La iniciativa, que venía del Senado, deberá regresar ahora  al Cámara baja para su aprobación final, lo que sucederá probablemente el 29 de diciembre, dado que se requiere su aprobación definitiva antes de fin de año para que tenga vigencia en el ejercicio fiscal de 2022.

Los cambios que se introdujeron al esquema vigente son que el mínimo no imponible pasa de 2,0 millones actuales a 6,0 millones de pesos y de 18 a 30 millones para inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, montos que se ajustarán anualmente por inflación. Pero se incrementa la alícuota máxima para bienes en el país de 1,25% a 1,50% para el caso de patrimonios mayores a los 100 millones de pesos y hasta 1,75% para patrimonios de superiores a 300 millones. A su vez, la alícuota de bienes en el exterior se mantiene en 2,25%.

Invecq Consulting elaboró un informe en el cual se muestra que en apenas 5 de los 35 países que integran OCDE se aplican impuestos que gravan el patrimonio personal, mientras que en América latina, además de la Argentina, tales tributos se instrumentan solamente en Uruguay, Colombia y Guyana.

“Los problemas que encuentra la Argentina respecto a este tributo son varios. El primero tiene que ver con que su tasa máxima se encuentra entre las más altas del mundo: 2,25%, cuando en el resto se encuentra siempre en un máximo de 1,50%, exceptuando el caso de España, que se rige por regiones y alcanza hasta 3,50% en algunas y 0% en otras. A su vez, el mínimo no imponible de nuestro país, con la actualización, ha quedado entre los más bajos del mundo, generando una imposición a una mayor cantidad de personas”, apunta el informe de Invecq.

Otro problema es el efecto de la doble tributación, dado que las provincias tienen la potestad de cobrar impuestos inmobiliarios que cargan doblemente a la tenencia de inmuebles. “Esto ahora se agravaría dado que en las últimas horas se conoció el borrador de un nuevo ‘consenso fiscal’ que firmaría el presidente con los gobernadores la semana que viene. En el mismo se fija una alícuota mínima del 2% para el impuesto automotor y un rango de entre 0,5% y 3% para el impuesto inmobiliario, cuando el Consenso originalmente lo fijaba entre 0,5% y 2%”, advirtió el informe.

Además, el “consenso fiscal” invita a las provincias a crear el impuesto a la herencia. Actualmente, la única jurisdicción del país que cobra impuesto a la herencia es Buenos Aires, mientras que Entre Ríos lo derogó hace dos años y en Santa Fe hubo un intento por aplicarlo, pero no prosperó en la Legislatura local.

Si bien la mayor parte de los países del mundo sostienen la recaudación tributaria en base a impuestos cobrados sobre la renta y el consumo, el gobierno de Alberto Fernández está promoviendo posicionar al país como líder mundial en impuestos sobre el patrimonio, al tiempo que la supuesta oposición (Juntos por el Cambio) se muestra favorable a tal decisión.

No estoy de acuerdo con este absoluto. Sin dudas es así con el Estado argentino como administrador. Pero yo estoy a favor de un régimen progresivo de impuestos y tx a la herencia entra ahí. Pero que estén resueltas cosas que acá no: salud, educación, comunicaciones etc etc etc.

— Sabrina Ajmechet (@ajmechet) December 26, 2021

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“No hubo mejoras para el campo. En todo caso se evitaron perjuicios mayores. Pero el sector no recibió en este Presupuesto un tratamiento mejor que el de este año. Por el contrario, podría estar pero”, sostuvo Andrés Domínguez, de Red Consultora, quien explicó que si Senadores vota el proyecto tal como quedó redactado el gobierno nacional podría elevar las retenciones a la soja al 30% cuando las que rigen ahora son de 28%.

Es que en materia de retenciones, en definitiva el Gobierno renunció a subirlas al 33% pero quedaría habilitado para que sean mayores a las actuales. Lejos, muy lejos, parece haber quedado la propuesta de campaña de eliminación de todas las retenciones y de una baja progresiva para los derechos de exportación tributados por la soja y sus derivados. 

Otro punto importante es el de las facultades que tendría el Poder Ejecutivo para fijarlas. El proyecto votado quedó tal como estaba redactado originalmente, lo que implica el gobierno de Cambiemos (integrado por políticos que en 2008 decían todo lo contrario), tendrá ahora facultades hasta diciembre de 2020 para establecer cambios a su criterio, sin pasar por el Congreso, según explicó Florencia Ricchiuti de la Fundación Barbechando.

Pero, además, las retenciones para el resto de los productos podrían aumentar, también mediante decreto del PEN, hasta el 12%. En el supuesto de que esto sucediera (es decir que se aplique ese procentaje, “eso implica que si el dólar se va a 50 o 60 pesos, por ejemplo, las retenciones aumentarían respecto de los actuales 4 pesos. Es decir, sólo regiría para su cálculo el porcentaje y no ya el valor fijo como dice la norma actualmente”, agregó Domínguez.

En el resumen publicado por Barbechando se destaca además que las cooperativas de seguros y financieras que tengan un capital (medido como activo/pasivo en el último ejercicio fiscal) por encima de 50 millones de pesos, aportarían una alícuota de 4% como impuesto a las Ganancias. Y si ese capital es más de 100 millones, la alícuota sobre la base imponible sería del 6%.

El proyecto de ley además establece además un refuerzo al presupuesto de 400 millones de pesos para el INTA. Quizás uno de los pocos puntos para festejar. 

En cuanto a Bienes Personales, y tal como lo informamos en Bichos de Campo, los inmuebles rurales cuyos titulares sean personas humanas y sucesiones indivisas quedan exceptuados del pago de ese tributo cualquiera sea su destino o afectación.

“Lo que se teme en el sector es que esa renuncia de las autoridades nacionales se transforme luego en un revalúo fiscal de las propiedades que compensaría la pérdida de ingresos fiscales”, advirtió Dominguez.

En tanto, desde Barbechando explicaron que en principio y según lo acordado en Diputados “se tomarán las valuaciones fiscales de 2017 ajustadas por inflación hasta tanto se conforme la Comisión de valuación federal, creada en la Ley de Consenso Fiscal”. Ese organismo, denominado formalmente como , fue creado este miércoles por  Decreto 938/2018 aunque su puesta en funcionamiento demandará varios meses. 

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Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y referente de Cambiemos en esta discusión, señaló que luego de la media sanción del proyecto anexo al del Presupuesto, “los inmuebles rurales siguen exentos del pago de (el impuesto a los) Bienes Personales, cualquiera sea su destino y afectación”.

En pocos días, de este modo, el agro logró abortar una amenaza concreta de importancia. En el proyecto original impulsado por el oficialismo y sus aliados (varios gobernadores peronistas), se eliminaba la exención vigente hasta ahora sobre los inmuebles rurales y se obligaba a los productores a pagar 0,75% de su valor fiscal como Bienes Personales por los campos valuados en más de 20 millones de pesos (la inmensa mayoría). 

En una primera instancia, ante el malestar visible que esta medida provocó entre los productores (que ya venían de digerir la reimposición de retenciones a la exportación), Cambiemos aceptó reducir esa alícuota de 0,75% al 0,25% vigente para las sociedades anónimas propietarias de campos. Pero como la resistencia rural siguió luego buscó diferentes opciones, como permitir a los productores de carne y hueso utilizar ese pago de Bienes Personales para cancelar luego el pago de Ganancias. 

Finalmente nada de eso prosperó y los inmuebles rurales en manos de productores no tributarán Bienes Personales y se evitará la doble o triple imposición (provincias ya cobran tributos inmobiliarios) sobre los campos en producción. Esto, que parece un privilegio, no lo es tanto, pues los industriales o las Pymes no tributan Bienes Personales sobre sus bienes productivos. 

Los diputados opositores Marco Lavagna (Frente Renovador) y Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) fueron dos aliados importates del agro para torcer finalmente la historia y mantener la excepción. Fueron ellso quienes en el debate solicitaron a Laspina que quitara del dictamen que llegó al recinto la nueva imposición a los inmuebles rurales.

Todo este debate se produjo en el marco de una mayor para la aprobación del Persupuesto 2019. El oficialismo de la Cámara de Diputados, con el apoyo de algunos peronistas referenciados en gobernadores, consiguió ese objetivo en horas de esta madrugada, luego de una jornada cargada de tensón política y con incidentes frente al Palacio Legsialtivo.

Finalmente se envió al Senado el proyecto de Presupuesto 2019 y las leyes económicas complementarias. Para conseguir la aprobación del Presupuesto, el oficialismo contó con el apoyo de una veintena de integrantes del interbloque peronista Argentina Federal, y de diputados referenciados en algunos gobernadores no peronistas, además de los tres diputados de Evolución. Asi, consiguió 138 votos a favor del proyecto, contra 103 que sumaron kirchneristas, massistas, izquierdistas y otros peronistas; en tanto que se registraron ocho abstenciones y siete ausencias.

Las tres leyes económicas complementarias (revalúo de Ganancias por inflación, reforma del impuesto a los Bienes Personales y adenda fiscal) reunieron entre 130 y 140 votos a favor y fueron aprobadas luego de que el kirchnerismo se retirara del recinto tras la aprobación del presupuesto.

En el último capítulo de la sesión, el bloque radical, con el apoyo de la mayoría del interbloque Cambiemos, fracasó en su intento de aprobar el proyecto que obliga a los jueces y demás integrantes del Poder Judicial a pagar el impuesto a las Ganancias, ante la negativa de algunos diputados opositores a abordar la votación sin mayor debate.

El proyecto de Presupuesto de Cambiemos contempla una inflación anual del 23% en 2019, con un dólar de $40,10 en promedio para el año y una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 0,5% y, además del “déficit cero” en las cuentas públicas, prevé destinar el 70% de los recursos al gasto social.

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Respondió el dirigente a Bichos de Campo: “Yo le pondría un título: hay desánimo. El productor no sabe qué pasa. Hace quince días se vio en la obligación de poner el hombro (con el regreso de las retenciones). Pero hoy, ante esta situación, el productor está totalmente desconcertado. ¿La idea cuál es? ¿Venir otra vez por el mismo sector? Eso es lo que no se entiende”.

Escuchá la entrevista a Horacio Salaverry:

El directivo de Carbap describió un panorama desolador para los productores de cara al nuevo ajuste que prepara la política. “Hoy vemos los impuestos inmobiliarios provinciales aumentando, no sabemos en qué proporción; los intendentes están viendo de aumentar las tasas en más de 50%; el ajuste por inflación no se puede realizar… Ahora se pretende, en base a un pedido de gobernadores, que se aporte el 0,25% del valor patrimonial del productor” por vía de la aplicación de Bienes Personales.

Para Salaverry, esto abre las puertas a un ajuste mucho mayor. “Claramente lo que sigue, en un pacto con los gobernadores, es una comisión que tiene como función el revalúo de todas las partidas rurales y urbanas. Eso significa llevarlas a valores de mercado”, advirtió. 

El dirigente no descartó protestas activas de los productores ante esta situación. “Yo, a esta altura, si no recapacitan y dan marcha hacia atrás, y tratan de dar previsibilidad, no descarto nada (por una protesta). El ánimo del productor es de mucha bronca”.

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Algunos más rápido, otros más lentos, pero el desencanto con la gestión actual de Mauricio Macri de muchísimos productores agropecuarios se ha hecho evidente en las últimas horas, a punto tal que algunos comparan al actual gobierno con el anterior, el de Cristina Fernández de Kirchner, que se suponía estaba en las antípodas. Incluso hay un puñado de ellos que proponen volver a las rutas, como en los días calientes de la Resolución 125. 

¿Es para tanto? La desazón es bastante generalizada. Falsas Izquierdas y falsas derechas se confunden, resultan engañosas y solo logran hacer crecer la visión de que todo era parte de la misma cosa: una corporación política que se niega a hacer el ajuste del gasto público (y de privilegios propios), y que apela siempre a la misma receta de subir impuestos sobre quienes producen, ahogándolos bajo una pesada carga de presión tributaria.

Esa asfixia, al parecer, los mantuvo entretenidos largo tiempo. Pero finalmente los productores parecen estar percibiendo que la grieta, la verdadera grieta, era entre ellos y la clase política. 

Nicolás Dujovne, el ministro de Economía, debe cerrar el presupuesto 2019 y discute con los gobernadores, mientras la mayoría de los diputados y senadores esperan directivas. Los productores miran espantados como a la reimplantación de retenciones a la exportación se le sumó de la nocha a la mañana una chance concreta de que los campos productivos deban pagar el Impuesto a los Bienes Personales, del cual estaban exentos hasta ahora. 

“Deberían los funcionarios saber que la producción soporta ya una enorme carga tributaria (nacional, provincial y municipal) que representa cerca del 53% de sus ingresos brutos, y del mismo modo actuar con mayor prudencia, ya que nuestra historia demuestra que una vez establecido un impuesto es muy difícil que pueda ser anulado en el futuro. La mala praxis económica no se debe solucionar con más impuestos”, dice este lunes CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) en un comunicado.

Horas más tarde, en una conferencia de prensa realizada al mediodía, el propio Dujovne trata de sofocar el malhumor creciente de los productores con un baldazo de gasolina. No desmiente la información sino que la confirma, pero dice que están haciendo lo posible para que el tributo a los Bienes Personales no incremente la carga impositiva sobre el sector. ¿Cómo sería eso? ¿Será posible? Una versión publicada en un matutino dice que se analiza tomar esos pagos como un anticipo de Ganancias.

“Si bien el Gobierno nacional anunció la posible desgravación de este impuesto vía Ganancias, las pymes agropecuarias no aguantan un impuesto más. La presión tributaria es asfixiante y está generando una pérdida de rentabilidad significativa en todos los complejos productivos del interior del país. Seguir gravando a los productores agropecuarios nunca puede ser la solución. El único camino viable es aumentar la producción y las exportaciones con las economías regionales como pilares de la recuperación”, replica de inmediato un comunciado del área de Economías Regionales de la CAME, una organziación que siempre recibe el tilde de “oficialista”.

En el mismo proyecto de Presupuesto elaborado por Economía, bajo la severa mirada del Fondo Monetario Internacional que pide déficit cero, se había colado otro artículo de dudosas intenciones para con los agropecuarios, porque primero proponía poder subir las retenciones a la exportación a todos los productos, del tope de 12% actual al 33%, aunque luego la promesa oficial limitó esa posibilidad solo a los productos del complejo sojero, que representa 25% de las exportaciones totales del país.

“Sueldos de elite, viáticos, prebendas, jubilaciones de privilegio y una larga lista de beneficios injustificables convierten convierten a los dirigentes políticos en una casta superior cada vez más alejada de la imagen ejemplar que debieran transmitir a los ciudadanos que con sus votos los han elegido para gobernar de manera proba, desinteresada,m con auténtico espíritu de servicio y patriotismo”, alza la voz la Mesa de Enlace de la provincia de Córdoba en su propio comunicado.  

Pero es en balde. Por la tarde se sabe además que son esos los únicos puntos del Presupuesto 2019 que pretende modificar el gobierno de Cambiemos en concordancia con los gobernadores peronistas, con los cuales negocian de todo, muy a menudo. El secretario de Energía, Javier Iguacel, que depende del ministro Dujovne, colocó en el anteproyecto otro artículo en el cual deja abierta la posibilidad de que se apliquen impuestos a los biocombustibles producidos a partir de soja (biodiésel), caña de azúcar y maíz (bioetanol). El año pasado, en el mismo Congreso, esos productos habían sido exceptuados, como parte de una política que apuntalaba su desarrollo.

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Como un oso que se despereza luego de un larguísimo invierno en el que se la pasó durmiendo (y quemando grasas), la Mesa de Enlace -que conforman Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro y la Sociedad Rural Argentina (SRA)-, se pronunció con un comunicado titulado: “El campo no soporta más impuestazos”.

Colocamos a la SRA al final de esta lista porque para sus integrantes debe haber sido difícil tomar esta posición pública, que en los hechos significa que el ruralismo (como colectivo, que es cuando sirve y surte efecto) ha comenzado a transitar el camino de un divorcio con un gobierno que lo había enamorado tres años atrás, en 2015. Muchos de los dirigentes de la SRA son amigos personales del presidente Mauricio Macri, a quien ahora deben mostrarle los dientes. La entidad incluso colocó un ministro en el Gabinete nacional, su ex titular Luis Miguel Etchevehere, luego de 70 años de ostracismo político. 

Pero la sucesión objetiva de hechos, y no cuestiones políticas, han obligado al oso a desperezarse, bostezar y observar que ha quedado solo en la cueva. “Resulta paradójico que en un momento en el  que el sector privado necesita incentivos positivos para producir, invertir y renovar la confianza en el país desde el sector público se busque que el grueso del ajuste recaiga sobre el campo y los productores”, se quejó el bloque rural que en 2008 tuvo a mal traer al gobierno anterior, el de Cristina Kirchner.

Las entidades rurales, con este comunicado grupal, salieron al cruce de la última de las “sorpresitas” que preparó el equipo económico de Macri para navegar por una crisis que a esta altura es mitad heredada y mitad culpa propia. La Mesa de Enlace, el oso, se pronunció contra “la eliminación de las exenciones para inmuebles rurales incluida en el proyecto de reforma de Bienes Personales”, que obligaría a los productores a pagar, además de tantos otros tributos, el llamado a esta altura impuesto a la Riqueza. Hasta ahora, en las tratativas legislativas, esa exención viene cayendo, aunque los diferentes bloques estarían de acuerdo en reducir la alícuota a cobrar del 0,75% original a 0,25% del valor de la propiedad. Clin caja.

Pero este brulote de Bienes Personales se suma a otras medidas inconsultas que recargan la presión fiscal sobre el sector productivo, en especial la reimplantación de retenciones a todas las exportaciones y la posibilidad (expresada en el Presupuesto 2019) de que el Ejecutivo suba los derechos de exportación a la soja hasta 33%. Y todo en un contexto donde nadie puede tomar un crédito productivo, donde los cheques rebotan y se corta la cadena de pagos.

El oso se despertó luego de un largo invierno y se despereza: durmió mucho tiempo y ahora presiente que finalmente lo que se discute aquí es sobre quién caerá el peso del ajuste, si sobre el sector público o el sector privado.

En ese sentido, el comunicado de la Mesa de Enlace  advirtió que “el Estado en todos sus niveles continúa mostrando una ausencia de voluntad de dar el ejemplo realizando su propio ajuste sobre sus onerosos presupuestos y obscenos niveles de gasto. Antes de continuar exigiéndole al campo esfuerzos extraordinarios, el sector público debería dar señales concretas y palpables de estar verdaderamente dispuesto a recortar sus costos”, reclamó.

Antes de este comunicado, hubo otros pronunciamientos que -por separado, fragmentados- no han tenido la fuerza de este último comunicado, pero que van indicando los niveles de malestar que empiezan a acumular los productores organizados. CRA se manifestó contra la reforma en Bienes Personales y lo mismo hizo la FAA. También lo hizo Carbap, siempre por su lado y amenazante.

Todos las vertientes del ruralismo empiezan a hablar en un lenguaje parecido. Y comienzan a agruparse. Por ahora reclaman desde la perplejidad de aquel oso que se acaba de despertar de una larga siesta, se despereza y descubre que la osa en la cual confiaba hace rato que lo había dejado, hibernando solo en una oscura cueva.

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Los diputados Pablo Torello (PRO), Marco Lavagna (Peronismo Federal) y Luis Contigiani (Socialismo) propusieron establecer el tope de alícuota en 0,25%, moción que fue aceptada por el oficialismo. 

El titular de la Comisión, Luciano Laspina (PRO-Santa Fe) abrió el debate sobre la suba de alícuotas del impuesto a los Bienes Personales, que entre sus cambios incluía la eliminación de una exención a las viviendas rurales. Enseguida, todos los bloques opositores hicieron eco y criticaron la propuesta  impulsada por el justicialista Jorge Franco (Misiones) y la oficialista Alejandra Martínez (UCR-Jujuy)  través del Expediente 6443-D-18).

Incluso el ex minsitro de Economía, Axel Kicillof (FPV-PJ-Caba), se quejó porque el proyecto “afectaría a los campos donde el revalúo fue distinto”, y pidió discutir el paquete económico en conjunto y no “en cuotas”.

A continuación, Lavagna arremetió contra el inciso f del proyecto oficial, que elimina la eximición a inmuebles rurales del pago de Bienes Personales. La consideró como “un retroceso importante” ya que implica un doble impacto: el revaluó de los bienes y la suba del impuesto a los bienes personales. “Esto no es lo que discutimos como reforma tributaria ni cómo promover la producción en los distintos sectores como por ejemplo, el campo, que es al que afecta este artículo”, argumentó el economista.

Por su lado, el macrista Torello pidió rever la alícuota reducida (como se aplicaba anteriormente) de bienes personales, “que es de capital intensivo y baja renta”. Laspina señaló que la exención de los inmuebles rurales refería a ganancia mínima presunta, pero también reconoció que es cierto que las sociedades anónimas tributan 0,25%. “Deberíamos buscar una equidad entre aquella persona que tiene un campo como sociedad anónima y tributa el 0,25 y aquel que lo tiene inscripto como un bien rural a su nombre”, reconoció.

Ante los pedidos de cambios, Laspina accedió a tres modificaciones:

• La alícuota del 0,75% para patrimonio superiores de 20 millones de pesos
• Que se tome como parámetro las valuaciones de 2017 ajustadas por inflación
• Que los bienes rurales tributen de la misma forma que una Sociedad Anónima con tope al 0,25% (alícuota plana)

Hasta estas modificaciones, la intención del gobierno era elevar a 0,75% la alícuota de Bienes Personales para aquellos bienes con una valuación superior a 20 millones de pesos, lo cual implicaba casi todo el universo de campos productivos. Pero el aspecto más criticado era que eso se hacía al tiempo que se eliminaba la exención del pago de Bienes Personales para inmuebles rurales, ya que los productores o dueños de campos arrendados son considerados como sujetos para el impuesto de Ganancia Mínima Presunta, el cual será derogado en 2019.

“El tema es que Ganancia Mínima Presunta es posible cancelarlo como pago a cuenta del impuesto a las Ganancias, mientras que, si se aprueba el proyecto, los propietarios de inmuebles rurales, además de pagar Ganancias, también deberán tributar Bienes Personales”, explicó Marcelo Rodríguez, director de MR Consultores. Luego añadió que “para un campo, por ejemplo, con una valuación de 80 millones de pesos, que son dos millones de dólares con un tipo de cambio de 40 pesos, el monto por pagar de Bienes Personales para el año fiscal 2019, con el nuevo esquema, sería del orden de 600.000 pesos”.

La nueva posición de la Comisión de Presupuesto y Hacienda se logró luego de que varias entidades rurales mostraran los dientes ante la posibilidad de la concreción de este nuevo manotazo fiscal sobre el sector. La Federación Agraria, por caso, emitió un comunicado en el que indica que “quedó demostrado que los productores, con menor presión tributaria, habíamos empezado a recuperarnos. Los números del trigo son un ejemplo muy claro, que cuando bajó la presión tributaria, casi se duplicó la superficie sembrada. Sostenemos entonces, que a más presión tributaria, habrá menos empleo y menos producción”.

Más temprano, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) había acusado que “la Comisión de Presupuesto, que preside Luciano Laspina, no permite participar, ni tomar conocimiento de cómo será para los productores agropecuarios, que son los damnificados, este nuevo ajuste que afectará al sector más competitivo de la Argentina”.

“El sector no sólo está herido si no que se siente discriminado. No hay equidad de trato y menos al sopesar realmente el daño al productor y al país”, indicó esa entidad rural. quejándose luego del “constante cambio de reglas de juego, que va en detrimento de la inversión y el desarrollo del interior productivo, afectando así, a la economía en su conjunto”.

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Sí, leyó bien: en el proyecto de ley que el oficialismo envió al congreso para modificar las alícuotas y los mínimos no imponibles del llamado Impuesto a la Riqueza hay un artículo que pretende eliminar la exención que desde hace tiempo se aplica a los establecimientos agropecuarios y que lso dejaba a salvo de ese tributo. 

Hasta ahora, por los campos bajo arriendo, desocupados o bajo explotación propia, los productores pagaban el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, que luego era descontado en la declaración de Ganancias. Pero ahora se pretende que el campo aporte más dinero a las arcas públicas eliminando la exención de Bienes Personales sobre las tierras rurales, como si se tratase de un bien suntuoso y no de un bien destinado a la producción.

La revelación la hizo el tributarista Marcelo Rodríguez: “El proyecto de reforma deroga la exención que tenían los inmuebles rurales. Los inmuebles rurales que estén arrendados, inexplotados o afectados a explotaciones unipersonales PASAN A TRIBUTAR. El campo paga el AJUSTE”, indicó el experto en las redes sociales.

Marco Lavagna, diputado del Frente Renovador, confirmó el rumor, que en las últimas horas ya despertaba un fuerte malestar entre los dirigentes del ruralismo. Curiosamente, el diputado ligado a Sergio Massa, quien en las últimas horas recibió fuertes críticas por una expresión desafortunada sobre el agro (calificó de “saqueadores” a quienes exportan materias primas), será uno de los opositores al esta reforma contraria a los intereses de los productores, que es propuesta desde el macrismo.

“Lo que están haciendo (por los oficialistas) es un cambio a una excepción que había eliminado no hace mucho tiempo la doble imposición de Ganancia Mínima Presunta y de Bienes Personales. Eso es lo que están volviendo para atrás. Con lo cual vamos a tener un impacto negativo sobre el sector agropecuario”, dijo el legislador, que prometió hacer todo lo posible para sofocar el intento del Gobierno en la reunión de este jueves en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. 

Lavagna explicó que este manotazo desesperado del oficialismo para apoderarse de más recursos del agro se produce cuando “hay otros rubros que tienen que ver con fondos financieros en el exterior que siguen estando exentos. Con lo cual siempre se termina avanzando sobre los mismos sectores”.  

Luego de la devaluación de las últimas semanas, y en medio del tembladeral financiero provocado por el fuerte déficit de las cuentas públicas, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, reimplantó todas las retenciones a las exportaciones de bienes y servicios, que habían sido eliminadas en diciembre de 2015, ni bien asumió Mauricio Macri en el gobierno. 

Para las retenciones a la soja y sus derivados, que fueron las únicas que siguieron vigentes, el Gobierno dispuso una suba a niveles semejantes a los que regían durante el kirchnerismo, de casi 30%, al tiempo que se reservó en el proyecto de Presupuesto 2019 la posibilidad de definir una suba de ese tributo hasta el 33%, de ser necesario hasta fines de 2020.

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