La lógica detrás de esa decisión es mejorar la rentabilidad de la compañía con control estatal YPF, la cual, luego de la salida de economista profesional Guillermo Nielsen, es comandada desde febrero pasado por el kirchnerista Pablo González, un santacruceño que responde directamente a Cristina y Máximo Kirchner.

YPF ha decidido mejorar su delicada situación financiera saliendo a cazar en su propio coto, el mercado argentino, de manera tal que los precios internos de los combustibles, a partir de ahora, comenzarán a ajustarse en función de las necesidades de ingresos de la compañía petrolera.

Pero un corte obligatorio del 10% de biodiésel con gasoil y del 12% de bioetanol con nafta representa una competencia que YPF no quiere ni necesita para poder cumplir su meta. Se respetó, eso sí, el cupo de bioetanol cañero vigente en la actualidad porque el presidente Alberto Fernández no quiere abrir un frente de conflicto con los gobernadores de las provincias de NOA.

Pero el biodiésel fabricado con aceite de soja y el bioetanol maicero tampoco le cierra al gobierno kirchnerista por una cuestión meramente recaudatoria.

El Estado argentino recauda mucho más con los derechos de exportación aplicados al aceite de soja y, además, ese producto puede exportarse en cualquier momento a muchísimos países del mundo, mientras que el biodiésel solamente puede colocarse en la Unión Europea en el marco de un acuerdo especial que contempla un determinado cupo anual.

En lo respecta al bioetanol, Argentina –tal como sucede en el caso de Brasil– tiene condiciones para transformarse en un gran productor y exportador de ese biocombustible. Pero, para lograrlo, se requiere mucho trabajo de inteligencia comercial, negociaciones internacionales, extensas reuniones presenciales y virtuales, en fin, para qué nos vamos a complicar la vida si podemos exportar maíz a granel, cobrar derechos de exportación –que se abonan por adelantado– y “clink caja”.

Esta es la parte del artículo en la cual los lectores que trabajan en el sector privado advierten que las inversiones realizadas, los empleos que están en juego y demás cuestiones no tienen ninguna relevancia para los integrantes del gobierno, quienes consideran que el sector privado debe estar al servicio del público y no a la inversa. Es decir, están convencidos que la misión en la vida de aquellos que integran el sector privado es satisfacer las necesidades del Estado, que, en contraprestación, les permite sobrevivir para realizar tan importante tarea. O perecer si constituyen un obstáculo.

Los principales daños de la nueva no-política de promoción de biocombustibles implementada por el gobierno nacional se registrarán en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Y sus gobernadores tendrán que decidir qué hacer: asumir el costo político del “muerto” tirado por la Nación o bien implementar su propio programa de desarrollo de biocombustibles. No tengo dudas cuál será la decisión que tomará Juan Schiaretti. En cambio, no tengo claro qué hará Omar Perotti.

Un aspecto central de todo esto es que, si bien el gobierno ha decidido reducir a una mínima expresión el programa de biocombustibles, la política energética argentina está condicionada por un tratado supranacional, el “Acuerdo de París”, que obliga a las naciones que firmaron el mismo –como es el caso de la Argentina– a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, algo que no resultará sencillo si el plan oficial consiste en aumentar el consumo interno de combustibles de fuentes fósiles.

La Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por su sigla en inglés) por el Estado argentino en 2016 planteaba para el año 2030 no exceder la emisión neta de 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂eq) a través de la implementación de una serie de medidas en todos los sectores de la economía, aunque con foco en energía, agro, bosques, transporte, industria y residuos.

Pero en el marco de la Cumbre de Ambición Climática, el pasado 12 de diciembre de 2020 Alberto Fernández anunció que esa meta para 2030 sería ahora es de 360 millones de toneladas, para alcanzar la situación de carbono neutral en 2050, lo que implica, claro, asumir metas mucho más exigentes en ese sentido.

El anuncio realizado por Fernández en materia de emisiones no parece algo coherente con la decisión de desintegrar el programa de biocombustibles, a menos que, en los planes futuros, la reducción de emisiones se logre siguiendo el magnífico ejemplo venezolano, nación en la cual unos pocos afortunados pueden llenar el tanque de combustible. Todo sea por el bien del cambio climático.

Victoria Petrolera: El proyecto oficialista liquida a la industria de bioetanol de maíz y pretende reducir al 3% el cupo de biodiésel

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El proyecto –que se hizo circular de manera informal, dado que el mismo no ingresó aún a la Cámara de Diputados– contempla establecer un nuevo régimen de promoción de biocombustibles hasta el próximo 31 de diciembre de 2027.

En el caso del biodiésel, contempla que el actual corte obligatorio del 10% pasaría al 5% “para las empresas productoras Pymes, Cooperativas de Pymes y Asociaciones de éstas”.

Sin embargo, se especifica que la Secretaría de Energía “podrá disminuir este porcentaje hasta el 3% ante situaciones de incremento en los precios de los respectivos insumos básicos que distorsionen el precio en el surtidor y la composición proporcional que tiene el biodiésel en el mismo, o ante situaciones de escasez de oferta por parte de los sujetos promocionados y que hayan sido fehacientemente comprobadas”.

En lo que respecta al bioetanol, que actualmente tiene un corte obligatorio con nafta del 12%, el proyecto oficialista, al accedió Bichos de Campo, contempla reducir el mismo al 10%, pero con una serie de restricciones que hacen que esa meta sea imposible de cumplir.

El único cupo garantizado es el correspondiente al bioetanol de caña de azúcar, que deberá seguir mezclándose al 6%, tal como sucede actualmente, dado que el cupo del 12% se reparte en partes casi iguales entre bioetanol de caña y de maíz.

Los restantes cuatro puntos del corte de 10% de bioetanol deberían repartirse, según indica el proyecto, en un 2,5% para “las Pymes, Cooperativas de Pymes y Asociaciones de éstas productoras de bioetanol a base de maíz”, mientras que el 1,5% remanente “podrá ser adquirido por las empresas mezcladoras sin restricción de cupo y precio”.

Sin embargo, se aclara que el cupo del 2,5% puede ser reducido por la Secretaría de Energía al 1,5% si se considera conveniente, además de señalar que para ser categorizada como “Pyme” elaboradora de bioetanol de maíz la empresa deberá tener una producción anual que no exceda los 90.000 metros cúbicos y que no “sean asociadas, subsidiarias, ni controladas por, o controlantes de, empresas cuya actividad principal sea la misma, o pertenezcan a un mismo grupo económico controlante de empresas con esta actividad principal, o que la mayoría de los integrantes de su directorio sea simultáneamente integrante del directorio de otra u otras empresas que se dediquen a la misma actividad, o que sus accionistas mayoritarios también lo sean, o sean controladas por capitales extranjeros”.

Pero las principales empresas de bioetanol de maíz –ACABio y ProMaíz– producen más de 90.000 metros cúbicos anuales del biocombustibles, mientras que las plantas industriales de Bio4, Diaser, Maíz Energía y Vicentin no entrarían en la rebuscada definición de “Pyme” establecida en el proyecto. En los hechos, la normativa parece diseñada para eliminar el corte de bioetanol de maíz con nafta.

La iniciativa además establece que las adquisiciones obligatorias de biocombustibles para corte con gasoil y nafta “se realizarán al precio que surja de la aplicación de las fórmulas que determine” la Secretaría de Energía, para lo que deberá tener en cuenta “el tamaño de las plantas y los insumos de origen”

Otra restricción implementada por el proyecto es que los cupos de las adquisiciones obligatorias de biocombustibles se asignarán de manera directa en un 50%, mientras que la mitad restante será distribuida en función de la producción promedio de los últimos 24 meses y de “nuevas inversiones en subproductos derivados de los biocombustibles dentro de sus regiones, que generen agregado de valor comprobable a la balanza comercial argentina”. Este último aspecto, por tratarse de un factor discrecional, podría también eventualmente reducir el nivel de corte previsto de biocombustibles.

Este jueves por la mañana los diputados nacionales que integran los bloques de Juntos por el Cambio y Federal, que responde a Roberto Lavagna, convocaron a una sesión especial para tratar el proyecto de prórroga del actual régimen de biocombustibles, que vence en mayo próximo.

El proyecto, que prolonga hasta 2024 la promoción de los biocombustibles, ya cuenta con media sanción del Senado, pero no tiene dictamen en la Cámara de Diputados. La suma de diputados de Juntos por el Cambio y el bloque Federal no alcanza para aprobar la iniciativa, pero ambas fuerzas promovieron la convocatoria para dejar en evidencia la eventual falta de apoyo de los legisladores justicialistas de Córdoba y Santa Fe, de manera tal que tengan que asumir el costo político del desastre económico y social que generaría el cierre de la mayor parte de las industrias elaboradoras de biocombustibles presentes en ambas provincias.

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La razón de tal exclusión reside en el hecho de que las autoridades de la Secretaría de Energía solicitaron a las empresas que integran la Cámara de Bioetanol de Maíz que renuncien a las medidas cautelares que obligaron al Poder Ejecutivo a pagar el valor del biocombustible en función de lo determinado por la normativa vigente.

Pero las empresas que elaboran bioetanol proveniente de maíz se negaron a tal pedido al considerar que, luego del historial de incumplimientos registrado en los últimos dos años, lo más apropiado era atenerse al cumplimiento de la legislación.

El gobierno de Mauricio Macri pesificó el factor “amortizaciones” en el fórmula de cálculo del precio del bioetanol con el propósito de reducir el valor del mismo, al tiempo que la administración de Alberto Fernández en 2020 directamente intervino el precio para congelarlo en un contexto de aceleración inflacionaria.

Cansados de reclamar que se aplique la normativa vigente, el año pasado los directivos de la empresa cordobesa Bioetanol Río Cuarto (Bio4) presentaron un amparo para lograr que el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, dicte una medida cautelar orientada a que el Estado nacional pague el precio en función de la modalidad del cálculo establecido en la legislación vigente.

Así es como desde fines de noviembre pasado Bio4 logró una recomposición efectiva del valor del bioetanol entregado a las compañías petroleras refinadoras, mientras que lo mismo sucedió con Diaser desde mediados de diciembre. El resto de las empresas de etanol de maíz, que también recurrieron a la Justicia, espera pronto obtener cautelares favorables para poder vender el biocombustible al precio correspondiente.

De hecho, el precio determinado por la resolución 2/2021 –publicada hoy en el Boletín Oficial– para el bioetanol cañero en el presente mes de enero es inferior al que cobraron Bio4 y Diaser a fines del año pasado (43,6 $/litro versus 44,9 $/litro).

“Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo enorme, aceptando un sendero progresivo de recuperación del precio, pero no estamos dispuestos a aceptar condiciones que puedan hipotecar nuestro futuro como industria en caso de incumplimientos o de un eventual nuevo congelamiento a partir de junio”, indicó a Bichos de Campo Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz.

A partir de junio próximo, una vez vencido el régimen de promoción establecido por la Ley Nº 26.093, el oficialismo –que controla ambas cámaras del Congreso– estaría dispuesto a prorrogarlo por el término de un año, en el cual debería debatirse un nuevo sistema de promoción por implementar en 2022.

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