos nacionales e internacionales que estudiaron el tema;

– Utilizar el remito de compra para realizar la trazabilidad del expendio de insumos sin necesidad de crear otro instrumento (receta de compra) que duplica el trámite.

–  Que el asesor técnico sea un profesional con incumbencias habilitantes en la materia, debidamente matriculado en el CIALP.

– Asignación específica de los fondos generados en el Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Plaguicidas por tasas y multas a las actividades relativas al cumplimiento de la presente ley, evitando el desvío de fondos a otras finalidades.

“Durante el transcurso del año fueron convocadas a participar distintas organizaciones que brindaron numerosas sugerencias ante la Cámara de Diputados, pero finalmente se aprobó el anteproyecto de ley original (diseñado por Tittarelli), sin modificaciones sustanciales y desconociendo los mencionados aportes científicos, por lo que nos sentimos defraudados en nuestro sano pensamiento y claro accionar”, apuntaron.

“Lamentablemente se desperdició la oportunidad de promulgar una ley modelo, consensuada y equilibrada. Solicitamos que en la reglamentación de la ley se consideren los fundamentos científicos aportados por profesionales, formados mayormente en nuestra provincia, de modo de garantizar una coherente implementación de la ley con la finalidad de asegurar el bienestar de todos los pampeanos”, solicitaron.

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