“Que se queden tranquilos, que no habrá que sacrificar ni una cabeza de ganado”, transmitió a Bichos de Campo el subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agricultura, Ariel Martínez, quien formó parte de la delegación argentina en Glasgow y que todavía permanece en esa ciudad escocesa, donde todos los países del mundo están tratando de acordar una agenda urgente para poner freno a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que recalientan el planeta y provocan un cambio climático peligroso para la humanidad. 

La aclaración oficial resulta oportuna. Ni bien todos los presidentes llegaron a Glasgow, a principios de esta semana, la Argentina -junto a otro centenar de países- se mostró como firmante de los dos principales acuerdos que las potencias más desarrolladas querían imponer en esta cumbre climática. Uno de ellos lo firmaron casi todos, incluidos países díscolos como Rusia y China: pretende poner freno a la deforestación a partir de 2030. El otro pacto global, impulsado por Estados Unidos y la Unión Europea, se conoce como “Compromiso Metano” y resultó un poco más discutido, pues es “vinculante” y establece que las emisiones de ese gas deberán reducirse en un 30% en 2030.

La adhesión argentina a este pacto -que también asumió Brasil pero fue rechazado por otros países ganaderos como Australia y China- despertó algunos temores entre los productores. ¿Por qué? Porque se sabe que buena parte de las emisiones de metano son generadas por los rumiantes y por eso en la Argentina, del total de emisiones de metano, más del 60% son atribuibles a la ganadería según los criterios establecidos por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Si Argentina se comprometió a recortar un 30% e sus emisiones, ¿eso implicaría que habría que reducir otro tanto el stock de vacunos?

“En absoluto”, respondió el funcionario argentino, quien aclaró que ese 30% mencionado en el documento es el objetivo de reducción global (es decir, que el mundo debería llegar a cumplirlo en 2030) y que no debe ser aplicado literalmente en cada uno de los 105 países signatarios.

Es bueno saberlo: Comenzó a instrumentarse la acción global destinada a liquidar al sector ganadero

¿Qué significa eso? Que por ahora está acordada cuál es la meta objetivo (reducir las emisiones globales de metano en un 30% para 2030, desde los niveles de 2020), pero todavía debe discutirse la “métrica”, lo que significará definir cuál será el aporte efectivo que tendrá que hacer cada país y en qué sector de la economía se debería producir ese ajuste.

En ese sentido, el funcionario de la cartera agropecuaria destacó que el ganado es responsable de solo una parte de las emisiones de ese GEI y aclaró que en la Argentina otro casi 40% proviene de los residuos, la energía y otras actividades económicas. De hecho, al anunciar este pacto, Estados Unidos y Europa anticiparon que pondrían su propio esfuerzo en reducir las emisiones de metano de sus industrias petroleras.

“La reducción planteada del 30% en las emisiones de metano es global, y de ninguna manera nos obligará a bajar el número de cabezas. Este acuerdo no irá en contra de la seguridad alimentaria y nuestra consigna al firmarlo fue ‘ni un alimento menos’. Por el contrario, podemos producir más y hasta extender la cantidad de cabezas si comenzamos a trabajar en la eficiencia de nuestra ganadería”, enfatizó el subsecretario que acompañó a Domínguez hasta Glasgow.

En ese sentido, el funcionario consideró que ahora debe comenzar un proceso arduo de trabajo tal como se definió en el documento que el Ministerio de Agricultura firmó con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), la Mesa de Enlace y Aapresid unos pocos días antes de la cumbre climática. Allí, básicamente se establecía que “la agricultura no es el problema sino parte de la solución” para reducir las emisiones.

https://twitter.com/DominguezJul/status/1455603660835237898?s=20

En este sentido, los objetivos del gobierno -o al menos de su ala más productivista encarnada ahora por Domínguez-, pasan por desplegar una agresiva agenda en los próximos meses para definir una “métrica” cumplible en materia de compromisos de reducción del aporte nacional de metano al planeta, donde este gas colabora con 17% de las emisiones totales y, una vez en la atmósfera, se elimina en tiempos bastante más cortos que el carbono (se habla de una diferencia de 10 años contra casi un siglo de permanencia).

Martínez citó en esa agenda buena parte de las medidas que la propia cadena de ganados y carnes pregona, especialmente a partir del trabajo del investigador del Conicet Ernesto Viglizzo. Entre otros puntos eso implicaría:

• Ganar eficiencia en el manejo de rodeo para reducir a una mínima expresión las vacas improductivas que hoy producen tanto metano como las que están en producción. En el mismo sentido, y para producir más carne, se debería elevar el peso promedio de faena.
• Convencer al resto de los países que la ganadería argentina -al ser de base pastoril- captura tanto o más carbono del metano que emiten sus bovinos (en carbono equivalente). Para esto Martínez piensa que hay que cerrar filas con Brasil, Uruguay y otros países ganaderos.
• Comenzar a incorporar tecnologías (como ingredientes alimentarios) que puedan ayudar a reducir la cantidad de metano que emiten las vacas argentinas, pero sin reducir el stock.
• Discutir con otros sectores económicos (en especial con la industria petrolera o la de gestión de residuos) cómo serán los aportes nacionales al compromiso metano.

COP26: El mismo día que el gobierno prometió reducir 30% las emisiones de metano, la cadena ganadera le mostró el camino para lograrlo

-¿Y qué sucedía si la Argentina se negaba a firmar ese acuerdo, como hizo Australia?- preguntamos en un tramo de la conversación.

Martínez explicó que de entrada los países en vías de desarrollo -como la Argentina- se encontraron en la COP26 con una posición muy agresiva por parte de las naciones desarrolladas, que querían cerrar la cumbre de Glasgow con compromisos estrictos para evitar que la temperatura planetaria llegue a subir los 2°C tan temidos durante este siglo. Un condimento fue que, luego de varios años en los que Donald Trump minimizara este problema, el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se mostró en Glasgow como el más entusiasta de los ambientalistas.

La delegación argentina, según esta descripción, se empecinó en aclarar que la responsabilidad nacional para haber llegado a este escenario era mínima, pues el país solo emite 0,7% del total de GEI, según los últimos inventarios. Pero a la vez había que mostrar voluntad de ser parte de la cruzada mundial para resolverlo. “Por eso en el documento que la Agricultura firmó con las entidades rurales se priorizó la adaptación al nuevo escenario de cambio climático, pues sin haber sido culpables, igual nos lastima”, explicó el subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agricultura.

Según esa visión, más allá de quién pateó la pelota y rompió el vidrio, todos jugamos el partido y existen “responsabilidades comunes, aunque tengamos que hacer esfuerzos diferenciales para resolver el problema”.

Otra verdad de Perogrullo es que por su delicada situación económica la Argentina no está como para sacar los pies del plato de ninguna de estas negociaciones y mucho menos para hacerse la canchera. “Estar afuera te corre del marco del financiamiento y no vas a estar entre los países que va a recibir inversiones”, reconoció el funcionario, que recordó que en el marco del Acuerdo de París el artículo 6 habla concretamente del compromiso de las naciones desarrolladas para financiar proyectos que permitan al resto de los países mitigar el impacto del cambio climático y adaptar sus sectores productivos a las nuevas realidades.

Martínez, que por ahora permanece en Glasgow junto a un grupo técnico de funcionarios de la Cancillería y el Ministerio de Ambiente, comentó que ahora se está negociando sobre un tercer acuerdo global impulsado por la Unión Europea para intentar que en un futuro se imponga la obligatoriedad de certificar que los alimentos no provengan de tierras que hayan sido deforestadas, de modo de detener el “cambio de uso del suelo” que también provoca emisiones de GEI. La novedad es que se pretende que estos condicionamientos asuman la forma de reglas comerciales.

Esa nueva ofensiva mantiene ocupados a los delegados argentinos. Y es la mejor evidencia de que las grandes potencias esta vez han intentado avanzar con la agenda climática de modo mucho más intenso que en otras ocasiones.

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Dice un comunicado del Ministerio de Agricultura que Luis Basterra, el ministro, viajó virtualmente hacia la provincia de Río Negro para distribuir 109.252.995 pesos en diversas iniciativas destinadas “a asistir a pequeños y medianos productores”.

Como no tenía tiempo de visitar todos los municipios favorecidos con los recursos públicos, Basterra y su subsecretario de Coordinación Política, Ariel Martínez, se comunicaron vía teleconferencia con la localidad de Lamarque. Allí hubo un acto donde se entregó maquinaria “agrícola” valuada, siempre según la gacetilla oficial, en 20 millones de pesos.

La foto que envío el Ministerio de Agricultura mostraba eso: a Basterra y Martínez conectados por computadora, siguiendo un acto que se realizaba en la plaza centra de Lamarque, un municipio que gobierno el intendente Sergio Hernández. Uno imaginaría que del otro lado habría alguna autoridad provincial (o por lo menos un técnico del INTA y un boy scout, como diría el Agente 86). Pero no, quien hacían de maestros de ceremonias no eran funcionarios del sector público rionegrino sino el senador nacional del Frente de Todos, Martín Doñate, y la candidata a diputada nacional y actual coordinadora del Ministerio del Interior, la barilochense Ana Marks.

Había que recurrir a la Agencia de Noticias Patagónicas, para darse cuenta que en realidad los que entregaban las máquinas pagadas por todos nosotros eran dirigentes políticos del kirchnerismo, que están lanzados en plena campaña electoral. De hecho, Marks es cabeza de lista para diputados. El kircherismo no solo se enfrenta en Río Negro con la oposición nacional de Juntos por el Cambio sino también con el oficialismo provincial agrupado en Juntos somos Río Negro, que responde al ex gobernador Alberto Weretilneck.

La segunda gran decepción es que en el Ministerio de Agricultura ni siquiera saben bien para que utilizan la plata que ellos aprueban y remiten para estos que se parecen mucho a simples actos de campaña. La gacetilla oficial decía “maquinaria agrícola”, pero resulta que lo que se compró para Lamarque eran “una motoniveladora y un camión cero kilómetros con destino al mantenimiento y mejoramiento de los caminos rurales”.

“Aquí se demuestra el proyecto de un país inclusivo. Las inclemencias climáticas que atravesó la provincia nos exigen acciones conjuntas para dar oportunidades en los territorios. No es el mérito de un Ministerio, sino un proyecto de articulación”, dijo Basterra mientras en la plaza de Lamarque el kirchnerismo festejaba los anuncios y en la frontera con Neuquén, en el famoso Dique Ballester, la gobernadora Arabela Carreras lanzaba la temporada de riego para las 59.000 hectáreas productivas del Alto Valle. Carreras, alineada con Weretilneck, mostró preocupación por la crisis hídrica ante las sequías por falta de lluvias y nevadas. Quizás ese sería un buen tema para que le preste atención el ministro nacional de Agricultura.

Pero a no desesperar, porque la gacetilla de Agricultura que nos llenó de ilusión hablaba de aportes por 109 millones de pesos, y a los kirchneristas de Lamarque les correspondieron apenas 20 millones. Quizás con el reparto del resto del dinero encontremos consuelo.

La gacetilla hablaba de otro aporte de 9.328.995 pesos para la municipalidad de “Beltrand”. Danger: No existe un municipio con ese nombre en Río Negro, aunque intuimos que se trata de un aporte para la Municipalidad de Luis Beltrán, que sí existe y tiene severos problemas presupuestarios, como todas las demás. Da la casualidad que Beltrán es además el pago chico del ya mencionado senador Doñate, el principal referente kirchnerista de la provincia. En este caso, el dinero de Agricultura (sí, de Agricultura, no de Obras Públicas) permitirá adquirir “una pala cargadora frontal, para realizar acciones de laboreo de alteo, relleno y limpieza de cunetas de caminos rurales primarios y/o secundarios del municipio”.

El intendente allí no es del FpT sino Robin del Río, de Juntos somos Río Negro. Allí el candidato de Doñate no pudo ganar.

Todo tiene explicación: Basterra, primer ministro de Agricultura que visita Almirante Brown, tiene funcionarios que derivan dinero público hacia su propio distrito

No desesperemos y continuemos leyendo la estimulante información del Ministerio de Agricultura. “La municipalidad de General Roca solicitó la suma de 20.000.000 pesos para la adquisición una retroexcavadora nueva y así llevar a cabo acciones que permitan prevenir posibles daños por futuros eventos de inundaciones sobre el sector de la agricultura familiar”.

No hace falta escarbar mucho para recordar que General Roca es el municipio que gobernaba Martín Soria, otro kirchnerista que ocupa ahora el Ministerio de Justicia de la Nación. Allí el riesgo de inundaciones no es tanto, pues llueven unos 100 milímetros anuales y hay -como en todo el resto de la región- una grave crisis hídrica. El Río Negro salpica menos que un negro riendo (cuac).

Seguimos, porque el mismo argumento se esgrime para la municipalidad de Cervantes. En ese caso, siempre según la gacetilla, pidió 15.000.000 pesos para “la adquisición de una retro pala y un camión volcador, nuevos (un encanto esta aclaración), para llevar a cabo acciones que permitan mejorar y conservar la transitabilidad de sus caminos, con el fin de prevenir posibles daños por futuros eventos de lluvias intensas e inundaciones, sobre el sector de la agricultura familiar, en particular productores frutihortícolas y crianceros dedicados a la cría de ovejas, cerdos y pollos”.

Muy emotivo. El distrito de Cervantes está gobernado por la intendenta Claudia Montanaro, del FdT. Hace una semana Claudia recibió la visita de campaña de Doñate y Marks y participó de la inauguración de una cañería de agua potable. Tomaron el consabido vasito de agua de campaña.

¡Qué raro que en este reparto de subsidios falte justamente el municipio de Bariloche! Es que de allí proviene justamente la mencionada Ana Marks, que encabeza la lista kirchnerista. ¿Pero cómo no le dan dinero al municipio dónde pertenece la candidata?

Sucede que el intendente de esa ciudad se llama Gustavo Genusso y no pertenece al oficialismo nacional sino al provincial Juntos Somos Río Negro. Por eso la Municipalidad no recibirá ni dinero ni maquinaria comprada con dinero de Agricultura.

Pero a no desesperar… La gacetilla oficial define que en el caso de Bariloche, el distrito de Marks (en la foto haciendo la V de la avivada), la plata no circulará por los carriles institucionales sino que directamente “se asistirá a productores agropecuarios del Departamento Bariloche con 25.000.000 pesos para asistir a los productores agropecuarios afectados por incendios forestales”. Y si, resulta muy triste leer esto: la palabra “asistir” se utiliza dos veces seguidas en una misma frase.

Así las cosas, ningún distrito que no estuviese enrolado con el kirchnerismo recibió dinero del Ministerio de Agricultura. Ni siquiera para disimular le dieron plata al Municipio de Ingeniero Jacobacci, ubicado en la estepa patagónica, en el sur pobre de la provincia. Es el único municipio gobernado por el radicalismo.

Eso sí, la gacetilla oficial informó que “la provincia de Río Negro recibirá 19.924.000 pesos para fortalecer la capacidad de respuesta de los productores y de sus entidades competentes en materia de incendios forestales, con el fin de reducir la vulnerabilidad de los productores locales y poder prevenir pérdidas productivas ante estos posibles eventos adversos”.

Habrá que ver bien a qué manos llega esa plata. Por lo pronto, Río Negro sí dispone de un Servicio provincial de lucha contra incendios que seguramente necesite los recursos.

Si acaso reciben dinero nacional para comprar una manguera, por favor tiren un chorro de agua fría hacia acá. Es necesario aplacar tanta calentura frente al manejo discrecional de los recursos públicos.

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Greta no tiene nada que ver. En todo caso, sus responsabilidades pasan por haber ayudado a desencadenar un proceso tan peligroso que las 34 naciones americanas que conforman el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) han decidido enfrentar, para evitar primero la demonización de la actividad agropecuaria y luego medidas restrictivas al comercio impuestas desde las naciones más poderosas del planeta.

El peligro que acecha a los países agrícolas de Latinoamérica, y más especialmente a los agroexportadores del Cono Sur (entre ellos a la Argentina) no se llama Greta, en realidad. Se llama Cumbre de Sistemas Alimentarios, un foro global que fue convocado por la ONU y que tendrá una precumbre dentro de pocos días en Roma. Esta es la explicación oficial para semejante convocatoria:

Lo que se discutirá allí es como se debe alimentar al mundo de modo sustentable. Y lo que se teme es que de allí, dónde imperan los intereses de los países centrales, nazca una fuerte ofensiva que demonice la agricultura convencional.

A modo de ejemplo, uno de los capítulos más fuertes de la agenda tiene que ver con las emisiones de GEI (Gases de efecto invernadero) que tanto denuncia Greta y que muchos movimientos ambientalistas han tomado como argumento para atacar a la ganadería (ya que los bovinos emiten metano) sin reparar que, por lejos, la mayor fuente del calentamiento global está vinculadas a la quema de hidrocarburos en los países más desarrollados.

Con estos nubarrones en el horizonte, que podrían impactar a mediano plazo en mayores exigencias o en restricciones al comercio de alimentos desde esta región, el IICA convocó esta lunes a una conferencia de prensa de la que participó Bichos de Campo. En principal objetivo fue mostrar un silencioso trabajo, realozado en los últimos meses, para unificar posiciones de cara a esa cumbre, que tendrá su capítulo final en diciembre en Nueva York. El logró palpable es que los 34 países de esta región han consensuado 16 “mensajes” dirigidos a la comunidad internacional. este es el documento que los contiene:

En la conferencia, piloteada por el argentino Manuel Otero, que preside el IICA, estuvieron los ministros de Agricultura de Paraguay, Santiago Bertoni; de Guatemala, José Ángel López Camposeco; y de la caribeña San Vicente y Las Granadinas, Saboto Caesar; como para mosrtrar que no hay fisuras. Son ellos los que llevarán la voz cantante a la precumbre de Roma.

“El secretario general de ONU hizo la convocatoria para esta cumbre para los sistemas alimentarios. En la región realizamos más de 40 reuniones regionales y varias hemisféricas junto a la FAO, donde la idea era estimular convergencias, contenidas en estos 16 mensajes que se van a llevar a la cumbre. En América conviven países que son muy diferentes, pero en esa heterogeneidad está nuestra fuerza”, explicó Otero.

Luego explicó la importancia de defender una posición común a favor de nuestros modos de producción. Recordó que “una de cada tres toneladas de alimentos que se exportan en el mundo vienen de nuestro continente” y que “el 51% de los empleos vienen del sector agrícola”. Por eso enfatizó que “con la certeza de saber que estamos haciendo muchas cosas bien en materia ambiental, tenemos que defender nuestros sistemas  alimentarios”.

Buena parte de los textos que los países americanos llevarán a Roma nacieron de una proclama del CAS (Consejo Agropecuario del Sur), que integra la Argentina. De allí que el rol del ministro paraguayo Bertone sea clave en esta contienda global, donde la cancha parece estar inclinada a favor de las naciones más desarrolladas, de donde por cierto proviene la joven Greta.

“La región quiere ver reflejadas sus opiniones. La opinión de los productores debe ser escuchada y yo creo que el rol del comercio internacional es fundamental. Por eso es imperativo seguir trabajando para tener un comercio en base a la regulaciones basadas en la mejor información científica disponible”, dijo Bertone, temeroso que de la cumbre puedan surgir recomendaciones muy duras contra el uso de agroquímicos y la actividad ganadera, y que eso sirva como excusa para penalizar el comercio de productos agropecuarios.

La Argentina está involucrada e incluso el subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agricultura, Ariel Martínez, anticipó que el ministro Luis Basterra tiene previsto viajar a Roma, junto a su par de Brasil, Tereza Cristina, para hacer de soporte político a los negociadores.

Martínez dijo que la importancia de esta cumbre implica un desafío mayúsculo, que es poder evitar que los países más poderosos del Hemisferio Norte vuelquen la responsabilidad de mitigación del cambio climático sobre las nacionales en vías de desarrollo que, como la Argentina, dependen mucho de su actividad agropecuaria.

El funcionario argentino, quien destacó que el país es responsable de solo 0,7% del total de emisiones glovales GEI, subrayó que “esta es una región que no viene a defenderse de absolutamente nada, sino a mostrar lo bien que esta haciendo las cosas. Nuestros sistemas son buenos a la hora de capturar carbono y lejos está de ser un sistema de producción que pueda ser acusado. Nosotros somos parte de la solución y no del problema”, indicó.

El brasileño Fernando Zellner recordó que el documento que surja de la Cumbre de la ONU no será vinculante ni de cumplimiento obligatorio para los países. Pero expresó que el temor es que “la cumbre va a producir una narrativa sobre los sistemas alimentarios y hacia dónde deben ir” que se teme sea construido a la medida de Greta y muchos intereses ocultos detrás de ella y sus reclamos, como la agenda europea de agricultura verde para 2030 o los intereses de grandes corporaciones que apuestan a la producción de carne de laboratorio.

Europa quiere comenzar a aplicar un “arancel de carbono” a partir de 2023: Por el momento no contempla a productos agroindustriales

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La información daba cuenta de la reciente firma de un convenio entre el ministro Luis Basterra y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, “a través del cual la cartera agropecuaria nacional destinará al municipio los fondos necesarios para la adquisición de maquinaria vial para mejorar los caminos rurales del municipio y la región”.

Almirante Brown es un populoso partido del segundo cordón del conurbano bonaerense, ubicado a unos 25 kilómetros del centro de la ciudad de Buenos Aires. Limita con Quilmes, Florencio Varela, Presidente Perón, Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. Abarca un área de 12.933 hectáreas sobre la que habitan y unos 600.000 habitantes.  Se estima que solo una cuarta parte del distrito son áreas rurales.

La pregunta es obvia: siendo Almirante Brown lo que es, ¿se justifica que el Municipio reciba dinero del Ministerio de Agricultura para arreglar caminos rurales? Según la poca información contenida en la gacetilla de prensa, fueron un total 20 millones de pesos los que Cascallares recibió del Ministerio  de Agricultura para comprar maquinaria vial.

Esos recursos públicos seguramente saldrán del único fondo estable que tiene el Ministerio de Agricultura para atender este tipo de problemáticas: el de Emergencia Agropecuaria, que por ley de 2009 asigna todos los años una cifra de 500 millones de pesos para atender situaciones derivadas de los daños que provoca el clima en las áreas rurales, como inundaciones, incendios, sequías y tantos etcéteras a los que están expuestos quienes producen a cielo abierto.

¿Hay muchos productores en Almirante Brown que merezcan ser atendidos por este fondo? ¿Qué tan grande es la zona rural afectada por el mal estado de los caminos? ¿Qué se produce allí? Son preguntas que quedan flotando luego de leer la gacetilla donde Agricultura asigna esos 20 millones al municipio.

“Es fundamental seguir articulando junto a los intendentes para valorar los espacios rurales de cercanía y fortalecer la agricultura familiar en los municipios”, aseguró Basterra tras el encuentro con el intendente Cascallares, que se fue feliz con el cheque en el bolsillo, violín en bolsa. Aunque es nacido en Lomas de Zamora, Cascallares es el intendente de Almirante Brown desde 2015. Es decir, está cumpliendo actualmente su segundo mandato.

La pregunta sigue flotando. ¿Tendrá Almirante Brown una actividad rural que justifique que el ministro Basterra derive hacia allí 20 millones de pesos, el 4% del fondo anual para atender todas las Emergencias Agropecuarias del país?

En un viejo informe llamado “Diagnóstico socio urbano del Partido de Almirante Brown” parece por un lado quedar justificada esta asignación de recursos: “El Partido cuenta con un 35% de suelo rural”, afirma. Pero a la vez, de inmediato aclara que allí “se sabe de la presencia de actividades extractivas, como ladrilleras y tosqueras, mientras se destacan por sus bajos guarismos las ramas Agricultura (0,3%) y Explotación de Minas y Canteras (0,0%). Seguramente, el progresivo abandono de la actividad agropecuaria explica el primer resultado, mientras que la informalidad de la actividad extractiva estaría expresada en el segundo”.

Cascallares, según la gacetilla, destacó que el apoyo monetario del Ministerio se traducirá en “maquinarias necesarias para mejorar el aspecto de logística del distrito”. Y explicó: “Con la posibilidad de mejoramiento de las rutas de ingreso y de salida de nuestra zona rural, incrementamos las oportunidades de nuestros productores”. Al momento de cierre de esta nota, en la página web de la Municipalidad no había rastros ni de este convenio ni precisiones de cómo se gastarían estos recursos.

¿Cuántas máquinas viales pueden adquirirse con 20 millones de pesos? ¿Y cuántos productores quedan en ese partido bonaerense que puedan verse favorecidos por esas obras? Tampoco hay información precisa.

De una vieja nota del INTA AMBA (Área Metropolitana) surge que en la zona rural de Almirante Brown, “las producciones que predominan son crianza de animales: cerdos,  gallinas, conejos, cabras; y a esto se le suma la producción hortícola, floricultura (básicamente colonia japonesa) y fruticultura (duraznos, ciruelas y cítricos); también tambos  y algo de soja (20 hectáreas)”.

“Todo esta producción  se realiza en un radio de 3.300 hectáreas rurales de las cuales unas 1.500 son netamente las que están bajo trabajo productivo”, estimó Luciano Guichet, que en 2016 se desempeñaba como técnico de  Desarrollo Rural de la Secretaria de Producción y Empleo del municipio de Almirante Brown (fue empleado allí desde 2012 a 2016). Con el regreso del peronismo al gobierno nacional, Guichet ascendió mucho y rápido. Desde septiembre de 2020 es nada menos que director nacional de Fortalecimiento Productivo de la Secretaría de Agricultura Familiar. Es decir, depende de Basterra y del secretario de Agricultura Familiar Miguel Gómez.

La zona rural de Almirante Brown que supuestamente se verá beneficiada por las obras se conoce como Ministro Rivadavia. El ministro de Agricultura ya la conoce, porque la visitó junto a Gómez y a Guichet el 26 de octubre de 2020, es decir a las pocas semanas del nombramiento de este último funcionario en la cartera nacional.

Una gacetilla de aquel momento cuenta que la comitiva fue recibida por el intendente Cascallares, y que los funcionarios nacionales “mantuvieron encuentros con pequeños productores rurales y visitaron la Panificadora Industrial Municipal”. Un rato antes, en el palacio municipal, el intendente la había obsequiado a Basterra un mate, un banderín distrital y ejemplares del libro “Los pueblos de Almirante Brown”.

Fue la primera y única vez, dice el relato, que un ministro de Agricultura de la Nación recorrió las zonas rurales de ese partido bonaerense.

En esa visita y en la reciente firma de adjudicación de los 20 millones de pesos, había un segundo funcionario que, como el mencionado Guichet, también proviene de Almirante Brown. Trabajó en esa Municipalidad entre 2013 y febrero de 2020, es decir bajo las órdenes del intendente Cascallares. En febrero del año pasado también logró un ascenso vertiginoso hacia el Ministerio de Agricultura.

Se trata del subsecretario de Coordinación Política, Ariel Martínez, que en los últimos meses se ha transformado en un hombre clave para entender las lógicas políticas que dominan la cartera agropecuaria. Martínez, de profesión sociólogo, es el tercer funcionario en importancia detrás de Basterra y de la jefa de Gabinete, Diana Guillén, que proviene del Instituto Patria de Cristina Kirchner.

Del área de Martínez depende nada menos que el manejo del fondo de 500 millones de pesos para atender las Emergencias Agropecuarias, de donde seguramente salieron los 20 millones para comprar maquinaria vial para Almirante Brown, su propio partido del conurbano.

Martínez es quien maneja prácticamente toda la agenda política del Ministerio, que tuvo ahora a su ex jefe, el intendente Cascallares, como uno de sus beneficiarios.

Nos llamó la atención una gacetilla de prensa. “Agricultura destinará fondos para mejorar los caminos rurales de Almirante Brown”, informaba.

Todavía no sabemos del todo bien cuántos productores sobreviven en la zona rural de ese partido del conurbano bonaerense. Pero por lo menos ya sabemos que allí hay dos ex empleados municipales que ahora son funcionarios de alto rango del Ministerio de Agricultura.

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