Agrandados estaban los tribuneros de Domínguez. Pero la alegría les duró muy poco.

Ya se sabe de qué lado juega Feletti dentro de la interna oficialista: Fue la vicepresidenta Cristina Kirchner quien lo colocó como nuevo custodio de los precios en reemplazo de Paula Español y desafiando al ministro a cargo del área, el albertista Matías Kulfas. Frente a un embravecido Domínguez, que prometía el oro y el moro a las entidades agropecuarias con tal de que no se rompiera el frágil marco de diálogo construido, el contador solo debía esperar y guardar silencio por unos días. Pocos días.

Educando a Roberto Feletti II: ¿Por qué subir las retenciones a la carne no “desacopla” nada y hasta metería más presión sobre los precios internos de ese alimento?

Luego se conoció la inflación según el INDEC y allí no solo se destacó una fuerte suba de los precios de la carne vacuna sino también la presión inflacionaria clave sobre otras cadenas productivas importantes: la de los panificados y la carne de pollo. Cristina entonces criticó a los “oligopolios” que según ella especulan con el precio de la carne. Y fue así que llamó a Domínguez y lo amenazó con que volverían a cerrarse las exportaciones de carne y a subir las retenciones si los precios internos continuaban su escalada. Según varias fuentes, fue luego de esa comunicación que el subsecretario de Ganadería, Cacho Romero, llamó a los consignatarios de Liniers para transmitirles -en buenos términos- el mensaje de la vicepresidenta.

Cristina, se sabe, jamás se hará cargo de culpas propias de la política económica (como la brecha cambiaria, por ejemplo) a la hora de explicar por qué se genera la inflación. Más bien, siempre busca la viga en el ojo ajeno. En el caso del pollo y los panificados, de nuevo recostó toda la responsabilidad de los aumentos en los altos precios internacionales del trigo y el maíz, dos de los insumos que intervienen en la cadena pero que lejos están de ser la única variable que entra en juego.

Se sabe, ha sido muy estudiado: el costo del trigo incide en apenas el 10% del precio final de un kilo de pan. Se sabe, en el caso de un pollo entero eviscerado, el consumo de maíz para lograrlo explica solamente el 20% de los costos.

Se sabe, pero a Cristina no le interesa. Y por eso ordenó a Feletti reactivar sus ideas respecto de un fideicomiso o fondo compensador -semejante al del aceite de girasol- que pueda ponerse en marcha para abaratarle el costo del trigo y el maíz a los molinos harineros y a las empresas avícolas, y por que no también a los fabricantes de fideos secos. Allí nace la idea de rearmar un sistema de compensaciones como el que manejó la ex ONCCA entre 2007 y 2011, hasta su eclosión en medio de fuertes sospechas de corrupción. La idea de Feletti es que ese mecanismo ayude a “desacoplar” del valor externo de esos granos los precios locales de la harina triple 0 (que representa 15 a 20% de la producción) y de los pollos enteros, además de los paquetes de fideos de 500 gramos.

Acceso a la información pública: Todavía hay 138 juicios que reclaman millones al Estado por las compensaciones de la ex ONCCA ¿Qué empresa los impulsan?

Por eso, de golpe y porrazo, el secretario de Comercio recuperó los bríos que parecía haber perdido y se lanzó a la carga. Pero como lo cortés no quita lo valiente, avisó primero al ministro Domínguez cuál sería el próximo objetivo de la política de control de precios. Así -a los apurones- nació el pomposo “Fondo Anticíclico Agropecuario”, una suerte de fideicomiso que actuaría balanceando los ingresos de avícolas, molinos y fideeros por lo que queda de gobierno, entre 2022 y 2023.

Domínguez, obediente y consciente de que detrás de esa decisión estaba Cristina, puso manos a la obra y ordenó a sus técnicos generar el documento publicado el domingo por Bichos de Campo. En ese borrador se dice con claridad que los sectores beneficiados por las compensaciones recibirían unos 14 mil millones de pesos el año entrante para ser compensados por las subas del trigo y el maíz en los mercados internacionales. También se calculó que para evitarle disgustos a Feletti, lo que habría que subsidiar es el valor de 3.130.000 toneladas de trigo y 1.500.000 toneladas de maíz.

Tanto fuentes de la industria avícola como de la industria molinera confirmaron a Bichos de Campo que forman parte de las negociaciones para dar forma a este mecanismo compensador, que Domínguez planificó crear por Resolución conjunta entre su Ministerio y la cartera de Kulfas (de donde depende Feletti. En el borrador de proyecto originado en Agricultura queda claro de dónde saldría el dinero: “Todo exportador de trigo, maíz y carne aviar y sus correspondientes derivados estará obligado a ser parte del aporte al fondo”, define.

Esto implicaría, lisa y llanamente, que las empresas agroexportadoras nucleadas en Ciara-CEC, y que son las que aportan el 40% de las divisas que ingresan a la Argentina, deberán hacer aportes compulsivos al fideicomiso por cada barco de trigo o maíz que salga del país. Y esto implicaría a su vez la posibilidad de que ese dinero -como sucede con las retenciones- sea descontado de inmediato del precio pagado a los productores de ambos cereales. Tormenta en puerto. Se irá al diablo la frágil tregua que supo anudar hasta aquí el ministro Domínguez con las entidades rurales.

De hecho, fuentes de la Mesa de Enlace avisaron que ya preparan una primera asamblea de productores en territorio santafesino para el 8 de enero.

“El fideicomiso sería de FAIM (molinos), CEPA (avícolas) y UIFRA (fideeros). Nosotros no hemos sido notificados ni invitados, y además no vemos la necesidad de hacerlo por la baja incidencia que tienen el trigo y el maíz en esos alimentos. El gobierno debe buscar otros mecanismos. Hace rato que venimos diciendo que lo mejor es una tarjeta alimentaria y subsidiar la demanda sin distorsionar la oferta”, declararon a este medio fuentes de la poderosa industria agroexportadora. En resumidas cuentas, los que pondrían la plata no han sido todavía convocados a las negociaciones.

En cambio, como ya se dijo, molinos y avícolas son parte de la propuesta elaborada en Agricultura para tratar de sofrenar los impulsos desacopladores de Feletti y Cristina. “Lo que el ministro (p0or Domínguez) nos pide es armar un modelo parecido al fideicomiso aceitero para mantener estable el precio de la harina de 1 kilo y el de panadería (las bolsas de 25 kilos). Y que lo debemos armar urgente. De esa manera aseguran no tocar nada en el mediano y corto plazo de nuestras condiciones comerciales”, definió a Bichos de Campo una fuente de los molinos.

Se trata de un eufemismo para decir que no les gusta el sistema, pero que de todos modos deben extremar la creatividad porque de lo contrario el gobierno podría decidirse por una suba de las retenciones. De nuevo la coacción, de nuevo Cristina.

Siempre más comedido y educado, el histórico referente de los productores de carne de pollo, Roberto Domenech, contestó ante la consulta que “hemos sido convocados para participar en el grupo y aceptamos analizar la propuesta del fideicomiso, que sería en la misma línea del existente para el aceite. Falta una propuesta de Feletti como contrapartida. Todo está por verse”.

Domínguez, con su estrategia dialoguista nuevamente contra las cuerdas, concurrió a ver esta mañana al jefe de gabinete, Juan Manzur, y logró que el tucumano se comprometiera con este frágil modelo de fideicomiso que todavía está siendo redactado. En un comunicado, el gobierno mintió descaradamente al afirmar que esta propuesta surgió de “los acuerdos alcanzados con las mesas del trigo y el maíz a fin de alcanzar un equilibrio en los precios de los productos de consumo popular como son el pan y el pollo”, pues en esas reuniones -sucedidas hace más de un mes- ni siquiera llegó a conversarse sobre este asunto.

Pero más grave es la falsedad propalada por Domínguez al presentar este mecanismo todavía en construcción como un proyecto gestado desde los propios sectores que compran y venden trigo y maíz en el mercado interno. “El sector privado acordó, a través de esta medida, la cantidad de toneladas que hay que garantizar para abastecer al mercado interno durante el 2022 y 2023”, indicó el ministro. E insistió que “esta herramienta, administrada y auditada por el sector privado, resulta una medida anticíclica para garantizar la estabilidad del precio para el consumo de los argentinos”.

Cristina ordena, Feletti impone y Domínguez acata. También miente sin descaro, tratando de acomodar las cosas para que parezcan inofensivas cuando lo que sucede aquí en realidad es simple y sencillo: las cadenas del trigo y el maíz están siendo amenazadas con un aumento de las retenciones, actualmente del 12%, si no se prestan al juego.

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La iniciativa tiene el pomposo nombre de “Fondo Anticíclico Agropecuario” y no se puede evitar que recuerde al sistema de compensaciones que manejó la ex ONCCA entre 2007 y 2011, y que terminó en un festival de corrupción luego de distribuir más de 3.000 millones de dólares entre molinos, avícolas, aceiteras, lácteas y feedlots, muchos de ellos incluso truchos.

En un borrador elaborado en el área de la Subsecretaría de Agricultura, que maneja Delfo Buchaillot (un hombre vinculado al poderoso aceitero cordobés Roberto Urquía), la cartera a cargo de Julián Domínguez propone subsidiar -con dinero del resto de la cadena- los costos de producción de la bolsa de 25 kilos de la harina de trigo triple cero, y su correlato en paquetes de un kilo; los fideos secos en paquetes de 500 gramos; y el pollo entero refrigerado o congelado con o sin vísceras. Raro que no incluya la polenta, ni otras carnes como las de bovinos engordados en un feedlot o los porcinos.

Este es el anteproyecto:

Este subsidio directo a los fabricantes de dichos alimentos se sumaría al subsidio implícito del que ya disfrutan quienes son compradores mayoristas de trigo o maíz en la Argentina. Es que para empezar, molinos harineros o empresas avícolas pueden comprar esos insumos a valores 12% menores que en el mercado internacional debido al efecto de las retenciones, que son un primer mecanismo para desacoplar los precios internos de los externos.

Pero luego, desde el regreso del kirchnerismo al poder también se han establecido diferentes intervenciones en los mercados de trigo y maíz, que consisten en cerrar antojadizamente las exportaciones para que haya mayor oferta disponible en el mercado doméstico. Esta situación usualmente provoca un desacople todavía mayor de los precios que cobran los productores de ambos cereales y que pagan las industrias que los utilizan dentro del país.

Regresan los ROE y la “doble botonera”: Los exportadores de carne deberán pasar el filtro tanto de la ex ONCCA como de Comercio Interior

En algún momento del gobierno de Cristina Kirchner, por la combinación de retenciones y estos descuentos internacionales, los chacareros argentinos llegaron a cobrar (sin considerar la becha cambiaria) menos de la mitad de lo que se pagaba en el mundo por el trigo o el maíz. En aquellos años, por este motivo, se redujo la producción de ambos granos, en especial de trigo, llegando al punto de casi tener que importarlo.

Estos descuentos que “abaratan” sus insumos no parecen ser suficiente para avícolas y molinos. Por eso Domínguez y su equipo preparan este nuevo mamarracho, tratando de emular un fideicomiso que utiliza la industria aceitera para subsidiar el precio interno del aceite comestible. Pero ambas situaciones no se compadecen, porque los fondos del fideicomiso aceitero se reparten entre un puñado de empresas, mientras que la cámara que integra a los frirgoríficos avícolas (CEPA) tiene 35 socios, la de elaboradores de pastas secas también cuenta con 35 integrantes y la Federación de Industrias Molineras (FAIM) suma 65 empresas, a los que habría que agregar algunas decenas más de la asociación que nuclea a los molinos de menor escala (Apymimra).

El documento de Agricultura, sin embargo, planea destinar la friolera de 14.645 millones de pesos (según un cálculo hecho en base a los precios del trigo y maíz de noviembre pasado) para subsidiar a los molinos harineros, los fabricantes de fideos y las empresas avícolas. El mayor aporte (12.400 millones) sería por el trigo, en tanto que el subsidio al maíz representaría 2.245 millones. Es que se calcula que se necesitarán 3,13 millones de toneladas de trigo (sobre una cosecha de 20 millones) para subsidiar los paquetes de harina. Y 1,5 millones de toneladas de maíz (sobre una cosecha de 50 millones) para dar alimento barato a los pollos.

Ahora bien: ¿Quién pondrá esa plata? Está claro que no será el Estado.

El proyecto oficial calcula que se podrían recaudar los recursos necesarios de los propios exportadores de trigo y maíz, ya que sus ventas en lo que va del año (entre enero y octubre) superaron los 10 mil millones de dólares. Queda claro que el grueso corresponde a un puñado de empresas multinacionales (Cargill, Dreyfus, Viterra,  Cofco, Bunge, ADM) y algunas nacionales (Molinos Agro, AGD, ACA). Y queda claro también que, cualquiera sea el tamaño del aporte que deban hacer al fideicomiso, se descontarán los montos de los precios pagados al productor, como sucede con las retenciones.

Por eso se corre el serio riesgo de que este fideicomiso ideado por Domínguez y el secretario de Comercio, Roberto Feletti, termine siendo una retención encubierta, como ya sucedió en los tiempos en que el propio Domínguez (que ya fue ministro entre 2009 y 2011) manejaba el comercio exterior agropecuario junto con Ricardo Echegaray y Guillermo Moreno. Y es precisamente lo que sucede con el fideicomiso aceitero vigente, que representa un derecho de exportación indirecta para la soja.

El gobierno aumentó (de manera indirecta) las retenciones a la soja: Para saber en qué proporción tenés que leer esta nota

Para crear este engendro, la estrategia oficial se plantea crearlo por Resolución conjunta de Agricultura y el ministro de Desarrollo Productivo de Matías Kulfas (del cual depende Feletti, al menos en los papeles), para que a partir de allí “todo exportador de trigo, maíz y carne aviar y sus correspondientes derivados estarán obligados a ser parte del aporte al fondo”.

“Las compensaciones se pagarán una vez comprobado el abastecimiento en valor y volumen al mercado interno”, dice la propuesta oficial, que asegura que “habrá mecanismos de revisión para evitar distorsiones”.

Seguramente se traten de los mismos mecanismos de control que rigieron cuando la ex ONCCA distribuía millonarios subsidios en el mismo sentido de los que se propusieron ahora. La historia de ese organismo terminó en febrero de 2011, cuando Cristina Kirchner hizo firmar a todos sus ministros un decreto de disolución del organismo, cuando era ya imposible esconder los numerosos casos de corrupción cometidos en el reparto de esos fondos.

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El fuego se inició por un trabajo que estaba realizando un técnico que intentaba la reparación de un “giro freezer”. Se trata de una cinta redonda con 28 pisos que va girando. Se prendió fuego cuando le cayó una “escoria” de la soldadura que estaba realizando este operador. El foco no se pudo contener y por eso el fuego luego se propagó a otros puntos del proceso.

“Se nos incendió gran parte del sistema de frío, túneles de congelado y despacho de mercadería”, dijo Franco Santángelo, titular de la firma, en una entrevista con Bichos de Campo.

La compañía, que el año que viene cumplirá 60 años de actividad ininterrumpida, cuenta con 2.700 empleados en forma directa en todas las empresas del grupo. En el frigorífico propiamente dicho trabajaban 780 personas, a las cuales se les está garantizando el empleo aunque no se pueda asignar la misma cantidad de horas que tenían antes del lamentable episodio.

Escuchá la entrevista con Franco Santángelo:

Santángelo explicó que luego del incendio, que se declaró el pasado 19 de noviembre, “fueron días de demasiado stress. Fue mucho el riesgo y ahora estamos analizando el rearmado. Saldremos adelante como nuestros antepasados, trabajando y aplicando la mejor estrategia para mantener la empresa y que siga siendo rentable”, aseguró.

La avícola, que sostiene entre 12 y 14% de la oferta de carne de pollo a nivel nacional, continúa ahora trabajando de forma parcial en ese establecimiento. Se calcula que en una semana se podrán producir subproductos, aunque para volver a faenar todavía falta porque en el incendio se afectaron instalaciones que tienen mucho que ver con ese proceso. En la planta incendiada se faenaban 240 mil pollos por día.

Ahora para no reducir su nivel de producción, lo que implicaría perder mercado y quizás desprenderse de personal, en Soychú comenzaron a derivar faena a la planta de Buenos Aires, a dónde incluso trasladaron a parte del personal, y también a producir en establecimientos de terceros, algo que por supuesto genera sobrecostos. Peor sería dejar de producir y de vender.

Santángelo destacó el gesto del presidente Alberto Fernández, que los recibió en Casa Rosada y les prometió apoyo en este duro trance. Señaló que el plan es tomar líneas de crédito y destinar capital propio que se iba a utilizar en otros proyectos a la reconstrucción de la fábrica.

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Según Néstor Eggs, el presidente de esta empresa que además hace agricultura y ganadería, y que da trabajo en forma directa a nada menos que a 1.300 personas ya hicieron la presentación ante la Sepyme (Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa) y ante el Banco Nación, por lo que espera una pronta resolución del trámite: “Estamos ahí, momento a momento, creemos que sea va a resolver muy pronto, para octubre o antes quizás”, afirmó a Bichos de Campo.

Se trata de una línea que ofrece créditos de entre 70 millones y 250 millones de pesos, que fue pensada para las firmas avícolas aunque también hay otra para los granjeros integrados.

Escuchá la nota completa al empresario:

Eggs destacó los beneficios de este financiamiento: “Tiene un año de gracia y 6 para pagarlo, la tasa es del 30% con una bonificación de 8 puntos porcentuales, por lo que en definitiva es de 22%. Nosotros pedimos 250 millones. Esperamos el desembolso, creemos que va a llegar a buen puerto”.

Luego explicó qué destino piensan darle a ese dinero en Noelma. “El crédito es básicamente para la planta de procesamiento, para incrementar la variedad de productos y desarrollar otros con valor agregado. La idea es aumentar la producción para el año que viene un 10% y queremos llegar al 35% (de incremento) en 2025”.

Eggs señaló que utilizará el crédito también para modernizar la planta y cumplir con las exigencias que piden los diferentes clientes en los mercados internacionales.

En los últimos meses la exportación de pollos se complicó, sobre todo por el atraso cambiario. En el caso del sector avícola este deterioro de la competitividad se profundiza más por la aplicación de derechos de exportación del 9%, a lo que se agregaron los incrementos de costos en la logística derivados del faltante de contenedores.

El empresario cree que, a pesar de esto y como sea, hay que cumplir con los compradores en los diferentes mercados.

Como productor integrado, Leonardo Cajide pretende modernizar sus galpones avícolas para poder soportar el alto costo de la energía

“Hubo problemas para exportar, pero no podemos decir que no, tenemos que adecuarnos a lo que sea. Si usted hace un cliente en el mundo, tiene que atenderlo . Si no más vale no vaya nunca. Yo no haría un pollo si no pudiera exportar. El mundo nos permite controlar o nivelar la oferta, y nos abre puertas”, explicó Eggs.

Este año la caída las exportaciones promedia un 7%, según las estadísticas del Centro de Empresas Exportadoras Avícolas (CEPA), lo que obligó a las empresas a achicar la producción para no saturar un mercado interno que ya dispone de ofertar para alcanzar un consumo de 48 kilos por habitante al año al año, un nivel semejante al de la carne vacuna.

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De entrada apunta contra las distintas miradas que aplican las autoridades de Comercio Interior para tratar a los distintos eslabones de la cadena avícola. “No se trata con la misma vara al productor que al intermediador. Este se lleva entre el 70% y 80% de rentabilidad mientras que nosotros apenas cubrimos los costos”, se lamentó Gesualdo en diálogo con Bichos de Campo.

Mirá la entrevista completa a Roberto Gesualdo:

De que el contexto es difícil no quedan dudas para Gesualdo: los altos precios de los cereales inciden en los costos de producción porque en la estructura de costos de producir una docena de huevos el 65% lo compone el alimento para las ponedoras.

“Mientras en el último año el precio del maíz y de la soja aumentó 140%, el del huevo está prácticamente en los mismos valores que a igual fecha del año pasado y con esta suba de costos de los granos es imposible sostener la actividad”, advirtió el productor, que se especializa en la recría de gallinas.

-¿Por qué el precio del huevo está casi igual que el año pasado?

-El Gobierno, con buen criterio, trató de frenar la suba de precios, y más allá de que tuvimos un incremento del 40% en la demanda durante la pandemia, fue muy compulsiva la actitud de las autoridades, con persecuciones y puesta de precios máximos en el inicio de la pandemia, sin consultar si había rentabilidad en ese momento.

Gesualdo remarcó que el productor de huevos invierte y se tecnifica desde hace 10 años. Incluso luego de haber registrado su mayor crisis luego del 2003 pudieron pasar de un plantel de 16 millones de gallinas ponedoras a tener 48 millones, lo que da cuenta del empuje de la actividad.

“El huevo es un producto muy similar a los productos de quintas, como frutas y verduras. Son productos que varían con la oferta y la demanda, entonces el sector se regula solo: cuando en un lugar del país faltan huevos, sobran en otro lugar y se termina normalizando”, aseguró, dando a entender que no era necesario fijar precios ni regulaciones de otro tipo.

El presidente de Apasur dijo que por el cajón de huevo blanco a pie de granja se pagan actualmente entre 1.800 y 1.900 pesos, pero aclaró que ese precio debería estar en 2.500 pesos para que se pueda sostener la producción.

Por otra parte, consideró que no hay chances de que el sector haga un cártel o monopolice el mercado ya que en todo el país hay mil productores de huevos. “Lo que ocurre ahora es que aumentó la oferta, bajó la demanda y en el medio esta suba de costos; ese es el cuello de botella que lleva al quebranto a tantos productores”, indicó.

Para sumar un agravante más a la sobreoferta de huevos en Argentina, Gesualdo puntualizó que creció el ingreso de huevo en polvo desde Brasil. “En el último año las exportaciones de huevos de ese país crecieron 162% y eso que ellos tienen precios plenos de los cereales, no como nosotros que tenemos retenciones y en efecto, si las mismas no existieran ya no quedaría ningún avicultor en pie porque pagaríamos el precio pleno de la soja y del maíz. Aún así ellos son competitivos para exportar y eso complica más la situación de nuestro mercado interno”, remarcó.

La dependencia del sector de huevos en Argentina en cuanto al mercado interno el del 98% y no es un dato menor si se piensa que ese mercado está deprimido.

“La sobreoferta en el mercado no permite que suban los precios más allá de que el Gobierno libere los mismos. Muchos tendrán que reacomodarse sacando planteles, y de hecho eso ya está pasando, pero es lo que puede equilibrar esa oferta y demanda para que sea rentable la actividad. De cualquier forma, cortando la importación de huevos podría mejorar la situación”, concluyó.

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La escueta información oficial, que nadie esperaba en el mercado, dice que “el ministerio de Agricultura procedió a suspender temporariamente la registración de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para el producto maíz, cuya fecha de inicio de embarque sea anterior al 1 de marzo de 2021, cuando arranca formalmente la nueva campaña 2020/21 del cereal”. También establece que de esta decisión queda exceptuado el Maíz Pisingallo, que es el que se utiliza para hacer pochoclos y casi no tiene consumo interno.

Las DJVE son las declaraciones de venta que deben hacer los exportadores de granos y subproductos comprendidos en la Ley 21.453 en el momento en que cierran cada negocio, que suele ser varios meses antes del embarque. Por eso este cierre implica que no se pueden cerrar nuevas operaciones por el maíz “viejo”, correspondiente a la cosecha 2019/20, a la espera de que la nueva cosecha que comienza en marzo alivie la situación. El maíz nuevo, de la campaña 2020/21, si debería poder anotarse, puesto que no comienza a llegar al mercado recién en marzo y se exporta después de la fecha límite dispuesta por Agricultura.

Tal como fue anunciada, en un escueto comunicado, esta medida tampoco debería detener el flujo de exportaciones de maíz ya comprometidas por la Argentina para el primer bimestre de 2021, puesto que las DJVE ya fueron tramitadas antes de este cierre.

La gestión actual de Agricultura, que hasta ahora se había cuidado de enviar señales negativas hacia el mercado agrícola y mucho más de intervenir sobre las exportaciones, justificó este breve cierre temporal del Registro para el maíz.

“Esta decisión se basa en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, básicamente la producción de proteína animal como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot, donde el cereal representa un componente significativo de sus costos de producción”, se indicó.

Por cierto, en la Argentina se consumen internamente unas 16 millones de toneladas anuales de maíz, especialmente en las actividades citadas y en la industria del bioetanol, que de todos modos está casi paralizada. La producción de la forrajera ha llegado en la campaña 2019/20 a caso 51 millones de toneladas y superó a la de soja por primera vez en décadas. De todos modos, no parecería alcanzar para atender los dos flancos, el interno y externo, ante la disparada de las exportaciones.

Al respecto, el Minagri precisó que se lleva autorizada la exportación de 34,23 millones de toneladas de maíz de la campaña 2019/20, sobre un total teórico exportable de 38,50 millones de toneladas. Es decir que se ha cumplido con el 89% del saldo previsto.

“El objetivo de la medida es que las 4,27 millones de toneladas restantes queden disponibles para el consumo interno, con el objeto de asegurar el abastecimiento durante los meses del verano cuando la oferta de cereal tiende a escasear”, se explicó sin tapujos.

El comunicado oficial agrega que “eventualmente y en función de cómo evolucione la oferta y la demanda, así como de las perspectivas de la cosecha de maíz 2020/21, esta cartera evaluará la reapertura del registro”. Para la cosecha nueva, que arranca en marzo, se espera una producción bastante semejante a la anterior, que aliviaría las cosas, pero todo dependerá del impacto de la sequía, que luce amenazante.

El maíz fue uno de los cultivos que más subió de precios a lo largo de 2020, y esto venía complicando las cuentas de los productores de carnes que lo tienen como insumo.

“Al igual que lo que ocurrió con muchas de las commodities, el piso de la cotización en Chicago se dio sobre los primeros meses del año, cuando comenzó la pandemia. En el caso del maíz, la caída se vio agravada por el hecho de que el confinamiento redujo el consumo de combustibles, y por ende de los insumos que se utilizan para las mezclas, como el etanol. Desde el 7 de agosto en adelante se observa una
tendencia claramente positiva, alcanzando valores máximos. Así, desde principios de año, el cereal acumuló en Chicago una ganancia que ronda el 19%”, precisó la Bolsa de Bahía Blanca como balance del año. Esa suba implicó casi 30 dólares por tonelada.

Peor a nivel interno, los precios del maíz subieron mucho más que en Chicago, ya que aquí se debe suma el efecto de la devaluación paulatina del peso. En este caso, la suba anual ha sido mayor al 36%.

Para la campaña que viene, los exportadores habían levantado el pie del acelerador, ya que a la fecha habían adquirido 23% de la cosecha esperada en el ciclo 2020/21, cuando a igual fecha del año pasado ya habían comprado el 34% de la cosecha que ahora se prohíbe seguir vendiendo. Lo propio ocurre con las DJVE, que alcanzan las 8,4 millones de toneladas en la actualidad, en contraposición con las 18,2 millones de toneladas del ciclo previo al cierre del año.

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En tanto, un informe de la consultora Claves indica que la producción de leche fluida en 2020 será la más baja de la última década, con una pérdida de 33% en relación con 2010, mientras que la producción de yogur llegará a las 357.025 toneladas, lo que implicará un derrumbe del 27% en comparación con la década pasada.

Escuchá el micro radial de agronegocios de cada sábado, por Yanina Otero:

Una de las empresas golpeadas por la crisis es la rafaelina Ilolay, dueña de tres plantas ubicadas en el corazón de la cuenca lechera argentina. La compañía ya arrastraba problemas de facturación pre pandemia, pero el confinamiento le dio un golpe extra.

No pudiendo trasladar la inflación de sus costos a los precios de venta de sus productos (situación que empeoró a partir de la fijación de precios máximos sobre la canasta básica) y con pérdida de rentabilidad operativa, la compañía se vio obligada a buscar apoyo externo en el grupo Finanzas & Gestión para encarar una reestructuración financiera.

De esta manera la láctea emprende un camino en el que achicaría su estructura y trataría de renegociar deudas con proveedores y bancos.

Y Don Héctor se pudo dar el gusto de decirle al presidente que lo que se necesita es estabilidad: Alberto visitó el grupo Motta

Otra de las noticias de la semana vino de la mano del Grupo Motta ya que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, visitó las instalaciones de la empresa productora de pollos.

Lo hizo en el marco de la ampliación de instalaciones que está llevando adelante la firma que le permitirá aumentar hasta un 50% la producción a partir de 2021, y cuya producción estará destinada principalmente a exportación.

Además, la obra permitirá incrementar un 30% el personal, de los 700 actuales que tiene el grupo.

Héctor Motta, el presidente de la empresa, fue quien acompañó al presidente durante la recorrida y aprovechó para dialogar sobre los inconvenientes que hoy tiene la agroindustria argentina para exportar. Entre las cosas que remarcó se destaca la necesidad de que bajen los derechos de exportación para ganar competitividad en los mercados externos.

Motta es un apasionado del agregado de valor y a pesar de los vaivenes económicos de la Argentina apuesta a continuar creciendo de la mano de una inversión de alrededor de 20 millones de dólares.

El empresario habló también con el Presidente de la necesidad que los productores puedan acceder a créditos convenientes y que la única salida para el crecimiento de la economía argentina es de la mano de la exportación de productos con mayor valor agregado.

Alberto Fernández tomó nota pero por el momento los planes para la agroindustria continúan brillando por su ausencia.

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La excusa para hacerlo es la coyuntura: Motta advierte que son momentos difíciles los que trajo la pandemia en la actividad, pero también se arrastran dificultades de años anteriores. La saturación del mercado interno por la caída de exportaciones, la baja del consumo, el atraso cambiario y los bajos precios por debajo de los costos de producción son algunos de los factores que inciden.

Pero Don Héctor conserva un optimismo a prueba de balas. “El mundo necesita alimentos. Así como alguien una vez dijo que estamos condenados al éxito, yo digo que estamos condenados a tener que exportar si es que realmente queremos crecer y lograr bienestar entre los que habitamos este país. Necesitamos exportar porque nuestro mercado interno es muy chico y está plenamente abastecido”, dijo Motta a Bichos de Campo.

Mirá el reportaje completo a Héctor Motta:

El empresario, de todos modos, se mostró cauteloso ante el escenario próximo. “Quienes creemos en este país, pusimos todo nuestro esfuerzo, y ahora tenemos incertidumbre sobre lo que pasará porque hay inversiones programadas o en ejecución”, declaró.

La avicultura viene sosteniendo durante esta cuarentena sus niveles de producción y actividad, pero a costa muchas veces de perder dinero. Motta advirtió que se dio una baja muy marcada en el precio del kilo de pollo, el cual pasó de 110 a 85 pesos en lo que va del año. “Cuando tengamos que regresar al precio que realmente debería costar, todos saldrán a decir que hubo un golpe inflacionario, pero nadie se acordará de ese tiempo en que estuvimos por debajo del precio razonable, y por debajo del costo también”, observó.

Entre las problemáticas que enfrenta la actividad, Motta manifestó que “al caerse los recursos, bajó el consumo, y aunque la carne aviar sigue siendo la más económica entre los argentinos, nuestra operación no está siendo rentable desde hace tiempo, porque tenemos un atraso cambiario, y a su vez, porque esa mercadería que iba al comercio externo, empezó a converger hacia el mercado interno; y terminamos saturando nosotros mismos el mercado, encontrándonos con precios deprimidos durante todo el año”.

La clave parece ser volver a apuntalar las exportaciones. Motta dijo que “estamos recuperando algunos países, aunque lentamente. Perdimos mercados como Chile, perdimos algunas operaciones en Europa con productos terminados, y también tuvimos que parar una fábrica de agregado de valor que involucraba todo el proceso de cocción de carne: al no tener puntos de venta en el mercado interno, tuvimos que desactivarla. Toda una serie de factores que se suman a un país que ya venía con dificultades”.

-¿Qué necesita la Argentina para sanar su economía?

-El Gobierno debería apuntar a reactivar el mercado interno. Luego tiene que impulsar inversiones, para lo cual se requiere de créditos promocionales, y de premiar la reinversión, que hoy se castiga con más impuestos. Por último, debería estimular proyectos de exportación.

“En nuestra actividad estamos en 450 o 500 millones de dólares anuales en exportaciones, pero podríamos pasar a 1.200 millones de dólares. El agregado de valor le dará la respuesta al Gobierno para empezar a sanar sus deudas”, remarcó Motta.

El empresario, en este sentido, celebró que el Gobierno haya logrado un acuerdo para la refinanciación de la deuda con los bonistas. “Esto nos da un aire nuevo para empezar a pensar que el país empezará a sanar, no sólo de pandemia sino también de lo económico”, expresó.

Motta comenzó a trabajar en la avicultura entrerriana en la década del ´50. Ymuy de a poco terminó construyendo una empresa tan grande que ahora es considerada un grupo que hoy comprende dos empresas: Cabaña Avícola Feller y Calisa, que es Complejo Alimentario sociedad anónima, abocado a la elaboración de carne de pollo y a la exportación.

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La empresa inició sus actividades en Villa Crespo, hoy ciudad de Crespo. Hace 25 años tuvieron que relocalizar la empresa porque, al crecer tanto Crespo, la planta quedó en el centro de la ciudad. “Tuvimos que irnos, obligados prácticamente, a Racedo, un pueblo olvidado, al cual, sin darnos cuenta, terminamos rescatando porque hoy 300 familias que trabajan con nosotros son de ese pueblo”, recordó.

Ahora está protagonizando una nueva mudanza hacia una zona de monte, en el norte de Entre Ríos, donde están levantando un alojamiento para reproductores de pedigree. A 10 kilómetros de allí, además están construyendo desde 2018 un segundo complejo para alojar todos los reproductores pesados que dan origen a la carne. Será un gran centro de genética avícola.

En Racedo, además, el grupo Motta está levantando una nueva planta de faena, que estaría operativa a mediados del 2021. “Hemos necesitado crédito del Banco Nación y también del exterior, pero con dificultades y todo, estamos invirtiendo”, resaltó el veterano empresario.

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Quien dijo esto es Roberto Domenech, el titular del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA). En diálogo con Bichos de Campo, el histórico directivo de los grandes productores integrados de pollos explicó así el inédito récord logrado por el sector: en abril pasado el consumo interno de ese tipo de carne tocó los 50 kilos anuales por habitante, casi alcanzando a la carne vacuna, que se consumió por unos 53 kilos per cápita. La diferencia mínima se explica en que las avícolas están volcando su stock en el mercado, aún a riesgo de perder dinero. Y los consumidores responden.

Domenech explicó que el aumento en la oferta y en el consumo promedio de pollos “tiene mucho que ver con el momento que estamos atravesando, donde se ha producido un atraso en las granjas producto de tener que trabajar a menos velocidad. El volumen del mes pasado sería de 50 kilos, pero creo que en el primer semestre estaremos en los 48 kilos”, comento el dirigente.

Escuchá la entrevista con Roberto Domenech:

“Por suerte el consumidor nuestro responde de manera excepcional, con un consumo que está en el orden de los 50 kilos. Este es un nivel que teníamos proyectados recién para 2025. Por eso creemos que es circunstancial, y estaremos rondando los 48 kilos en el año”, insistió Domenech.

El directivo de CEPA explicó que la mayor oferta de pollos se traduce en menores precios al consumidor y en definitiva para toda la cadena. Luego explicó que el sector mantiene un acuerdo con la Secretaria de Comercio Interior para vender el pollos eviscerado a “120 pesos por kilo al público, lo que da aproximadamente 75 a 77 pesos más IVA en salido de fábrica”.

Con el pollo tocando un récord histórico de 50 kilos anuales, es muy alto el consumo interno de carnes en medio de la cuarentena

Pero por la abundancia de oferta la mayoría de las empresas no reciben ese precio sino que tyrabajan con un margen a pérdida. La diferencia entre el costo y el valor que reciben es de 12 a 15 pesos. “Igual las grandes cadenas están trasladando la baja del precio que nosotros hacemos” puntualizó Domenech.

Pero más allá de lo que pase en esta coyuntura, las empresas avícolas están pensando en el escenario post pandemia. Por eso proyectan la evolución del sector y para el período 2020/2025 se prevé un crecimiento del 2 a 2,5% anual, aunque para eso se requiere poder invertir en la renovación de los galpones de engorde.

“Nuestro proyecto va más allá de lo que es solo la producción en toneladas de pollo e incluye la necesidad de construir y renovar 4,5 millones de metros cuadrados de galpón. Estamos en ese proceso de renovación tecnológica pero llevamos 5 años de atraso respecto de la forma plena en que deberíamos estar poblando las granjas con galpones túneles que generan resultados productivos extraordinarios” dijo el titular de CEPA.

Esas inversiones no son menores y en las circunstancias que atraviesa la economía argentina son para destacar: “Estamos hablando de 200 mil dólares de inversión por galpón y hay que hacer por lo menos 1.500 galpones túneles nuevos”  agregó el referente avícola.

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