Es lo que sucedió el día de hoy, con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 296/2021, que además incorporó a tres provincias productoras de cítricos (Buenos Aires, Tucumán y Catamarca) al listado original que incluía a las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta.

La normativa, como en el caso anterior, implica una prórroga del pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social por parte de las administraciones Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Nacional de la Seguridad Social (Anses) mientras dure la emergencia.  Por el alivio que implica sobre todo en materia de aportes patronales, la prórroga era muy esperada por las empresas del sector, que justamente por estos días están arrancando con la tarea de cosecha.

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De todos modos, la nueva reglamentación dejó algunas dudas, pues no define a ciencia cierta a partir de qué momento rigen los 365 días establecidos por el Congreso en esta prórroga: si se toman a partir de esta reglamentación, la emergencia debería durar hasta mayo de 2022. Pero si es a partir de la legislación original, el beneficio expirará muy pronto. En octubre del año pasado, la ley 27.569 prorrogó la emergencia por otros 365 días más.

El decreto actual estableció que para alcanzar los beneficios previstos, se requerirá que la actividad desarrollada en la cadena de producción de cítricos constituya la principal en cada empresa, y haya generado más del 50% de los ingresos brutos desde el 1 de junio de 2019 hasta el 31 de mayo de 2020.

En el caso de inicio de las actividades, cuando el período a considerar fuera posterior a las fechas indicadas, se mantendrán las mismas condiciones.

El cumplimiento de dicho requisito se acreditará mediante un certificado expedido por la autoridad provincial competente, del cual surja que el solicitante desarrolla efectivamente dicha actividad en la jurisdicción.

Además, habrá que presentar un informe emitido por contador público independiente respecto de los ingresos obtenidos por la actividad comprendida en los beneficios durante el período referido.

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A través del decreto 191/2021 publicado en el Boletín Oficial a pesar del feriado por el 24 de marzo, se prevé la instrumentación de incentivos fiscales en las contribuciones patronales que pagan los empleadores radicados en las provincias del Norte Grande, integrado por Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, a fin de corregir por este medio asimetrías regionales en favor de las zonas más postergadas del país.

Allí hay abundantes economías regionales que requieren mucha mano de obra y que podrían verse beneficiadas por esta medida de alivio a la elevada carga de los costos patronales.

La propuesta implica una rebaja gradual y temporaria de las contribuciones patronales por las nuevas relaciones laborales, durante un período de tres años, en sectores económicos determinados de esas provincias orientados a la producción de bienes.

Entre las condiciones para acceder a dicho beneficio se establece como requisito que los empleadores deberán producir incrementos en la nómina de personal de cada empresa.

En particular, incluye la reducción de 70% de las contribuciones patronales de nuevas contrataciones a trabajadores varones el primer año, 45% el segundo año y 20% de reducción el tercer año.

Como muchas otras políticas, tiene una mirada de género, pues en el caso de las nuevas contrataciones a trabajadoras mujeres; travesti, transexual o transgénero, la reducción de las contribuciones patronales es de 80% el primer año, 55% el segundo año y 30% el tercer año.

“El presente decreto entrará en vigencia el primer día del mes siguiente al de su publicación (es decir el 1° de abril) y resultará de aplicación para las relaciones laborales que se inicien durante los primeros 12 meses a partir de esa fecha”, precisó la norma firmada por el presidente Alberto Fernández y varios de sus ministros.

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Festejan, por un lado, que se hayan bajado a cero las retenciones para peras y manzanas o cítricos dulces. Pero no entienden por qué se aumentaron las retenciones a las exportaciones de jugo de pera, se mantuvieron las alícuotas de la leche o polvo (que sigue tributando más que la minería) o aumentaron los derechos del tabaco, lo que le resta ingresos a los productores que dan trabajo en el norte donde no abunda el empleo privado y sí la pobreza.

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De esto habló Bichos de Campo con Pablo Vernengo, el director ejecutivo de Economías Regionales en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), quien dijo que están haciendo un relevamiento con sus más de 400 entidades asociadas para saber qué pasó en cada sector, para presentar luego a las autoridades una propuesta de política integral para estas actividades.

“Desde el primer momento dijimos siempre que es un impuesto distorsivo que sirve sólo para desincentivas la producción agropecuaria y más en las economías regionales, donde tenemos que afrontar mayores costos, donde los problemas de rentabilidad son una constante y para recuperarla hay que bajar la presión tributaria”, indicó el directivo de CAME.

Escuchá la entrevista a Pablo Vernengo:

Pero en el tema retenciones y presión tributaria no se acaban los problemas de las economías regionales. “Se requieren políticas integrales”, dijo Vernengo. Por eso desde CAME pretenden sentarse con los funcionarios nacionales para debatir la integralidad del problema.

“La presión tributaria es la que más nos impacta, pero también otros costos como el gasoil o los aumentos de la mano de obra ,que tuvo una paritaria de 32% y la imposición de un bono de fin de año de 10 mil pesos al que las cámaras empresarios dijimos que no, porque no podemos, no porque no queremos. Falta rentabilidad y hay que hacer frente a estas imposiciones y es el Estado el que las impone al sector productivo”, explicó el dirigente.

Ese famoso bono está generando duras críticas en el sector. Un productor citrícola apuntó lo siguiente: “Supongamos el caso de un trabajador que trabajó cosechando en 10 establecimientos diferentes, ¿quién le va a pagar el bono, los 10 o uno sólo?”

Vernengo reiteró que el sector de economías regionales requiere de una política integral que atienda las necesidades de las diferentes realidades productivas ,al tiempo que cuestionó el poco conocimiento sobre estas actividades que tienen los funcionarios.

“En este sector interviene el Ministro de Agricultura, el de Economía, el de Desarrollo Productivo, el de Trabajo, pero poco entienden de cómo funciona”, aseguró.

Vernengo indicó que otra de las medidas que se podrían tomar para ayudar a los productores es la modificación del mínimo no imponible a partir del cual se calculan los aportes patronales. “Está congelado desde diciembre de 2018. El Gobierno para afrontar el Covid tuvo que dar el IFE o los ATP y mientras tanto a nosotros nos aumentan los costos, cuando hay instrumentos para hacer políticas diferenciales para las economías regionales, para el producto o según el nivel de escala productiva”.

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“La Ley de Emergencia congeló el mínimo no imponible para los aportes patronales a las Economías Regionales en 17.000 pesos, que rigen desde febrero de 2019”, alertó Domínguez. Luego apuntó que ese congelamiento duraría hasta diciembre de 2020 y que entre ambas puntas habría “una inflación esperada que no bajará del 100%”.

“Esto implica que en los hechos más trabajadores dejarán de estar incluidos en el beneficio (de desgravación de aportes patronales), y que los que lo están paguen más”, apuntó el experto. Así, el freno alcanza a muy diversas actividades, como la producción de frutas, algodón, tambos, arroz, yerba, vino, entre otros sectores.

El artículo 22 de la Ley 27541, mal llamada “de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Publica”, dice literalmente: “Los empleadores comprendidos en los decretos 1.067 del 22 de noviembre de 2018, 128 del 14 de febrero de 2019 y 688 del 4 de octubre de 2019 y su modificatorio, con los requisitos y condiciones previstos en esas normas, deberán considerar que la suma a la que se refiere el primer párrafo de este artículo es, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, de 17.509,20 pesos, la que no sufrirá actualización alguna”.

En febrero pasado, y con vigencia desde marzo, el ex presidente Macri había dispuestos una suba del mínimo no imponible que ahora se congela para un total de 44 actividades productivas regionales, tal como ya les había concedido a los sectores textil, calzado, marroquinería y curtiembres. El Mínimo No Imponible por debajo del cual ,os empresarios no pagaban aportes por sus empleados se elevó de 7.004 pesos a los mencionados 17.500 pesos. Eso implicaba que para todos los sectores beneficiados pagarían cargas solo por la diferencia entre el sueldo del trabajador y ese tope.

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De acuerdo con un comunicado oficial de ese momento, la medida beneficiaría a 24.000 empresas que emplean a más de 250.000 trabajadores en todas las provincias del país. El costo fiscal de esta medida sería de aproximadamente 3.000 millones de pesos anuales.

Las economías regionales, que en buena medida están nucleadas en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), tiene otro flanco delicado en la nueva Ley de Emergencia Económica. Desde esa entidad incluso se reclamó “exceptuar” al sector de la suba de retenciones contemplada es ese mamotreto legal, pero no han tenido todavía respuesta del gobierno.

“Productos tales como arroz, maní, legumbres, frutas finas, yerba, tabaco, miel, entre otros, deben contar con un trato impositivo diferencial que incentive a los productores a encarar una planificación de trabajo a corto y mediano plazo”, señalaron desde CAME. También advirtieron que el nivel de rentabilidad en estas economías regionales “es nulo o directamente negativo” y en algunos casos, inclusive, los costos de producción superan por amplio margen los precios que reciben los productores.

“El impacto fiscal de la suba de retenciones a las Economías Regionales es insignificante para el Estado y, a su vez, muy representativo para el interior productivo que genera miles de empleos en mano de obra intensiva”, explicaron desde la entidad, donde calculan que el aporte al Tesoro en concepto de derechos de exportación rondará este año los 520 millones de dólares, aplicando las tasas de entre 3 y 4 pesos por dólar exportado que aplicó el anterior gobierno en 2018.

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Vamos por partes, como diría Jack. Por un lado, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que prorroga por un año la emergencia económica de la cadena de producción de peras y manzanas en Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa. Esto implica que no vencería fines de mayo la situación declarada por ley en 2016, mediante la cual las empresas del sector no deben depositar las contribuciones patronales mientras dure la emergencia.

Por esta situación, solo en el Alto Valle, se había acumulado un pasivo cercanos a 1.700 millones de pesos, que la AFIP quedaba en condiciones de reclamar (eventualmente hasta llegar a la ejecución de las chacras) si no se aprueba esta prórroga. Se supone que en el Senado esta ley pasará sin problema, ya que allí por ejemplo el bloque peronista mayoritario es liderado por el rionegrino Miguel Angel Pichetto.

Pero por otro lado, en Diputados se avanzó con otro proyecto de ley que declara en situación de emergencia económica a la actividad citrícola en Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Jujuy por el término de 365 días. La norma no incluye a las provincias de Salta y Tucumán, donde están establecidas las grandes empresas exportadoras de limones.

La iniciativa fue presentada por la diputada justicialista de Entre Ríos Mayda Cresto y faculta al Ejecutivo nacional a instrumentar regímenes especiales de prórroga para el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social por parte de la AFIP y la ANSES. El senador del PRO por esa provincia es el ex líder agrario Alfredo De Angeli, que ya anticipó su apoyo al proyecto en la Cámara Alta.

“Siempre estamos del lado de los que trabajan y empujan el país”, indicó De Angeli tras reunirse con el presidente de la Federación del citrus de Entre Ríos (Fecier), Ariel Panozzo Galmarello, y de la Asociación de Citricultores de Villa del Rosario, Entre Ríos, Martín Rigoni.

Cabe aclarar que los dos sectores que tendrían regímenes especiales mientras dure la crisis protagonizaron esta semana un mediático “frutazo” en Plaza de Mayo, en el que regalaron 35 mil kilos de frutas como modo de exteriorizar su situación. Estas leyes eran uno de sus reclamos. Peor sus mayores demandas se concentran en el daño que están provocando las retenciones en su estructura de costos e ingresos, ya que las mismas, reestablecidas el año pasado por el Poder Ejecutivo, impactan en más del 30% del valor de la fruta. Sobre eso, en el Congreso no dijeron ni jota.

Por ahora, todo es patear deudas para adelante. En rigor, luego de los dos proyectos aprobados este jueves en Diputados casi sin debate, también el diputado por el Peronismo sanjuanino, José Luis Gioja, anunció que presentó un proyecto semejante para los pequeños y medianos productores de uva de nueve provincias.

“La situación de los pequeños y medianos productores de uva es insostenible por la pérdida de competitividad y el achicamiento de mercado interno; la situación económica actual hace que se derrumbe la venta de vino y eso produce que haya sobrestock de uva, el reflejo inmediato es la caída de su precio,  lo que torna imposible mantener la actividad”, advirtió Gioja, que es vicepresidente de la Cámara Baja.

En su propuesta, el peronista pide que se declare la Emergencia Económica, Productiva, Financiera y Social en la cadena de producción vinícola por 365 días, pero abarcando solo a productores de hasta 25 hectáreas en las provincias de San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Río Negro, Chubut y Córdoba.

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Lo que sigue ahora es el pataleo por ese desliz, sea casual o premeditado. “Desde la Mesa Nacional de Producción Porcina solicitamos se revea esta omisión y se instrumenten los medios necesarios para incluir a la actividad porcina en los alcances del mencionado decreto”, indicó un comunicado de los productores de cerdos.

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En la nota se recordó que “el sector porcino genera 36.000 puestos de trabajo en forma directa y otros tantos – o aún más- en forma indirecta”.

Según la Mesa Nacional de Producción Porcina, esos puestos de trabajo “hoy se encuentran en riesgo ante la grave crisis que atraviesa la actividad, como resultado del notable aumento de sus costos de producción que, por otro lado, no fue acompañado por el precio de venta”. Y se añadió: “Esta situación ya ha provocado pérdidas de puestos de trabajo, lo que se traduce en migración de los campos hacia las ciudades, generando desarraigo rural, entre otros fenómenos”.

Un informe de la Fundación Mediterránea explicó que la rebaja de aportes patronales (producida por vía de la suba del mínimo no imponible para una serie de actividades rurales e industriales) beneficia a 232.500 empleados correspondientes a 23.700 establecimientos productivos en todo el territorio nacional. Los 36 mil empleos del sector porcino implicarían extender un 15% el universo de beneficiarios.

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“El sector porcino no puede ni debe seguir a la deriva, ni debe ser dejado de lado en las políticas que beneficien el aumento de trabajo y la disminución de la informalidad laboral, por el bien de la actividad y las familias que la integran, como así también en beneficio de nuestro país”, indicó la mesa en un comunicado.

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En las últimas horas, por ejemplo, cuatro entidades del sector frutícola emitió un comunicado con el que “celebraron” el anuncio presidencial, pero a la vez reclamaron “más medidas urgentes para evitar la profundización de una crisis terminal”. Lo firman CAFI (peras y manzanas), Federcitrus (limones, naranjas y mandarinas), ABC (arándanos) Y CAPCI (cerezas).

Las entidades que representan más del 90 % de la exportación argentina de frutas frescas dijeron que “tomamos el compromiso del presidente de generar una Agenda Productiva, en la que esperamos se incluyan y resuelvan en el corto plazo temas críticos como la adecuación de los Derechos de Exportación (pasar de $4 a $3 por dólar como tributo máximo), la extensión del plazo para el pago de dichos derechos para todos los exportadores (solicitamos un mínimo de 120 días), incrementar a sus valores originales los reintegros y una gradual reducción de la presión fiscal”, apuntaron como hoja de ruta.

Angel Leotta, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), tuvo palabras en el mismo sentido: “La reducción de las cargas laborales ayuda pero no es todo lo esperado por el sector vitivinícola. Requerimos de otras medidas del gobierno nacional como la quita de retenciones y el aumento de reintegros para salir a exportar y sacar a la industria del estado recesivo actual”, manifestó. Leotta mencionó la problemática del sobrestock vínico de unos 300 millones de litros que complica el inicio de la cosecha, en un contexto de retracción del consumo interno.

“Reconocemos la señal positiva que significa este anuncio que llevó a cabo el presidente junto con el Ministro de Producción y Trabajo. El hecho de que nuestras economías regionales tengan este mínimo no imponible, implica un gran avance dentro de todas las demandas del sector.”, destacó el presidente de COPAL, Daniel Funes de Rioja, que también pidió profundizar este proceso.

Así, el impacto político de los anuncios de Macri se licuó muy rápidamente.

Un informe de la Fundación Mediterránea explicó que la suba a 17.500 pesos del mínimo no imponible a partir del cual los empresarios de economías regionales no deben tributar aportes patronales se limita a 232.500 empleados correspondientes a 23.700 establecimientos productivos en todo el territorio nacional.

“Se considera que este sería el impacto inmediato, sobre puestos de trabajo formales existentes”, afirma el informe, que de todos modos concede que “podrían existir más beneficiarios en la medida que el nuevo programa consiga mayor formalización de actividades económicas que actualmente se estén realizando sin el adecuado cumplimiento de cargas impositivas”.

El total de establecimientos alcanzados representa el 4,4% del total de empresas dadoras de empleo formal, pero los empleos alcanzados representan el 2,7% de los empleos registrados privados, incluyendo empleo en casas de familia y autónomos; y apenas 2% del total de empleos registrados en sector público y privado.

Además existirá una fuerte disparidad en los alcances de la medida, ya que Mendoza sería la provincia más beneficiada, con el 21% de los empleados para los cuales se aplicaría este beneficio.

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Esta es la lista de sectores incorporados a la rebaja de aportes patronales, que se produce por vía de una suba del mínimo no imponible para esos aportes. Ahora no habrá que hacer depósitos por los empleados que ganen menos de 17.500 pesos mensuales, lo que es muy frecuente en este tipo de actividades.

“El Gobierno Nacional tiene como objetivo prioritario establecer las bases para el crecimiento sostenido, la competitividad y el aumento del empleo, para lo cual debe impulsar medidas que reduzcan la informalidad laboral y disminuyan la presión sobre la nómina salarial, con especial consideración de la situación de los distintos sectores de la producción”, arranca el decreto firmado por Macri.

También reconoce que “ciertas actividades comprendidas en el sector primario agrícola y algunas actividades incluidas en el sector industrial se encuentran atravesando una situación económica financiera crítica, que obstaculiza el debido cumplimiento de las obligaciones impositivas y de la seguridad social”.

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Luego de disponer la suba del mínimo no imponible de las contribuciones patronales, que en realidad estaba definida por la Ley de Reforma Tributaria para 2022, la norma determina que podrán acogerse a este beneficio “los empleadores que desarrollen como actividad principal, declarada al 31 de diciembre de 2018 ante la AFIP, alguna de las comprendidas en el Anexo”.

En esa lista hay muchas economías regionales que están en situación de emergencia, como la producción de arroz, papas, hortalizas, ajo, cebolla, verduras de hoja, tomate, tabaco, olivos, yerba mate y té, caña de azúcar y todo tipo de frutas. Es decir, salvo los granos de la agricultura extensiva, está cubierto casi todo el espectro de producciones vegetales del país.

Pero en materia de producciones animales la normativa es bastante ahorrativa, pues solo incorpora a los productores de huevos y de leche de vaca. Omite la cría de caprinos para carne o leche, o a la producción de cerdos, pollos para carne o cordero. Tampoco entra la lana. Y mucho menos la cría de ganado bovino, pese a que hay miles de productores que cuentan con una tenencia de muy pocas cabezas.

En el caso de los tambos bovinos, por otro lado, una fuente relativizó el impacto de la medida en los establecimientos más pequeños, que son usualmente manejados no por empleados formales sino por “medieros”, que suelen ser monotributistas y por los tanto no son sujetos de aportes patronales.

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La CAME fue la entidad que más impulsó esta medida, que en realidad estaba prevista en la Ley de Reforma Tributaria sancionada un par de años atrás, pero que iba a tener vigencia a partir de 2022.

Según explicó la entidad, la Ley 27.430 estableció un Mínimo No Imponible (MNI) para las contribuciones patronales que se actualizaría sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Hasta el 31 de diciembre de 2019, según ese cronograma, el MNI quedaba establecido en 4.800 pesos, lo que implicaba que hoy, por ajuste por inflación, fuera en realidad de 7.003,68 pesos.

Desde abril de 2018 la CAME venía pidiendo que se aplique el MNI de 12.000 pesos que estaba previsto recién para el 2022, y que por ajuste por inflación sería actualmente de 17.509,20 pesos. La Mesa de Enlace acompañó luego acompañó este pedido y eso es lo que anunció en definitiva este jueves el presidente Macri.

Un comunicado del Ministerio de la Producción precisó que las economías regionales alcanzadas serán, entre otras, los cultivos de vid, tabaco, manzana y pera, frutas cítricas, frutas tropicales, secas, bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto, yerba mate y frutas de carozo. Además incluye cultivos como maní, sésamo y jojoba. También, las productoras de vinos, azúcar, leche bovina, pescados de mar y crustáceos, muebles, conservas de frutas, huevos, hortalizas y legumbres, arroz, yerba mate y jugos naturales, entre otras.

Funcionarios de Agroindustria, en tanto, estimaron que la medida tendrá un costos fiscal para el Estado de unos 3.000 millones de pesos anuales. En realidad ese es el dinero que se ahorrarán los productores. Es una suma pequeña en comparación con lo que el sector comenzó a aportar por la vigencia de las nuevas retenciones y la quita de reembolsos.

En las economías regionales, el 50% de las empresas son consideradas Pymes y tiene menos de 50 empleadores. La intención del Gobierno con esta medida es aliviar los impuestos laborales para que ese tipo de empresas puedan tomar más personal y además lo haga en blanco. En cálculos de la CAME que fueron repetidos por Macri, la medida beneficia a 200.000 trabajadores y 19.500 empresas, aunque resta ver la letra chica del decreto.

“Es una herramienta para fomentar la competitividad y generar más y mejor empleo”, destacó el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán.

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Este nuevo mínimo no imponible, por cierto, beneficiará a empresas de sectores que son mano de obra intensiva, en las economías regionales, ya que la mayoría de los salarios no llegan ni siquiera a esa suma. En el Boletín Oficial se publicaron en las últimas horas algunos acuerdos logrados en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). A modo de ejemplo, un peón rural dedicado a la tarea del lavado de verduras en Santiago del Estero cobrará hasta noviembre próximo un salario de 16.635,25 pesos. Y un tractorista del mismo rubro tendrá un mínimo de 17.414,93 pesos. Esos son los niveles salariales del sector en la mayor parte de las actividades.

Antes de partir en una gira hacia la India y Vietnam junto a varios de sus ministros y más de 100 empresarios, Macri dijo que con esta medida el Gobierno está inaugurando una nueva etapa. “Después de las turbulencias, hoy es el momento de volver a poner el foco en el desafío del crecimiento. El anuncio de hoy es el primer paso de una nueva agenda productiva en la que vamos a trabaja todo el año y en la que va a haber muchas novedades”.

Más allá de esta promesa, la falta de otros anuncios para las economías regionales resultó decepcionante para los dirigentes y empresarios del sector que fueron convocados a la Casa Rosada y se comieron una demora en el inicio del acto cercana a una hora.

Era un secreto a voces que el ruralismo esperaba por lo menos, si no una rebaja generalizada de retenciones para las actividades extrapampeanas, algunas correcciones puntuales al esquema impuesto por Economía, que en general colocó a todas las economías regionales en el renglón más caro de 4 pesos por dólar, equivalente a casi un 11% de cada operación de exportación. Esto es, ahora la mayor parte de las actividades está tributando más por exportar que en tiempos del kirchnerismo, cuando en general las retenciones eran del 5%.

Tampoco hubo anuncios crediticios, aunque se había anticipado desde fuentes oficiales el lanzamiento de préstamos a tasa subsidiada para las Pymes del interior, que no pueden hacer frente a las tasas descabelladas que cobra hoy el sistema financiero con la excusa de la crisis económica.

En este contexto, fue evidente que el paquete de medidas que iba a anunciarse quedó reducido apenas a un “paquetito” luego de pasar por el tamiz del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, principal garante del acuerdo con el FMI.

De todos modos, flanqueado por el ministro de Producción, Dante Sica, el presidente Macri consideró una gran victoria su anuncio. “Los impuestos al trabajo hacen muy costoso tomar gente”, explicó.

“Ningún empleador va a pagar impuestos al trabajo por empleados que cobren hasta 17.500 pesos. Para quienes cobren más, lo van a hacer solo por la diferencia. Este beneficio va a mejorar la situación de 200 mil trabajadores en todo el país y 19,.500 empresa, que van a tener un incentivo para generar más empleo. Pero además la posibilidad de que un número de trabajadores pase de la informalidad a la formalidad laboral”, afirmó el presidente..

Macri confesó que “hace dos años habíamos aprobado esta escalera (de suba del mínimo no imponible). pero llegaba hasta 2022. Lo que estamos haciendo ahora es adelantar ese beneficio para que trabajadores y empresas no tengan que espera más tiempo”.

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