“Los datos preliminares muestran que 10.000 individuos con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos cumplieron con las obligaciones previstas por la ley”, indicó la AFIP en un informe publicado este lunes.

A contramano de lo que se afirmaba desde sectores oficialistas que intentaron mostrar un elevado nivel de rechazo de los ricos a esta aporte solidario y una supuesta judicialización del mismo, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, reconoció que al día de la fecha “la mayoría de los contribuyentes alcanzados por el Aporte solidario y extraordinario cumplieron con su obligación”.

“Los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que nos impone la pandemia”, expresó la funcionaria. La distribución prevista por ahora será la siguiente:

Desde la administración tributaria remarcaron que, de acuerdo a lo establecido por la ley, los recursos generados por el Aporte solidario y extraordinario serán destinados directamente a financiar:

• Alrededor de $45 mil millones, equivalente a un 20% del total recaudado, será destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.
• Una suma similar, otro 20% de los ingresos preliminares del aporte, irán a subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.
• A las becas Progresar les corresponderá una inyección adicional de recursos equivalente al 20% del total que será recaudado. Los fondos permitirán reforzar este programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica.
• Más de $33 mil millones, o un 15% de la recaudación observada hasta el momento, será destinado a la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
• Cerca de 55 mil millones, el 25% de los fondos, financiarán programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional.

“Los contribuyentes que presentaron su declaración jurada y pagaron el Aporte solidario y extraordinario representan el 80% del universo potencial estimado por la administración tributaria durante el debate parlamentario”, destacó el comunicado oficial. En pocas otras ocasiones se vieron niveles de cumplimiento tan elevados.

Para cobrar lo que resta, la AFIP informó que “ya inició un número relevante de fiscalizaciones integrales a contribuyentes millonarios que omitieron completar las declaraciones juradas e ingresar los pagos correspondientes”.

“Los procedimientos abiertos a través de la DGI permiten analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días donde el organismo está habilitado a solicitar información detallada”, se amplió.

Estas estimaciones sobre el destino de los fondos son preliminares ya que la AFIP continuará con los procesos de fiscalización iniciados sobre quienes no presentaron sus declaraciones juradas. “Asimismo, se espera que a lo largo de las próximas semanas avancen en los juzgados las causas iniciadas por distintos contribuyentes millonarios para no pagar el aporte”, indicó el organismo.

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En un debate que se extendió durante cuatro horas, los senadores dieron sanción definitiva al proyecto proveniente de la Cámara de Diputados, para crear así un “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio (Frente de Todos; Córdoba), dijo que “es un aporte direccionado a las personas más ricas” y aseguró que el propósito del mismo es colaborar “para que el país mejore, siendo solidarios”.

Además Caserio –según in informe publicado por Fundación Barbechando– se refirió al sector agropecuario y dijo que, de los productores rurales del país, que estimo en alrededor de 500.000, según cálculos de la AFIP, los alcanzados van a ser “un porcentaje mínimo”.

A su turno, Martín Lousteau (UCR; CABA) se opuso a la iniciativa alegando que el aporte se puede conseguir por otros medios: derogación de jubilaciones de privilegio o regímenes especiales o recabando tres mandatos de ganancias de mutuales o un mandato de déficit de empresas públicas. Asimismo, apuntó a que el proyecto implica una doble imposición, ataca pasivos, no grava el dinero en negro (informal) y le quita fondos a las provincias.

Julio Cobos (UCR; Mendoza) se refirió a la carga impositiva y propuso simplificar el sistema tributario. “Tenemos muchas herramientas válidas para mejorar las condiciones tributarias y también para simplificarle la vida a los empresarios para que puedan invertir y sacar el país adelante”, concluyó.

Desde el oficialismo, Jorge Taiana (FDT; Buenos Aires) se refirió a que la comunidad debe actuar a favor de un principio de equidad y dijo que el aporte no apunta a las empresas: “Son personas humanas que tienen una gran acumulación de capital y lo que se les está pidiendo es un aporte extraordinario para contribuir a paliar esta difícil situación”.

El ex gobernador puntano, Claudio Poggi (Avanzar San Luis) se mostró preocupado por “todos los otros que entran en el impuesto, que no son ricos, y que tienen afectados todos sus bienes productivos a la producción”, que son motores económicos de ciudades y pueblos del interior, sin liquidez y que deberán vender parte de su equipamiento para pagar el impuesto. “Es absurdo las consecuencias negativas que va a tener para ese sector productivo este impuesto”, aseguró.

Humberto Schiavoni (PRO; Misiones) se lamentó porque se castiga a quien puede ayudar al país: “La única manera de crecer en la economía es a través de la inversión”, dijo y se refirió a las inconsistencias legales y constitucionales, dado es confiscatorio, viola el principio de igualdad y es retroactivo.

En la misma línea, Silvia Elías de Pérez (UCR; Tucumán) dijo que el gobierno “ha sido el abanderados de crear impuestos” y detalló los más de quince impuestos creados o aumentados en lo que va de la gestión de Alberto Fernández. “Esto aumenta la incertidumbre y no permite la inversión ni la producción”, concluyó.

Mariano Recalde (FDT; CABA) dijo que no era real que algunas personas tuvieran que vender bienes: “Tienen liquidez para enfrentar lo que tiene que pagar. Solo se vería afectado un 25% de su capital”, dijo (sic).

A su turno, Juan Carlos Marino (UCR; La Pampa) afirmó que la nueva contribución “no ayudará a morigerar nada”, sino por el contrario, “seguirá espantando inversiones” y desalentando la desinversión. “Se crea un impuesto que le pega en la línea de flotación a las empresas agroindustriales, industriales y de servicios”, apuntó.

También se refirió al impacto del nuevo impuesto sobre el sector agropecuario: “le pega al campo” al gravar los inmuebles rurales sin siquiera establecer un mínimo no imponible que no queda exento.

Como portavoz oficial, Oscar Parrilli (FDT; Neuquén) apuntó contra el sector agropecuario al recordar que en 1860 se beneficiaron de las políticas del Estado al enriquecerse con la entrega de tierras en cuotas fijas y a bajo costo. “Hicieron fortuna gracias a la acción del Estado”, dijo y argumentó que el proyecto es “ético” porque apunta a que aporten los que más beneficios han recibido.

A modo de cierre, recordó que el nuevo impuesto apunta a devolver las 40 millones de hectáreas que fueron apropiadas por 1840 familias históricas del país familias. “Lo único que se les pide es que hagan un pequeño aporte para el pueblo argentino”, concluyó.

El jefe del Interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Petcoff Naidenoff (UCR; Formosa) dijo que “el que genera expectativas es el sector privado” y se lamentó porque “en lugar de atraer, la Argentina expulsa”.

Asimismo le respondió al senador Parrilli al referirse al sector agropecuario: “No hay que desalentar la inversión. Este error ya lo cometieron con la 125 (en 2008)”, dijo y apuntó contra “un prejuicio ideológico”, contra la propiedad y la ruralidad. “Acá hay relato y mala praxis”, fustigó.

Para el cierre por parte del oficialismo, Anabel Fernández Sagasti (FDT; Mendoza) aseguró que 9300 personas “que tienen grandes fortunas” serán solamente los que van a pagar. La mendocina también se refirió directamente al sector agropecuario, “que se victimiza” y aseguró que “ninguno va a tener que vender nada (para abonar la contribución)”. “

“Esas fabulas de vender maquinas, campos y propiedad es una zoncera que repiten por no poder decir por qué no acompañan esta medida”, apuntó Fernández Sagasti.

La nueva contribución impactará directamente en los bienes productivos, los bienes de cambio (sementera, existencias de granos, hacienda), la maquinaria y todos los demás activos, tomando como base imponible inclusive aquellos exentos en la Ley de Bienes Personales, como los inmuebles rurales.

Afecta directamente Pymes, ya que el dueño final de su capital accionario es una persona humana. Alcanza todos los activos que posea una persona humana o una sucesión indivisa, incluyendo la participación que tenga en una sociedad productiva. No contempla la rentabilidad ni la liquidez disponible

Además constituye un impuesto confiscatorio: los gravámenes al patrimonio –Bienes Personales junto con el “impuesto a la riqueza”– en su máxima escala alcanzan al 7,5%, es decir, para hacerle frente al aporte, el sujeto alcanzado debe vender parte de su patrimonio.

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Un documento publicado por la Fundación Barbechando ahora insiste en desmentir esa cifra. Afirma que, “según el oficialismo, la iniciativa alcanzaría a menos de 11 mil personas. Sin embargo, el cálculo es mayor: los inmuebles rurales quedan alcanzados -por el incremento de la base imponible, con principal impacto de aquellos adquiridos de 2018 en adelante- y el tipo de cambio considerado para valuar los bienes en dólares -brecha entre diciembre 2019 y la fecha de promulgación de la ley-“.

Las aclaraciones corren por cuenta de la contadora Ángeles Naveyra, que es asesora impositiva de empresas agropecuarias y miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA. En el texto publicado por Barbechando, la profesional analiza el impacto del proyecto de ley promovido por Heller, que ya cuenta con dictamen y que será tratado antes de fin de año. La iniciativa prevé un “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.

Naveyra recuerda que durante su debate en comisión, y luego de cinco reuniones informativas, el texto del dictamen sufrió algunas modificaciones, entre ellas que la fecha que se tendrá en cuenta para el cálculo del patrimonio será la de la sanción de la ley y no el 31 de diciembre de 2019, como estaba originalmente propuesto.

“Este cambio es clave, ya que impacta en el tipo de cambio a utilizar, en las valuaciones fiscales de los inmuebles rurales (el impacto en muchas provincias es enorme) y en la revaluación de todos los bienes en general, que deberán ser calculados a la fecha de promulgación de la Ley y no al 31 de diciembre de 2019”, explicó la profesional.

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Naveyra, en el artículo, respondió varias preguntas:

-¿Quiénes se verían alcanzados por este aporte obligatorio?

-Todas aquellas personas humanas y sucesiones indivisas que hayan declarado, a la fecha del dictado de la Ley, un total de bienes que sea igual o mayor a los 200 millones de pesos, incluyendo muchos de los bienes que hoy están exentos según la Ley de Bienes Personales, como los inmuebles rurales, las cajas de ahorro, los plazos fijos, la casa habitación, los bonos argentinos y algunos bonos extranjeros.

Las alícuotas para bienes en el país son de entre el 2% y el 3.5%, que dependerá de si el patrimonio ronda los 200 millones de pesos, los 300 millones o incluso supera esa cifra. El pago mínimo sería de no menos de 4 millones de pesos.

-¿Cómo sabe un productor agropecuario si es alcanzado por este impuesto?

La Ley de Bienes Personales es la base del cálculo para la valuación de los bienes. Pero también es el origen del debate de uno de los puntos más controversiales del proyecto: según el texto, la base imponible de este aporte considerará todos los bienes, independientemente de aquellos bienes exentos en la Ley de Bienes Personales, como son los inmuebles rurales. Además, tampoco se permite la deducción de los eventuales pasivos que tenga el contribuyente y no se aplicaría el mínimo no imponible.

De esta manera, al valor del Activo que se obtenga por la Valuación del Inmueble rural, debe sumarse el Patrimonio o Capital de la empresa unipersonal o de la sociedad de capital que lleve adelante la producción en el campo ya que quedan alcanzadas también las sociedades. Recordemos que en el Impuesto a los Bienes Personales, las sociedades de capital quedan exentas ya que pagan por vía de Responsable sustituto.

-Entonces: ¿Cómo calculo la valuación de los inmuebles rurales?

-Dentro de la producción agropecuaria, los inmuebles rurales son uno de los bienes más importantes y se valuarán de acuerdo a la Ley de Bienes Personales, a su costo de compra, adquisición o herencia, o a su Valuación fiscal, el mayor de ambos. La clave para saber si el inmueble queda contemplado dentro del aporte extraordinario es la fecha de su incorporación al patrimonio.

De esta forma, cuánto más antigua es la fecha de adquisición, menor será su valor, y por ende se considerará el valor fiscal. Por el contrario, los inmuebles adquiridos más recientemente -entre 2 y 4 años atrás- van a ser valuados al valor de compra, y posiblemente queden alcanzados.

-¿Qué pasa con los inmuebles donados y las acciones de sociedades?

-Respecto a la donación de Inmuebles rurales con reserva de usufructo, la Ley de Bienes Personales define que deben ser declarados por el usufructuario, y no por el nudo propietario. Es por esta razón que en el nuevo impuesto a la riqueza los inmuebles rurales donados formarán parte de la base imponible de aquel que haya realizado la donación. La clave es revisar la base imponible en estos casos, incluyendo el impacto del Inmueble rural, ya que en la Ley de Bienes Personales están exentos.

Otras exenciones en Bienes Personales son las acciones de sociedades que cotizan en Bolsa y las que no cotizan en Bolsa -sociedades de familia, por ejemplo-, pero dada la redacción de este proyecto también se verían alcanzados por el impuesto.

De esta manera la sociedad que lleva adelante la producción en el campo, la que tiene los tractores, maquinaria, sementeras, y todos los activos necesarios para desarrollar la actividad, queda gravada con este impuesto, nuevamente sin tener en cuenta su exención en Bienes Personales. Es muy importante entender el impacto por el valor del Patrimonio Neto ajustado por inflación en las sociedades agropecuarias.

-Danos un ejemplo de la desproporción de este impuesto…

-Un inmueble rural, de 500 hectáreas, en zona núcleo, que fue adquirido en los últimos dos años, cuando el dólar tenía un valor de 37 pesos, por ejemplo, sería alcanzado. A diferencia de un inmueble, recibido por herencia o adquirido treinta años atrás, de dos mil hectáreas, posiblemente no lo sea.

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A modo de conclusión, Naveyra afirmó que “este proyecto de Ley atenta de manera directa sobre los bienes productivos del sector agropecuario, al no permitir deducciones ni contemplar las deudas, utilizando una base imponible totalmente irreal, aplicándole al patrimonio alícuotas excesivas”.

Además remarcó que sumado a la carga fiscal que ya pesa sobre los inmuebles rurales que pagan el impuesto inmobiliario provincial y las tasas viales de cada municipio, este nuevo aporte sería un tercer impuesto, recayendo sobre el mismo bien.

“En caso de aprobarse el impuesto, generara un verdadero impacto financiero en las empresas agropecuarias, ya que se trata de activos, en general, con poca liquidez, afectados a actividades productivas, con toda la inversión realizada, tanto en agricultura como ganadería, y con un ciclo de ventas ya presupuestado”, determinó la profesional.

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¿Y qué tenía Carlos Heller para decir a todo esto? Es lo que se preguntó Bichos de Campo. El economista tuvo el buen gesto de responder a este pedido de entrevista.

-¿Cómo se tomó esta suerte de boicot al Banco Credicoop? ¿Le afecta?

-Sería subestimar decir que no me afecta. Me afecta desde el punto de vista humano profundamente. En primer lugar me resulta un acto absolutamente antidemocrático y también de desconocimiento de lo que es el Credicoop. Probablemente ellos crean que yo soy el dueño del banco. Lo que no entienden es que esto es una gran cooperativa, que yo soy el presidente del Consejo de Administración, y que el hecho de que tenga una postura política -que defiendo porque son mis convicciones-, no involucra al banco y no puede dar lugar a represalias, a venganzas y a cosas por el estilo. En primer lugar es bastante antidemocrático, diría yo.

Mirá la entrevista completa a Carlos Heller:

Heller dice que se siente reconfortado porque frente a la difusión masiva del boicot, este martes un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados adhirió solidariamente con el banco y con su persona “ante este ataque infundado y fuera de lugar”. Cita los casos de diputados que están en otros partidos políticos, como Graciela Ocaña y Waldo Wolff, que contaron en público su histórica relación personal con el Credicoop.

En este punto, Heller dice que la relación de este banco cooperativo con el agro es más que evidente, ya que de las 274 filiales de esa entidad financiera hay 112 sucursales, el 41% del total, que están ubicadas en localidades cuya actividad económica principal es la agropecuaria. Además destaca que 50 sucursales están en localidades donde no hay ningún otro banco privado, porque “no es negocio”.

“Nosotros tenemos solo el 15% de nuestras casas en la ciudad de Buenos Aires. Es decir somos un banco absolutamente federal, cooperativo, participativo, democrático, con una cartera de crédito muy extendida, muy minorista”, destaca el diputado y banquero. También subraya que muchos chacareros pudieron progresar con prestamos de esa entidad.

“Decir que nosotros tenemos una actividad anticampo o antirural, no es cierto”, enfatiza Heller, que defiende su derecho a tener sus propias posiciones políticas y convicciones.

La Sociedad Rural de Reconquista (Santa Fe) anunció que se suma a la decisión de los productores del norte bonaerense de cerrar sus cuentas en el Banco Credicoop e invitó "a los productores, socios y amigos a sumarse a la campaña de defensa de los intereses del campo". pic.twitter.com/54aQk61ezW

— Matías Longoni (@matiaslongoni) October 6, 2020

-En eso estamos de acuerdo: uno no es el lugar donde trabaja y no deben mezclarse las cosas. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Clarín muchos kirchneristas me decían de todo…

-Los escraches son malos todos, no hay escraches buenos y escraches malos. La política resuelve sus debates en el Congreso y las leyes se aprueban o no se aprueban si se obtienen los votos suficientes. No se puede hablar de la República y tener actitudes antirepublicanas. No se puede hablar de la democracia y tener actitudes antidemocráticas. No es correcto.

Heller se muestra convencido de que hay sectores políticos ocultos detrás de la campaña en contra del Credicoop. “Se han subido trols diciendo las cosas mas disparatadas sobre el cierre masivo de cuentas”, indica.

-¿Y no hay un cierre masivo de cuentas?

-Ni masivo, ni no masivo. No tengo los datos de hoy (por el martes), pero hasta ayer son récord los depósitos. El banco nunca tuvo el nivel de depósitos que tuvo al cierre de ayer. Nosotros no tenemos registro de ninguna cuenta que se haya cerrado en estos días en relación a este tema. Por supuesto siempre hay gente que cierra su cuenta porque está disconforme. O porque no le damos un crédito. A veces no nos ponemos de acuerdo.

-Entonces no es para amargarse…

-La verdad es que yo estoy amargado íntimamente porque me parece una perversidad, una maldad, querer hacer ese daño a una entidad que lo único que ha hecho es querer estar al servicio de sus asociados. Pero es probable que esas sociedades rurales le estén pidiendo a sus asociados que cierren cuentas que nunca abrieron. Y es probable que esos ruralistas no hayan tenido al Credicoop entre sus bancos elegidos, y por eso es probable que no hayan tenido mucho resultado en el planteo que hacen.

-Bueno, pero hablemos del proyecto que despierta mucho enojo o temor en el sector agropecuario. El miedo es que este aporte extraordinario a las grandes fortunas toque a muchos productores que no son ricos, pero sí tienen bienes caros. 

-El proyecto, según la información elaborada por la AFIP, alcanzaría a 9.298 personas del país. Ese es el total. Y de ellas hay 253 personas que aportarían casi el 50% de lo que tenemos como expectativa de recaudación (unos 300 mil millones de pesos). Estamos diciendo que sobre un total de 850 mil personas humanas que han presentado declaración de Bienes Personales en AFIP, este proyecto alcanza al 0,8% de ellos. Menos del 1% del total.

-¿Esos serían los que tienen un patrimonio declarado de más de 200 millones de pesos?

-Asumamos que si en la Argentina no hay 9.298 personas humanas que puedan hacer una aporte de entre 2 y 3,5% de su patrimonio para un fin solidario como es el de aliviar la situación de cientos de miles de personas que están padeciendo situaciones que ya eran graves antes de la pandemia y que se han agravado de manera notable, estamos atravesando una situación muy rara.

-¿Por qué dice aporte solidario?

-Ustedes resumen diciendo impuesto a los ricos. Nosotros lo llamamos Aporte Solidario Extraordinario para moderar los efectos de la pandemia. Lo que estamos pidiendo es un aporte para llevar una alivio para gente que está padeciendo. ¿Si no cómo se hace? Hay una demanda de recursos excepcional propia de una situación agravada por la pandemia. Todos requiere recursos. Estamos empezando a tratar el presupuesto y hay una gran cantidad de pedidos justos, todos juntos. ¿Cómo se hace compatible rebajar impuestos y atender mayores gastos?

-¿Se sabe si entre esas 9.300 personas hay muchos productores agropecuarios?

-No se puede determinar, no tengo idea de quiénes son. Eso es información agrupada, son tramos de Bienes Personales. Arranca en los 200 millones de pesos. En el primer tramo, entre 200 y 300 millones de pesos, hay 2.774 personas que aportan solo 5% del total. En las otra punta hay 253 que aportaran casi el 50%. Y aclaramos que son los bienes “declarados”. En general los inmuebles están a valor fiscal y no de mercado. Parece difícil de aceptar que en la Argentina no haya 9.300 personas que uno pueda decir que si hacen ese aporte no le van a cambiar la condición ni van a  perder calidad de vida. Nada les va a resultar diferente,  solo van a tener 2 o 3% menos de riqueza acumulada.

-El problema con los productores es que no creen que este aporte vaya a ser solo para esas fortunas… No le creen al Estado.

-Cuando empezamos a hablar de esto en abril pasado hablamos de 12.000 personas, tomando las declaraciones juradas de Bienes Personales de 2018. Ahora son menos porque tenemos la de 2019.  Hay una cantidad de gente que no presento DDJJ: hay 7438 personas que la presentaron, pero la AFIP estima que hay 1.860 más que estarían alcanzados por ese piso de los 200 millones.

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-¿Y no hay modo de excluir de esta aporte los bienes productivos?

-No hay como excluirlos, ni a los campos productivos y ni a las inversiones en las empresas industriales. Si desaparecen esos bienes, entonces desaparece el aporte. Lo digo con respeto, si hacemos eso vamos a terminar haciéndolo sobre las casas que los ricos tienen en los countries. Por eso estamos hablando de un aporte sobre el patrimonio que tiene la gente en este país. Que ese patrimonio sea productivo es un atributo, no una contra, pero no impide que sea una unidad de medida sobre al cual establecer el aporte que estamos pidiendo. Pero que quede claro: no estamos gravando los bienes rurales. Solo estamos tomando un valor de referencia.

-¿Y qué pasa con el hijo o nieto de chacarero que alquila campos, trabaja de contratista y se endeudó para comprar dos cosechadoras de medio millón de dólares cada una? 

-Para ser alcanzado por el aporte tendría que tener 4, 5 o 6 cosechadoras. Ya dejo de ser el hijo del chacarero que se fundió y se murió endeudado. Estamos hablando de 200 millones de pesos de piso. Los que tienen menos de 200 millones no pagan nada.

-Esta visto que el campo no cree y reaccionó de mal modo ante esta iniciativa. ¿Tuvo alguna reacción positiva?

-Muchísimas, pero no voy a dar nombres. Muchos empresarios individualmente se han comunicado conmigo, para decirme “Mirá… lo voy a pagar con gusto”. Y es que esto pasa en el mundo. Hay una organización de millonarios norteamericanos que reconoce “somos demasiado ricos”. Pero este no puede ser un acto voluntario. Por eso lo llamamos aporte solidario. Los queremos hacer sentir bien a quienes hagan el aporta. Y además aquí tienen una asignación especifica: 20% para medicamentos y salud, 20% para educación; 15% para el plan de barrios popular; 20% para sostener a trabajadores de las Pymes; y 25% para el desarrollo de proyectos de gas. Por eso lo llamamos aporte solidario.

-¿Y por qué piensa que muchos productores no pueden entender este pedido de aporte? A la inmensa mayoría no los alcanza. Y a los que los alcanza, no les cambiaría la vida… ¿No será que también usted tiene una carga de prejuicio muy grande respecto del agro, que siempre dice que son todos unos ricachones?

-Esto no tiene nada que ver con el agro. Estamos hablando de las personas que tienen el mayor patrimonio del país. No se hizo pensando en un sector determinado. Nosotros (por el Credicoop) tenemos una política amplísima de vinculo con el sector de los chacareros, de los campesinos, damos muchísimos créditos. Estamos convencidos que es un sector dinámico e importante. Ahora, a nadie le gusta pagar impuestos ni hacer aportes. hay un tema cultural. Por eso yo invito a que pensemos en una cosa: ¿Cómo se hace para resolver el problema de un país donde 54% de los chicos viven en hogares pobres y donde el desempleo supera el 13%? ¿Cómo hacer si al mismo tiempo estamos rechazando la posibilidad de que 9.300 personas hagan el aporte de entre 2 y 3,5% de su patrimonio? Por eso hablamos de solidaridad todo el tiempo. Si no se entiende desde el punto de vista de la solidaridad, es muy difícil de comprender.

-¿Se juntaría con los presidentes de las rurales que llamaron a este boicot a ver si pueden acercar las posiciones?

-Yo soy una persona de diálogo siempre. Nunca me niego a dialogar con nadie por principios, creo en el diálogo y en la democracia. Solo exigiría el mismo respeto que doy, el no agravio.

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