El predio en cuestión, en realidad, no es muy grande: está identificado catastralmente como Partido B – Circunscripción 2 – Sección 3 – Parcela 555, y tiene una superficie de 40.000,52 m2. Está ubicado lindero al aeropuerto de Jujuy, junto a la autopista que va a Salta y a la altura del acceso a la ciudad de Perico. Pertenecía, hasta ahora, a la Fuerza Aérea.

La Resolución 1/2022 de la AABE, que cede ese terreno, se inició a partir de un pedido de la Dirección de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias del Ministerio de Agricultura argumentando que el mismo “se destinará al desarrollo de proyectos de uso agropecuario con la asistencia de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena” de dicha cartera. Allí se habían venido tratando de impulsar diferentes alternativas semejantes, pero con poco éxito hasta ahora. La más avanzada, en el partido bonaerense de Mercedes, finalmente se frustró porque el Estado se negó a ceder las tierras.

La Secretaría de Agricultura Familiar, a cargo del militante del Movimiento Evita Miguel Gómez, informa poco y nada en su página web institucional respecto del estado de este tipo de proyectos o para qué piensa utilizar las tierras cedidas. La Dirección de Tierras Agropecuarias solo informa que sus acciones apuntan a “facilitar las condiciones para el arraigo rural, asistiendo a las áreas del estado nacional, provincial y local, y al Registro Nacional de Tierras Rurales”.

La zona de Perico tiene un alto componente de pequeños productores, que usualmente se dedican al tabaco y la horticultura. Las tierras linderas al aeropuerto siempre han sufrido tomas, pero usualmente por parte de familias que se distribuyen los lotes para hacer finalmente viviendas. En este caso, según dice la AABE, se trata de “una fracción de terreno en gran parte desocupada y en desuso y otro sector con sembradíos sin poder verificarse algún ocupante”.

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En este estado de cosas, el 15 de septiembre pasado la Dirección de Inmuebles informó que el terreno “se encuentra en condiciones de ser desafectado por resultar innecesario para las competencias, misiones y funciones de la repartición”, es decir de la Fuerza Aérea. La AABE explica en la resolución que el Estado “considerará inmuebles pasibles de ser desafectados por presentar falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesaridad”.

De allí esta cesión, que es la primera en el sentido de la política pública que ha expresado públicamente muchas veces el presidente Fernández, y que llevó incluso al gobierno a crear un gabinete de tierras en 2020. Ese cuerpo multi-ministerial tenía como función esencial la creación de un Banco de Tierras fiscales que podrían seguir el mismo camino que este lote de Perico. Pero hasta ahora no se conocen demasiados avances concretos.

Esta cesión de terrenos en Perico (son apenas 4 hectáreas que difícilmente puedan albergar una familia de campesinos) “se enmarca en la decisión del Poder Ejecutivo de hacer prevalecer el proceso de preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización del espacio físico del mismo, con vista a su mejor aprovechamiento y utilización, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas”, explicó la norma.

Curiosamente a pocos kilómetros de allí la provincia de Jujuy es dueña de una finca de mucho mayores dimensiones que solía ser arrendada a pequeños productores, pero que ahora se dedica a un proyecto del propio gobierno jujeño en conjunto con una compañía estadounidense: se trata de la Finca El Pongo, donde la gestión de Gerardo Morales está llevando a cabo un emprendimiento para producir cannabis medicinal a gran escala.

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Ni bien asumió lanzó su primer simple: “los bienes culturales”. Poco después descolló con su reversión de “las exportaciones de vaca están liberadas”. Luego apareció en el candelero un concepto totalmente novedoso llamado “La Agrobioindustria”. La semana pasada también instaló un nuevo título que no por repetido deja de convocar a los ruralistas a las pistas: “Los volúmenes de equilibrio”.

No contento con tan acelerado ingreso en el top 40, ahora Julián Domínguez comenzó a mezclar su nuevo hit y piensa en hacernos pasar un verano caliente. Se llamará “El Instituto de Tierras” y parece ser una saga de éxitos anteriores. De hecho, el ministro convocó a “planificar un nuevo ordenamiento territorial que defina el modelo de desarrollo agrobioindustrial de la Argentina”.

La presentación de este nuevo sencillo fue realizada durante una visita del ministro a la Estación Experimental Julio Hirschhörn de la Universidad Nacional de La Plata. Junto al ministro bonaerense Javier Rodríguez, participó de la inauguración de un Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología, Producción y Servicios.

Una vez más, para instalar esta versión edulcorada de la “reforma agraria” que han grabado Juan Grabois y otros artistas, Domínguez tendrá como soporte musical a la “universidad pública”, una banda capaz de tocar todos los ritmos musicales sin que se conozcan finalmente a sus integrantes.

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De hecho, el comunicado oficial que anticipa este nuevo hit relata que “Domínguez planteó el objetivo de trabajar junto a las universidades del país en un instituto de la Tierra para pensar juntos un plan estratégico, para una política pública, para debatir el modelo de gestión territorial de la Argentina, para consolidarla como un bien social que cuidemos entre todos y no como una mercancía donde es el mercado quien impone el modelo de desarrollo y gestión”.

El baile de carnaval parece estar asegurado.

Sobre esta idea concreta, el ministro de Agricultura instó a “planificar un nuevo ordenamiento territorial que defina el modelo de desarrollo agrobioindustrial de nuestro país, como también lo ha planteado nuestro Presidente Alberto Fernández”.

Por cierto, desde el inicio de su gestión el presidente Fernández intentó instalar sin mucho éxito la necesidad de poner en producción tierras ociosas disponibles en la Argentina e incluso creó un Gabinete de Tierras para llevar a cabo este objetivo. Ese espacio fue integrado por varios ministerios, entre ellos el de Agricultura, con la idea primaria de generar un banco de tierras fiscales disponibles. Coordinado por el ex jefe de Gabinete y ahora Canciller, Santiago Cafiero, nunca se conocieron avances concretos.

En cambio, la agenda en torno al tema recrudeció con el conflicto mapuche y las ocupaciones de tierras en el sur del país y la prorroga de la Ley de 2006 que obliga a realizar un censo de comunidades originarias que reclaman el dominio de sus tierras, una tarea que todavía no se concluyó y que, según dicen los productores, suele utilizarse para justificar muchas intervenciones de campos.

Sin dar demasiados detalles ni meterse en el nudo de esta discusión, Julián Domínguez creyó que había llegado el momento en su veloz carrera de lanzar un hito que aborde la temática.

“La cuestión de la tierra va a ser central en los próximos años”, afirmó. Y remarcó que “también tenemos estudiar el mejor aprovechamiento del agua y una mejor distribución territorial para el desarrollo de nuestro país”.

“Argentina está llamado a ser durante los próximos 30 a 40 años uno de los grandes proveedores de alimentos y proteínas animales que el mundo demanda y que Argentina tiene capacidad para producir, generar valor agregado, industrializar. Este es el desafío que tenemos”, añadió el ministro de Agricultura.

Domínguez resaltó que las universidades nacionales y el sector científico tecnológico son “los grandes aliados que tenemos desde el gobierno nacional para seguir decodificando las señales del futuro y preparar a la Argentina para los desafíos venideros y, en definitiva, para consolidar el crecimiento de nuestro país en los próximos años”.

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La funcionaria, que depende de la Secretaría de Agricultura Familiar y se desempeñó previamente como abogada del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), dijo que el Gobierno espera que el Congreso apruebe la prórroga de la ley 27.118, que establece la prohibición de los desalojos d pequeños productores.

En diálogo con la agencia Télam, Castillo explicó: “Llegan todos los días órdenes de desalojo y no se puede estar pensando en construir un programa de regularización y mejora de la tenencia de la tierra si a la vez teniendo se suman estos desalojos todo el tiempo”.

“Hay un gran número de familias de la agricultura familiar con tenencia precaria, lo que acarrea por supuesto, la posibilidad de la pérdida de la tierra y de sufrir desalojos y conflictos que llevan a la criminalización de las familias”, agregó.

La ley 27.118/15 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, estableció en su artículo 19 la suspensión por el término de 3 años el desalojo de agricultores familiares. En 2018, al vencerse por primera vez este plazo, se aprobó en el Congreso la prórroga por un año, pero desde 2019 el sector de pequeños y medianos productores se encuentra desprotegido, de acuerdo con la funcionaria.

“En general el problema que decanta esta situación irregular o situación de precariedad en la tenencia, es que los títulos se compran y se venden sin dar cuenta de esta realidad posesoria, entonces, vienen nuevos titulares registrales y empiezan los desalojos, habiendo comprado una tierra que ya tiene sus poseedores”, explicó la funcionaria.

“Los desalojos, al ser cautelares, no profundizan sobre la realidad posesoria, sobre quién tiene derecho a estar sino que simplemente ve un título y desaloja. Esto es algo que ya está regulado en la ley, por eso la ley 26.160 (Comunidades Indígenas) y la 27.118 (Agricultura Familiar) dieron cuenta de esta situación, que establece que se tienen que hacer programas que releven la situación posesoria para después, generar una política para la regularización de las tierras”, sostuvo la funcionaria.

Pero esos programas no llegan. Y el Estado está siempre entrampado entre lo que se debe hacer y lo que no se hace.

De los 80 casos de conflicto abordados desde el área de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, la mayor concentración la tienen las provincias de Salta con 23 casos, Jujuy con 18 casos y Buenos Aires con 10 casos, seguidos por Córdoba (7 casos), Santiago del Estero (5 casos), Chaco (4 casos) y Tucumán y Río Negro con 3 casos. Continúan Mendoza, Chubut, Santa Fe, Neuquén y Misiones con 1 o 2 casos.

De este conjunto de casos relevados, hay 29 situaciones que incluyen la posibilidad directa o el desalojo consumado de las familias involucradas y en 37 de estos casos se encuentran involucradas comunidades indígenas.

A su vez, hay identificadas un total de 19 situaciones de conflictividad en las que son las mujeres las principales involucradas ya sea por ser las poseedoras de la tierra o por ser las referentes de la comunidad u organización.

Según un relevamiento realizado por el Ministerio de Agricultura en 2011, es decir hace diez años, las situaciones problemáticas vinculadas a la tenencia de la tierra afectaban entonces a casi 64 mil familias de agricultores y abarcaban unas 10 millones de hectáreas.

En ese marco, en 2013 se creó el Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural (Prontar), que “es la única herramienta desde el Estado Nacional que aborda específicamente la regularización de las tierras”, con el objetivo de contribuir a la reducción de la precariedad en la forma de ocupación y tenencia de las tierras rurales.

Castillo explicó que es “un programa que tiende a generar recursos en las provincias y municipios para regularizar la tierra, es decir, plata para mensuras, deslindes, escrituras, partiendo del análisis de que hay una situación de precariedad muy grande que hay que abordar. Las provincias tienen sus propios programas de regularización y esto viene a acompañar las políticas que tienen las provincias”, que son las que tienen la última palabra sorbe este tipo de situaciones.

La Ley de Agricultura Familiar de 2015 dispuso además la creación de un Banco de Tierras para la agricultura familiar, que también está en veremos.

Al respecto, Castillo planteó que “se está trabajando a partir del diálogo con la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), en poner en común cual es la situación de la tierra rural que tiene que estar a disposición de este Banco de Tierras, y construyendo un programa de ‘vuelta al campo’, contemplando, por un lado, el banco de tierras y por otro lado, la construcción y desarrollo de comunidades agroalimentarias que sean los lugares donde la tierra esté en función de la producción de alimentos sanos para el abastecimiento local”.

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La Resolución 44/2021 firmada por el ex intendente de Avellaneda y ahora ministro de Hábitat, el kirchnerista Jorge Horacio Ferraresi, establece de entrada: “Créase el Programa de Planificación y Ordenamiento Territorial, el que será implementado por la Secretaría de Desarrollo Territorial de este Ministerio”. Pero luego, en el despliegue de la normativa, no aparecen ninguna de las palabras claves: no se menciona la agricultura, ni las áreas rurales, ni la producción lindera a los ejidos urbanos, ni los periurbanos, ni nada de eso.

Más bien, parece una resolución que promueve la planificación territorial, pero solo sobre zonas urbanas o para hacer crecer las urbanizaciones.

En este sentido, el programa nacional ideado por Ferraresi se apoyará sobre cuatro columnas:

• La Nación promoverá el debate de propuestas de Legislación Provincial de Desarrollo Territorial
• Se lanzará un Programa de Capacitación y Asistencia Técnica en Planificación y Ordenamiento territorial.
• Se hará un concurso sobre “Experiencias Innovadoras de Planificación, Desarrollo Territorial y Políticas de Suelo para la Reconstrucción Argentina”.
• Se hará un registro de tierras fiscales, El Registro Territorial de Suelo Apto, pero solo para desarrollar programas habitacionales y proyectos urbanos.

“Se pretende optimizar y potenciar los bancos de tierra, incorporando medios tecnológicos, instrumentos técnicos y recursos humanos que permitan contar con bases de datos confiables y georreferenciadas en todo el país, las que conformarán un catálogo único de bienes inmuebles, propiedad de los distintos niveles de gobierno, sobre los que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat pueda proponer intervenciones con criterio federal y planificado”, explica la resolución, que de todos modos no vincula ese banco de tierras a los proyectos de nuevas colonizaciones agrícolas que ha propuesto incluso elpresidente Alberto Fernández, en varias ocasiones.

En realidad, más que a resolver la problemática de los pequeños agricultores que alquilan tierras en los conurbanos, esta iniciativa pretende avanzar en “programas habitacionales”.

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En julio de 2020, frente a la presión de ciertos sectores sociales (en especial ligados al dirigente Juan Grabois), el jefe de Gabinete Santiago Cafiero lideró en la Casa Rosada una reunión para conformar el denominado entonces “Gabinete de Tierras”. Allí se decidió armar grupos de trabajo y hacer un banco de tierras fiscales que podían tener también un destino agropecuario.

De aquel encuentro participó la ex ministros de desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, quien fue reemplazada por Ferraresi. También estuvo el titular de Agricultura, Luis Basterra; el de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; la titular de ANSES, Fernanda Raverta; y de sus pares de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Martín Cosentino. Nada se supo después sobre el avance de esta línea de trabajo.

Hace unas semanas, Bichos de Campo entrevistó al arquitecto Roberto Monteverde, presidente de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial (Saplat), que nos explicó lo prioritario que resulta abordar el tema de los periurbanos, pero no solo para los habitantes de las ciudades sino para los productores rurales. Podés volver a mirar aquella charla:

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