Barbechando comienza por señalar lo obvio: si se repiten más o menos los resultados de las PASO pues “se reconfiguran las fuerzas en el Congreso”. ¿Cómo? El Frente de todos aumenta notablemente sus bancas, y Cambiemos, relativamente, las mantiene. “En senado, la oposición sería la primera minoría, alcanzando el quórum, aliado con partidos afines. En Diputados, no habrá mayoría automática, pero el Frente de Todos está más cerca de conseguir el número”, precisó el informe. Vamos a algunos datos salientes del trabajo:

• “En este nuevo escenario post PASO, el Frente de Todos podría conformar un importante interbloque que lo acercaría a la mayoría en ambas Cámaras, en alianza con los gobernadores”.
• Las bancas de ese bloque ampliado -actualmente conocido como Frente para la Victoria- se ensancharían notablemente, pasando de 65 representantes a 117.
• A pesar de que no alcancen a sumar los 129 diputados necesarios para alcanzar el quórum, el Frente de Todos tiene mayores chances de convertirse en oficialismo desde el próximo período, y hay muchos partidos (como el Peronismo no K, la izquierda y los partidos provinciales) que “están mucho más cerca de las ideas del bloque que hoy conduce Agustín Rossi”.
• En el Senado, el kirchnerismo también aumentaría su caudal de bancas y el bloque pasaría de 9 a 17 miembros, con la posibilidad de sumar aliados, provenientes de partidos provinciales a un posible interbloque que alcanzaría los 23 miembros.

Luego el trabajo revisa cuáles son los referentes conocidos del agro con posibilidades de acceder o permanecer en el Congreso:

• Luis Basterra (Todos – Formosa): Ingeniero agrónomo. Referente agro del Frente de Todos. Presidió la comisión de Agricultura de Diputados. Se postula por su tercer mandato como diputado, con el puesto asegurando.
• Ricardo Buryaile (Juntos por el Cambio – Formosa): Contador público y productor agropecuario. Ex Ministro de Agricultura de la Nación y Agrodiputado. Presidió la comisión de Agricultura de Diputados. Sorteó la interna radical y sería el candidato oficialista de la Provincia.
• Héctor “Cacho” Bárbaro (Todos–Misiones): dirigente agrario del sector tabacalero. Fue candidato a Vicegobernador por el Frente Popular Agrario y Social. Es el segundo candidato por el frente de Todos, con chances de ingresar.
• Jorge Vara (Juntos por el Cambio – Corrientes): Ingeniero Agrónomo. Ministro de Producción provincial. Ex presidente de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz. También pudo sortear la interna radical y sería el primer candidato oficialista de la Provincia.
• Alfredo de Angeli (Juntos por el Cambio – Entre Ríos): Productor agropecuario, dirigente rural de Federación Agraria. Referentes durante la 125. Preside la comisión de Agricultura de Senado. Va por la reelección en su cargo.
• Pablo Torello (Juntos por el Cambio – Buenos Aires): Productor agropecuario de O’Brien. Miembro CREA. Nexo entre el Congreso y Secretaria de Agroindustria.  Va por su segundo mandato. Con el resultado de las PASO, sería el último diputado bonaerense que ingresa.
• Alejandro  “Topo” Rodriguez (Consenso Federal – Buenos Aires): ex ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. Buen diálogo con Sociedad Rural y Federación Agraria. Tiene que cosechar igual o mayor cantidad de votos para ganar cómodamente su banca.
• Martín Berhongaray (Juntos por el Cambio  – La Pampa): hijo del ex secretario de Agricultura de la Nación durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Diputado Provincial y candidato a diputado nacional, con claras chances de ingreso.

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Esta introducción para contar que, por fortuna, Florencia Ricchiuti, que integra esa Fundación, advirtió lo que está sucediendo en el Palacio Legislativo, donde “diferentes representantes de organizaciones proteccionistas pidieron por el aumento de penas para el maltrato y crueldad contra los animales”.

Elogiamos el trabajo de Barbecheando porque ella está haciendo el trabajo que los dirigentes agropecuarios están dejando sin hacer. Es lo mismo que sucedió en Entre Ríos con el conflicto por los agroquímicos: las entidades rurales se “durmieron” pensando que era imposible que prosperasen los amparos por la aplicación de agroquímicos en torno a escuelas rurales. Pero la Corte Suprema provincial ya emitió dos fallos estableciendo distancias vedadas muy exageradas, de 1.000 metros. Luego, cuando una marcha de productores llegó a las puertas del tribunal, el juez los recibió y les dijo a los ruralistas que ellos nunca le habían acercado la posición del sector y mucho menos un estudio técnico. Se durmieron, y el tribunal actuó con los elementos que tenía sobre la mesa.

Bueno, ahora el tema del maltrato animal anda rondando. Y puede resultar tanto o más peligroso que el conflicto por los agroquímicos si el sector no actúa con rapidez. Lo dice con claridad Ricchiuti en su informe sobre la reunión plenaria de comisiones de Legislación General y Legislación Penal que se reunió esta semana para hablar del asunto. “Los diputados aspiran a alcanzar un dictamen consensuado. Si la iniciativa abarca todo tipo de animales y no sólo domésticos, la actividad ganadera estaría comprometida”, advirtió con todas las letras.

También en este asunto el agro parece estar dormido. El tiempo para que los dirigentes agropecuarios (y los especialistas en bienestar animal que tiene el sector, que son muchos y muy buenos) presenten sus argumentos ya pasó.

Cuenta Florencia que “terminaron las audiencias públicas donde pasaron más de cien expositores que se refirieron a la necesidad de la reforma de la Ley de Maltrato Animal, que data de 1954, en pos de aumentar las penas”.

“Casi la totalidad de los representantes provienen del proteccionismo de animales domésticos, es decir, sus ponencias se refirieron al abandono y vagabundeo de perros y gatos y la propuesta de la castración masiva y los dispensarios públicos. Pero también señalaron la necesidad de terminar con las cuadreras, novilladas, jineteadas. La tracción a sangre fue una de las prácticas más repudiadas. Algunos expositores también cuestionaron los métodos de feedlot y la alimentación forzada de cerdos y aves, el traslado de animales, el hacinamiento y la utilización de antibióticos sin fines terapéuticos”, advirtió la experta de Barbecheando.

Daniel Lipovetzky, del PRO porteño y titular de la Comisión de Legislación General, fue quien llevó la agenda de temas. Son estos:

• Aumento de penas
• La diferenciación entre maltrato y crueldad
• La importancia de la castración
• Penas por tracción a sangre
• La gratuidad del proceso judicial
• La capacitación de los funcionarios
• Alcanzar un tipo penal más amplio
• Mantener la legislación penal
• El rol del ejercicio de los veterinarios
• El rol de las políticas locales
• Pirotecnia
• Reconocer a los animales como seres sintientes

Hacia el final de la jornada, Lipovetzky se comprometió a “sacar la mejor ley posible con la diversidad de observaciones que tenemos” y reconoció tener “la responsabilidad y un desafío enorme de lograr un dictamen de consenso y de protección a los animales”.

La amplitud de proyectos, que, además provienen de todos los bloques, exige un debate amplio para alcanzar los consensos. Actualmente existen una veintena de proyectos que penan el maltrato animal, con sus particularidades: algunos apuntan exclusivamente a los animales domésticos; otros son genéricos y apuntan a los animales de todas las especies; otros sólo refieren a la tracción a sangre; otros a exclusivamente modificar las penas; y otros, a ampliar la tipificación de delitos.

En este contexto, Florencia advirtió que “la ganadería podría verse afectada en una serie de iniciativas que proponen: reemplazar la identificación de los animales por medio de las marcas, señales y  caravanas, considerar actos de violencia alimentar en cantidad y calidad insuficiente, penalizar las corridas de toros, novilladas y parodias en que se mate, hiera u hostilice a los animales”.

La entrada Como con los agroquímicos, el agro podría volver a ser estigmatizado (y condenado) por el maltrato animal se publicó primero en Bichos de Campo.

“No hubo mejoras para el campo. En todo caso se evitaron perjuicios mayores. Pero el sector no recibió en este Presupuesto un tratamiento mejor que el de este año. Por el contrario, podría estar pero”, sostuvo Andrés Domínguez, de Red Consultora, quien explicó que si Senadores vota el proyecto tal como quedó redactado el gobierno nacional podría elevar las retenciones a la soja al 30% cuando las que rigen ahora son de 28%.

Es que en materia de retenciones, en definitiva el Gobierno renunció a subirlas al 33% pero quedaría habilitado para que sean mayores a las actuales. Lejos, muy lejos, parece haber quedado la propuesta de campaña de eliminación de todas las retenciones y de una baja progresiva para los derechos de exportación tributados por la soja y sus derivados. 

Otro punto importante es el de las facultades que tendría el Poder Ejecutivo para fijarlas. El proyecto votado quedó tal como estaba redactado originalmente, lo que implica el gobierno de Cambiemos (integrado por políticos que en 2008 decían todo lo contrario), tendrá ahora facultades hasta diciembre de 2020 para establecer cambios a su criterio, sin pasar por el Congreso, según explicó Florencia Ricchiuti de la Fundación Barbechando.

Pero, además, las retenciones para el resto de los productos podrían aumentar, también mediante decreto del PEN, hasta el 12%. En el supuesto de que esto sucediera (es decir que se aplique ese procentaje, “eso implica que si el dólar se va a 50 o 60 pesos, por ejemplo, las retenciones aumentarían respecto de los actuales 4 pesos. Es decir, sólo regiría para su cálculo el porcentaje y no ya el valor fijo como dice la norma actualmente”, agregó Domínguez.

En el resumen publicado por Barbechando se destaca además que las cooperativas de seguros y financieras que tengan un capital (medido como activo/pasivo en el último ejercicio fiscal) por encima de 50 millones de pesos, aportarían una alícuota de 4% como impuesto a las Ganancias. Y si ese capital es más de 100 millones, la alícuota sobre la base imponible sería del 6%.

El proyecto de ley además establece además un refuerzo al presupuesto de 400 millones de pesos para el INTA. Quizás uno de los pocos puntos para festejar. 

En cuanto a Bienes Personales, y tal como lo informamos en Bichos de Campo, los inmuebles rurales cuyos titulares sean personas humanas y sucesiones indivisas quedan exceptuados del pago de ese tributo cualquiera sea su destino o afectación.

“Lo que se teme en el sector es que esa renuncia de las autoridades nacionales se transforme luego en un revalúo fiscal de las propiedades que compensaría la pérdida de ingresos fiscales”, advirtió Dominguez.

En tanto, desde Barbechando explicaron que en principio y según lo acordado en Diputados “se tomarán las valuaciones fiscales de 2017 ajustadas por inflación hasta tanto se conforme la Comisión de valuación federal, creada en la Ley de Consenso Fiscal”. Ese organismo, denominado formalmente como , fue creado este miércoles por  Decreto 938/2018 aunque su puesta en funcionamiento demandará varios meses. 

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Este artículo, un verdadero “salvoconducto” a las autoridades económicas para que eleven sin pasar por el Congreso el nivel de los derechos de exportación hasta la friolera de un tercio del valor bruto del bien exportado (eso y no otra cosa quiere decir 33%), había puesto en pie de guerra a muchos productores y entidades del sector, a los que ya les había costado digerir el sapo del regreso de las retenciones para todos los productos y servicios exportables. 

A muchos diputados del PRO y sus socios políticos de Cambiemos también les había costado mucho tragar ese mismo sapo. Y por eso comenzaron a  buscar alterativas a la redacción original propuesta por Nicolás Dujovne al controvertido artículo 83 de la ley de leyes. este artículo concedía al Poder Ejecutivo la potestad de “fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar el 33% del valor imponible o del valor oficial FOB” hasta el 31 de diciembre de 2020, es decir un año más allá del final de esta gestión de Mauricio Macri. 

La Fundación Barbecheando, que sigue atentamente todos los asuntos vinculados al agro en el Congreso, ahora detectó que en la última reunión de la Comisión de Presupuesto en Diputados “el oficialismo aceptó realizar modificaciones al artículo 83” tan cuestionado por todo el arco productivo pero curiosamente no por la Mesa de Enlace.

Luciano Laspina, el diputado y economista rosarino que preside esa Comisión,  informó que en la nueva propuesta de redacción del Presupuesto 2019 “los productos con alícuota del 12% mantendrán ese tope, y se fije el máximo del 33% para la soja”. Por otro lado, el plazo para que el Ejecutivo tome ese tipo de decisión sin consultar al Legislativo “aún se está negociando”, informó Barbecheando.

Volvieron las retenciones. Y ahora piden permiso para subirlas hasta 33% si hiciera falta

La soja y sus derivados eran, luego del cambio de gobierno, los únicos productos que continuaron tributando retenciones, aunque con un cronograma de reducción que fue alterado varias veces. La última sucedió el mes pasado, junto con la reimplantación de retenciones de hasta 12% para todos los productos de la economía (en realidad ese es el tope, pues se cobran 3 o 4 pesos por dólar exportado).

En ese momento,  la soja estaba tributando 25,5%, pero se redujo a 18% la retención tradicional y se le adicionó la neo-retención de 4 pesos por dólar exportado. Así quedó con una tasa de entre 28 y 30%. Es decir que de modificar el artículo 83 y limitarlo solo a la soja, este producto y sus derivados podrían pagar entre 3 y 5 puntos más de lo que tributan ahora. 

“La resistencia al artículo 83 ha sido manifiesta por parte de distintos actores, tanto por la delegación de funciones que implica como por la posibilidad de elevar significativamente los derechos de los productos que tienen actualmente un 12%, sean o no agropecuarios.  También se cuestiona la extensión de las facultades al primer año del próximo gobierno”, recordó la Fundación Barbecheando en su informe.

Pero Laspina (que milita en el PRO de Santa Fe) reconoció que están trabajando para fijar “un marco que evite la discrecionalidad absoluta”,

Luego detallo los cambios que se prevén: “Se va a establecer que los rubros de exportación alcanzados por el nuevo decreto, con alícuota del 12%, tengan un tope del 12%; con el objetivo de tranquilizar a los sectores productores”, aseguró.

En el caso de esta proyecto de ley, se prevé que la semana próxima se dictamine el proyecto, con la expectativa del oficialismo de que se trate en el recinto el 24 de octubre, para luego pasar al Senado.

La entrada Nuevo volantazo del gobierno: solo las retenciones a la soja podrían subir a 33% se publicó primero en Bichos de Campo.

Hipótesis 1: Los senadores ganan demasiado bien y por eso compran verdura orgánica. Por eso no están preocupados por posibles residuos de agroquímicos en los alimentos.

Hipótesis 2: Los senadores viven todos en lujosos countries donde los jardineros mantienen el pasto prolijo y quitan a mano las malezas. Por eso no están preocupados en cómo se autorizan o cómo se almacenan los productos fitosanitarios en el país.

Hipotesis 3: Los senadores están preocupados por su propio destino y poco se interesan por los debates más intensos que cruzan la vida cotidiana del resto de los argentinos, entre ellos uno que está más vigente que nunca y que involucra el uso de los productos agroquímicos.

Usted elija la hipótesis que quiera. Lo cierto es que un proyecto de ley que regula muchas cosas necesarias en el mercado local de agroquímicos está a punto de perder estado parlamentario. La Cámara de Diputados lo aprobó a fines de 2015 pero los senadores se han tomado dos largos años sin ni siquiera tratarlo. Dos años. Esa es la vida útil de un proyecto de ley. Si se pasa de esos plazos sencillamente vence, hay que tirarlo a la basura y comenzar todo de nuevo.

Estamos hablando del proyecto 3880-D-2015 de “Elaboración, Registro, Comercialización y Control de Productos Fitosanitarios”. La redacción original pertenece al diputado peronista formoseño Luis Basterra, ingeniero agrónomo y ex vicepresidente del Inta. Pero en Diputados, antes de votarlo y girarlo hacia el Senado, hubo aportes de todos los sectores políticos y consultas con infinidad de personas del sector privado y la sociedad civil, incluidos los ambientalistas.

La Fundación Barbecheando alertó en un  informe que la iniciativa, que cuenta con media sanción desde diciembre de 2015, “no logró ser debatido por la ausencia de senadores y la falta de convocatoria de la comisión de Ambiente”. Y advirtió: “Si no se sanciona antes del 30 de noviembre, caduca”.

Hubo un debate, esta semana, en la llamada Cámara alta, aunque de esa estatura ya le quede poco. Estuvieron allí los presidentes de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alfredo de Angeli (PRO-Entre Ríos), y de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino (FPV-PJ-Entre Ríos). Desde esta última comisión ahora objetan algunas falencias en el proyecto que llegara de Diputados hace 48 meses. Guastavino habló de “malas redacciones”, pues no se especifican las sanciones en materia de agroquímicos ni el organismo que las ejecutaría. Es lo de menos a esta altura. Lo importante es que tuvieron casi dos años para corregirlo y no lo hicieron.

Cuenta Barbecheando que en la reunión, De Angeli resaltó la ausencia de Fernando Solanas (Libres del Sur-CABA) y denunció la “mala intención de no sé quien diciendo que no queríamos tratar este proyecto”.

¿Quién pudo haber dicho semejante barbaridad? Ah, si, nosotros.

Razona Barbecheando: “Sería un despropósito que un proyecto consensuado y aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, perdiera estado parlamentario: pero este es el resultado de una iniciativa que durante dos años no tuvo movimiento alguno y cerca de que culmine el 2017, comienzan las negociaciones apresuradas para evitar que el proyecto pierda vigencia”.

Como ven que no llegan, los senadores empiezan a echarla la culpa unos a otros. Guastavino a la mala redacción; De Angeli a Solanas, que es titular de la Comisión de Ambiente; Solanas a los latifundistas envenenadores y la mar en coche.

Pero hay un momento en que la degradación de la política empieza a dejar de ser responsabilidad de alguno para convertirse en culpa de todos.

Es ese el momento en que los políticos dejaron de preocuparse en el bien común. ¿Por qué lo hacer? Elija usted mismo la hipótesis.

La entrada Papelonazo: La Ley de Agroquímicos está a punto de perder estado parlamentario se publicó primero en Bichos de Campo.

“Me he quedado maravillado con todo lo que se está trabajando en la parte social, con los pequeños productores,  la agricultura familiar, Cambio Rural. Y, también, destaco todo el trabajo de investigación. Los hombres pasan y si al pasar dejan cosas buenas, la institución sigue en el tiempo. Esto ha hecho el INTA”, dijo el senador del PRO, según una crónica de la visita realizada por la Fundación Barbecheando, cuyos directivos acompañaron al senador y a otros integrantes de la Comisión de Agricultura del Senado.

Los visitantes conocieron el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) del INTA en Castelar. Allí no solo aprendieron sino que recibieron mangazos desde diversos sectores del organismo tecnológico.

Mariano Bosch, vicepresidente del INTA, fue quien les dio la bienvenida y pidió mayor consideración hacia el organismo a la hora de formular nuevas leyes. “Hay una necesidad, formulada desde el Plan Estratégico Institucional (PEI), de aportar datos científicos  que alimenten las políticas públicas con información objetiva. Por ello, resulta vital contribuir a generar información pública certera para las iniciativas parlamentarias”, aseguró.

Pablo Mercuri, director de Recursos Naturales del INTA, añadió: “Nuestro centro produce datos primarios que se vuelcan a los mapas de suelo; reportamos datos meteorológicos para las emergencias y alertas preventivas. Los datos primarios se vuelcan en sistemas de información modelizados,  de ayuda para la toma de decisiones”.

La directora del Instituto de Recursos Biológicos, Silvina Lewis, destacó la importancia de tener bancos de germoplasma para resguardar miles de recursos fitogenéticos, zoogenéticos, y microorganismos, que son parte de la riqueza del país. Por eso, destacó la necesidad del financiamiento de estos bancos, a través de una ley de recursos genéticos.

Luego, Lucrecia Brutti, del Instituto de Suelos alertó: “Solo estamos reponiendo el 30% de los nutrientes” y enumeró una serie de problemas que en la actualidad acarrea el manejo de los suelos: erosión, salinización, pérdida de materia orgánica, problema en la estructura, anegamientos e inundaciones, agotamiento de nutrientes y pérdida de la biodiversidad. La especialista bregó por el financiamiento de la Ley de Suelos (vigente pero sin fondos), y un incentivo para el uso de fertilizantes. Este tema quedó pendiente a pasar del amplio acuerdo legislativo que había obtenido un proyecto del peronista formoseño Luis Basterra.

Desde el Instituto de Agricultura Familiar (CIPAF), Andrea Maggio, recordó que ese sector representa el 66% de los productores agropecuarios del país y dio a conocer una de las principales funciones de la unidad: el desarrollo y posterior transferencia de tecnología para el sector. Reconoció la “falta un marco normativo para que se considere al sector desde su especificidad”, pero puso a disposición de los senadores las capacidades del CIPAF y sus institutos para brindar información y conocimiento.

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