En octubre del año pasado, la situación de emergencia seguía un continuado y hasta se había agravado por la pandemia. Entonces el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.569, que estiró la vida útil de la primera norma durante un año más y extendió los beneficios a las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Catamarca. Con esta pequeña reforma, la ley alcanzaba también a la poderosa actividad limonera tucumana.

“Extiéndase por el término de trescientos 365 días desde su vencimiento el plazo previsto en el artículo 1° de la ley 27.507”, decía esta segunda ley de octubre pasado. Sin embargo, han pasado casi la mitad de esos días y nadie la puso en vigencia. Por lo tanto, los beneficios para estas economías regionales no se aplican.

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¿Qué beneficios? Pues no demasiados pero vitales. Al ser declarados en emergencia, los empresarios del sector citrícola pueden patear para más adelante (no ser eximidos) los denominados aportes patronales, que resultan bastante pesadas en una actividad que es mano de obra intensiva. Cuando en octubre de 2019 la AFIP reglamentó la primera de las leyes dispuso la prórroga para el pago de esas obligaciones y la suspensión de la emisión y gestión de intimaciones y de los juicios de ejecución fiscal.

El problema es que ahora, en los próximos días, comienza la cosecha de naranjas y mandarinas en las provincias del NEA y el segundo episodio de la emergencia jamás se reglamentó. En Entre Ríos y Corrientes están los “primos pobres” de la actividad: hay unas 35 mil hectáreas que están distribuidas entre varios cientos de productores, que a la vez deben emplear a unas 20 mil personas de la región para esta actividad zafrera.

Santiago Caprarulo, de la Cámara de Exportadores de Citrus del Norte Argentino (Cecnea), contó a Bichos de Campo: “Simplemente debemos decir que es un tema muy menor pero no resuelto, que viene desde octubre del 2020 sin efectivizarse y ahora arrancamos la cosecha, movilizamos 20 mil personas y lo necesitamos. No podemos esperar más”.

¿Por qué es tan importante? Porque si no se reglamente esta ley los empresarios estarán obligados a afrontar las contribuciones patronales sin ningún tipo de prórroga. Y eso supone un costo inmediato cercano a los 100 millones de pesos.

El dirigente empresario no disimuló la molestia por la falta de profesionalismo en el estado, que pone en estado de zozobra a los productores. “Hay que andar cabildeando por las oficinas públicas para tratar de que salga algo que debería ser trabajo del Estado”, se lamentó Caprarulo. A su criterio, con la ley ya escrita y prorrogada, no debería hacer falta más que una breve resolución de AFIP para reestablecer su vigencia.

La cosecha y empaque de cítricos dulces suele extenderse por unos cinco meses. Hacia el final de la cosecha 2020, en agosto pasado, la Unión Europea (UE) le pegó un  palo al sector exportador al imponer controles de Mancha Negra, una enfermedad de los cítricos. El Senasa decidió paralizar las exportaciones.

El año pasado, además, el sector debió afrontar un aumento salarial importante y superior a la inflación, que llegó al 88% y también metió presión sobre los exportadores de naranjas y mandarinas. Los aportes patronales corren sobre esos nuevos salarios.

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“Con la implementación del nuevo mínimo no imponible se generaría una reducción en el costo de contratar mano de obra que, en nuestro caso, por lo general, es de carácter intensivo”, señaló Raúl Robín, titular del sector de Economías Regionales de la CAME.

Esta es una de las fórmulas que propone la entidad, que en los últimos años avanzó mucho en la representatividad del denominado sector de economías regionales, para mejorar las flacas rentabilidades de los productores extra-pampeanos. “Asimismo podrían afrontar los constantes aumentos de costos internos, ya sea de los servicios como de los insumos necesarios para la producción”, argumentó en el comunicado.

En ese sentido, en la reunión se habló también de las tarifas eléctricas, compuestas por tres elementos principales: el precio de la energía regulado por el Ministerio de Energía de Nación (generación); el Valor Agregado de Distribución o VAD (distribución); y el componente impositivo (IVA y retención de IVA, que va a las arcas del Estado).

El VAD, que es el componente provincial de la tarifa eléctrica, está regulado por los Entes Provinciales Reguladores de la Electricidad (EPRE). “Con los abusos de los entes se manifiestan distorsiones marcadas entre jurisdicciones que castigan directamente al aparato productivo. Esto aísla a los pequeños y medianos productores”, afirmó Robín.

Los empresarios también criticaron los cargos nacionales (IVA) y los locales (Ingresos Brutos, fondos especiales o solidarios, alumbrado público municipal, aportes a líneas de interconexión, entre otros). “No otorgan contraprestación a cambio y son proporcionales al consumo, pero en conjunto engrosan la factura de luz hasta en un 70%”, indicó la entidad.

Desde la Mesa de Economías Regionales de la CAME se propuso crear e integrar una Mesa de Producciones Electrodependientes, de participación público-privada, a fin de encontrar soluciones a esta problemática.

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