La entrada ¿Quiénes son los principales acreedores del concurso de Molino Cañuelas? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El pasivo denunciado por Molino Cañuelas, que comprende también a la controlada Compañía Argentina de Granos S.A. (CAGSA), es de 1318 millones de dólares, aunque, como buena parte del mismo está pesificado, gran parte de esa cifra seguramente se diluirá por efecto de la inflación.
La jueza a cargo del concurso, Mariana Martínez, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de Primera Instancia y Sexta Nominación de la ciudad de Río Cuarto, determinó el 11 de marzo de 2022 como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación ante la sindicatura, mientras que la verificatoria de créditos deberá estar lista antes del 31 de octubre del año que viene. En tanto, la fecha límite para llegar a un acuerdo (período de exclusividad) es nada menos que el 4 de julio de 2023.
Los mayores acreedores de Molinos Cañuelas son las entidades bancarias argentinas, que mantienen una deuda –según registros del Banco Central (BCRA)– de 40.443 millones de pesos, de los cuales la mitad corresponde a bancos públicos como el BNA, Banco Provincia, BICE, Banco Ciudad y Banco de Córdoba, entre otros.
La empresa concursada sigue operando con las entidades Banco CMF y Banco Supervielle; este último es un acreedor privilegiado al contar con garantía prendaria sobre mercaderías representadas en “warrants”.
En lo que respecta a los mayores acreedores quirografarios, la lista del ranking es encabezada por Cargill con una suma de 7298 millones de pesos, mientras que en segundo lugar se ubica Ferrostal Equipment por un monto equivalente a 675 millones de pesos.
La deuda de la Ferrostal Equipment se originó a partir de un préstamo otorgado por una subsidiaria (CCC Machinery,), el cual se destinó para adquirir equipos de procesamiento y embalaje de harina de trigo, además de máquinas para hornear; parte del capital también se empleó para financiar exportaciones.
En los siguientes puestos se encuentra la compañía suiza Ameropa Aktiengesellschaft por un equivalente a 548 millones de pesos, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) por 328 millones y Marolio SA por 236 millones de pesos.
La concursada dirigida por Aldo Adriano Navilli, Carlos Adriano Navilli, Ricardo Alberto Navilli y Marcos Aníbal Villemur, si bien no tiene, por el momento, tanta prensa como el caso Vicentín, seguramente dará mucho que hablar en los próximos meses.
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]]>La entrada El acuerdo establece que ACA, Molinos y Viterra se quedarán con los activos de Vicentin si la empresa no puede seguir operando se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Todos los actores del concurso coincidimos que no alcanza el tiempo del 16 de diciembre y que es altamente probable que presentemos en los próximos días un pedido de prórroga”, aseguró Estanislao Bougain, integrante del directorio de Vicentin, durante la primera audiencia con acreedores realizada esta semana en formato virtual. Está prevista la realización de otras cinco audiencias más en los próximos días con diferentes grupos de acreedores.
La propuesta contempla una quita sobre el capital del 70%, dolarización de las deudas pesificadas, un pago inicial de 20.000 dólares a todos los acreedores quirografarios y el saldo del monto restante en trece cuotas anuales consecutivas sin actualización por tasa de interés alguna.
El acuerdo contempla que la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro y Viterra Argentina aportarán 720 millones de dólares tanto para asegurar las operaciones de las instalaciones industriales y portuarias de Vicentin, en el marco de contratos de molienda a fasón y logísticos, como para abonar lo comprometido a los acreedores. También se destinarán para afrontar eventuales contingencias.
Las contingencias que afronta Vicentin son múltiples y abarcan numerosos expedientes abiertos por la Afip y el Banco Central (BCRA), que incluyen multas por exportaciones de biodiésel e importaciones temporales de soja, reclamos por ajustes de precios de exportación y divisas no liquidadas e investigaciones por compras de bienes y servicios de proveedores que emplearon facturas apócrifas, entre otras.
Los fondos aportados se destinarán a un fideicomiso, pero el acuerdo establece que, si las contingencias terminan haciendo inviable la operatoria de Vicentin, los activos de la empresa serán adquiridos por ACA, Molinos Agro y Viterra, que deberán seguir abonando los montos comprometidos a los acreedores.
“En caso de que se presenten contingencias, los interesados comprarán los activos de Vicentin sin dejar de pagar a los acreedores”, explicó Bougain.
Cuando se lo consultó a Bougain sobre el pago de intereses para las trece cuotas anuales, el abogado respondió que la propuesta “no contempla el pago de intereses porque no se estructuró como una propuesta financiera, sino como el resultado de lo que produzcan los activos durante esos años”.
Lo cierto es que no contemplar una tasa de interés para un período nada menos que de trece años representa una quita adicional del capital, la cual se suma a la dolarización por realizar con un tipo de cambio de 60,77 $/u$s, el cual, si bien era el vigente al momento de la presentación del concurso preventivo, está bastante lejos de los actuales 105,5 $/u$s.
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]]>La entrada El concurso de Vicentin en la recta final: Tres agroindustrias quieren salvar a la empresa, pero las entidades bancarias están perdiendo la paciencia se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Así lo informaron representantes de las tres compañías interesadas durante una audiencia en línea organizada el pasado 4 de noviembre por el juez del concurso preventivo de Vicentin, Fabián Lorenzini, quien convocó a las partes para que informen a los acreedores y trabajadores los avances en las negociaciones y los detalles de la propuesta concordataria.
El video de la audiencia fue difundido esta semana con el propósito de que los miles de acreedores que integran el concurso sepan cómo se está desarrollando la etapa final del proceso, dado que el período de exclusividad –luego de haber sido prorrogado– vence el próximo 16 de diciembre, lo que implica que no hay mucho tiempo para terminar de definir y acordar una propuesta superadora entre los principales acreedores.
La audiencia, que se extendió por casi dos horas y media, permitió evidenciar que ACA, Molinos Agro y Viterra tienen intenciones de integrar una sociedad que gestione la mayor parte de los activos de Vicentin. ACA y Molinos son usuarios de los servicios de molienda ofrecidos por Vicentin, mientras que Viterra, como accionista mayoritario, es socia de Vicentin en Renova S.A.
Sin embargo, el evento también fue un reflejo de cómo los representantes de las entidades bancarias –que son, en términos de la masa concursal, los principales acreedores– están a un paso de perder la paciencia frente a la falta de precisiones aportadas por el directorio de Vicentin.
Omar Scaler, el presidente del directorio de Vicentin, aseguró que envió a los acreedores un “proyecto de propuesta”, al tiempo que Estanislao Bougain –otro director– expresó, con una envidiable tranquilidad, que “la propuesta en su conjunto no está, no existe, porque necesitamos un paso más para poder terminarla y creemos que estamos muy próximos para poder realmente tenerla escrita”.
Lorenzini, prácticamente rogó a los directores de Vicentin que mostraran algo concreto. “Espero que ustedes entiendan la gravedad del momento; sé que lo entienden, pero es mi obligación hacerles notar que el motivo de esta audiencia, el principal motivo de esta audiencia, además de, por supuesto, escuchar a todos los demás (interesados), es saber en qué consiste la propuesta concordataria; no considero que a esta altura de la situación sea una demanda irrazonable ni mucho menos”, dijo el juez casi implorando que aporten algún dato concreto.
“Si no formulamos la propuesta en términos claros, al menos a grandes rasgos y con un trazo grueso, veo muy difícil que en el tiempo que nos queda para el período de exclusividad se puedan reclutar las conformidades de todos los acreedores, así que les pido que hagan un esfuerzo, que me entiendan y que por favor indiquen por lo menos los lineamientos generales que nos permitan comprender hacia dónde estamos encaminados”, insistió el juez.
Estanislao Bougain tomó la palabra, pero, lejos de aportar, claridad, señaló que la propuesta contempla dolarizar los créditos pesificados de todos los acreedores –tanto granarios como no granarios– para hacer un pago inicial por “una suma que tenemos que determinar de definir exactamente”. No detalló cuáles serían los términos de la dolarización de las deudas pesificadas. Y comentó que la propuesta general sería abonar el 30% de la deuda en un plazo de 15 años, sin hacer mención a ninguna tasa de actualización de las cuotas por abonar.
Julio Fermo de Columbus Zuma Investment Banking, asesor de entidades internacionales IFC y FMO, pidió la palabra para expresar que el diseño de un proyecto de propuesta, teniendo en cuenta que se trata de un proceso que involucra unos 1500 millones de dólares, “exige de un cierto nivel de profesionalismo y seriedad que no están alineados con lo que nosotros hemos recibido hasta este momento; con eso quiero decir que nos han compartido términos muy vagos que no nos permitieron siquiera llevar adelante un análisis serio y en este punto quiero ser muy claro: tenemos una profunda vocación por alcanzar un acuerdo porque sabemos de los efectos que supone no alcanzar un acuerdo”.
“Estamos predispuestos a hacer todos los esfuerzos que hagan falta para tratar de lograr un acuerdo dentro del período exclusividad, pero lo que no podemos desconocer es que, para alcanzar un acuerdo, previamente hay que recibir una propuesta y esa propuesta tiene que ser formulada con todos los detalles que supone el análisis de algo tan complejo como es una propuesta concordataria en el marco de un proceso tan difícil”, disparó Fermo.
Cuando llegó el turno de las empresas interesadas en buscar una solución, Mario Rubino, gerente general de ACA –cooperativa que es el principal acreedor granario en el concurso– manifestó que ese mismo día, el 4 de noviembre, habían logrado un acuerdo de intención no vinculante “porque todavía nos faltan elaborar los contratos definitivos para poder hacer la oferta vinculante”.
“Las tres empresas que estamos acá (por ACA, Molinos y Viterra) no somos inversores que venimos a buscar fondos para obtener rentabilidad y e irnos al lograr el pico de esa rentabilidad y darle otro destino al capital; somos tres empresas del sector con importantes inversiones realizadas en la Argentina”, explicó el directivo de ACA.
Rubino detalló que la iniciativa comprende una inversión conjunta de 720 millones de dólares, de los cuales 100 millones están computados para afrontar eventuales contingencias futuras, para luego añadir que al contratar los servicios agroindustriales de la concursada se logró mantener la estructura de la misma en funcionamiento “con momentos de márgenes positivos y con momentos de márgenes negativos, como está ocurriendo actualmente, pero en esta instancia de negociación siempre nos comprometimos a poder mantener la empresa en marcha”.
Por su parte, Amancio Oneto, vicepresidente de Molinos Agro, apuntó que existen contingencias que hacen que “no sea posible que podamos hacer una capitalización inmediata” de Vicentin y que “eso lleva hacia a una cierta complejidad en la estructura de la operación”. Y agregó que “la estructura a la que arribamos (en el acuerdo) no es la estructura que nosotros hubiéramos soñado”. Palabras misteriosas para un acuerdo que, por el momento, debe permanecer en la confidencialidad.
Cuando le llegó el turno a Sergio Díaz, representante del Banco Nación (BNA), no tardó en reconocer que la propuesta realizada por Vicentin “no cubre las expectativas que teníamos nosotros en cuanto al crédito privilegiado” de la entidad que conforma el concurso, por medio del cual el BNA tiene la posibilidad de recibir, como parte de pago, todos las liquidaciones de ventas de bioetanol elaborado en la unidad industrial de Avellaneda de Vicentin, dado que esa misma fue, precisamente, la garantía del crédito.
La cuestión del bioetanol, lejos de tratarse de un detalle, representa un aspecto central para que pueda desarrollarse el acuerdo de rescate, porque las tres empresas interesadas consideran a la planta de etanol maicero un activo estratégico, aunque –por supuesto– el mismo no tendría utilidad alguna si todo lo que genera va a parar al BNA. Por ese motivo, el directorio de Vicentin solicitó a las autoridades de la entidad oficial que “liberen” a esa fábrica para que los pagos se hagan en función de las utilidades generadas por la misma –con una garantía hipotecaria atada a la instalación industrial– y no por su facturación. Ese pedido no convence para nada al presidente del BNA Eduardo Hecker, quien en reiteradas oportunidades se manifestó en contra de las actitudes emprendidas tanto por el anterior como el actual directorio de la concursada.
En ese sentido, Julián Echazarreta, directivo de ACA y ex secretario de Agricultura de Alberto Fernández, hizo un paréntesis para contextualizar la situación y recordar que la capacidad ociosa de la industria aceitera argentina ronda el 40% y que la posibilidad de que las fábricas de Vicentin puedan seguir trabajando permiten “disfrutar de cierta paz social”. En otras palabras: usar el caso Vicentin como un activo político puede terminar siendo un pésimo negocio para el gobierno nacional, sin mencionar, claro, el drama social que representaría la quiebra definitiva de la empresa concursada.
Otro tema complejo es que la propuesta no parece tener interés en la planta industrial que Vicentin tiene en la localidad santafesina de Ricardone, que, por tener una capacidad de molienda de casi 4400 toneladas/día, es muy ineficiente respecto de la unidad de San Lorenzo, que puede moler 16.650 toneladas/día de oleaginosos.
Lorenzini, al finalizar el encuentro virtual, volvió a insistir con el hecho de que el directorio de Vicentin debe presentar una propuesta concreta cuanto antes. “La propuesta siempre se puede mejorar, pero si no hay propuesta, la discusión va a seguir siendo una discusión muy etérea, muy poco telúrica, y tenemos que aterrizar el problema para evitar justamente que se sigan atrás poniendo umbrales del tiempo que ya lamentablemente no podemos extender más”, argumentó el juez.
Por último, Estanislao Bougain se comprometió a acceder a ese pedido. “El próximo paso nuestro tiene que ser efectivamente los acuerdos necesarios para presentar la propuesta en el expediente e inmediatamente presentar una cantidad de conformidades, con las que ya contamos y algunas otras que estamos recién empezando a mostrar”, dijo el directivo de Vicentin sin transpirar una sola gota de sudor.
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]]>La entrada La concursada Vicentin se transformó en una proveedora de servicios agroindustriales que cuenta con seis grandes clientes se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Los principales clientes de esas plantas industriales de Vicentin son actualmente la Asociación de Cooperativas Argentinas (que es además el principal acreedor granario en el concurso preventivo), Molinos Agro, Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa, Oleaginosa Moreno (Viterra), Agrofederal y Amaggi Argentina.
La planta industrial localizada en San Lorenzo es empleada, en el marco de contratos a fazón, fundamentalmente por ACA y Molinos Agro para procesar soja, mientras que en un segundo orden se encuentra Amaggi y Agrofederal.
En junio pasado, según el último informe elaborado por Diego Telesco, síndico del concurso de Vicentin, la unidad de San Lorenzo procesó 338.104 toneladas de soja.
En tanto, en la planta industrial de Ricardone –de menor capacidad– Unión Agrícola de Avellaneda procesó en junio pasado 13.544 toneladas de soja y 26.601 toneladas de girasol.
Vicentin, por cuenta propia, procesó en junio 6774 toneladas de maíz en la unidad industrial de Avellaneda para elaborar bioetanol y burlanda de maíz. Vale tener en cuenta que las ventas de bioetanol son retenidas por el Banco Nación (BNA), dado que las mismas constituyen la garantía de un crédito concedido por la entidad bancaria estatal.
Molinos Agro cuenta con un contrato vigente hasta el 31 de diciembre de este año por un volumen total de procesamiento de soja de 700.000 toneladas, mientras que Amaggi tiene contrato para procesar otras 30.000 toneladas en el presente mes de agosto.
En cuanto a Viterra Argentina, empresa socia de Vicentin en Renova, realizó un contrato de servicio de descarga, recepción, toma de muestras, pesaje y almacenaje de granos por un volumen de hasta 360.000 toneladas.
Adicionalmente, Vicentin alquila las instalaciones de la unidad de Avellaneda como depósito a Domitec SA, Servipack SRL, Coop. De Trabajo de Confección Textil, Friar SA, Buyanor SA y Algodonera Avellaneda.
Agroempresas: Más incertidumbres que certezas sobre el futuro de Vicentin
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]]>Si bien fuentes ligadas a Vicentin se mostraban optimistas sobre la posible operación de venta, lo cierto es que desde Molinos Agro, Viterra y ACA siempre se mostraron muy cautelosos y, más que de una oferta de compra, hablaron desde el día uno de” una exploración de posibilidades” respecto al futuro de Vicentin.
La alternativa que sigue sobre la mesa es la de la operación de sus plantas de molienda de oleaginosas, algo que ya se está concretando en el marco de acuerdos específicos monitoreados por el proceso concursal, pero no una compra de la totalidad de la compañía.
En tanto, Vicentin se movió rápido en el juzgado que lleva adelante su concurso y pidió tiempo, hasta el próximo mes de marzo, para presentar una oferta de pago a sus acreedores. En los hechos, el directorio de Vicentin debía presentar un plan durante la primera semana de agosto, pero eso se desvaneció junto con el proyecto de venta a Molinos Agro, Viterra y ACA.
Entre tantas idas y vueltas, volvió a aparecer nuevamente el fantasma de la intervención de la empresa. Es que el director del Banco Nación, Claudio Lozano, presentó recientemente un informe en el que detalla la concentración en el negocio de la molienda de soja y exportación de subproductos en manos justamente de Molinos Agro y Viterra, quienes –entre otros jugadores– operan a fazón las plantas de Vicentin.
A partir de ese escenario, Lozano reclamó “una nueva intervención gubernamental en Vicentin y la creación de una empresa testigo en el comercio exterior de granos”.
Informe "Por una nueva intervención gubernamental en el caso Vicentín"
Probablemente, la decisión de expropiar, que en su momento tomara el P.E.N., careció de la preparación de las condiciones políticas y de oportunidad para poder prosperar. Abro Hilo.https://t.co/qgBM2ffyer pic.twitter.com/vuktNPmc78
— Claudio R. Lozano (@Lozano_Claudio) July 29, 2021
“Parece razonable que, cuando venza el período de exclusividad en el marco del concurso, el Estado nacional haga valer sus derechos asociados a los créditos del Banco Nación, del resto de la banca pública y la AFIP, y busque los socios necesarios para que el final de esta historia se acerque a la necesidad de nuestro país y no al fraude de Vicentin. Es decir: no a la extranjerización, sí a la creación de una empresa testigo en el comercio exterior de granos”, afirmó Lozano en un informe elaborado junto a Javier Rameri.
De esta manera, lo único concreto hasta el momento es que la empresa agroexportadora pide todavía más tiempo para salir del default, que en diciembre próximo cumplirá dos años, pero no está claro aún cuál será el destino final de la misma.
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]]>La entrada Las plantas aceiteras de la concursada Vicentin están trabajando al 80% de su capacidad se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Diego Telesco, síndico del concurso de Vicentin, informó a Fabián Silvano Lorenzini, juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad de Reconquista, Santa Fe, que las plantas procesadoras de soja de Terminal Embarque y Oleaginosa San Lorenzo se encuentran “ocupando aproximadamente el 80% de la capacidad instalada”.
Los principales clientes de esas plantas industriales son la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Molinos Agro, empresas que, junto a Viterra Argentina (ex Glencore), tienen planes para presentar una oferta de compra por tales activos, los cuales se encuentran comprendidos en el concurso preventivo.
En lo que respecta a la planta de Ricardone, especialmente adaptada para la molienda de girasol, el informe de Telesco señala que “debido al fracaso de la cosecha de dicho cultivo (en el norte de Santa Fe), solamente se han procesado alrededor de 40.000 toneladas de girasol a fazón de la Unión Agrícola de Avellaneda y actualmente ha comenzado a procesar soja”.
Con relación a la molienda de maíz en la planta localizada en Avellaneda, Santa Fe, el síndico apuntó que “el nivel de actividad se ha visto afectado en razón de la restricción financiera que genera la cesión de los derechos de cobro de la facturación de etanol a favor de Banco de la Nación Argentina”, entidad oficial que forma parte de la a legión de acreedores del concurso.
Entre el inicio de concurso, en febrero de 2020, y abril de 2021 se procesaron en las instalaciones de Vicentin 3,15 millones de toneladas de soja, 150.465 de maíz y 39.240 de girasol. Y los contratos vigentes aseguran un procesamiento mensual del orden de 300.000 toneladas de granos hasta diciembre de este año.
“También cabe mencionar que, en razón de los contratos de depósito para almacenaje de granos y alquiler de inmuebles que componen el Complejo Industrial Vicentin Planta Avellaneda, se asegura una facturación mensual hasta diciembre de 2021, por dichos conceptos, de 383.250 dólares IVA incluido”, remarca el síndico.
ADJUNTO TEXTO ACTUACION-1La entrada Las plantas aceiteras de la concursada Vicentin están trabajando al 80% de su capacidad se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada ACABio tiene planes para crear una empresa gigante con capacidad para procesar 675.000 toneladas anuales de maíz (con el marco legal adecuado) se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La planta industrial ACABio, localizada en Villa María, Córdoba, tiene actualmente una capacidad de procesamiento anual de 420.000 toneladas de maíz para generar 168.000 metros cúbicos del bioetanol, burlanda y aceite de maíz y dióxido de carbono.
Pero para noviembre de este año la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), propietaria de ACABio junto a otros sesenta cooperativas, tienen planes de expandir la capacidad de procesamiento hasta un total anual de 675.000 toneladas de maíz.
“Esa inversión va a depender de la nueva legislación que esté vigente en la Argentina”, explicó hoy Víctor Accastello, subgerente general de ACA, durante el evento virtual Maizar 2021.
El directivo de ACA indicó que el proyecto oficialista de biocombustibles –que hoy martes obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Energía y Presupuesto de la Cámara de Diputados–, que propone reducir el corte interno de bioetanol con nafta, implicaría reducir el nivel de actividad de ACABio a un nivel tan bajo que la empresa no sería viable económicamente.
“Lo que requerimos como mínimo es que el corte de bioetanol se mantenga en un 12% y que en lo posible se aumente a un 15%”, argumentó Accastello.
En 2020 ACABio exportó 15.400 toneladas de bioetanol con certificación sostenible a la Unión Europea y en lo que va de 2021 los embarques hacia ese mercado suman otras 2200 toneladas.
“Logramos demostrar, por medio de certificaciones europeas, que la producción de bioetanol de maíz de ACABio genera un 76% menos de emisiones de gases de efecto invernadero que la nafta; como la Unión Europea exige un mínimo del 70% de ahorro de emisiones, pudimos ingresar sin inconvenientes al mercado europeo y esa es una muy buena noticia”, explicó.
Sin embargo, Accastello indicó que, para que la empresa pueda alcanzar un adecuado nivel de eficiencia por economía de escala, se requiere asegurar la provisión continuada del biocombustible en el mercado interno.
“ACABio esta preparada para exportar y generar divisas, pero para eso debería destinar al menos del 60% de la capacidad de planta para abastecer al mercado local y el 15% a 20% restante para proveer a los clientes externos”, concluyó.
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]]>La entrada Claudio Soumoulou, presidente de ACA, asegura que “si logramos dotar de eficiencia a la Hidrovía vamos a poder trasladar un mejor precio al productor” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Así lo indicó Claudio Soumoulou, presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), durante un evento virtual sobre la agroindustria y la Hidrovía del Paraná, organizado por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.
“Si algo caracteriza al productor argentino es su eficiencia para producir y si a esa alta eficiencia le podemos sumar la eficiencia del transporte, creo que tenemos un potencial grandísimo para desarrollar”, aseguró el presidente de ACA.
“Necesitamos profundizar el canal de la Hidrovía a 42 pies, para que eso permita la navegabilidad a 40 pies. Creemos que se pueden hacer obras importantes con una tarifa de flete menor a la actual”, afirmó.
El próximo 30 de abril vence el contrato de concesión de obra pública por peaje suscripto entre el Estado Nacional y la empresa Hidrovía S.A. (UTE entre la belga Jan De Nul y la argentina Emepa). Y no existe certeza de qué sucederá con el mismo porque el gobierno argentino aún no lo comunicó.
Lo único cierto es que este 22 de febrero se hará la primera reunión plenaria del “Consejo Federal de la Hidrovía” integrado por funcionarios del Estado nacional, provincias y representantes del sector privado.
La gestión del servicio prestado por Hidrovía S.A. se abona con recursos provenientes del sector agroindustrial argentino, dado que la compañía cobra un peaje de 3,06 dólares por tonelada de registro neto embarcada, el cual es abonado por las empresas exportadoras y descontado del valor FOB de los granos al momento de confeccionar el precio FAS (el que reciben los productores).
Los integrantes del sector privado argentino presentaron el año pasado a las autoridades del Ministerio de Transporte un estudio –cuya extensión supera las 3000 páginas– con propuestas para el diseño del nuevo contrato de concesión del dragado y señalización de la Hidrovía del Paraná, el cual contempla obras adicionales con una de tarifa de peaje de 2,82 dólares por tonelada de registro neto, es decir, un 8% menos que el “peaje” actual.
En el evento organizado por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe también participaron Ignacio Mántaras (Sociedad Rural de Santa Fe), Elbio Guía (Federación Agraria Argentina) y Norberto Niclis (productor cooperativista).
Por otra parte, hoy trabajadores agrupados en el sindicato de Dragado y Balizamiento (Sipedyb) comunicaron que se encuentran en estado de alerta ante la inminente caída de la concesión de la Hidrovía, obra que emplea a más de 800 personas –tanto de manera directa como indirecta– en dragas, balizadores, lanchas hidrográficas y talleres.
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