La modificación tuvo que ver con la necesidad de respetar protocolos sanitarios que limitan en determinados lugares la cantidad de personas que puede reunirse, por lo cual la reunión se hará totalmente al aire libre.

Si bien se especulaba que en la asamblea iban a participar los presidentes de las entidades que conforman la Mesa de Enlace, los máximos referentes de las cuatro entidades (CRA, FAA, SRA y Coninagro) aún no hicieron pública su voluntad de formar parte de la iniciativa.

Según dijo Iván Castellaro a Bichos de Campo, uno de los organizadores del encuentro, iría Nicolás Pino, el titular de Sociedad Rural Argentina, junto con el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica. Todavía no saben si concurrirán el titular de CRA, Jorge Chemes, y el de FAA, Carlos Achetoni, aunque esperan poder contar con su presencia.

Si bien los autoconvocados priorizan la unidad del agro, lo cierto es que no están del todo contentos con el aval tácito o implícito que la Mesa de Enlace brindó a la nueva versión del “cepo cárnico”. Incluso el Ministerio de Agricultura se dio el lujo de publicar un comunicado en el cual asegura que la medida fue consensuada con los cuatro dirigentes del agro.

¿Y ahora? El Ministerio de Agricultura asegura que la nueva versión del cepo cárnico fue “consensuada con las entidades de productores”

Al respecto, Castellaro afirmó que “hay que saber dónde estamos parados, ponernos firmes y defender las cosas cómo se deben defender: están exterminando a los productores”.

“Esto es sentido común, hay que cuidar la ‘mesa de los argentinos’, pero el productor no es el problema. El Estado se queda con el 70% de nuestro ingreso bruto y con el otro 30% tenemos que hacer frente a todos los costos, impuestos, producir y vivir”, recordó el dirigente autoconvocado.

Estamos analizando en detalle el Decreto y las Resoluciones publicadas por el Ministerio de @AgriculturaAR está en línea con lo que se venía dialogando, es adecuada la medida aunque algunos sectores de la cadena aún esperan definir otros puntos, es un adelanto importante. #carne pic.twitter.com/qfVoaECIAE

— CONINAGRO (@CONINAGRO) January 3, 2022

En tanto, en algunas federaciones que integran CRA, como es el caso de Carbap y Cartez, no cayó del todo bien el posteo del ministro Julián Domínguez elogiando al técnico de CRA Matías Lestani.

Por su parte, Apronor, entidad integrada por productores del NOA, emitió hoy un comunicado para rechazar la nueva versión del “cepo cárnico” al entender que “este tipo de medidas intervencionistas y restrictivas atentan contra la producción, generando así caídas importantes en los stocks vacunos argentinos y produciendo por consiguiente considerables pérdidas de puestos de trabajo en toda la cadena, caída en la inversión directa y pérdida total de confianza por parte de nuestros clientes internacionales, situación que seguramente será aprovechada por nuestros colegas vecinos como Brasil, Uruguay y Paraguay”.

Tal como advirtió en su momento Bichos de Campo desde el minuto uno, la misión de Domínguez consiste en dividir al ruralismo y, tal como están las cosas, lo viene logrando con éxito.

El nuevo ministro de Agricultura ya pasó por el cargo en 2009: Julián Domínguez es experto en dividir al ruralismo e inventar el “relato” agropecuario de los K

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“Definiciones del Gobierno nacional antes del 31 de enero de 2020”, dice uno de los puntos del Manifiesto de la Asamblea de Pergamino realizada en la sociedad rural local y convocada orgánicamente desde Carbap.

Salvo la definición de esta fecha como ultimatum, no hubo grandes novedades respecto de lo que viene sucediendo en este verano atípico, que hasta aquí contuvo una seguidilla de reuniones y protestas del sector agropecuario por la política impositiva nacional. Pergamino -donde días atrás se realizó un ruidoso tractorazo- parece ser la última gran asamblea de esta saga, que arrancaría de nuevo en febrero, si el gobierno no logra desactivar esta escalada con respuestas convincentes para los productores.

No hubo novedad en la alta movilización que existe entre los productores, que concurrieron en gran número a Pergamino, cubriendo al menos 700 butacas.

Tampoco hubo novedad en el estado de ánimo que muestran: los chacareros y contratistas están enojados por la elevada presión fiscal, por las decisiones unilaterales del gobierno de Alberto (elevó de entrada las retenciones casi 5 puntos, de 24,7% al 30% en el caso de la soja, y hasta 12% en el caso de los cereales), y por la falta de “solidaridad” y ajuste de la propia clase política.

Tampoco fueron novedosos los pedidos de “las bases” para que los dirigentes de la Mesa de Enlace no se corten solos en una negociación con el gobierno peronista. En Pergamino, la unidad expuesta lució nuevamente frágil, aunque asistieron representantes de las cuatro entidades (y dos de sus máximos dirigentes, como Jorge Chemes, de CRA, y Carlos Achetoni, de Federación Agraria). Y aunque participó un numeroso bloque de “autoconvocados”, que por ahora prefiere delegar las gestiones en la conducción colegiada.

Ver Los tractores en Pergamino hicieron sentir el malestar de los productores por la mayor presión fiscal

Para calmar los ánimos más belicosos, la asamblea de Pergamino votó por la realización de un “cese de comercialización” de productos del campo (granos y hacienda), pero una vez que se cumplan los plazos estipulados. Es decir, recién se comenzará a decidir luego del 31 de enero.

¿Y qué es lo que debería responderles Alberto Fernández a los dirigentes rurales para desactivar esta protesta? O para activarla:

Primero el presidente, que en público y privado reconoció el daño que provocan las retenciones, debería establecer algún un cronograma de baja de ese tributo, que era algo que usualmente hizo (aunque no siempre cumplió) el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, Alberto debería dar señales concretas de que los derechos de exportación -que hasta aquí se justifican como parte del plan oficial para paliar la emergencia económica y social-, no se eternizarán como tantos otros impuestos.

Segundo, el Poder Ejecutivo debería decidir si hace uso al derecho que le concedió el Congreso de aumentar todavía más las retenciones, para llevarlas al tope de 33% en el caso del poroto de soja (lo que actuaría como un incentivo a la industria aceitera) y al 15% para el trigo y el maíz. Esto fue lo que informó el ministro Luis Basterra al cabo de la reunión entre Alberto y los ruralistas que se iba a analizar. Pero el titular de Agricultura, desde ese 23 de diciembre, se encerró en su ministerio y no volvió a efectuar declaraciones.

Ver Productores del Norte se reunieron con Basterra, pero otra vez volverán a su pago con las manos vacías

Tercero, el gobierno debería mostrar la tan mentada segmentación de retenciones que prometió para morigerar el impacto del tributo sobre las espaldas de los productores más pequeños. Una serie de propuestas técnicas ya están en manos de Basterra para que negocie con su par de Economía, Martín Guzmán, el alcance de esta “devolución”. Lo que se sabe es que se haría directamente a los CBU de los productores, como ya sucedió con el reintegro por flete del Plan Belgrano. La AFIP y Agricultura estuvieron diseñando varios escenarios (por volumen de cosecha, facturación o superficie sembrada), pero la palabra final depende del presidente y quien le custodia las cuentas.

Como siempre. Como cada vez que se discuten políticas agropecuarias, pensando siempre desde el punto de vista del propio Estado y sin considerar los números de los productores.

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