La medida se tomó debido a que los elevados precios internacionales del aceite de soja, insumo base del biodiésel en Brasil, encarecen el costo de elaboración del gasoil.

Pero los reclamos no tardaron en llegar. La Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove, el equivalente a Ciara en la Argentina), la Asociación de Productores de Biocombustibles de Brasil (Aprobio) y la Unión Brasileña de Biodiesel indicaron que la resolución del gobierno de Jair Bolsonaro “dio un golpe mortal a la previsibilidad, desprecia las inversiones realizadas y rechaza futuras inversiones en el sector del biodiésel”.

Por medio de un comunicado, las agroindustrias aceiteras y de biocombustibles remarcaron que la medida aleja al país alejado de lo definido por la Política Nacional de Biocombustibles (RenovaBio), cuyo objetivo es promover la expansión de los biocombustibles en la matriz energética para reducir la huella de carbono.

“Al adoptar el contenido de la mezcla del 10%, el gobierno penaliza al sector, generando desempleo en toda la cadena agroindustrial, promueve la desinversión, aumenta la contaminación y la inflación, daña la economía y aleja al país de los compromisos de descarbonización señalados durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021 (COP26), cuando anunció que Brasil ampliará su objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del 43% al 50%, para 2030”, sostuvieron.

El comunicado recuerda que existe capacidad instalada en Brasil para reemplazar hasta un 18% de gasoil con biodiésel y que la decisión del gobierno federal “refleja una posición de defensa para el gasoil fósil importado”.

De todas maneras, la resolución tomada en Brasil es sustancialmente más favorable que la decidido en la Argentina, donde el gobierno nacional promovió una legislación que recortó el corte obligatorio de biodiésel con gasoil al 5% con la potestad de rebajarlo hasta un 3% si lo considera necesario.

La nueva Ley de Biocombustibles: Un paso atrás en materia ambiental

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El tema es así: el gobierno de Alberto Fernández, que dice ser federal pero en los hechos es cada vez más unitario, no planea renovar el régimen de promoción de uso interno de biocombustibles. Gran problema para todas las industrias que se crearon con el propósito de abastecer al mismo. ¿Qué hacer?

Hoy Schiaretti ofreció una alternativa frente a ese problema al presentar el “Programa de Autoconsumo de Biodiesel 100%”, el cual, básicamente, consiste en invitar a los sectores productivos a que armen una “vaquita” para comprarse una planta elaboradora de biodiesel.

Demás está decir que el valor de tales fábricas –que elaboran biodiésel a partir de aceite de soja– está de “oferta”, dado que las mismas fueron montadas exclusivamente para abastecer el corte interno obligatorio del 10% de biodiésel con gasoil, el cual fue bastardeado durante todo el año pasado por la política del gobierno nacional para ser dado virtualmente de baja en el transcurso del presente año.

La propuesta de Schiaretti la siguiente: para aquellos que quieran comprarse su propia fábrica de biodiésel, podrán recibir un subsidio (aporte no reintegrable) de hasta 2,62 millones de pesos, el cual no podrá cubrir más del 15% del valor de compra de la planta de biodiésel si la misma está radicada en Córdoba, mientras que si se encuentra en otras provincias vecinas ese tope es del 10%.

¿Y con el resto del dinero que habría que poner? El gobierno de Córdoba ofrece financiamiento por hasta el 90% del precio de compra de la planta (deducido, claro, el monto subsidiado) con un plazo de hasta 48 meses, con seis meses de gracia, y una tasa nominal anual de rechupete del 12% (o sea, una tasa negativa en términos reales). También se dará la opción que la compra de la planta de biodiésel la pueda hacer un municipio, comuna o consorcio vial.

Para seleccionar los proyectos presentados, el gobierno cordobés creó un comité integrado por técnicos de los ministerios de Servicios Públicos, Agricultura y Ganadería, Ciencia y Tecnología, e Industria, Comercio y Minería.

El “gancho” es que el biocombustible empleado para autoconsumo –ya sea en la camioneta, tractor o cosechadora, por ejemplo– será libre de impuestos. Adicionalmente, la producción, transporte y almacenamiento de biocombustibles en Córdoba estará exento del pago del impuestos a los Ingresos Brutos por un plazo de cinco años.

En la provincia de Córdoba hay dos pequeñas plantas elaboradoras de biodiésel que están inactivas: Nildo Santin López SA en barrio San Lorenzo Sud y Santa Albina SA en la localidad de Ferreyra. En las provincias de Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires hay varias más que también están cerradas o trabajando con una elevada capacidad ociosa.

“Ponemos en marcha un proceso para cumplir con el Acuerdo de París. Nada más ni nada menos que eso. Es reducir la cantidad de gases del efecto invernadero. Y una de las maneras de reducirlo es utilizando los biocombustibles. Estamos aquí para cumplir en primer lugar con el cuidado de nuestro planeta tierra, el cuidado del medioambiente y el cuidado de la ecología”, indicó hoy Schiaretti al presentar la iniciativa en un acto oficial.

“Cuidamos nuestra ruralidad, agregándole valor a las materias primas que producimos en Córdoba y estamos también generando puestos de trabajo en nuestra provincia. Y esto es muy bueno porque significa defender las potencialidades productivas de la provincia y no sólo defender sino actuar para que se desarrolle”, añadió.

La iniciativa presentada hoy en Córdoba representa una oportunidad para productores agrícolas, los cuales, por ejemplo, podrían entregar soja a una planta elaboradora de expeller para obtener aceite, el cual luego sería transformado en biodiésel en una planta propia, quizás comprada entre varios productores de una zona, para luego usar el biocombustible al 100% y zafar de pagar el 47% de la carga tributaria vigente sobre el gasoil producido a través de fuentes no renovables.

¿Por qué el gobierno argentino quiere desarmar el programa de promoción de biocombustibles?

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