En un documento que enviaron a Bichos de Campo, los integrantes del CIEA dijeron que “la política oficial llevada adelante de mega-devaluar la moneda genera una transferencia de ingresos mayúscula hacia ciertos sectores de la actividad económica, en particular los agroexportadores”.

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Los economistas hicieron cuentas en el actual escenario. “Considerando el caso de la soja, la campaña 2018/19 se encarará a un valor del dólar un 115% más alto nominalmente que el que regía al momento de sembrar la 2017/18 (tipo de cambio pasó de $17,5 a $38 por dólar). Considerando el dato USDA, que acaba de prever una cosecha Argentina de 57,5 millones de toneladas, y asumiendo provisoriamente un precio de venta como el actual (precio futuro a mayo/19 de 309 USD/tn), esto implica una masa de dinero adicional del orden de los 365.000 millones de pesos como facturación de la producción (sin contar liquidación de stocks, que con este marco cambiario se supone será muy importante)”.

El documento aclaró que “es cierto que esto es ingreso total de la cosecha y no ganancia, pues muchos costos (claramente no es el caso de los salarios de los obreros rurales que explota el agronegocio) están cuasi-dolarizados. Pero de cualquier forma el margen se agiganta en proporción”.

Los economistas de la UBA, basándose en un estudio del académico Diego Fernández, tomaron como costo preliminar de la nueva siembra de soja unos 420 dólares. También hicieron los cálculos con un rinde promedio de 3 toneladas. Por lo cual concluyeron que “existe un excedente, descontando retenciones, de 266 dólares la hectárea, unos 10.000 pesos promedio al cambio del 31 de agosto”.

De ese modo evaluaron que “un campo sojero de 5.000 hectáreas explotado por administración arroja un ingreso anual, ya descontadas las retenciones actuales e imputando beneficios de economías de escala asociadas a esa envergadura productiva, de aproximadamente 60 millones de pesos”.

Estos cálculos, para los expertos en economía, son suficiente argumento como para apoyar una suba de las retenciones a la soja. “Se impone la necesidad de gravar a la cúpula que controla lo esencial del agronegocio agrícola, recurriendo a la imposición y/o aumento de los derechos de exportación”, afirmaron.

Más allá de los números, esta postura no está libre de contenido ideológico. En efecto, los académicos que son coordinados por Eduardo Azcuy Ameghino, el director del CIEA, apoyan a tono con muchos políticos opositores que “los costos de la crisis recaigan sobre grupos que han sido beneficiarios de las políticas del gobierno”.

“El impuesto aquí juega un doble rol. Por una parte, incrementando la recaudación fiscal y consiguientemente reduciendo el déficit del Estado, tan declamado por el gobierno y el FMI. Cada punto de retenciones a la soja y sus derivados podría aproximarse (si son eficientemente recaudadas) en la más que significativa suma de 6.750 millones de pesos”, estimaron.

Pero el reclamo del CIEA no se quedó allí, ya que también pidieron que se analice reimplantar las retenciones al trigo y al maíz, eliminadas por completo en diciembre de 2015, cuando asumió el gobierno de Cambiemos.

Según los académicos de la UBA, una medida de ese tipo “permitirán limitar el encarecimiento de productos de primerísima necesidad para el consumo y para otras actividades agropecuarias”.

Pero además los expertos de la Facultad de Económicas proponen al gobierno, en este nuevo escenario, diseñar “un sistema de reembolsos” con la propia recaudación por retenciones (que son cobradas a las exportadoras) “para contribuir a modificar de forma progresista la estructura social agraria, que experimenta en las últimas décadas un intenso proceso de concentración productiva”. Es decir, proponen cobrar más retenciones, pero devolver parte de ellas a los productores más chicos.

En ese sentido, recordaron que según cálculos de la ex ONCCA alrededor de entre el 10 y el 15% de los productores registrados dan cuenta del 70% de la producción sojera. “Elevar las retenciones a la soja, por ejemplo a un 45% solamente para estos estratos superiores –es decir de manera segmentada-, permitiría avanzar hacia un escenario menos concentrado, en el que ganen protagonismo como sujetos los productores de base familiar y demás pymes del mundo rural”.

Así concebida, analiza el CIEA, la suba de retenciones “mitigará las ganancias por economías de escala que obtienen los grandes productores (terratenientes capitalistas, gran capital arrendatario y pooles)”, a la vez que aportarían casi 90.000 millones de pesos a la recaudación. 

Todo dicho. Para saber cómo piensa Azcuy Ameghino traemos a la memoria este reportaje que hace algunos meses le hicimos en Bichos de Campo: 

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¿Qué tienen en común todos esos episodios de la historia agropecuaria reciente? Que aflora el sujeto social pampeano y el “campo” deja de ser por un rato solo volúmenes y números para exponer su rostro humano.

“A lo largo de todo el periodo analizado, uno de los núcleos de la problemática pampeana vista desde un punto de vista social, desde los actores, es que aparece y se repite la idea de la concentración económica”, dice Azcuy Ameghino en una entrevista con Bichos de Campo.

Para el investigador, está más que claro que, más allá de los relatos de turno, no hubo grandes diferencias entre los gobiernos de Carlos Menem y los de Néstor y Cristina Kirchner en el enfoque de la cuestión agraria.

“Todos los indicadores, menos el censo agropecuario (el último es de 2002 y se espera uno nuevo en 2018), muestran eso, la continuidad de ese proceso de concentración que hace que algunos crezcan y otros terminen saliendo del sector. La concentración está en la lógica del sistema socio-económico vigente; en el régimen capitalista es lógico que algunos acumulen y crezcan y otros sean excluidos”, explicó Azcuy Ameghino.

Puede ver la entrevista completa aquí:

El historiador asegura que, más allá de la continuidad de la concentración agropecuaria en la Argentina de los últimos 25 años, éste no es un proceso particular, pues ocurre con mayor velocidad en otras partes del mundo. Por ejemplo, citó que en Estados Unidos la cantidad de explotaciones rurales se redujo de 6 millones en los años ’30 a menos de 2 millones en la actualidad, o en Francia, donde había 5 millones de campesinos y hoy solo quedan 500 mil.

“Las políticas locales siempre pueden echar agua o echar nafta a esos fuegos. En el caso argentino, yo diría que en general han acompañado las tendencias económicas y les han sacado )a los productores) la mayor porción posible de recursos, a los efectos de derivarla a otros sectores. En el caso del kirchnerismo incluso fue un poco más evidente”, indicó.

Para Azcuy Ameghino, las políticas públicas para el agro deberían tener en cuenta las asimetrías que existen entre un sujeto productivo que maneja 10 mil hectáreas y uno que solo dispone de 100. “Todo lo que sean políticas iguales aplicadas globalmente llevan en si mismo el problema de que desconocen esa diversidad y esa asimetría. Si yo quiero hacer algo distinto, debo encontrar la manera de segmentar las políticas”, avisó.

Otro concepto del especialista de la UBA fue que no siempre la mayor desaparición de productores debe asociarse con las épocas de crisis agropecuaria. “La concentración económica tiene distintos medios de expresarse, pero aun en tiempos donde uno no ve una crisis, aparecen grandes productores que van a poner 1 o 2 quintales más por la tierra disponible, y la concentración avanza”, señaló Azcuy Ameghino.

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