De entrada, esta intencionalidad manifiesta se nota en la gacetilla que difundió la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires. Allí se informa que “se puso en marcha un amplio operativo de fiscalización, a través de múltiples controles que se realizan de manera simultánea en corredores cerealeros y puertos, con el objetivo de identificar y combatir maniobras de contrabando y evasión en la comercialización de granos”.

¿Contrabando? ¿Desde la Provincias de Buenos Aires? ¿Y hacia dónde? Últimamente las autoridades han venido machacando con esta idea y para dar crédito han mostrado el secuestro de unas pocos cientos de toneladas de soja en la zona fronteriza de Misiones, que está ubicada a 1.250 kilómetros de Pergamino, uno de los puntos de control establecidos por ARBA.

Según el último tarifario acordado por la propia Provincia de Buenos Aires con las cámaras del transporte de granos en febrero pasado, el costo de derivar un camión hacia allí, es decir el flete para transitar esos 1.250 kilómetros, sería de 4.840 pesos por tonelada. Es decir casi 16% del valor de una soja de 31 mil pesos. O casi el 25% del valor de un maíz de 19.600 pesos por tonelada.

Es decir que entre una buena parte del supuesto beneficio que podría ahorrarse un contrabandista de soja a Paraguay (ahorrar retenciones del 33% que equivalen a unos 15.000 pesos por tonelada) se lo llevaría el flete. Flor de negocio. Y eso sin contar con los “sobreprecios” que el camionero debería dejar en los puestos camineros de diversas provincias para justificar por que transita en contra de la corriente. Lo lógico sería controlar camiones desde zonas productoras, como Salta o Chaco, más cercanas a esa frontera.

Sigue el operativo de Fiscalizacion de actividades agrarias contra la evasión en PBA. Continúan los controles de mercadería en tránsito con foco en el transporte de granos en más de 15 puntos en rutas y puertos de la provincia. pic.twitter.com/10KK2F7laV

— Cristian Girard (@cristiangirard) April 22, 2021

Pero si ya la búsqueda de “contrabando” suena exagerada en la gacetilla de ARBA, su director ejecutivo, Cristian Girard, se empantanó más todavía al hablar de estos operativos. El jueves, tras visitar el puesto montado en la zona de Pergamino, este funcionario kirchnerista declaró a la agencia Télam que se había detectado mercadería en infracción por un total de 100 millones de pesos.

“Esta vez se pone el foco en el transporte de granos porque estamos en tiempo de cosecha con el objetivo de detectar salida de camiones sin documentación, lo que podría terminar siendo una operación de contrabando”, insistió Girard.

¿Y cómo llegó el funcionario al cálculo de los 100 millones? Vamos a reproducir textuales con sus declaraciones.

“Desde el lunes, llevamos 100 millones de pesos de mercadería detectada en tránsito sin documentación de respaldo”, especificó Girard. Luego, según el mismo cable, detalló que de los 1.100 camiones fiscalizados hasta el momento, “se decomisó la mercadería de unos 10 que cargaban aproximadamente 450 toneladas de cereales sin la documentación respaldatoria”.

Que se haya decomisado la carga de solo diez camiones sobre un total revisados de 1.100 es realmente una gran noticia, pues quiere decir que solo el 0,9% del universo controlado no llevaba la Carta de Porte y otra documentación requerida a la hora de hacer cada viaje.

Que el 99,1% del resto de los transportes controlados por ARBA no hayan presentado irregularidades graves es realmente llamativo, pues para la mayoría de los productores suele ser un dolor de cabeza en esta época gestionar las Cartas de Porte ante la AFIP, y siempre están unos pocos que quieren vender algún camión en negro (pero por acá, no contrabandeado a Paraguay).

Aquí el problema es que hay que demonizar a la cadena agrícola y entonces todo se debe exagerar en su contra. De hecho, en las mismas declaraciones, Girard agregó: “Entre el 9 y el 10% de los camiones tienen infracciones o multas. No todos circulan sin documentación”, apuntó.

De golpe pasamos de haber secuestrado la carga del 0,9% de los camiones controlados, a que el 9% o 10% hayan cometido alguna infracción. O el titular de ARBA manipula los porcentajes a favor del discurso que quiere instalar. O es peor: no sabe matemáticas ni sacar porcentajes.

Lo que sí está claro es que el funcionario nombrado en ese alto cargo por el gobernador Axel Kicillof se subió al caballito de la demonización de los productores. Ya lo había hecho semanas atrás apelando a un “índice Verde” cuya aplicación también dejó muchas dudas.

ARBA asegura que detectó una evasión de 354 millones de pesos por medio del “índice verde”: ¿Cuál es el verdadero alcance de esa herramienta?

Girard está cerca de los 40 años, es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y posee una maestría en Economía Política (FLACSO). Pero esto no le impide decir -con una simplificación del agro que espanta- que desde ARBA “nos dimos la tarea de reforzar los controles en los sectores donde más recursos hay” y “empezar por lo que más tienen”.

En Pergamino y zonas aledañas, donde él fue a controlar, por estos momentos hay pequeños productores y arrendatarios que han cosechado menos de 15 quintales por hectárea de soja, y no llegan a cubrir los costos de esta campaña. ¿Sabrá Girard lo que es un “rinde de indiferencia”?

Quizás no deba saber tanto el recaudador. Pero lo que está muy claro es que conoce muy poco sobre el sector que debe fiscalizar y también sobre el transporte de mercaderías.

El cálculo que lanzó al aire para definir que “una parte del agro evade”, surgió a partir de multiplicar por 30 mil pesos (el valor actual de la soja) por las 450 toneladas decomisadas en los diez camiones secuestrados en estos operativos. El mayor inconveniente para sostener esos números es que no existen camiones capaces de transportar 45 toneladas cada uno, que es lo que daría el promedio (10 infractores con 450 toneladas de soja) informado por el titular de ARBA.

En efecto, un equipo moderno en promedio carga 30 toneladas de granos, y bastante menos si los que se detienen en la ruta son los viejos y queridos 1114, que suelen aparecer en este momento de cosecha, cuando no da abasto la flota de camiones. Deberían revisar la VTV y que funcionen los frenos, más que buscar operaciones fellinescas de contrabando.

Existen algunos camiones llamados bitrenes que fueron autorizados a circular por ciertas rutas nacionales por una decisión del Ministerio de Transporte tomada en 2018. Pero se los llegó a ver andar cargados de rollizos de los forestadores de la Mesopotamia y no de granos de la región pampeana.

“La provincia de Buenos Aires posee la mayor superficie sembrada del país y cuenta con la producción de granos y oleaginosas más importante”, establece el comunicado de ARBA para dar cuenta de la razón de estos controles. En esa definición, al menos, no se equivocaron.

Nota del editor:  A partir de la publicación de esta nota, ARBA pidió publicar a Bichos de Campo la siguiente aclaración. Que ayer se controlaron 1.100 camiones, y que entre 9 y 10% de esos vehículos estaban en infracción, y que de entre aquellos que transportaban cereales había unos 10 de los que se había incautado la carga, para totalizar unas 450 toneladas. Pero la suma total informada de 100 millones de pesos no correspondía solo al valor de esa soja, sino al total de las infracciones que se habían cometido. Las interdicciones a camiones del agro es porque no tenían ningún tipo de documentación. También desmintieron que no era la intención del organismo “demonizar” al agro sino informar sobre los controles.

La entrada ARBA salió a controlar camiones en plena cosecha, aunque su titular parece saber poco de agro, transporte, geografía y hasta matemáticas se publicó primero en Bichos de Campo.

Primero regresó Alberto Abad a la AFIP. Luego regresó Marcel Rossi a la ex ONCCA (que primero fue subsecretaría y luego fue degradada a Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario). Ellos armaron una gran política para formalizar la actividad mayorista que permitió multiplicar los niveles de recaudación: se armó un sistema donde cada operador (sea frigorífico o matarife) debía actuar con su propia matrícula y anticipar parte de sus impuestos antes de la faena de cada animal. Fue un éxito indudable: la cadena se ordenó en su etapa industrial y el fisco recaudó mucho más.

Pero esa ofensiva comenzó a flaquear cuando el Estado (y aquí sumamos también a ARBA, la agencia de control bonaerense) no pudo o no quiso o no supo dar la que algunos consideran “la madre de las batallas”: el control de las decenas de miles de carnicerías que existen, especialmente en el conurbano bonaerense, buena parte de las cuales ni siquiera está habilitada por Bromatología de cada ciudad, y la inmensa mayoría de las cuales no emite una factura ni que le reclames con Gendarmería.

Con el cambio de gobierno y la cuarentena que congeló todo, esta ofensiva para ordenar la cadena de ganados y carnes parece haber quedado en la nada. Marcelo Rossi insiste con su ferreo control sobre los mayoristas (incluso hizo instalar controladores electrónicos en todas las plantas de faena), pero la AFIP desmanteló su equipo profesional y quedó en la nada su promocionado Remito Electrónico de Carnes (REC), una plataforma en internet en la cual debían anotarse todas las ventas a la cadena minorista.

En este marco debe entenderse esta entrevista a Leonardo Rafael, presidente de la Cámara de Matarifes y Abastecedrores (CAMyA), que nació unos años atrás en medio de este proceso de blanqueo. Justamente, cuando los matarifes fueron obligados a tener cada uno su propia matrícula (antes operaban detrás de la matrícula del frigorífico o con “matriculines”, como se conoce en la jerga a los permisos medio truchos) Rafael se convirtió en impulsor de un fuerte blanqueo de ese eslabón que domina hasta 80% de la faena en el conurbano.

Mirá la entrevista a Leonardo Rafael:

“La actividad del matarife existía de toda la vida, pero en un momento había un paraguas, donde el frigorífico tenía la matricula y nosotros siempre estábamos ocultos detrás de un frigorífico”, recordó Leo. En aquellos tiempos, reconoció, muchas plantas acumularon una gran deuda impositiva con la AFIP (por el IVA y toros tributos nacionales) y con ARBA (por Ingresos Brutos), ya que no se podía trasladar los impuestos al siguiente eslabón de la cadena, que son las carnicerías.

Según el empresario, es imposible que los controles impositivos sobre la cadena de la carne funcionen si no se controla ese escalón final, previo al consumidor. “La madre de la evasión está en el último eslabón que es la carnicería. Mientras nosotros no podamos blanquear las carnicerías es muy difícil que nos podemos hacer cargo de que toda la trazabilidad de la carne, y el blanqueamiento de la parte legal y económica no va a poder llegar”, afirma el presidente de CAMyA.

Nuevo remito electrónico para mover la media res hasta la carnicería

¿Cuál parece ser el problema? Que ahora que blanquearon los matarifes se sienten los hijos de la pavota, porque los que no pueden trasladar los impuestos al comercio minorista ya no son los frigoríficos sino ellos. “Si yo tengo a las carnicerías que no me aceptan una factura, este esfuerzo que me exigió el Estado en algún momento no tengo donde descargarlo”, nos explicó el matarife.

Este sector tuvo hace unos días una reunión con la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Buenos Aires, Carla Sain, tratando de resucitar la agenda de controles. Y es que, sin que ARBA y AFIP logren cerrar el cerco sobre las carnicerías -Leonardo estima que son más de100 mil-, “nos encontramos nosotros como cuello de botella”, y acumulando deudas por impuestos que no pueden trasladar a los carniceros. En algunos casos, como son agentes de percepción, ese monto se traslada a consumidores y productores, encareciendo el precio de la carne o deprimiendo el valor de la hacienda

“A veces en este tema los organismos desconocen la actividad y se creen que apretando a un eslabón de la cadena es la manera de ordenarla. Pero en este caso es muy necesario el rol del Estado como policía. Necesitamos que salga a fiscalizar y a regular todo lo que quedó en ese gris”, declamó el directivo de los matarifes.

-¿Por qué no controla el Estado a las carnicerías?

-Ni siquiera tienen idea de cuántas son las carnicerías. Tenés carnicerías de todo tipo y en todo lugar. En provincia de Buenos Aires hay carnicerías en los garajes o en barrios donde es imposible el acceso. Pero algo hay que hacer.

-¿Y ustedes qué proponen?

-Yo creo que hay que apuntar más a los municipios. Acá hablamos de impuestos. Pero a mi me preocupa más la inocuidad del producto y las carnicerías muchas veces no están ni habilitadas. La primera obsesión debería ser por salud, no me cabe ninguna duda. ¿Cuál es la diferencia de exportar a China y vender carne al mercado interno? ¿Por qué los chinos tiene que tener una inocuidad y más control que los ciudadanos de la Argentina?

-Entonces en principio cada Municipio debería tener claro cuántas carnicerías hay en su territorio.

-Por ahí sería la punta del ovillo. Hay que hacer responsables a los intendentes de la salud de sus ciudadanos. Hay lugares que son inaccesibles. Entramos nosotros quizás. Pero nosotros no podemos ni debemos hacer de agente de policía.

-En algún momento AFIP ordenó que todos operen con un Remito Electrónico cada venta al último eslabón. ¿Qué pasó con eso? ¿Quedó en la nada?

-Es más de lo mismo. Vos podés querer hacer cosas pero en la práctica no sucede lo mismo que lo teórico. Hay cosas que no pueden suceder. Por ejemplo, un carnicero raso, de cinco medias reses por semana, no puede seguir figurando como monotributista. Tiene que ser responsable inscripto, tener un contador, etcétera.

En medio de la cuarentena, hubo un rebrote del virus de la evasión en la industria molinera: Anuncian controles cruzados entre Agricultura y AFIP

Las cuentas a favor de los que dice Rafael son claras. Si cada media res vale entre 20 mil y 30 mil pesos, el minorista que baje cinco por semana estará trabajando con unos 100 mil pesos por semana o hasta medio millón de pesos por mes. Y esto sin contar el pollo, el cerdo, los huevos o las menudencias.

“Los sistemas no están adaptados a la realidad. A nosotros los matarifes nos constó mucho adaptarnos cuando antes ni figurábamos. Pero ahora esta deuda que tenían los frigoríficos y nos la están pasando a nosotros”, advirtió el titular de la Cámara de Matarifes. Y agregó que muchos de sus pares, cansados de esta situación, “empiezan a buscar la alternativa de nuevo en matriculines, las matrículas alternativas”.

-Es decir, ¿volver a operar en negro?

-La realidad es que siempre se agarró por esos carriles. Pero nosotros no queremos seguir por esos carriles. Queremos que nuestro trabajo sea una práctica legal y pagar lo que haya que pagar. No queremos volver a pagar monotributo como cuando, al no ser considerados como matarifes, éramos comisionistas o fleteros. Lo mejor que nos puede pasar a todos es blanquear nuestra actividad, andar seguros, tranquilos.

La entrada El mundo al revés: Leonardo Rafael, el matarife que impulsó a sus pares a blanquearse, ahora reclama al Estado que controle a todos se publicó primero en Bichos de Campo.

“Hace dos años y medio le insistimos al Gobierno que implemente el sistema del REC en la calle. Hoy es inaplicable porque no tenemos el eslabón final que es el carnicero. Es decir, no hay un registro formal de carnicerías”, dijo a Bichos de Campo Leonardo Rafael, presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA).

Escuchá lo que nos decía Leonardo Rafael:

“Estamos de acuerdo en que debíamos ingresar a este sistema, y por eso creamos la CAMyA. Pero también debemos decir que los organismos son muy perversos. ARBA intimó a mas de 200 frigoríficos y matarifes a inscribirse como agentes de percepción del Impuesto sobre Ingresos Brutos. Están haciendo ajustes hasta de 8 millones de pesos a algunos matarifes, siendo que todavía no está implementado el 1,75%”, dijo Rafael, en alusión a que, una vez inscriptos, los operadores cárnicos debían comenzar a retener el 1,75% del valor total de cada venta en el caso de las carnicerías inscriptas en Ingresos Brutos, mientras que en el caso de las no inscriptas esa proporción crece a 8%.

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La Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (AFIP), en tanto, impulsa rl REC como método de control a las carnicerías. El Remito es desde noviembre pasado (aunque no se exigía todavía) el único documento válido para el traslado de carnes, con el objetivo principal de controlar la evasión en los mercados minoristas. Pero en la práctica, falta ver si podrá ser aplicado.

Según Rafael, el REC “todavía no fue puesto en marcha, porque hay complicaciones en cuanto a la implementación del sistema web service. En la práctica hay muchas idas y venidas no contempladas en el sistema, y por otro lado, hasta tanto no aparezca el carnicero inscripto, no tenemos a quién emitirle ese REC”, se excusó. Los matarifes se resisten, de este modo, a actuar como “controladores” de los minoristas a los que les venden carne.

De acuerdo con el dirigente de los matarifes que abastecen de carne el Conurbano, el problema es que “durante muchos años la cosa se manejó mal. Es una cultura de arrastre, y por eso cuesta tanto hoy visualizar a los carniceros. Debería ser un trabajo de AFIP y de ARBA, y no de los frigoríficos y matarifes”, enfatizó.

Luego explicó que en ambos organismos “aducen que no tienen gente para sacar a la calle y hacer ese trabajo. El tema es que tampoco nosotros podemos hacernos cargo de algo que ellos no pueden implementar”.

La entrada Los matarifes retrucan a AFIP y ARBA: “Nosotros no podemos hacernos cargo de algo que ellos no pueden controlar” se publicó primero en Bichos de Campo.

Parece mentira, pero es cierto: la AFIP vuelve a la carga con el Remito Electrónico de Carnes (REC) sin haber consultado la opinión del resto de los funcionarios que integran la Mesa y a pesar de que muchas entidades privadas desaconsejan esa medida, porque podría provocar un corrimiento hacia el mercado marginal de actores que hasta aquí habían aceptado las nuevas reglas de juego.

Parece mentira, pero ARBA (que es la agencia recaudatoria de la Provincia de Buenos Aires) no consulta sus medidas con el resto de los actores públicos y ahora pretende cobrar una deuda millonaria a los grupos de matarifes del conurbano, que los ha puesto en pie de guerra. ARBA, a pesar de que depende de un gobierno del mismo signo que el de la Nación, ya se había cortado sola cuando intentó imponer que las matarifes actuaran como agente de retención de las carnicerías, cobrándoles a ellos un 8% de Ingresos Brutos en el caso de ventas a minoristas que no estuvieran debidamente registrados.

¿Por qué no se ponen de acuerdo los organismos que deben fiscalizar la cadena de la carne? ¿Por qué no trazan un sendero común previsible y se ajustan a el, de modo de ir avanzando paulatinamente hacia la formalización de un sector donde la tentación de evadir está a la vuelta de la esquina? No se entiende, sobre todo porque estas reacciones individuales de los sabuesos de Nación y Provincia podrían malograr los logros alcanzados hasta ahora con el pago a cuenta (VEP) que la mayoría de los operadores mayoristas había aceptado, y que más que duplicaron los registros de recaudación desde el inicio de este gobierno.

Habrá que ver cómo le va a la AFIP una vez que empiece a exigir el REC, que debía estar vigente en noviembre y se aplazó hasta ahora. En Bichos de Campo ya hemos dado cuenta de la resistencia de grupos de frigoríficos a esta ofensiva.

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Y habrá que ver cómo le va a ARBA, que en los últimos días comenzó a intimar a los matarifes de la Provincia por cifras millonarias, ya que a fin de 2018 se vencieron los plazos de la norma que reducía las percepciones de Ingresos Brutos para esa actividad y, como no se discutió nada nuevo, se comenzó a querer cobrar esas mayores sumas a los operadores mayoristas de la carne.

Voceros de ese organismo aclararon a Bichos de Campo que lo único que hacen es cumplir con las normas acordadas en el seno de la propia Mesa de la Carnes, donde se había evaluado “reducir por cierto plazo el régimen de percepciones” de Ingresos Brutos en la cadena de la carne. También subrayaron que esa obligación de retener 8% a los operadores que no están bien registrados rige para todos los sectores de la economía, y no solo para matarifes y frigoríficos.

Todo parece preanunciar que, aunque quizás ARBA logre su cometido, a la Mesa de las Carnes le irá mal si los organismos siguen aplicando políticas casi autistas, que solo se ajustan a intereses recaudatorios inmediatos.

La Cámara de Matarifes y Abastecedores (CAMYA) de la provincia donde más hacienda se faena y más carne se consume acaba de emitir un comunicado en el que denunció “la actitiud intransigente de ARBA, quien aplica sanciones, en base a normativas que lo único que logran es mayor informalidad, aumento de la evasión y de los precios de la carne”. Es decir, todo lo contrario a lo que se pretende lograr.

“Hemos recorrido un largo camino, donde la gran mayoría de los actores de la cadena han ido regularizando su situación e incorporándose a los sectores formales de la economía. El sector exhibe un crecimiento sostenido en base a la apertura de nuevos mercados y también por la mejora del consumo, hasta la crisis económica actual. Sin embargo, al encarar la regularización del último eslabón de la cadena, el sector minorista,  lo hacen de tal manera que ponen en riesgo todos los logros obtenidos”, dijeron los matarifes en referencia a las acciones tanto de ARBA como de la propia AFIP.

La queja de los matarifes tienen que ver con el hecho de que se los obliga en ambos casos a ser ellos quienes controlen a los carniceros, cuando debería ser esta una función de los organismos tributarios. En rigor, tanto en el caso del Remito como en el cobro compulsivo de los Ingresos Brutos que reclama ARBA, son los mayoristas quienes pagan las consecuencias de la informalidad casi general que se registra en el último eslabón de la cadena.

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Razonan los mtarifes: “A nuestro entender, no alcanza con obligar al resto de actores de la cadena a actuar como agentes de retención o percepción, instrumentar el Remito Electrónico, y fijar alícuotas de percepción confiscatorias ante la no incripción, entre las medidas más notables. En este sentido, es necesario un trabajo articulado de los diferentes estamentos del Estado, en sus distintos niveles, que actúe con firmeza y con la potestad que le otorgan las normas legales para lograr tal objetivo”.

“Hoy nos encontramos en la situación que, para seguir trabajando en forma legal y formal, nos vemos obligados a poner en riesgo nuestro propio patrimonio por obligaciones ajenas. La intransigencia y comodidad de ARBA, que elije el camino fácil de obligar a los inscriptos, no hace más que retroceder en los avances logrados y volver a colocar a la cadena en una situación de tensión, en el marco de una crisis económica que llevó al consumo local a valores históricamente bajos”, indicó CAMYA.

Los matarifes directamente advierten que no les costará demasiado abandonar la Mesa de las Carnes y volver a las andanzas. “Persistir en este camino no hará más que retroceder en los avances logrados y volver a las prácticas informales que tanto daño le hicieron a la actividad”, dijeron.

La entrada ARBA y AFIP se vuelven a cortar solas y amenazan dinamitar la Mesa de las Carnes se publicó primero en Bichos de Campo.

-¿Y qué lograron?- le preguntó Bichos de Campo.

“Avanzamos mucho en la formalización de los frigoríficos y titulares de faena (matarifes). En marzo de 2017 se puso en marcha el sistema de simplificar la inscripción para registrar los titulares de faena y el pago previo para que autoricen la faena, ya sea por anticipo de IVA, Ingresos Brutos o cargas sociales. La mayoría de las faenas se hacían a nombre de matrículas ‘caballito’ (truchas) y no se sabía quien era el dueño. Resultado: pasamos de 300 matrículas inciertas a 1.300 titulares de faena conocidos, que hacen su aporte”, respondió Tonelli.

Además detalló que “el 97% de anticipo de IVA se cumple rigurosamente, se mejoró el 35% de la base imponible de empleados en el pago de las cargas sociales y logramos bajar a un tercio la tasa de Ingresos Brutos de la provincia de Buenos Aires, de la que se ha recaudado el doble. Esto demuestra que cuando se hacen las cosas bien, la presión fiscal es lógica y razonable, y hay además un conjunto de actores públicos y privados que trabajan en pos de algo como la equidad comercial, se logran los objetivos”, subrayó.

Aquí la entrevista completa con Víctor Tonelli:

-¿Y ahora qué falta?- repreguntamos.

-Falta el minorista (carnicero), que es muy complejo. Pero es una batalla que hay que dar y estamos en condiciones de dar- aseguró Tonelli.

“Aquí hay dos problemas para considerar, el primero ya se resolvió. Todavía falta que salga la resolución, pero logramos después de ocho meses de trabajo que ARBA aceptara bajar la tasa del 8% a las carnicerías, que era una percepción que tenía que hacer el que le vendía la carne cuando en el negocio, en el mejor de los casos, le quedaba el 15%. Se bajó a 1,75%, que es razonable y posible de cobrar”, detalló el coordinador de la Mesa de las Carnes.

Pero advirtió: “El punto más importante que tenemos por delante es transparentar, que aparezcan (los carniceros). Hay algunos que no tienen ni habilitación municipal. Y hay que resolverles de alguna manera la condición que tienen como monotributistas. Si venden una media res cada dos días, ya superan el monto de facturación que permite el monotributo. Ese es uno de los primeros rechazos. Dicen: ‘No quiero factura porque paso a ser responsable inscripto’. Pero si tenés una actividad que no permite ser monotributista, tarde o temprano la tenés que blanquear”, reparó Tonelli.

-¿Subirá la carne si se blanquean los carniceros?

-La carne no va a ser más cara, ese es un gran disparate. Si lográs que la base de los que tributan sea mayor podes bajar los impuestos y no tiene que impactar en el precio al consumidor.

La entrada Víctor Tonelli: “Hay algunos carniceros que ni siquiera tienen habilitación municipal” se publicó primero en Bichos de Campo.

“ARBA se comprometió a suspender la percepción del 8% por Ingresos Brutos. Fue un pedido del presidente Macri a María Eugenia Vidal”, reveló a Bichos de Campo una fuente que participó este lunes de la Mesa de las Carnes,  en la que nuevamente estuvo el presidente de la Nación.

Esa fue la “buena noticia” para calmar a los frigoríficos del conurbano bonaerense que se quejaban por una decisión unilateral de la Provincia que los obligaba a convertirse en recaudadores de ARBA frente a las carnicerías no registradas, aplicándoles una percepción de IIBB de 8% de la carne que les vendían.

Con el argumento de que ARBA pretendía usarlos a ellos para poner en caja el comercio minorista de carnes, tanto matarifes como frigoríficos había comenzado a poner reparos a este proceso histórico para blanquear las actividades de la cadena cárnica. Incluso, tal como adelantó Bichos de Campo, una de las cámaras de la industria, CADIF, anunció en los últimos días que dejaba la Mesa y no fue es esta reunión.

Ver: La Mesa de las Carnes, la más apreciada por Macri, a punto de estallar

En las últimas horas, además, se informó que ARBA salió a inspeccionar en las últimas semanas unas 900 carnicerías y terminó clausurando a 303 de ellas, luego de constatar que no estaban inscritas en el impuesto sobre los Ingresos Brutos o que, estando registradas, no facturaban sus ventas. La mayor cantidad de suspensiones abarcó locales ubicados en La Plata (54), La Matanza (39), Quilmes (39), Lanús (20), Moreno (18), Florencio Varela (17) y Morón (16), se informó.

Los frigoríficos bonaerenses no tuvieron la misma suerte con la AFIP, que en el encuentro de este lunes con macri ratificó que el 1° de septiembre comenzará a tener vigencia, tal como se había anunciado, el Remito Electrónico de Carnes (REC), un nuevo documento digital que debe amparar todos los movimientos de carne entre el lugar de faena y los puntos de venta minorista.

Según fuentes cercanas al organismo, la idea es hacer un periodo de docencia hasta fin de 2018, pero a partir de 2019 se exigirá el REC a todos los operadores. Queda claro que para solicitar un REC vía internet, un frigorífico o matarife tendrá que tener una situación regular ante la AFIP, incluyendo la Seguridad Social, y el Registro Único de la Cadena Agropecuaria (RUCA), que depende de Marcelo Rossi, el director de control comercial agropecuario de Agroindustria.

Ver: Arba quiere que mil carnicerías comiencen a pagar Ingresos Brutos

Formalizar a las casi 120 mil carnicerías que existen en el país se ha convertido en el talón de Aquiles de todo el plan oficial para sanear el sector de ganados y carnes. Es que, es sabido, la mayor parte de los carniceros no aceptan facturar y trasladan ese problema a sus proveedores. Los mayoristas de la carne, en este contexto, primero apoyaron el programa timoneado por Rossi y la AFIP, pero luego comenzaron a amagar con volver al “gris”. La decisión unilateral de ARBA para obligarlos a actuar como sus agentes de retención de IIBB ante las carnicerías, cobrando la percepción del 8% que ahora se suspendería, terminó por empiojar el escenario.

Mientras se conoce la ofensiva de AFIP y ARBA para cercar al comercio minorista, Agroindustria, por su lado, decidió sumar su aporte creando dentro del RUCA un subregistro específico para que se anoten las carnicerías que quieran estar en paz y en armonía en materia impositiva, en el ámbito nacional. La resolución correspondiente sería publicada en los próximos días, se dijo en la reunión, aunque llevaría varios meses completar este proceso de registro.

La entrada ARBA cede con una imposición a los frigoríficos, pero la AFIP sigue adelante con el remito electrónico se publicó primero en Bichos de Campo.

Bichos de Campo habló con Marcelo Salgado, socio y colaborador de CAMyA, para entender por qué no están de acuerdo con la implementación del REC. La respuesta fue la siguiente: “El Gobierno quiere transparencia, pero el método que está tratando de implementar no es el adecuado, porque nos hace confrontar a los matarifes con los carniceros, cuando nosotros somos los que le proveemos la carne”.

“El que debe actuar de policía es el Gobierno”, aclaró Salgado, que no solo cuestionó la aplicación de este remito (que deberá ser tramitado ante la AFIP por cada planta de faena) sino la decisión de la Provincia de Buenos Aires de imponer a los matarifes y frigoríficos que sean “agentes de retención” de los impuestos que deberían pagar los carniceros.

En rigor, en otra medida cuestionada por CAMyA, ARBA ha decidido que la percepción de Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) trepe de 1,75 a 8% en el caso de ventas a los carniceros que no estén registrados como se debe ante el organismo recaudador bonaerense.

Escuchá el reportaje completo a Marcelo Salgado:

“A nosotros nos conviene tener a todos los clientes en blanco, pero el tema está en el método que el Gobierno plantea. Hasta hace poco los matarifes no podíamos estar en blanco porque era tal la carga impositiva que nos dejaba siempre afuera. Por ende, la torta la manejaban los frigoríficos. Pero estos se endeudaron tanto que volvieron a mirar a los matarifes, y una vez blanqueados estos, nos piden a los matarifes que controlemos a las carnicerías”, declaró Salgado.

Desde la industroa frigoríficas, días atrás el titular de la Cpamara de la Industria de la Carne (CICCRA), Miguel Schiaritti, decía en Bichos de Campo que “el 85% de las carnicerías no están registradas. Por ende es imposible que el industrial o matarife, antes de cargar el camión, haga el remito para que dentro de tres días el carnicero acepte esa recepción. ¿Cómo puede aceptarla si no está inscripto?”.

Ver: Arba quiere que mil carnicerías comiencen a pagar Ingresos Brutos

“Hay determinados municipios donde no se puede entrar, porque son tantas las normas que piden, que no se pueden realizar las habilitaciones correspondientes. Y en el caso de poder hacer las habilitaciones, son tantos los impuestos que se cobran a nivel municipal, que el carnicero no se quiere anotar!, amplió Salgado.

Según el matarife, “otro inconveniente es que hay muchos carniceros anotados como monotributistas, y este sistema es medio perverso, porque un carnicero, a las dos media reses facturadas ya está fuera del sistema. Por eso pedimos ante la AFIP que se haga un monotributo que le permita anotarse al carnicero”, concluyó.

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En rigor, muchos de los matarifes que manejan el principal mercado de la carne bovina (que no es China sino el conurbano bonaerense) han dado muestras de querer blanquear su actividad y aceptaron el sistema de anticipos antes de la faena. Pero ya varias veces han amenazado con patear el tablero y volver a las sombras debido a que las carnicerías no aceptar recibirles una media res si ésta llega acompañada de la correspondiente factura.

Ya que estamos aquí y hablando de esto, no queremos dejar de recomendar que busquen y miren la película “El Patrón, radiografía de un crimen” de Sebastián Schindel, con la interpretación de Joaquín Furriel. Ofrece pistas de cómo funcionan algunas cosas en el mundo de las carnicerías bonaerenses.

Volvamos a la nota. En el contexto antes mencionado hay que leer la entrelínea de la información que llega desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que no siempre ha aparecido alineado en esta estrategia junto a la AFIP y a la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario del Ministerio de Agronidustria. Esa información da cuenta de que ARBA, la agencia recaudadora bonaerense, tiene a un millar de carnicerías entre ceja y ceja. En la mira, como se dice.

Ver: Un intento de Arba para blanquear a las carnicerías bonaerenses

¿Cuál es el motivo de este aviso de ARBA a los minoristas de la carne? Que esas carnicería no están inscriptas en Ingresos Brutos (IIBB), un impuesto provincial que de todos modos, en el nuevo sistema, viene enganchado con el sistema de pagos anticipados de IVA que puso en marcha el gobierno nacional. En rigor, según los matarifes, los carniceros no aceptan facturar justamente para no hacer frente a este tributo, que tiene sobre ese eslabón una tasa de 1,75%.

“En todos los casos, ARBA tiene información que están ejerciendo la actividad sin tributar al fisco, por lo que profundizará paulatinamente la fiscalización en cada uno de los domicilios y, en caso de corresponder, suspender las actividades y cerrar provisoriamente los establecimientos de venta minorista de carne hasta que regularicen su situación”, fue la advertencia que lanzaron los sabuesos de María Eugenia Vidal.

Las fuentes precisaron que del millar de carnicerías hay 775 locales que corresponden al área metropolitana y 211 al interior de la provincia. Según los cruces de datos que realizó ARBA, las carnicerías en infracción se encuentran principalmente en La Matanza (75 casos), Lanús (47), Quilmes (44), Lomas de Zamora (40), La Plata (39), Almirante Brown (38), Tres de Febrero (34) y Avellaneda (30), entre otros partidos.

Ver: Arba mete presión a los frigoríficos y matarifes, que mascullan bronca

La ofensiva de ARBA, como se explicó, forma parte del paquete de medidas que buscan formalizar la actividad del sector cárnico. Estas se pusieron en marcha en 2017, a partir de un acuerdo con AFIP en el que se estableció un régimen unificado de pago a cuenta de los impuestos sobre los Ingresos Brutos e IVA, que actúa como condición necesaria para que los contribuyentes del rubro puedan acceder a la habilitación de faena desde la ex SUCCA.

La agencia bonaerense, por su lado, estableció la obligatoriedad de que frigoríficos, matarifes y otros intermediarios que efectúan ventas a mayoristas y minoristas realicen percepciones en nombre del fisco provincial, que sirven como pago a cuenta de IIBB. Este es uno de los puntos más cuestionados por los operadores que quieren blanquear. Y el que motiva que muchas carnicerías no acepten trabajar en blanco.

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La Agencia de Recaudación de la Pronvincia de Buenos Aires (ARBA) dictará en las próximas horas una serie de resoluciones que la pondrán en línea con la ofensiva de la AFIP y el Ministerio de Agroindustria para intensificar las tareas de control fiscal sobre el sector productor de carne porcina en territorio bonaerense.

Bichos de Campo pudo acceder al texto de tres resoluciones que serán publicadas en las próximas horas y definen el alcance de esta ofensiva.

En la primera de esas tres resoluciones, la 20/2018, se establece la adhesión de ARBA al rpegimen de pago a cuenta establecido por la AFIP y el Ministerio de Agroindustria para controlar la faena de porcinos en territorio provincial. Ese régimen se aprobó en diciembre de 2017, y es semejante al que se aplicaba desde marzo de ese año sobre la cadena de la carne bovina. Esto es: el operador que no anticipe un pago a cuenta por cabeza por IVA e Ingresos Brutos, no tendrá autorización de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario para proceder a la faena de los animales.

En otra de las resoluciones, compartidas entre ARBA y la AFIP, la 21/2018, se acuerda que el organismo recaudador bonaerense será responsable de proveer información a su par nacional para conformar y administrar el Registro Fiscal de Operadores de la Cadena Porcina, así como de realizar los respectivos controles sobre dichas empresas cuando tengan domicilio en territorio bonaerense. Además allí se adelanta que ARBA establecerá un régimen de pago a cuenta por el Impuesto a los Ingresos Brutos destinado a ese listado de contribuyentes.

Fojas después, la resolución 22 establece la creación de ese régimen de pago a cuenta de Ingreso Brutos y fija los porcentajes que deberán tributar cada uno de los operadores según cual sea su actividad. Así las cosas, un frigorífico de cerdos bonaerense deberá anticipar 75% del importa que se fije como pago a cuenta del IVA, y un usuario de faena el 100%.

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Los empresarios de la carne mascullan bronca contra esta presión del gobierno de María Eugenia Vidal, que apunta a utilizarlos como ariete de recaudación frente a uno de los sectores minoristas más díscolos a la hora de facturar, pagar impuestos y entregar facturas a sus clientes: las carnicerías. Pronto, según anticiparon a Bichos de Campo algunas fuentes del sector, habrá una reacción pública. Dicen incluso que la ofensiva de Arba está poniendo en peligro el plan para transparentar el mercado de carne, que lidera la Mesa de las Carnes y tiene el aval explícito del presidente Mauricio Macri.

Lo cierto por ahora es que Arba mando intimaciones y su director, Gastón Fossati, advirtió que “las empresas que incumplan esta responsabilidad serán inscriptas de oficio y deberán enfrentar multas de hasta $60.000 por la infracción”.

 Pese a las desinteligencias que parecen existir entre el gobierno nacional y el provincial sobre la estrategia a utilizar para poder ir formalizando un sector donde los niveles de evasión son infinitos (no pueden medirse), el funcionario de Vidal aseguró que esta medida “profundiza una serie de acciones que pusimos en marcha el año pasado, en forma coordinada con AFIP, para regularizar el conjunto de la cadena cárnica que registraba un alto índice de evasión”.

Ver El “impuesto al carnicero”, un nuevo recurso para intentar blanquear el mercado de la carne

¿Cuál es la posición de Arba? Quiere que frigoríficos, matarifes y otros intermediarios, cuando efectúan ventas de carne a mayoristas y minoristas (carniceros), les descuenten una “percepción” a nombre del fisco provincial. Dicha suma de dinero se tomaría como pago a cuenta de Ingresos Brutos.

“Esa responsabilidad que Arba exige a las empresas contribuye a mejorar el cumplimiento tributario del comercio minorista de carne”, explicó el organismo, como si no fuese su responsabilidad, y si la de los frigoríficos, la de controlar que todo el mundo pague los impuestos que correspondan.

El problema, según los grandes matarifes del conurbano, es que prácticamente ningún minorista acepta que le descarguen las medias reses haciendo la facturación como corresponde. La alícuota que estas empresas deben percibir al comprador es del 1,75% sobre el valor de venta, aunque “siempre y cuando el contribuyente que adquiere la carne se encuentre inscripto en Ingresos Brutos”.

“En caso de que no lo esté, ese proporcional sube al 8%, en tanto que quienes aparecen registrados con alícuota cero en el padrón de contribuyentes que elabora mensualmente Arba no son sujetos pasibles de percepción”, aclaró el comunicado del organismo recaudador.

Empresarios de la carne indicaron que ese 8%, en un negocio que mueve enormes cantidades de dinero pero ofrece a la vez escasos márgenes a sus protagonistas, los dejaría fuera de competencia. De todos modos tropiezan con la resistencia del sector minorista (unos 60 mil carnicerías en la Provincia, según estimaciones extraoficiales), que se resisten a formalizar sus operaciones.

En la última reunión de la Mesa de las Carnes, Macri escuchó quejas respecto de esta última situación y dio órdenes a la AFIP de analizar una propuesta que permita comenzar a blanquear el fangoso mundo de las carnicerías: generar un impuesto específico al sector, que corresponda a un porcentaje bajo de cada factura de compra de la media res, y luego de recaudado sea prorrateado entre la AFIP y Arba, en concepto de IVA, Ganancias a Ingresos Brutos. Una suerte de Monotributo carnicero.

Una medida de esa naturaleza implicaría una menor recaudación en relación a los niveles de ingresos potenciales por impuestos que deberían existir si el sector estuviese en regla. Pero como hoy se recauda poco y nada, se estima que podría ser una herramienta de incrementar los ingresos del fisco y a la vez formalizar a gran cantidad de minoristas.

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