Mientras que los representantes del sector que aún siguen operando (algunos ya abandonaron el negocio por falta de incentivos) están negociando con el gobierno una eventual ampliación del cupo, que podría introducirse a través de la reglamentación de la nueva Ley de Biocombustibles (Nº 27.640), las autoridades de la Secretaría de Energía ajustaron al alza los nuevos valores del biodiésel destinado al corte interno.

“Es un sendero de precios que, si no se dispara el precio internacional del aceite de soja y el tipo de cambio, nos permitiría trabajar”, indicó Juan Facciano, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer).

La buena noticia para el sector es que los precios internacionales del aceite de soja acaban de recibir un “mazazo” bajista por parte del gobierno estadounidense, mientras que, en lo que respecta a la evolución del tipo de cambio local, lo que pueda suceder ya es mucho más difícil de pronosticar.

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“La expectativa es lograr una suba en el porcentaje, siendo eso, junto con la fórmula de precio, uno de los principales temas a tratar en la discusión que estamos teniendo para la reglamentación de la nueva ley”, explicó Facciano a Bichos de Campo.

En la mesa de negociación con el gobierno, además de un posible ajuste del corte, también se está diseñando una fórmula que permita ajustar de manera automática y mensual el precio del biodiésel destinado al mercado local.

De todas maneras, más allá de lo que suceda con el precio del aceite de soja –que se encuentra muy elevado en términos históricos–, un sector de la coalición gobernante pretende no conceder más margen de mercado al biodiésel para favorecer las ventas de gasoil realizadas por la empresa estatal YPF.

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En Buenos Aires, mientras tanto, el gobierno nacional “blanqueó” oficialmente que tiene planes para reducir el uso de biocombustibles y promover, en su reemplazo, el consumo de Gas Natural Comprimido y Licuado (GNC y GNL) en vehículos, para favorecer a la industria hidrocarburífera.

En diciembre de 2020 Argentina se comprometió a no exceder en 2030 una emisión neta anual 359 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2eq), lo que equivale a una disminución del 19% en comparación con el máximo histórico de emisiones alcanzado en 2007. Posteriormente, el gobierno argentino amplió ese compromiso el establecer una meta de 349 MtCO2eq para 2030.

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Para llegar a ese objetivo es indispensable presentar un plan de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y, por supuesto, implementarlo. En esa línea, hoy se publicó en el Boletín Oficial un documento, denominado “Lineamientos para un Plan de Transición Energética al 2030”, en el cual se establece, con sinceridad absoluta, el plan oficial para promocionar la industria hidrocarburífera en desmedro de la de biocombustibles o combustibles renovables.

“Se implementarán medidas tendientes a gasificar consumos energéticos hoy abastecidos por medio de combustibles líquidos derivados del petróleo”, remarca el documento.

“De esta forma, se reducirán las emisiones de GEI por medio de un suministro confiable, asequible, continuo y menos contaminante a la vez que se aprovechan los recursos del país. A través del desarrollo de sus cuencas hidrocarburíferas, costa adentro y costa afuera, Argentina buscará transformarse en un proveedor de gas natural a escala regional y global, colaborando con la viabilidad de las transiciones energéticas de otros países”, asegura

“Adicionalmente, se estima que la mayor disponibilidad de gas natural en Argentina impulse una mayor penetración del GNC vehicular, así como del GNL en vehículos pesados”, añade el documento oficial.

En cuanto a los biocombustibles, el texto recuerda que el régimen anterior contemplaba una mezcla obligatoria de biodiésel con gasoil del 12% y de bioetanol con nafta del 10%, mientras que el nuevo marco regulatorio (Ley Nº 27.640), con vigencia hasta el año 2030, determina un corte mínimo de gasoil del 5% con una eventual reducción al 3%, mientras que en el caso del bioetanol permanece en un 12%, aunque con un eventual recorte al 9%, que deberá hacerse por medio del bioetanol elaborado en base a maíz.

El documento elabora dos escenarios probables con miras al 2030 y en ambos se proyecta un uso marginal de los biocombustibles en el parque automotor, mientras que el consumo de gasoil, nafta, GNC y GNL crecería de manera significativa.

En ese sentido, el texto indica que “se espera que el desarrollo del complejo hidrocarburífero, con grandes potencialidades de gas no convencional, pueda contribuir no sólo a la transición energética global, sino también a aumentar los niveles de exportación a la región, contribuyendo a mejorar la performance de la economía argentina en lo que a generación de divisas y reduciendo la vulnerabilidad externa”.

En cuanto a la matriz energética nacional, el documento explica que se encuentra ampliamente dominada por los hidrocarburos que, en conjunto, representan el 85% del total, encabezada por el gas natural, seguida por el petróleo y una participación poco significativa del carbón. Entre las energías limpias, la hidráulica alcanza el 3,7%, la nuclear 3,9% y las renovables no convencionales 1,5% (fundamentalmente de origen eólico). Entre los biocombustibles líquidos, los aceites vegetales tienen una participación del 1,5% y los alcoholes vegetales apenas un 0,6%

La demanda eléctrica nacional está cubierta en un 61% con generación térmica. El principal combustible es el gas natural y, en mucha menor medida, se emplean otros combustibles líquidos y sólidos (gasoil, fueloil y carbón). Las energías limpias agrupadas alcanzan el 39%, lideradas por la hidroeléctrica, seguida por las renovables no convencionales y la nucleoeléctrica.

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En agosto de este año se sancionó una nueva Ley de Biocombustibles (Nº 27.640) que, a diferencia de su predecesora (Ley Nº 26.093 del año 2006), ya no establece un sistema de promoción para este tipo de combustibles, sino que determina el marco regulatorio que los regirá con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, pudiendo el Poder Ejecutivo nacional (PEN) extenderlo, por única vez, por cinco años más.

La nueva ley establece en su artículo. 8º el corte obligatorio para el gasoil o diésel oil, que se comercialice dentro del territorio nacional, con biodiésel en un 5% en volumen, medido sobre el producto final. Permite a la Autoridad de Aplicación aumentar dicho porcentaje o bien disminuirlo hasta el 3%, cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor por alterar la composición proporcional de aquel sobre este último, o bien ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras autorizadas por la autoridad de aplicación para el abastecimiento del mercado.

A diferencia de la ley abrogada, se habilita a la disminución del porcentaje de corte además de por escasez, por cuestiones puramente económicas y de mercado, no contemplando en ningún pasaje de la norma la variable ambiental. Además, reduce los porcentajes de corte que había establecido la resolución MINEM 37/2016 (10% y 12% para el biodiesel y el bioetanol respectivamente).

El plazo de vigencia de esta nueva ley (hasta el 2030) no puede pasar desapercibida, ya que coincide con el año en el que Argentina deberá cumplir con las metas de emisiones comprometidas en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), y que el país ha presentado a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) como parte del Acuerdo de París. En esa contribución se menciona el rol de los biocombustibles, en la reducción de emisiones, e incluso lo establece como una línea prioritaria dentro del sector energético y el eje de mitigación de oferta energética.

Para organizar la implementación de la NDC, Argentina inició en 2017 el desarrollo de planes de acción sectoriales de cambio climático. El Plan de Acción Nacional sobre Energía y Cambio Climático (PANEyCC, 2017), explicitó el corte de biocombustible del 10% para el gasoil y del 12% para la nafta como una medida incondicional que permitiría una reducción al 2030 de 5,11 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MTCO2e). En 2019 se hizo una revisión de dicho plan y se plantearon mayores reducciones de emisiones, incluyendo, entre otros aspectos, una mayor incorporación de potencia renovable no convencional y un incremento en el corte efectivo de biocombustibles (B100 para flotas cautivas de transporte público de pasajeros e incorporación de autos “flex” en el parque automotor).

El impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero que surge de modificar el porcentaje de corte, y en consecuencia reducir la mezcla obligatoria con biodiesel, pasando de un 10% (resolución del MINEM 37/2016) a un 5% (Ley 27.640, aquí analizada), con la posibilidad de reducirlo a un 3% por cuestiones de precio y mercado, debe desdoblarse en dos:

1. Emisiones acumuladas (2021-2030). El impacto directo en el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la Argentina que podría generar 7,9 MtCO2e de emisiones adicionales de aquí al 2030 (considerando un corte al 5%) y de 11,7 MtCO2e (considerando un corte al 3%) respecto de los cortes vigentes antes de la modificación, y más aún respecto de lo declarado en el Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático.
2. Emisiones al año 2030 y compromisos internacionales asumidos. Argentina ha asumido el compromiso en su segunda NDC (2020) de no superar los 359 MTCO2e al año 2030. Para el logro de ese objetivo se han venido planteando acciones que consideran un porcentaje de corte de 10% para el biodiesel, y que la nueva ley ha reducido drásticamente. Siguiendo el procedimiento de cálculo de un análisis reciente que evalúa la incidencia del porcentaje de corte de biocombustibles en combustibles fósiles líquidos en la reducción neta de emisiones de GEI en 2030 para diferentes escenarios de corte sobre la base del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de ambas fuentes (Hilbert, J.A. y Caratori, L. 2021: El potencial de los biocombustibles argentinos para contribuir al cumplimiento de las contribuciones de Argentina en el marco del Acuerdo de París), realizado sobre la base de los escenarios de demanda (ajustados por el impacto del Covid-19) de combustibles hacia 2030 publicados por la Secretaría de Energía de la Nación (Mastronardi et. al. 2019. Escenarios Energéticos Argentina 2030), en un escenario de cortes de bioetanol al 12% y biodiésel al 5%, como la configuración inicial establecida en la nueva ley, se obtiene en 2030 una reducción de referencia de 2,8 MtCO2e, es decir de 1,4 MtCO2e que dejan de evitarse respecto de la normativa imperante antes de la entrada en vigor de la nueva ley. Así, si haciendo uso de la discrecionalidad que otorga la ley a la Autoridad de Aplicación se establece el porcentaje de corte de biodiesel en un 3% debería reemplazarse las reducciones de emisiones al año 2030 en aproximadamente 1,96 MtCO₂

Además del impacto global en las emisiones, hay un impacto local. El informe de Hilbert y Caratori refiere que “el uso extendido de los biocombustibles tiene otros efectos producto de la mejora en los gases de escape de los vehículos. En el caso del biodiesel existe una marcada disminución en las emisiones de particulados causantes de cáncer de pulmón en las grandes concentraciones urbanas menores a 10 micrones, así como monóxido de carbono (CO) y óxidos de azufre (SOx). Además, en comparación con el diésel obtenido a partir de combustibles fósiles, posee mayor número de cetano, punto de inflamabilidad y mejores características lubricantes sin variantes en el calor de combustión.

La nueva ley genera un impacto ambiental y una afectación en el núcleo duro del patrimonio ambiental, por lo que resulta contraria al principio de política ambiental de no regresión, cuya finalidad, como afirma Mario Peña Chacón, (“El derecho internacional ambiental como fundamento del principio de prohibición de retroceso”; elDial.com; 2013),  es “evitar la supresión normativa o la reducción de sus exigencias por intereses contrarios que no logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental, e implica necesariamente una obligación negativa de no hacer, por lo que el nivel de protección ambiental ya alcanzado debe ser respetado, no disminuido, sino más bien incrementado”.

Además, la nueva ley es contraria a los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de cambio climático, y a la hoja de ruta planteada para el logro de esos objetivos. Se ha omitido en su análisis cualquier dimensión ambiental, colisiona con el Acuerdo de París (2015) ratificado por la Ley 27.270 (2016), las Contribuciones Nacionales que Argentina presentó a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Plan de Acción Nacional sobre Energía y Cambio Climático (PANEyCC 2017 y su actualización del 2019 oficializado mediante resolución de SGAyDS 447/2019), a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 7 y 13,  al reciente Acuerdo de Escazú, en lo referente a la omisión de toda participación pública en cuestiones ambientales que se reexaminen y generen impacto ambiental,  y a La ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, Nº 27.520, que establece como principio el de transversalidad del Cambio Climático en las políticas de Estado.

Finalmente, cabe destacar que la porción más relevante de la reducción de emisiones resultante del uso de los biocombustibles se produce al momento de sustituir la combustión de sus contrapartes fósiles (naftas y gasoil), lo que implica que, a los fines de la contabilidad de la contribución de la Argentina en términos de la reducción de emisiones de GEI, un eventual desplazamiento de la producción destinada al mercado interno hacia la exportación tendría un correlato importante en la reducción de emisiones del país de destino de las exportaciones, perdiéndose la oportunidad de mitigar domésticamente en un contexto en el que el mundo se dirige a establecer gravámenes y restricciones para-arancelarias y de acceso al financiamiento para los países y las compañías que no mitiguen. Dicho en otras palabras, esta reducción en la sustitución doméstica puede afectar la competitividad de Argentina en este nuevo contexto.

¿Por qué el gobierno argentino desarmará el programa de promoción de biocombustibles?

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En 2017 EE.UU., por entonces bajo la gestión de Donald Trump, implementó medidas antidumping y derechos compensatorios contra el biodiésel argentino, lo que provocó la interrupción de los envíos de ese producto hacia EE.UU., que hasta el año 2016 había representado el principal mercado de exportación.

El fallo de la Corte de Comercio Internacional de EE.UU. determinó que al existir aún un diferencial de tres puntos en los derechos de exportación del biodiésel (29%) respecto del aceite de soja (31%) no están dadas las condiciones para desactivar las medida implementada contra el biocombustible argentino.

“La Coalición de Comercio Justo de la Junta Nacional de Biodiesel de EE.UU. (NBB) y sus miembros están agradecidos de que el Departamento de Comercio haya apoyado a los productores de biodiésel de EE.UU. al tomar las decisiones correctas para mantener las condiciones de comercio justo”, señaló hoy Kurt Kovarik, vicepresidente de Asuntos Federales de NBB, por medio de un comunicado.

“Argentina lamenta la decisión judicial estadounidense”, indicó hoy la Cancillería argentina, que adelantó que apelará el fallo ante una Corte Federal de EE.UU. “El gobierno argentino trabajará mancomunadamente con el sector privado de nuestro país para revertir esta decisión”, aseguró.

“Los derechos compensatorios impuestos están reñidos con las normas del comercio internacional. Más grave aún en cuanto se mantienen en el marco de una crisis económica global, como la producida por la pandemia. En este sentido, Argentina se reserva el derecho a recurrir al sistema de solución de diferencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a fin de defender los derechos de sus exportadores”, advirtió la Argentina.

Por otra parte, el comunicado de la Cancillería indica que “las exportaciones de biodiesel argentino, surgidas de uno de los complejos sojeros más competitivos del mundo, no reciben ni necesitan subsidio alguno. Los derechos de exportación, lejos de constituir un instrumento deseado, han sido y son una herramienta fiscal ineludible en momentos de emergencia económica como el presente”.

En los primeros siete meses de 2021, según los últimos datos oficiales disponibles (Indec), Argentina exportó 789.023 toneladas de biodiésel por un valor de 927,0 millones de dólares, la mayor parte del cual se envió a la Unión Europea.

Las exportaciones argentinas de biodiésel destinadas a la UE-27 se realizan desde 2019 en el marco de lo dispuesto en el reglamento 244719 y la decisión 245/19 de la Comisión Europea, por medio del cual las empresas que integran la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) se comprometen a exportar al mercado comunitario un cupo anual de biodiesel con un precio mínimo.

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Por medio de la Ley 27.640 –publicada hoy en el Boletín Oficial– a partir de ahora el corte de biodiesel con gasoil se ubicará en un rango del 3% al 5% (versus un 10% en el régimen anterior), mientras que en el caso del bioetanol de maíz pasa a ser de 3% a 6% (versus un mínimo de 6% anteriormente). El corte de bioetanol de caña de azúcar se mantuvo sin cambios en el 6%.

Las empresas que integran el sector, muchas de las cuales son Pymes de capitales nacionales, esperan ahora que en la reglamentación de la normativa se recomponga el cupo recortado en el Congreso, porque si eso no sucede la supervivencia de las mismas está en juego.

En el caso del biodiésel, por ejemplo, desde la implementación del marco normativo anterior en 2006 (Ley 26.093) se crearon nada menos que 26 pequeñas y medianas fábricas elaboradoras del biocombustible en base a aceite de soja, las cuales ahora, si el corte con gasoil se reduce a la mitad o menos, se tornan en un activo obsoleto.

Pero, irónicamente, el mismo día en el cual se publica el nuevo régimen para biocombustibles, apareció en el Boletín Oficial una resolución del Ministerio de Agricultura por medio de la cual se creó el “Programa de Agropymes Sustentables”.

¿De qué se trata? Según la resolución, consiste en “impulsar el desarrollo, producción, industrialización, procesamiento, comercialización y distribución tanto en el mercado interno como para exportación, de alimentos y subproductos agropecuarios y agroindustriales de pequeña y mediana escala poniendo particular énfasis en el desarrollo local, regional y de carácter asociativo y sustentable en términos económicos, sociales y ecológicos”. Es decir: eso mismo que hacía el anterior marco normativo sobre biocombustibles y que el nuevo ya no hace más.

La resolución del Ministerio de Agricultura dice que el nuevo programa tendrá una duración de tres años. Y después no aclara nada más. Quizás se trate de una distribución de cucardas, diplomas de mérito o quién sabe qué. Misterio.

Mientras tanto, las Pymes sustentables que ahora están a un paso de ser inviables siguen implorando a los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández que eviten el desmantelamiento del sector.

Afectadas por la nueva ley, las Pymes del biodiésel se aferran al sueño de una buena reglamentación para mantener los niveles de corte

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La nueva legislación, que pronto será promulgada, establece un cupo para el etanol maicero del 6% –como el vigente actualmente–, pero indica que el corte podrá reducirse en hasta un 3% cuando la Secretaría de Energía lo considere conveniente.

En lo que respecta al biodiésel, el cupo garantizado pasa del actual 10% a un rango del 3% al 5%, según el criterio discrecional que aplique la Secretaría de Energía.

“A fin de mitigar este escenario de enorme imprevisibilidad para el sector con inversiones en nuestras provincias, requerimos que de manera urgente se convoque a todos los afectados y se los consulte previamente a dictar cualquier reglamentación en la materia, con el objeto de cuidar y proteger las inversiones realizadas y los empleos generados por esta industria vinculada al agro que ya llevaba quince años de desarrollo”, solicitaron los senadores por medio de un carta.

“Esta severa afectación de las inversiones existentes en nuestras provincias, pone en riesgo una gran cantidad de puestos de trabajo genuinos y de calidad, con el consecuente impacto social que su eliminación va a acarrear en diversos pueblos de nuestro interior”, advirtieron los legisladores.

Los firmantes de la carta son María Alejandra Vucasovich, Laura Rodríguez Machado, Gladys González, Víctor Zimmermann, Pamela Verasay, Alfredo De Angeli, Pablo Blanco, Claudio Poggi, Humberto Schiavoni, Oscar Castillo, Juan Carlos Marino, Stela Olalla, Luis Naidenoff, Clara Vega, Pedro Braillard Poccard, Juan Carlos Romero, Julio Cobos, Ernesto Martínez y Esteban Bullrich.

Los senadores de la oposición indicaron además que un “párrafo aparte merece el retroceso que esta ley implica en materia de política ambiental, que contradice los compromisos de reducir los niveles de emisión de carbono asumidos incluso por el propio presidente de la Nación (Alberto Fernández) en la última Cumbre de Líderes sobre el Clima de abril pasado”.

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La lógica detrás de esa decisión es mejorar la rentabilidad de la compañía con control estatal YPF, la cual, luego de la salida de economista profesional Guillermo Nielsen, es comandada desde febrero pasado por el kirchnerista Pablo González, un santacruceño que responde directamente a Cristina y Máximo Kirchner.

YPF ha decidido mejorar su delicada situación financiera saliendo a cazar en su propio “coto”, el mercado argentino, de manera tal que los precios internos de los combustibles comenzaron en los últimos meses a ajustarse en función de las necesidades de ingresos de la compañía petrolera.

En ese esquema, un corte obligatorio del 10% de biodiésel con gasoil y del 12% de bioetanol con nafta –tal como establecía el régimen de promoción que expiró este año– representaba una competencia que YPF no quiere ni necesita para poder cumplir su meta. Se respetó, eso sí, el cupo de bioetanol cañero vigente en la actualidad porque el presidente Alberto Fernández no quiere abrir un frente de conflicto con los gobernadores de las provincias de NOA.

Pero el biodiésel fabricado con aceite de soja y el bioetanol maicero no le cierra al gobierno kirchnerista por una cuestión meramente recaudatoria. El Estado argentino recauda mucho más con los derechos de exportación aplicados al aceite de soja y, además, ese producto puede exportarse en cualquier momento a muchísimos países del mundo, mientras que el biodiésel solamente puede colocarse en la Unión Europea en el marco de un acuerdo especial que contempla un determinado cupo anual.

Si evaluamos los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes al pasado mes de mayo, puede verse claramente que el Estado argentino recaudó cuatro veces más derechos de exportación con el aceite de soja que con el biodiésel.

De todas maneras, en ninguna nación responsable del mundo la política energética se sustenta en una cuestión recaudatoria porque, sencillamente, los precios relativos de las diferentes fuentes energéticas tienen una enorme variabilidad coyuntural, mientras que las inversiones realizadas en el sector se instrumentan con un horizonte de décadas.

En lo respecta al bioetanol, Argentina –tal como sucede en el caso de Brasil– tiene condiciones para transformarse en un gran productor y exportador de ese biocombustible. Pero, para lograrlo, se requiere mucho trabajo de inteligencia comercial, negociaciones internacionales, extensas reuniones presenciales y virtuales, en fin, para qué nos vamos a complicar la vida si podemos exportar maíz a granel, cobrar derechos de exportación –que se abonan por adelantado– y “clink caja”.

Las inversiones realizadas, los empleos que están en juego y demás cuestiones relevantes para quienes trabajan en el ámbito de los biocombustibles no tienen ninguna relevancia para los integrantes del gobierno, quienes consideran que el sector privado debe estar al servicio del público y no a la inversa. Es decir, están convencidos que la misión en la vida de aquellos que integran el sector privado es satisfacer las necesidades del Estado, que, en contraprestación, les permite sobrevivir para realizar tan importante tarea. O perecer si constituyen un obstáculo.

Los principales daños de la nueva no-política de promoción de biocombustibles implementada por el gobierno nacional se registrarán en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Tal como se anticipó, el gobernador Juan Schiaretti ya implementó un programa orientado a intentar salvar las inversiones en biocombustibles presentes en la provincia, mientras que el santafesino Omar Perotti aún no instrumentó nada al respecto.

Un aspecto central de todo esto es que, si bien el gobierno ha decidido reducir a una mínima expresión el programa de biocombustibles, la política energética argentina está condicionada por un tratado supranacional, el “Acuerdo de París”, que obliga a las naciones que firmaron el mismo –como es el caso de la Argentina– a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, algo que no resultará sencillo si el plan oficial consiste en aumentar el consumo interno de combustibles de fuentes fósiles.

La Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por su sigla en inglés) por el Estado argentino en 2016 planteaba para el año 2030 no exceder la emisión neta de 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2eq) a través de la implementación de una serie de medidas en todos los sectores de la economía, aunque con foco en energía, agro, bosques, transporte, industria y residuos.
Pero en el marco de la Cumbre de Ambición Climática, el pasado 12 de diciembre de 2020 Alberto Fernández anunció que esa meta para 2030 sería ahora es de 360 millones de toneladas, para alcanzar la situación de carbono neutral en 2050, lo que implica, claro, asumir metas mucho más exigentes en ese sentido.

El anuncio realizado por Fernández en materia de emisiones no parece algo coherente con la decisión de desintegrar el programa de biocombustibles, a menos que, en los planes futuros, la reducción de emisiones se logre siguiendo el magnífico ejemplo venezolano, nación en la cual unos pocos afortunados pueden llenar el tanque de combustible. Todo sea por el bien del cambio climático.

Esquizofrenia: El mismo gobierno argentino que se comprometió a impulsar los biocombustibles para descarbonizar la economía es el que promueve un menor uso de los mismos

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Como el último valor publicado correspondía a mayo de 2021, se estableció que los nuevos precios se aplicarían de manera retroactiva a las ventas realizadas en junio, además de las nuevas entregas por concretar en el presente mes de julio.

Pero hoy lunes el sector se desayunó con una (nueva) noticia desagradable: el secretario de Energía determinó que los nuevos precios solamente serían considerados para ventas realizadas en el presente mes de julio, mientras que para las liquidaciones de junio deberá considerarse el valor de mayo.

¿Cuál es la razón de semejante cambio” Ninguna. Las resoluciones con la novedad –publicadas hoy en el Boletín Oficial– simplemente dicen que se advirtió que los nuevos precios deberían comenzar a regir desde este mes de julio. Nada más.

El nuevo valor del biodiésel, correspondiente al mes de julio, es de 112.000 pesos tonelada, una cifra 21% superior al valor de mayo y junio, que se había fijado en 92.558 pesos por tonelada.

En lo que respecta al bioetanol elaborado tanto con maíz como con caña de azúcar, el nuevo precio fijado por el Estado para las ventas realizadas en julio de este año es de 55,663 pesos por litro, un valor 8,8% mayor que el vigente en mayo y junio, que había sido de 51,132 pesos por litro.

La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó el proyecto oficialista sobre biocombustibles, el cual contempla reducir el corte de biodiesel con gasoil en un rango del 3,0% al 5,0% y dejar “fuera de juego” a las elaboradoras de bioetanol de maíz.

El proyecto elaborado por el kirchnerismo fue aprobado por 135 votos favorables, 110 negativos y dos abstenciones. Ahora será girado al Senado, donde se descuenta que será aprobado porque el oficialismo tiene mayoría en esa cámara.

Se aprobó el proyecto kirchnerista de biocombustibles con el apoyo de los diputados jujeños y tucumanos de Juntos por el Cambio

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El proyecto elaborado por el kirchnerismo fue aprobado por 135 votos favorables, 110 negativos y dos abstenciones. Ahora será girado al Senado, donde se descuenta que será aprobado porque el oficialismo tiene mayoría en esa cámara

La cuestión es que el proyecto recibió el voto afirmativo de los diputados del bloque Juntos por el Cambio de las provincias de NOA. Se trata de Jorge Rizzotti y María Burgos (UCR; Jujuy), Osmar Moldani (PRO; Jujuy), Domingo Amaya (PRO; Tucumán) y Lidia Inés Ascárate y José Cano (Tucumán; UCR). También votó a favor Eduardo Cáceres (PRO; San Juan), mientras que Julio Sahad (PRO;La Rioja) y Héctor Stefani (UCR; Tierra del Fuego) se abstuvieron.

En tanto, Héctor “Toty” Flores (Coalición Cívica; Buenos Aires), Luis Juez y Adriana Ruarte (PRO; Córdoba), María Carla Piccolomini (PRO; Buenos Aires) Estela Regidor Belledone (UCR; Corrientes) y Roxana Nahir Reyes (UCR; Santa Cruz) estuvieron ausentes en la votación.

Casualmente, o quizás no tanto, el proyecto oficialista mantiene vigente del cupo de mezcla de bioetanol de caña de azúcar con nafta en un 6%, que es la proporción vigente en la actualidad. Los ingenios azucareros que elaboran bioetanol de caña se encuentra, claro, en las provincias de Jujuy y Tucumán.

En cambio, los diputados del bloque Córdoba Federal que responden al gobernador Juan Schiarreti, rechazaron la iniciativa porque la misma compromete la continuidad de las empresas elaboradoras de etanol de maíz presentes en la provincia.

Eso porque el proyecto, si bien establece un cupo para el etanol maicero del 6,0% –como el vigente actualmente, el cual, junto el cañero, representan en conjunto un corte del 12% con nafta–, indica que el corte del 6,0% podrá reducirse en hasta un 3% “cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del bioetanol a base de maíz pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor”.

Es decir: en los hechos el corte garantizado de etanol maicero se fija en un 3,0%, que es la mitad del actual, mientras que las empresas del sector venían invirtiendo en los últimos años con la perspectiva de que este año fuese aumentado al menos en un 7,5%.

En lo que respecta al biodiésel, el cupo garantizado pasa del actual 10% a un 3,0%, lo que implica el virtual desmantelamiento del programa de corte con ese biocombustible elaborado con aceite de soja, el cual quedaría mayormente en manos del grupo bahiense Bojanich, con aceitados vínculos con la corporación política.

El debate sobre el proyecto en de Diputados arrancó a eso de las 17.45 horas de ayer jueves para extenderse hasta pasada la medianoche. Más allá de la decisión de los legisladores de Jujuy y Tucumán, la mayor parte de los diputados de Juntos por el Cambio votó en contra de la iniciativa kirchnerista.

¿Por qué el gobierno argentino quiere desarmar el programa de promoción de biocombustibles?

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Pero en el marco de la Cumbre de Ambición Climática, organizada por Naciones Unidas el pasado 12 de diciembre de 2020, el presidente Alberto Fernández anunció que esa meta para 2030 sería ahora es de 359 MtCO2eq para alcanzar la situación de carbono neutral en 2050, lo que implica asumir metas mucho más exigentes en ese sentido.

“La nueva meta es ambiciosa, ya que equivale a una disminución total del 19% de las emisiones hacia 2030 en comparación con el máximo histórico de emisiones alcanzado en el año 2007, y una reducción del 25,7% respecto de la NDC anterior (de 2016)”, señala el documento “Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional de la República Argentina”.

“Hacia 2030, la República Argentina llevará adelante una transición energética, centrando los esfuerzos en el fomento de la eficiencia energética, las energías renovables y el impulso de la generación distribuida, utilizando en este período el gas natural como combustible de transición”, añade en lo relativo al sector energético.

El documento remarca que para la promoción de sistemas de transporte sostenible para el año 2030 “se habrán implementado políticas derivadas del enfoque Evitar-Cambiar-Mejorar (sic), fomentado en particular la eficiencia energética y la mayor utilización de gas natural, hidrógeno, electricidad y biocombustibles”.

Y asegura que para 2030 “la movilidad activa se habrá favorecido a través de la planificación del uso del suelo urbano y se fomentarán matrices energéticas sostenibles, haciendo foco en la gasificación, los biocombustibles, la electrificación de la movilidad y el uso del hidrógeno”.

Es decir: la generación eléctrico a través de gas y la promoción de uso de biocombustibles se mencionan como aspectos esenciales para descarbonizar a la actual matriz energética, que se abastece fundamentalmente de petróleo.Lo curioso es que esa meta, establecida en el marco de un acuerdo internacional, se contradice con el proyecto oficialista sobre biocombustibles –que está habilitado para comenzar a ser debatido en la Cámara de Diputados–, dado que el mismo propone desmantelar el régimen vigente de promoción y uso de biocombustibles.

Por lo tanto, a menos que el gobierno de Alberto Fernández tenga planes para descarbonizar la economía local por medio de una implosión al estilo chavista, debería presentar un nuevo informe (algo así como una “Segunda Contribución” reformulada) para detallar cómo planea alcanzar la meta de emisiones de 359 MtCO2eq para el año 2030.

En ese sentido, el propio documento oficial señala que “la significativa participación del sector transporte en la demanda de energía se explica por la extensión continental de la República Argentina, que conlleva una importante demanda de transporte de larga distancia, tanto de pasajeros como de carga”.

Este consumo se abasteció en 2019 con un 39% de gasoil, un 36% de nafta, un 12% de gas natural, un 9% de biocombustibles y un 4% de otros combustibles. Si se aprueba el proyecto promovido por el gobierno nacional, la proporción de uso de biocombustibles disminuirá de manera significativa.

La Conferencia Episcopal Argentina rechazó el proyecto oficialista de biocombustibles porque “implica un franco retroceso en la política ambiental”

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