Pero para entender las verdaderas implicancias de esta situación, este medio consultó a Fernando Luis Esteban, especialista en el sector apícola nacional e internacional y director del medio cordobés Espacio Apícola.

-¿Cómo se inició esta situación?

-Hacia fines del año pasado, los compradores de miel de Estados Unidos le avisaron a las empresas exportadoras argentinas que por lo menos dos asociaciones, la American Honey Producers Association y la Sioux Honey Association, presentaron una solicitud en la que anunciaban que iba a haber una petición por dúmping contra la miel de Argentina, Brasil, India, Vietnam y Ucrania. Esta petición se demoró, al principio no se sabía si la iban a hacer, pero finalmente en marzo se supo que estábamos incluidos.

-¿Es la primera vez que recibimos una denuncia de este estilo?

-No. En el 2000 las dos mismas asociaciones realizaron una denuncia por dúmping contra miel de Argentina y de China. En ese caso se pidió investigar a Conagra –una empresa estadounidense con filial en Argentina en ese momento-, a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y la pequeña empresa Radix. Había además otra denuncia por derechos compensatorios, que en el comercio internacional se entienden como subsidios del Estado a las producciones. Una cosa es el dúmping, que es una acusación a los particulares de que están vendiendo la miel por debajo del costo de producción o del precio justo, y otra cosa la presunción de que vos estás vendiendo más barato porque tenés además un subsidio del Estado a tu producción.

-¿Cuál fue el resultado de esa primera denuncia en el año 2000?

-Conagra no aceptó participar de la investigación, y al no colaborar con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, este le puso un arancel más alto, además de un punitorio. Fue del 60.67%, cifra que lo sacó del mercado definitivamente. ACA recibió un 38.71% y Radix un 32,56%.

-¿Qué significan esos porcentajes?

-La solicitud que presentan los americanos es para que la miel que las empresas exportadoras le venden a Estados Unidos, a precios supuestamente bajos, al ingresar deba pagarle al Estado un porcentaje punitorio sobre el precio de la mercadería. Es decir, si por ejemplo pusiste mil dólares en un puerto norteamericano y tenés un gravamen del 60%, hay que pagar 600 dólares por cada mil que exportás. Tu cliente, que te compraba por mil dólares, va a tener que desembolsar 1600 por ese arancel, que funciona como impuesto aduanero.

-¿Y esos gravámenes como adquieren su carácter de punitorios? ¿Provocan que la demanda se ralentice?  

–Sí, funciona como punitorio comercial e indudablemente ralentizan la demanda. Lo que provoca es que el precio baje para el productor del país proveedor. Si el mercado de la miel está rondando por ejemplo los 1200 dólares, y hay además un arancel del 60%, el proveedor va a intentar conseguir la miel a 800 dólares –es decir un precio más bajo- para estar alrededor de los 1200 o 1300 dólares la tonelada con el arancel puesto. En definitiva el eje de la demanda, tanto en el año 2000 como en la actualizad, es que al importarse miel barata de otros destinos ellos pierden competitividad y tienen que empezar a vender más barato.

-La colocación de punitorios implica entonces que encontraron evidencia de dúmping.

-Implica que encontraron justificativos, las evidencias son muy complejas. Ellos lo consideran evidencia pero hay una realidad que es que las economías de los países son sinceramente muy diferentes. Lo que en términos absolutos o puritanos sería la expresión evidencia, en términos de ciencia es una cosa y en términos sociales es otra. Todo depende del punto de análisis.

-Entonces, ¿qué hace que ACA, por ejemplo, haya tenido que pagar más en su momento que Radix? ¿Y qué hace a su vez que ambas pagaran menos que Conagra?

-Es en función de la documentación que presentaron. En la investigación tenés que presentar tu análisis de costo y el análisis de costo de los proveedores internos, entre otras cosas. Ni ACA ni Radix eran productores, sino exportadores que le compraban miel a productores o a acopiadores. La inmensa mayoría de los productores primarios no tiene ningún documento para presentar su análisis de costos de producción. Tenés mucho productor anotado como monotributista. En cuanto tienen que responder cuál es su costo de producción, no tienen una sola factura o libro contable de donde sacar la información.

-¿Cómo se lleva adelante una investigación por dúmping?

-Primero hay una solicitud presentada por los demandantes. Esa es analizada por dos instituciones en Estados Unidos: el Departamento de Comercio, equivalente a lo que nosotros conocemos como el Departamento de Comercio Interior, y la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (ITC), que es la comisión equivalente al rol que cumple nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Internacional. Primero el Departamento de Comercio analiza si la solicitud es razonable, si hay motivos suficientes para investigar y si se ha producido un daño a la industria nacional. Luego de eso, se expide la Comisión de Comercio Internacional.

A continuación Esteban agregó: “Si deciden iniciar la investigación, el Departamento de Comercio elige estudiar a un grupo de empresas determinado del país”.

-¿Quiénes son los actuales demandados?

-Es toda la industria argentina, todos los exportadores son demandados y la sanción es contra todos, no sólo contra los investigados. Esto siempre es así. Pero como el Departamento de Comercio no puede investigar a todas las empresas exportadoras, porque hay hasta cooperativas que exportan menos de diez contenedores de miel al año, elige a algunas para investigar. En esta nueva denuncia se eligió otra vez a ACA y a Industrial Haedo, sin embargo esta última renunció a la investigación.

-¿Uno está en su derecho de renunciar a que lo investiguen?

-Claro, pero te tenés que atener a las consecuencias. La investigación cuesta mucha plata. Hoy tenés que poner una oficina de abogados en Washington a trabajar para que te haga la defensa. Ese chiste te puede costar entre 300.000 y 500.000 dólares. Para entender lo que el Departamento de Comercio te pregunta y responder en los términos apropiados de la legislación norteamericana, tenés que ser un abogado norteamericano.  La terminología que se maneja en los documentos está fundada en apartados y artículos de esa ley.

-¿Bajo qué criterio el Departamento de Comercio elige en esta oportunidad a ACA e Industrial Haedo?

-Son las que más volúmenes de miel han estado exportando a Estados Unidos en un período de investigación que ellos deciden, en este caso va desde abril de 2020 al 31 de marzo de 2021. Cuando Industrial Haedo notificó que no iba a responder porque no le daban los recursos, eligieron a Compañía Inversora Platense (CIPSA) que también se bajó por problemas económicos.  Finalmente se aceptó a NEXCO, una empresa con un poco más de 20 años en el mercado de la miel, que se ofreció como voluntaria.

-Entonces ahora se está investigando a ACA y a Nexco. 

-Correcto. Inició el 11 de mayo pasado. La investigación supone un cronograma, no podes vivir eternamente investigado. Se trabaja hasta llegar a una decisión preliminar del Departamento de Comercio. El período es de 140 días después de la decisión de iniciar la investigación, que se puede extender por 50 días más. Después hay una determinación final que vuelve a ser evaluada por la Comisión de Comercio Internacional.

-¿Cuándo estaría la determinación en este caso?

-La teníamos prevista para el 28 de septiembre pero se aplazó porque los peticionantes arguyeron varias cosas. Primero que las respuestas que estaban dando las empresas investigadas de los distintos países no eran suficientes, por lo que se enviarían nuevos cuestionarios para recabar más información. El segundo punto es que el Departamento de Comercio todavía no se había expedido sobre cuál sería la metodología para analizar los costos de producción.

-Cuando se tome una determinación, ¿el resto de las empresas no investigadas también deberán pagar?

-Sí. Las empresas investigadas presentan toda su documentación y responden a un cuestionario. Se analiza cada libro contable, sus ingresos y egresos. El Departamento de Comercio llega en algún momento a alguna determinación y dice cuánto deberán pagar esas dos empresas. Le darán una cifra a ACA y otra a Nexco. El promedio de esos punitorios es lo que se le cobrará luego a cualquier empresa argentina que quiera exportar a Estados Unidos.

-En tanto dure esta investigación, ¿qué está pasando con las empresas que exportan?

-Siguen exportando, se están cumpliendo los contratos. En principio, cuando salió la decisión de investigación, pidieron que les mandemos toda la miel pactada en los contratos antes de julio para que, cuando salga la determinación preliminar, en caso de alguna sanción retroactiva no haya problema. Pero con la extensión de los plazos los importadores pidieron que mandemos miel hasta mediados de octubre.

-¿En ningún momento se congelaron los precios?

-No porque no hay ningún argumento legal. Hoy estamos bajo investigación pero los precios se siguen moviendo. Aparte hay otros factores que inciden. Los precios locales se han mantenido bajos pero no es que haya una decisión de Estados Unidos de que eso sea así. Nosotros dejamos de aumentar los precios porque no sabemos cómo sigue esto.

-¿Puede pasar que sancionen a un país y no a otro?

-Sí, claro. Las presunciones son distintas para cada país. La petición de sanciones contra Argentina, inicialmente propuesta por los demandantes, iba de un 16% a un 22%, mientras que a Brasil le pedían un 114%. A India le pedían desde un 34% a un 99%, a Ucrania le pedían de un 10% a 94% y a Vietnam le pedían un poco más de 207%. En nuestro caso, la Comisión de Comercio Internacional determinó un presunto daño que va de un 9.75% a un 49.44%, por eso la incertidumbre es enorme. No es lo mismo estar cerca del 9% que del 50%. Y la incertidumbre es la que ralentiza el mercado.

-Si sale la sanción, ¿hasta cuándo se paga?

-Una vez que sale la determinación final de la Comisión de Comercio Internacional todos tienen que empezar a pagar, pero también comienzan las alegaciones. Las empresas tienen el derecho de presentar reclamos para ser exceptuados de esos aranceles o bien pagar menos. Allí se hace una investigación, se pide nueva información, y en general los gravámenes se reducen al poco tiempo. Así ocurrió en 2001, aunque no con Conagra que decidió no colaborar en la investigación. Las empresas que no presenten ningún tipo de defensa o reclamo tendrán que seguir pagando.

Y agregó: “Aún así el Departamento de Comercio hace una revisión cada tanto. En Estados Unidos las empresas del sector industrial necesitan seguir importando, y están interesadas en sacar esa restricción porque es la única forma de comprar miel a un precio más accesible. Ellos consumen más de 250.000 toneladas anuales  de miel y los productores locales apenas producen 70.000 toneladas por año. Está muy debilitado el sector y necesitan comprar miel, sobre todo los industriales que la usan como insumo. Aún cuando el Departamento de Comercio decida a favor de los demandantes, hay empresas que pueden salir en defensa de su proveedor y eso seguro genere la reducción o eliminación de los aranceles”.

-En su opinión, ¿estamos frente a un peligro real?

-Todos tenemos que estar atentos. Ya estamos en una investigación que viene complicada, porque hay productores aquí que se negaron a responder –Industrial Haedo y CIPSA- y eso no cae bien. Después hay todo un problema inflacionario en Argentina que es otro de los factores que dificultan el análisis de costos, porque los estadounidenses no tienen esos procesos que tenemos nosotros y no entienden cómo uno compra la miel a un precio y luego la vende a otro.

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Molinos Cañuelas desde hace años está intentando reestructurar ese millonario pasivo. Sin embargo, este jueves anunció que ya no le queda resto y que pese a los esfuerzos y negociaciones realizadas abrirá, conjuntamente con la firma Compañía Argentina de Granos S.A. (CAGSA), su Concurso Preventivo de Acreedores.

A diferencia de Vicentin, que tenía una alta proporción de su pasivo en manos de acreedores individuales (productores, acopios y cooperativas), la mayor parte de la deuda de Cañuelas es con el sistema financiero. En pesos, la deuda financiera registrada es al momento de 28.383 millones. El mayor acreedor es el Banco Nación, con el 21% del total de esa suma. Y el Banco Provincia suma otro 12%.

“Con esta medida busca proteger sus activos, los puestos de trabajo directos e indirectos de la Empresa y los intereses de los propios acreedores, manteniendo su estructura productiva y asegurando su continuidad operativa en todas sus plantas y establecimientos industriales y comerciales”, informaron desde la empresa.

A través de un comunicado Molino Cañuelas indicó que en la última década comenzó a llevar adelante un plan de inversiones que debió ser cancelado, frente a la volatilidad que se registraba en las principales bolsas del mundo y a la performance negativa del país. A eso le sumaron los efectos de la devaluación de la moneda en 2018, que obligaron a la empresa a postergar el pago de ciertos compromisos e iniciar un proceso privado de re-perfilamiento  de su deuda financiera.

Hay que recordar que esta empresa cuenta con 18 plantas industrias distribuidas entre Argentina (15 de ellas están concentradas seis provincias), Brasil y Uruguay, y exporta sus productos a los cinco continentes.

Frente a este panorama negativo, en 2019 se conformó un Comité de Acreedores, integrado por los principales acreedores de ambas compañías, que alcanzó un principio de acuerdo pero que posteriormente se vio afectado por una nueva devaluación y el inicio de la pandemia de Covid-19 en 2020.

“Las dificultades propias que esto generó en la Argentina provocaron un nuevo e inevitable cambio de escenario para todos los participantes de la restructuración, e incluso hizo que algunos bancos decidieran suspender su participación en dicho Comité, alejando la posibilidad de obtener un acuerdo definitivo”, afirmaron.

Molino Cañuelas, en conjunto con CAGSA, informaron entonces que “con el fin de asegurar la continuidad de sus actividades productivas propias de una industria esencial, proteger a sus más de 3000 trabajadores, sus activos y los intereses de los propios acreedores debió presentarse en concurso preventivo de acreedores”.

Por el momento la empresa se encuentra operando con normalidad en todas sus plantas y espera continuar haciéndolo durante todo el proceso. Sostuvieron además que se mantendrán al día con su plan de lanzamientos de nuevos productos y que esperan llegar a una negociación definitiva en el corto plazo.

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“El Mercosur es una herramienta de reconocimiento con el mundo, una plataforma donde podemos mostrar la producción, generar valor agregado y trabajo para nuestras sociedades. Argentina como presidenta pro tempore, ha venido revisando los aranceles externos común y la política de relaciones externas del bloque”, señaló el mandatario argentino en un clima de tensión que se cortaba con cuchillo. Durante su exposición estuvo acompañado por el Canciller Felipe Solá y por el Ministro de Producción Matías Kulfas.

Si bien la reunión se realizó en forma virtual en la Casa Rosada, las caras de los funcionarios daban cuenta de los ánimos caldeados, tanto así que Jair Bolsonario, presidente de Brasil, se permitió bostezar en varias oportunidades. Ese malestar ya venía gestándose desde principio de año cuando el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, se reunió con sus pares de Brasil y Paraguay para tantear el terreno de la flexibilización del Mercosur.

Esto terminó de concretarse ayer, previo al inicio de la Cumbre, cuando el primer mandatario del país oriental anunció que comenzará a negociar Tratados de Libre Comercio (TLC) con naciones centrales. La decisión implica actuar en contra del Tratado de Asunción, al que adscribieron los países miembros del Mercosur, que define que las negociaciones deben realizarse de manera conjunta.

Terremoto diplomático: El gobierno uruguayo decidió “patear el tablero” para anunciar a sus socios del Mercosur que comenzará a negociar por su cuenta acuerdos comerciales

“Nuestro compromiso fue la búsqueda del consenso. Consenso es respetar la ley de nuestro bloque. Creemos que no podemos resignar esto, somos todos parte de estados de derecho y el respeto a la ley es una regla”, dijo Fernández aplicando lo mejor del clásico libreto de un político.

El presidente concluyó afirmando que “es importante honrar los contratos fundacionales que firmamos. Unidos podemos consolidar un Mercosur creativo, que avance de la mano de sus pueblos y no se corte solo, imponiendo visiones unilaterales.”

Increíblemente, cuando culminó el discurso de Fernández, el gobierno argentino cortó de manera imprevista la transmisión oficial del acto, de manera tal que los discursos de los restantes presidentes de las naciones que integran el Mercosur quedaron fuera del evento.

Los equipos de comunicación de los gobiernos de Brasil, Uruguay y Paraguay tuvieron que salir a las apuradas para realizar las transmisiones que debió realizar el gobierno argentino.

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En los últimos días se realizó una reunión virtual entre productores laneros de las regiones de Aysén y Magallanes, en Chile, y representantes de la Federación Lanera Argentina (FLA). La misma estuvo organizada por la Oficina Comercial de ProChile en Buenos Aires y las Oficinas Regionales de ProChile respectivas.

En diálogo con Bichos de Campo, el presidente de FLA, Marco Gallia, remarcó que “por ahora es una intención pero de concretarse sería una buena sinergia, por varias razones: Chile no tiene peinadurías de lana, Argentina si; Chile produce una lana cruza entre fina y gruesa de excelente calidad que no es producida en cantidad por Argentina, con lo cual sería una muy buena materia prima y además alimentaría a las plantas de Argentina que actualmente mantienen una capacidad ociosa de entre el 30% y 40%”.

El beneficio sería mutuo porque Chile tiene la oferta de lana sucia y Argentina tiene la capacidad de industrializarla y acceder a mercados.

“Hoy el principal comprador de lana sucia es China y en general ningún país quiere depender exclusivamente de un solo país. Por eso digo que para los chilenos esto significaría diversificar su clientela indirecta por el hecho de vender la lana sucia a Argentina, país que industrializa el 70% de sus lanas y llega a unos 40 mercados. Para Argentina la China representa apenas el 19% de sus exportaciones; por ende es mucho más importante el mercado europeo, América y Sudamérica”, agregó Gallia.

¿Hay acuerdo concreto entre Chile y Argentina? Gallia dejó en claro que “aún estamos lejos de que suenen las trompetas de la victoria porque el Gobierno, por un lado anuncia cosas pero por otro lado traba las importaciones de insumos básicos de primera necesidad para una industria lanera como la Argentina que es netamente exportadora”.

“No caigamos en un exceso de triunfalismo cuando para importar determinados insumos básicos tenemos mil trabas”, concluyó.

La posibilidad de un nuevo acercamiento entre ambos países por el mercado lanero surgió luego de un acuerdo entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina y el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de Chile, quienes gestionaron el certificado fitosanitario para el movimiento de esta mercadería a través de ambos países.

Se estima que por cercanía geográfica y por tipología de lanas, Argentina se podría convertir en un actor importante para la producción chilena de Aysén y Magallanes en los próximos 2 a 3 años.

Durante las últimas décadas las lanas naturales han recobrado relevancia frente a las fibras sintéticas debido a sus atributos amigables con el ambiente, por lo que se estima que su demanda será creciente en los próximos años.

La entrada La Argentina podría volver a importar lana sucia de Chile para procesar y reexportar desde aquí se publicó primero en Bichos de Campo.

Para lograr tal objetivo se requiere la implementación de ciertos estándares y su posible certificación con miras a mejorar la competitividad, así como también generar mecanismos de financiamiento a través de la creación de un mercado de “bonos verdes” o “bonos de carbono”

Sabine Papendieck, coordinadora del PACN, explicó en diálogo con Bichos de Campo que el Manual de Cálculo del Balance de Carbono se hizo para los sectores de harina de soja, aceite de soja, biodiésel y aceite de girasol. Y que cada uno cuenta con un calculador abierto que permite a cada eslabón de la cadena establecer su propio balance de carbono desde el inicio del cultivo hasta la salida del grano o el producto por el puerto. La metodología empleada está fundamentada en los criterios establecidos por la norma internacional ISO 14067:2018.

“En el PACN, constituido por diferentes mesas sectoriales, la información ambiental pasa a ser parte de los atributos del producto a exportar y de ese modo la trazabilidad se vuelve un requerimiento de acceso a mercados. Los países de Europa son los que se ubican a la cabeza en este tipo de pedidos de información, pero países como China e India también la requieren”, aseguró Papendieck.

Las mesas sectoriales están formadas por representantes del sector privado, quienes financiaron el desarrollo de los dos manuales presentados hoy, los cuales estarán disponibles a partir del 1° de mayo en el sitio carbononeutro.com.ar

“En definitiva, lo que intentamos decodificar es cómo se producen localmente esos bienes, lo que damos a llamar ‘análisis de ciclo de vida local’, porque no es lo mismo cultivar soja en la Argentina que en Brasil o en otra parte del mundo; todos tienen sus particularidades”, describió la coordinadora del PACN.

El Manual de Cálculo del Balance de Carbono es una herramienta de autogestión que permite replicar el cálculo de dióxido de carbono equivalente. “Siguiendo los pasos de la ISO y del ‘análisis de ciclo de vida local’, el manual te permite ir a un calculador para cargar todos datos necesarios, como los litros de fertilizante empleados, la distancia recorrida, la energía utilizada, entre otros, y así saber cuál es el valor final”, manifestó.

En cuanto al manual de Buenas Prácticas Ambientales, Papendieck remarcó que el mismo brinda una serie de recomendaciones por cada una de las etapas recorridas y permite mejorar ese cálculo para llegar a una situación carbono neutral. “Las emisiones de carbono se pueden calcular de modo organizacional o por producto. En este caso, el cálculo se hace por producto, porque el objetivo es el acceso a mercados”, explicó Sabine.

¿Qué es el Programa Argentino de Carbono Neutro? Su coordinadora, Sabine Papendieck, afirma que en 2021 se verán avances concretos

La cadena de la soja es la que está más avanzada al respecto, dado que en el segmento de biodiésel ya se certifica la huella de carbono a pedido de la Unión Europea (el principal importador del biocombustible argentino).

Acerca de la respuesta que tendrá la implementación de estos dos manuales en la Argentina, Papendieck se mostró confiada. “Nosotros creemos que esto funcionará bien, primero porque se trata de una herramienta gratuita; luego, porque la misma es muy fácil de usar, es decir, no requiere de un entendimiento muy complejo y está especialmente confeccionada en base a una implementación local”, precisó.

Para poder calcular el balance de carbono de un producto, se requiere que todos los eslabones (producción, proveedores de insumos, transporte, acopio, industria y exportación) aportes datos relativos a su actividad.

“Las emisiones por producto requieren una cierta integración por cadena, entonces el exportador le pedirá información al acopio y, a su vez, el acopio le pedirá información al productor y así. No es una integración de hecho, pero si un exportador requiere contar con esa información, entonces sólo va a poder comprar granos que cuentan con la misma”, apuntó Papendieck.

La Mesa de Oleaginosas del PACN está compuesta por los siguientes miembros plenos: Asociación de Cooperativas Argentina (ACA), Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Bioceres S.A., Cargill, Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), GEAR S.A., Lartirigoyen y Cia S.A., LDC Argentina S.A., Molinos Agro S.A. y Oleaginosa Moreno Hnos SACIFIyA.

El Programa Argentino de Carbono Neutro (PACN) fue creado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Bolsa de Comercio de Chaco.

Este es un programa especial que hicimos en Bichos de Campo sobre el tema, en septiembre de 2020:

La entrada El sector oleaginoso argentino ya tiene su propia metodología para calcular balances de carbono se publicó primero en Bichos de Campo.

“Sabemos que el primer paso para mejorar es conocer, por eso creamos una plataforma que acerque a las personas la posibilidad de entender, reducir y neutralizar su huella de carbono, con una solución digital sencilla y autogestionada”, explicó a Bichos de Campo Sebastián Fragni, quien, junto al agrónomo Federico Moyano, creó en 2020 The Carbon Sink, que significa ´sumidero de carbono´ en inglés.

El abogado, que cuenta con experiencia en consultoría, medición y desarrollo de opciones de compensación de emisiones en Latinoamérica, dijo que “queremos democratizar el acceso a la huella de carbono, poder medirla y compensarla; por eso me gusta decir que somos como un sumidero de carbono al alcance de los latinoamericanos”.

En el sitio de The Carbon Sink tanto individuos como empresas pueden calcular el volumen de sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) del último año con sólo responder algunas preguntas sobre su actividad, dieta y estilo de vida. Luego, en no más de 20 minutos, la calculadora devuelve el total de emisiones generadas en toneladas de CO2 equivalentes y muestra cómo se distribuyen por categoría. Lo más interesante es que lo compara en relación a árboles talados y kilómetros recorridos en auto o avión.

Cuando los usuarios acceden a la tienda pueden compensar el resultado de sus emisiones con proyectos forestales y de energías renovables ubicados en Argentina, Perú, Brasil, Chile, Uruguay y Colombia. Según Fragni, a futuro la plataforma incorporará más opciones de compensación en distintas áreas y sectores.

“La idea es que tanto la gente como las empresas tengan la posibilidad de reducir su huella de carbono. Lo que hicimos fue buscar los mejores proyectos de Latinoamérica que fijan carbono, los pusimos en la página y entonces hacemos que personas y empresas elijan alguno de ellos para compensar su huella”, explicó el abogado.

El desafío que se plantearon en The Carbon Sink es lograr que las personas puedan hacer real su compromiso con los objetivos de Carbono hacia 2050 y, de acuerdo a Fragni, “todas las opciones de compensación se basan en protocolos de medición confiables y transparentes, como Verified Carbon Standard, Climate Community and Biodiversity Standard, Gold Standard, IPCC y VERRA”. La calculadora de huella de carbono fue diseñada por especialistas en función de los lineamientos del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol).

The Carbon Sink tiene en oferta, al momento, tres proyectos localizados en Brasil, Argentina y Colombia, cada uno de los cuales cuenta con un certificado que da cuenta del carbono capturado. “Somos el primer marketplace de medición y compensación de carbono en Internet de Latinoamérica, con proyectos certificados y a costos accesibles”, remarcó Fragni.

Para comprar, por ejemplo, una tonelada de carbono capturada por el proyecto del Corredor de los Cedros, en Jujuy (Argentina), se requiere desembolsar una suma de 1490 pesos argentinos por tonelada.

“La crisis climática es urgente y todos jugamos un rol para revertirla. Hoy es necesario reducir las emisiones hasta que la cuenta nos de cero. Estamos profundamente convencidos de que la acción individual hace al resultado global”, concluyó.

Fragni, que preside también el Grupo de Manejo Forestal (GMF), el cual se encarga de desarrollar proyectos forestales diferenciales que contribuyan a la mitigación del cambio climático mediante la captura de carbono, había contado anteriormente en Bichos de Campo que en la Argentina ya existen experiencias exitosas en lo que respecta a venta de bonos de carbono.

La entrada Dos argentinos crearon el primer “supermercado minorista” latinoamericano de bonos de carbono se publicó primero en Bichos de Campo.

El blockchain es muy útil para conocer aspectos en la cadena de suministros, ya que permite rastrear alimentos en las etapas de producción, procesamiento y distribución con el propósito de evitar fraudes, asegurar la inocuidad alimentaria y establecer una comunicación más eficiente con los consumidores.

En Argentina este tema desvela a más de un empresario. Juan Litovichi es uno de ellos. Él fundó y dirige junto a su socio, Carlos Hug Belmont, la empresa BeefLedger South America, que vendría a ser un brazo de la original fundada en 2017 en Australia.

Durante tres años esa firma proveyó a China de carne premium trazada con blockchain, hasta que llegó la guerra comercial entre ambos países y entró en juego Argentina, país que está por concretar el envío de una muestra de 1200 kilos de carne premium a la nación asiática.

Mientras Australia mandaba cortes premium, Argentina y países como Brasil despachaban carne de mas baja calidad, pero, luego de conflicto político con Australia, algunos importadores chinos salieron a buscar los cortes premium en otras naciones.

El embarque se enviará a través de la marca Aliarg la semana entrante a la región de Shenzhen. El envío  contiene distintos cortes premium: lomo, cuadril, entraña, ojo de bife, bife ancho y bife angosto. El acuerdo se logró entre tres partes privadas: BeefLedger a través de su sede en Argentina, gestionada por Litovichi; la empresa Carne Hereford S.A., fundada por la Asociación Argentina Criadores de Hereford,  y la firma china de alimentos Australasia Food Co. Ltd. El objetivo es validar los atributos de la carne premium argentina e impulsar el crecimiento de la exportación al mercado chino.

En diálogo con Bichos de Campo, el empresario y también abogado, declaró que junto a su socio y la empresa IBM estaban en proceso de desarrollo de una tecnología similar a la utilizada por BeefLedger, pero con la pandemia se retrasó todo y tuvieron que encontrarle la vuelta.

“Decidimos asociar los proyectos de cada uno, tanto el de Argentina como el de esta empresa en Australia y entonces juntamos la tecnología de ellos y nuestro equipo para desarrollar el mercado desde Sudamérica hacia ese destino asiático”, remarcó Litovichi.

Emprendedor, como se define, Litovichi, que cuenta con veinte años de experiencia en el ecosistema de Internet y tecnología asesorando a empresas en Latinoamérica, aclaró que los australianos proveerán la tecnología, mientras que la Argentina se encargará de los envíos de carne a China.

El socio fundador de la sede sudamericana de BeefLedger explicó que el consumidor chino que  adquiera esa carne podrá determinar a través de un código QR en el empaque tanto el origen como procedencia de ese alimento. “Acercando el celular y escaneando el código QR podrá ver todos los eventos ejecutados en la cadena de blockchain, por ejemplo, la estancia de donde salió el animal o el transporte que lo llevó a determinado frigorífico”, resaltó.

“Ofrecemos este servicio porque es una exigencia del gobierno chino para evitar el contrabando. De hecho, de cada dos kilos de carne australiana que se vendía como tal en ese país, un kilo era realmente carne vacuna australiana, pero el otro kilo no era carne vacuna, sino de otro animal como búfalo, y había casos en que la procedencia ni siquiera era de Australia”, advirtió.

https://twitter.com/fabiojquetglas/status/1361411900500824064?s=20

La satisfacción de Litovichi por el acuerdo trinacional generado con Carne Hereford S.A y Australasia Food Co. Ltd es grande, pero no suficiente, dado que, según agregó, “con estas tecnologías podríamos determinar más cosas, como, por ejemplo, registrar la genealogía del animal, tanto el genotipo como fenotipo, determinar el establecimiento en el cual fue criado, cuál fue su modo de producción y cómo fue alimentado, es decir, cada paso de la vida de ese animal”.

“Ya hay mercados que piden estos aspectos. Debemos ir por más”, concluyó. Pues, que así sea. Argentina, con el blockchain alimentario, tiene una oportunidad enorme para transparentar la cadena de suministros de la industria alimentaria para conferirle una mejor reputación a todos sus integrantes, desde los productores hasta los distribuidores, brindando confianza al último y más importante eslabón: los consumidores.

La entrada Emprendimiento trinacional: Argentina enviará una muestra de carne vacuna premium a China trazada con tecnología blockchain australiana se publicó primero en Bichos de Campo.

Pero el personal diplomático de la Embajada Argentina en China no se da por vencido: acaba de anunciar que se reunió con directivos de la empresa agroindustrial china Animal Husbandry Group (CAHG) para evaluar la instalación –presten atención– de “granjas inteligentes” que son, según define el propio comunicado oficial, “seguras, sostenibles y sustentables”.

“Mientras que las megafactorías instaladas en Estados Unidos son unidades productivas de alrededor de 100.000 madres, las granjas inteligentes sólo tienen alrededor de 10.000 madres”, apuntó el comunicado, dando a entender, probablemente, que existe una relación proporcional entre la cantidad de madres y la “inteligencia” y seguridad de las granjas porcinas.

El representante especial para la Promoción del Comercio y de las Inversiones de la Embajada Argentina en China, Sabino Vaca Narvaja, fue quien mantuvo una reunión cordial con Xue Tingwu, presidente de CAHG, en la cual analizaron “diversos proyectos de inversión en producción porcina, que contemplan el cuidado del medio ambiente y que se enmarcan dentro de una estrategia integral, incluyendo a los pequeños y grandes productores, ofreciendo alternativas de pre-financiamiento de exportaciones para aquellos grandes productores que no evalúen asociarse con capitales chinos y joint-ventures con capitales chinos para aquellos productores que así lo requieran”.

Es decir: parece que el premio consuelo para aquellos que no acepten “asociarse con capitales chinos” serían créditos de pre-financiación de exportaciones (¿solamente para embarques a China?) a partir de facilidades aportadas quizás por la corporación estatal china.

El comunicado indica que las “granjas inteligentes” estarían equipadas con tecnología para tratar los residuos y abastecer de energía a pequeños núcleos urbanos a partir de la producción de biogás. “El desarrollo de este proyecto reducirá el déficit en la balanza comercial, ya que incrementa el valor agregado de nuestras exportaciones y no requiere importaciones, debido a que el componente nacional de los insumos necesarios alcanza el 90%”, asegura.

“También, dado el corto ciclo reproductivo de los cerdos (6 meses), el proyecto acortará los plazos de ingreso de divisas a nuestro país. En paralelo, el incremento de la demanda de maíz podría reducir la tendencia hacia el monocultivo de la soja”, asegura el texto del comunicado. Está más que claro que con las “granjas inteligentes” podrían “matarse dos pájaros de un tiro”.

El comunicado de la Embajada Argentina en China da incluso un paso más para asegurar que el acuerdo porcino podría contribuir con la agenda estratégica del gobierno chino de consolidar al renminbi (más conocido como yuan) como moneda de referencia global.

“Esta cooperación estratégica debe encontrar sinergia con otros puntos de la agenda bilateral, apalancarse en las oportunidades que ofrece el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la internacionalización del renminbi (RMB) y, a la vez, apalancar otros sectores productivos y el mejoramiento de la infraestructura de transporte, como la fabricación de baterías de litio (abundante el NOA) y la automotriz eléctrica”, señala.

“El desarrollo de estos vectores estratégicos requiere de insumos chinos que podrían ser adquiridos utilizando los RMB adquiridos por la exportación de cerdos, construyendo así un circulo virtuoso con una potencia complementaria, apartando el uso del dólar en las transacciones comerciales y ayudando a desarmar la cultura bimonetaria de nuestro país”, afirma el texto del comunicado.

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En el norte del país se concentra la mayor cantidad de casos de niños con retraso del crecimiento, mientras que en la zona centro y sur del país hay más casos de sobrepeso infantil. El estudio se centró en aquellos territorios “altamente rezagados”, es decir, que exhiben niveles significativamente superiores al promedio nacional.

Entre 2014 y 2019 la inseguridad alimentaria se acentuó y creció 16,6 puntos porcentuales en nuestro país. Según se indicó en el informe de alcance regional, Argentina “prácticamente ha duplicado la población total afectada y ha sumado 3,2 millones de personas a la inseguridad alimentaria grave”. Esto impacta más sobre las mujeres que sobre los hombres.

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Argentina se encuentra junto a Chile y Bolivia entre los países con los territorios más heterogéneos y por lo tanto combina algunos altamente rezagados con otros donde mejoran los promedios. En lo que respecta al retraso de crecimiento en niños, las provincias con los peores índices son Formosa, con un 10,3%, Corrientes y Misiones, con un 9;8%, y Santiago del Estero, con 9,4%. Aquellas provincias con rezago más bajo son Jujuy, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, San Juan, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

Por otro lado, según los últimos datos disponibles, el porcentaje de sobrepeso infantil en Argentina supera el 10%. El sobrepeso infantil refiere a un niño o niña que tiene un peso muy alto para su estatura y esto también indica una mala nutrición, muy poco equilibrada y sana. Es una meta de la Asamblea Mundial de la Salud que esto no aumente entre los menores de 5 años para el 2025.

Al igual que en Chile, en Argentina la prevalencia del sobrepeso es más alta en los estados del sur y en algunos situados más hacia el centro del país, pero no en el norte. Así, las provincias las provincias más rezagadas em esta materia son las de La Rioja, Santa Cruz y Santa Fe, con un 13%, y Chubut con un 12,3%.

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Los fondos fueron otorgados gracias a que “se demostró que Argentina logró disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero en el período 2014-2016, alcanzando una reducción total de más de 165 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente, a partir de la deforestación evitada en las regiones del Parque Chaqueño, en la Selva Tucumano Boliviana, en el Espinal y en la Selva Misionera”, dice el comunicado del organismo.

Desde esta mirada, el país está haciendo lo que quisieran hacer muchos productores: recibir dinero por sus capturas de carbono. En ese periodo, la Argentina ofreció una porción de 18 millones de toneladas CO2 de dichos resultados al Fondo Verde, a través de la FAO como Entidad Acreditada. Y a partir de esto es que se le aprobó dicho financiamiento.

Estos fondos serán usados para establecer 7 cuencas forestales sostenibles que alcanzarán a 7000 familias de productores, comunidades y trabajadores y trabajadoras de la madera y servicios forestales; 95 planes integrales de manejo comunitario y 92 planes de manejo de bosques con ganadería integrada que beneficiarán en forma directa a 2900 familias de comunidades locales e indígenas; y se implementarán 6 planes estratégicos de prevención de incendios a nivel provincial.

El proyecto se enmarca en el avance de la implementación del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático, y en la estrategia nacional del programa de las Naciones Unidas REDD+ (“Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques”) para alcanzar las metas del Acuerdo de París y el desarrollo sostenible del país, de las comunidades locales, de las mujeres rurales y de los pueblos originarios, que viven y dependen de los bosques.

El nuevo proyecto será ejecutado en forma conjunta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y la FAO, y se encuadra dentro del recientemente firmado Marco Estratégico de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo (Mecnud).

Para acceder al dinero, la Argentina argumentó a su favor que implementó políticas que permitieron reducir emisiones, como la Ley de Bosques 26.331 en 2006 y el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad. Muchas organizaciones ambientalistas como Greenpeace afirman que, aunque esto atenúo los niveles de deforestación, todavía se siguen desmontando miles de hectáreas, sobre todo en las provincias del norte del país.

El Fondo Verde Climático (FVC) fue constituido como mecanismo para ayudar a que los países en desarrollo puedan realizar prácticas de adaptación al cambio climático y mitigar sus efectos.

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