“En estos esfuerzos se define un modelo de política segmentada para el tratamiento de quienes intervienen en la producción agropecuaria. Este convenio deviene de la concepción del rol que le cabe a la agricultura familiar, campesina e indígena, vinculado a la inclusión, por lo que estos instrumentos de accesibilidad financiera son fundamentales”, dijo Basterra. Algo de razón tiene, aunque si luego al pequeño minifundista le cobran una tasa del 80% anual, la bancarización se convierte en un salvavidas de plomo.

Hecker manifestó: “Desde el Banco Nación queremos contribuir con el rol que nos corresponde para tener un país con inclusión y posibilidades de financiamiento para progresar y avanzar. Es muy importante poner en igualdad de condiciones a los agricultores con el resto de los productores, ayudarlos en el ingreso a la formalidad y así aportar a poner nuevamente al país de pie”.

Luego de estas definiciones, se supo que la implementación del convenio se llevará adelante a través de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial junto al RENAF. Las cuentas bancarias tendrán las características y funcionalidad de una “cuenta sueldo”, sin costo de mantenimiento ni de extracción para el agricultor familiar titular ni para el Registro.

De esta forma, el Banco Nación se constituye como agente financiero del RENAF. Por su parte, el Registro se compromete mediante el Convenio a realizar las gestiones administrativas y territoriales para la realización de las entregas de las tarjetas de débito por parte del banco.

En una primera etapa, se prevé alcanzar a productores familiares de la provincia de Buenos Aires, para seguir avanzando hacia otras provincias para incluir a todos aquellos que se formen parte del Registro.

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