Por supuesto, el documento no cayó del todo bien entre los empresarios del sector de biocombustibles y especialmente en aquellos que transforman maíz en bioetanol y burlanda de maíz, dado que la nueva legislación habilita al gobierno de turno a reducir –si se considera conveniente– el corte obligatorio de bioetanol maicero con nafta de un 6% a un 3%, es decir, una reducción brutal de un 50% instrumentada solamente con la firma de un funcionario.

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En ese contexto, hoy el jefe de Gabinete, Juan Manzur, junto al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, dedicaron buena parte de la jornada a visitar tres plantas elaboradoras de bioetanol maicero –todas localizadas en la provincia de Córdoba, donde precisamente no abundan los votantes kirchneristas– para intentar mostrarse a favor de esa industria.

“Estamos asistiendo a un momento histórico, el del cambio en el paradigma productivo”, aseguró Domínguez, para luego añadir que “la generación de valor agregado en nuestra producción primaria como una forma también de responder a las necesidades climáticas”.

Estuvieron, en primer lugar, en la planta de Bio 4 en Río Cuarto. Allí mantuvieron un encuentro con el vicepresidente de la firma Marcelo Otero, el gerente general Tomás Beamonte y el director Leandro Narvaja Luque.

Luego se dirigieron a la localidad de Alejandro Roca, donde recorrieron las instalaciones de la empresa ProMaíz junto a la intendenta Ariana Viola. Allí estuvo presente Roberto Urquía, propietario de Aceitera General Deheza (AGD), firma que, junto a Bunge Argentina, es controlante de ProMaíz. Urquía, ex senador nacional por el justicialismo, tiene fluidos contactos con funcionarios del gobierno nacional.

Finalmente, por la tarde, arribaron a Villa María para recorrer el predio de la empresa ACABio de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Allí estuvieron acompañados por el intendente interino Pablo Rosso y el gerente de la empresa Santiago Acquaroli.

“Queremos que se produzca más, que haya más inversiones y más competitividad. Y estamos escuchando a todos los productores para profundizar este camino”, afirmó Domínguez.

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Por medio de la Ley 27.640 –publicada hoy en el Boletín Oficial– a partir de ahora el corte de biodiesel con gasoil se ubicará en un rango del 3% al 5% (versus un 10% en el régimen anterior), mientras que en el caso del bioetanol de maíz pasa a ser de 3% a 6% (versus un mínimo de 6% anteriormente). El corte de bioetanol de caña de azúcar se mantuvo sin cambios en el 6%.

Las empresas que integran el sector, muchas de las cuales son Pymes de capitales nacionales, esperan ahora que en la reglamentación de la normativa se recomponga el cupo recortado en el Congreso, porque si eso no sucede la supervivencia de las mismas está en juego.

En el caso del biodiésel, por ejemplo, desde la implementación del marco normativo anterior en 2006 (Ley 26.093) se crearon nada menos que 26 pequeñas y medianas fábricas elaboradoras del biocombustible en base a aceite de soja, las cuales ahora, si el corte con gasoil se reduce a la mitad o menos, se tornan en un activo obsoleto.

Pero, irónicamente, el mismo día en el cual se publica el nuevo régimen para biocombustibles, apareció en el Boletín Oficial una resolución del Ministerio de Agricultura por medio de la cual se creó el “Programa de Agropymes Sustentables”.

¿De qué se trata? Según la resolución, consiste en “impulsar el desarrollo, producción, industrialización, procesamiento, comercialización y distribución tanto en el mercado interno como para exportación, de alimentos y subproductos agropecuarios y agroindustriales de pequeña y mediana escala poniendo particular énfasis en el desarrollo local, regional y de carácter asociativo y sustentable en términos económicos, sociales y ecológicos”. Es decir: eso mismo que hacía el anterior marco normativo sobre biocombustibles y que el nuevo ya no hace más.

La resolución del Ministerio de Agricultura dice que el nuevo programa tendrá una duración de tres años. Y después no aclara nada más. Quizás se trate de una distribución de cucardas, diplomas de mérito o quién sabe qué. Misterio.

Mientras tanto, las Pymes sustentables que ahora están a un paso de ser inviables siguen implorando a los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández que eviten el desmantelamiento del sector.

Afectadas por la nueva ley, las Pymes del biodiésel se aferran al sueño de una buena reglamentación para mantener los niveles de corte

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Esta semana los senadores Dianne Feinstein (California, Demócrata), Bob Menéndez (New Jersey, Demócrata), Pat Toomey (Pennsylvania, Republicano) y Susan Collins (Maine, Republicano) presentaron una iniciativa para eliminar el corte obligatorio de bioetanol de maíz en nafta. Por supuesto: ninguno de los cuatro representa a Estados de base agrícola.

“El mandato federal de etanol de maíz ya no tiene sentido cuando existen mejores alternativas con menos carbono”, dijo el senador Feinstein. “El etanol de maíz logra poca o ninguna reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero. Es hora de poner fin al mandato y, en cambio, apoyar biocombustibles y biodiésel más avanzados que no contribuirán al cambio climático ni aumentarán el costo de los alimentos”, añadió por medio de un comunicado.

“El gobierno federal que obliga a los estadounidenses a comprar miles de millones de litros de etanol de maíz es una política terrible en muchos niveles”, dijo el Senador Toomey. “Para empezar, impone un daño financiero a los consumidores y las refinerías, poniendo en riesgo miles de empleos bien remunerados. Además, el programa (Renewable Fuel Standard) aumenta el costo de la nafta y los alimentos, daña nuestro medio ambiente y daña los motores”, disparó.

Menéndez no se quedó atrás y también aportó lo suyo. “El mandato de etanol de maíz no ha cumplido con sus promesas de reducción de emisiones, al tiempo que ha contribuido a precios más altos de los alimentos, causando problemas a los automovilistas y provocando otros daños ambientales”, aseguró.

Por último, Collins subió la apuesta al afirmar que “la nafta mezclada con etanol de maíz presenta importantes riesgos económicos y de seguridad al dañar o destruir los motores de automóviles, barcos y motos de nieve más antiguos, hacer subir los precios de los alimentos y recursos forrajeros y presenta importantes preocupaciones ambientales ”.

Para el próximo ciclo 2021/22 el USDA proyecta un consumo interno total de maíz 313,4 de millones de toneladas, de las cuales un 42% corresponden al procesamiento del cereal para elaborar bioetanol y burlanda de maíz. Por lo tanto, una reducción del uso interno del cereal para ese propósito representa un potente factor bajista.

Cuando comenzó a regir el programa de mezcla obligatoria de bioetanol con nafta en EE.UU., a mediados de la década pasada, la producción de petróleo en esa nación venía cayendo junto con las necesidades de importación del commodity energético. Sin embargo, luego de las enormes inversiones realizadas en los últimos años en la extracción de crudo de yacimientos no convencionales (shale/tight oil), la producción se recperó de manera notable.

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La nueva legislación, que pronto será promulgada, establece un cupo para el etanol maicero del 6% –como el vigente actualmente–, pero indica que el corte podrá reducirse en hasta un 3% cuando la Secretaría de Energía lo considere conveniente.

En lo que respecta al biodiésel, el cupo garantizado pasa del actual 10% a un rango del 3% al 5%, según el criterio discrecional que aplique la Secretaría de Energía.

“A fin de mitigar este escenario de enorme imprevisibilidad para el sector con inversiones en nuestras provincias, requerimos que de manera urgente se convoque a todos los afectados y se los consulte previamente a dictar cualquier reglamentación en la materia, con el objeto de cuidar y proteger las inversiones realizadas y los empleos generados por esta industria vinculada al agro que ya llevaba quince años de desarrollo”, solicitaron los senadores por medio de un carta.

“Esta severa afectación de las inversiones existentes en nuestras provincias, pone en riesgo una gran cantidad de puestos de trabajo genuinos y de calidad, con el consecuente impacto social que su eliminación va a acarrear en diversos pueblos de nuestro interior”, advirtieron los legisladores.

Los firmantes de la carta son María Alejandra Vucasovich, Laura Rodríguez Machado, Gladys González, Víctor Zimmermann, Pamela Verasay, Alfredo De Angeli, Pablo Blanco, Claudio Poggi, Humberto Schiavoni, Oscar Castillo, Juan Carlos Marino, Stela Olalla, Luis Naidenoff, Clara Vega, Pedro Braillard Poccard, Juan Carlos Romero, Julio Cobos, Ernesto Martínez y Esteban Bullrich.

Los senadores de la oposición indicaron además que un “párrafo aparte merece el retroceso que esta ley implica en materia de política ambiental, que contradice los compromisos de reducir los niveles de emisión de carbono asumidos incluso por el propio presidente de la Nación (Alberto Fernández) en la última Cumbre de Líderes sobre el Clima de abril pasado”.

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El proyecto elaborado por el kirchnerismo fue aprobado por 135 votos favorables, 110 negativos y dos abstenciones. Ahora será girado al Senado, donde se descuenta que será aprobado porque el oficialismo tiene mayoría en esa cámara

La cuestión es que el proyecto recibió el voto afirmativo de los diputados del bloque Juntos por el Cambio de las provincias de NOA. Se trata de Jorge Rizzotti y María Burgos (UCR; Jujuy), Osmar Moldani (PRO; Jujuy), Domingo Amaya (PRO; Tucumán) y Lidia Inés Ascárate y José Cano (Tucumán; UCR). También votó a favor Eduardo Cáceres (PRO; San Juan), mientras que Julio Sahad (PRO;La Rioja) y Héctor Stefani (UCR; Tierra del Fuego) se abstuvieron.

En tanto, Héctor “Toty” Flores (Coalición Cívica; Buenos Aires), Luis Juez y Adriana Ruarte (PRO; Córdoba), María Carla Piccolomini (PRO; Buenos Aires) Estela Regidor Belledone (UCR; Corrientes) y Roxana Nahir Reyes (UCR; Santa Cruz) estuvieron ausentes en la votación.

Casualmente, o quizás no tanto, el proyecto oficialista mantiene vigente del cupo de mezcla de bioetanol de caña de azúcar con nafta en un 6%, que es la proporción vigente en la actualidad. Los ingenios azucareros que elaboran bioetanol de caña se encuentra, claro, en las provincias de Jujuy y Tucumán.

En cambio, los diputados del bloque Córdoba Federal que responden al gobernador Juan Schiarreti, rechazaron la iniciativa porque la misma compromete la continuidad de las empresas elaboradoras de etanol de maíz presentes en la provincia.

Eso porque el proyecto, si bien establece un cupo para el etanol maicero del 6,0% –como el vigente actualmente, el cual, junto el cañero, representan en conjunto un corte del 12% con nafta–, indica que el corte del 6,0% podrá reducirse en hasta un 3% “cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del bioetanol a base de maíz pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor”.

Es decir: en los hechos el corte garantizado de etanol maicero se fija en un 3,0%, que es la mitad del actual, mientras que las empresas del sector venían invirtiendo en los últimos años con la perspectiva de que este año fuese aumentado al menos en un 7,5%.

En lo que respecta al biodiésel, el cupo garantizado pasa del actual 10% a un 3,0%, lo que implica el virtual desmantelamiento del programa de corte con ese biocombustible elaborado con aceite de soja, el cual quedaría mayormente en manos del grupo bahiense Bojanich, con aceitados vínculos con la corporación política.

El debate sobre el proyecto en de Diputados arrancó a eso de las 17.45 horas de ayer jueves para extenderse hasta pasada la medianoche. Más allá de la decisión de los legisladores de Jujuy y Tucumán, la mayor parte de los diputados de Juntos por el Cambio votó en contra de la iniciativa kirchnerista.

¿Por qué el gobierno argentino quiere desarmar el programa de promoción de biocombustibles?

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En la provincia existen cuatro grandes industrias consumidoras de maíz: Glucovil (empresa de Cargill Argentina dedicada a molienda húmeda de maíz), Diaser (elaboradora de bioetanol de maíz), SerBeef (feedlot) y Paladini (fiambres y embutidos).

“La demanda de maíz prácticamente empata a la oferta y en 2020 las cuatro industrias pagaron en promedio precios prácticamente equivalentes a los de la pizarra Rosario a pesar de estar a más de 500 kilómetros de distancia de los puertos”, explicó hoy Manuel Ron, gerente general de Bio4 durante el evento virtual Maizar 2021.

En el año 2020 el descuento del valor del maíz originado en la zona de influencia de Villa Mercedes, San Luis, fue de apenas 5,0 u$s/tonelada, mientras que en la región cordobesa de Río Cuarto –si bien está mucho más cerca de las terminales portuarias de Rosario– el descuento promedio el año pasado fue de 13 u$s/tonelada.

“El hecho de que los precios locales del maíz sean parecidos a los portuarios es un beneficio tangible para los productores agropecuarios y eso sucede cuando la demanda industrial en una región se acerca a la oferta disponible del cereal”, expresó Ron.

En lo que respecta al etanol de maíz, el directivo de Bio4 –empresa elaboradora de ese biocombustible en base a maíz, que se encuentra en Río Cuarto– señaló que constituye un factor desarrollo tanto energético como agropecuario, dado que la burlanda de maíz permite eficientizar los engordes vacunos realizados en feedlots.

“A nivel nacional, además de mejorar el octanaje de las naftas, el bioetanol de maíz permite reducir las emisiones de dióxido de carbono, dado que se trata de combustible proveniente de fuentes renovables, lo que contribuye que la Argentina cumpla con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París”, indicó el gerente de Bio4.

“Se trata de una industria muy competitiva que podría ayudar para que los precios de los combustibles estén más accesibles en los surtidores, porque el bioetanol podría producirse y consumirse localmente, en lugar de enviarlo a Buenos Aires para que se mezcle (con nafta) y luego regrese (al lugar del origen del biocombustible)”, añadió.

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El proyecto, que pretende reemplazar al actual régimen de biocombustibles que vence en mayo próximo, ingresó hoy formalmente al Congreso para comenzar a ser debatido en las comisiones técnicas.

La iniciativa del bloque del Frente de Todos, que establece un nuevo marco hasta diciembre de 2030, contempla reducir el actual corte de biodiesel con gasoil del 10% a un rango ubicado entre el 5% y el 3%, según lo disponga la Secretaría de Energía.

En los hechos, esa propuesta implica formalizar el desmantelamiento existente actualmente al respecto, dado que hace meses que no se viene cumpliendo con el mandato de mezclar el gasoil con un 10% de biodiésel elaborado en base aceite de soja.

En lo que respecta al corte obligatorio de bioetanol con nafta, el proyecto oficialista mantiene el mismo en un 12%. ¿Buenas noticias? Para nada.

El texto de la iniciativa, si bien establece un corte obligatorio del 6% para el bioetanol elaborado con caña de azúcar, también señala que la Secretaría de Energía “podrá reducir transitoriamente” ese porcentaje cuando lo considere conveniente.

La otra mitad del cupo de bioetanol queda –tal como sucede actualmente– en manos de las empresas que fabrican el biocombustible en base a maíz, pero, en este caso, se indica que el corte podrá reducirse en hasta un 3% “cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del bioetanol a base de maíz pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor”.

La propuesta indica que la reducción de tres puntos del corte será soportada en una proporción de dos tercios por las empresas elaboradoras de bioetanol a base de maíz que “desarrollen actividades vinculadas con la exportación de los insumos principales para su elaboración”. ¿A qué se refiere? Nada más y nada menos que a las empresas Promaíz (controlada por Aceitera General Deheza y Bunge Argentina) y AcaBio (perteneciente a la Asociación de Cooperativas Argentinas), las cuales están localizadas en las provincia de Córdoba.

Muy importante para las pocas empresas que queden en pie con el nuevo régimen de biocombustibles: la iniciativa dice que tanto el biodiésel como el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).

Bonus track: hoy 22 de abril se celebra el Día de la Tierra. Su promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, instauró este día para crear conciencia sobre los problemas generados por la contaminación y la pérdida de la biodiversidad. Para festejarlo, el gobierno argentino de Alberto Fernández presentó una propuesta legislativa que beneficia a las compañías petroleras en desmedro de las que emplean recursos energéticos renovables.

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La lógica detrás de esa decisión es mejorar la rentabilidad de la compañía con control estatal YPF, la cual, luego de la salida de economista profesional Guillermo Nielsen, es comandada desde febrero pasado por el kirchnerista Pablo González, un santacruceño que responde directamente a Cristina y Máximo Kirchner.

YPF ha decidido mejorar su delicada situación financiera saliendo a cazar en su propio coto, el mercado argentino, de manera tal que los precios internos de los combustibles, a partir de ahora, comenzarán a ajustarse en función de las necesidades de ingresos de la compañía petrolera.

Pero un corte obligatorio del 10% de biodiésel con gasoil y del 12% de bioetanol con nafta representa una competencia que YPF no quiere ni necesita para poder cumplir su meta. Se respetó, eso sí, el cupo de bioetanol cañero vigente en la actualidad porque el presidente Alberto Fernández no quiere abrir un frente de conflicto con los gobernadores de las provincias de NOA.

Pero el biodiésel fabricado con aceite de soja y el bioetanol maicero tampoco le cierra al gobierno kirchnerista por una cuestión meramente recaudatoria.

El Estado argentino recauda mucho más con los derechos de exportación aplicados al aceite de soja y, además, ese producto puede exportarse en cualquier momento a muchísimos países del mundo, mientras que el biodiésel solamente puede colocarse en la Unión Europea en el marco de un acuerdo especial que contempla un determinado cupo anual.

En lo respecta al bioetanol, Argentina –tal como sucede en el caso de Brasil– tiene condiciones para transformarse en un gran productor y exportador de ese biocombustible. Pero, para lograrlo, se requiere mucho trabajo de inteligencia comercial, negociaciones internacionales, extensas reuniones presenciales y virtuales, en fin, para qué nos vamos a complicar la vida si podemos exportar maíz a granel, cobrar derechos de exportación –que se abonan por adelantado– y “clink caja”.

Esta es la parte del artículo en la cual los lectores que trabajan en el sector privado advierten que las inversiones realizadas, los empleos que están en juego y demás cuestiones no tienen ninguna relevancia para los integrantes del gobierno, quienes consideran que el sector privado debe estar al servicio del público y no a la inversa. Es decir, están convencidos que la misión en la vida de aquellos que integran el sector privado es satisfacer las necesidades del Estado, que, en contraprestación, les permite sobrevivir para realizar tan importante tarea. O perecer si constituyen un obstáculo.

Los principales daños de la nueva no-política de promoción de biocombustibles implementada por el gobierno nacional se registrarán en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Y sus gobernadores tendrán que decidir qué hacer: asumir el costo político del “muerto” tirado por la Nación o bien implementar su propio programa de desarrollo de biocombustibles. No tengo dudas cuál será la decisión que tomará Juan Schiaretti. En cambio, no tengo claro qué hará Omar Perotti.

Un aspecto central de todo esto es que, si bien el gobierno ha decidido reducir a una mínima expresión el programa de biocombustibles, la política energética argentina está condicionada por un tratado supranacional, el “Acuerdo de París”, que obliga a las naciones que firmaron el mismo –como es el caso de la Argentina– a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, algo que no resultará sencillo si el plan oficial consiste en aumentar el consumo interno de combustibles de fuentes fósiles.

La Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por su sigla en inglés) por el Estado argentino en 2016 planteaba para el año 2030 no exceder la emisión neta de 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂eq) a través de la implementación de una serie de medidas en todos los sectores de la economía, aunque con foco en energía, agro, bosques, transporte, industria y residuos.

Pero en el marco de la Cumbre de Ambición Climática, el pasado 12 de diciembre de 2020 Alberto Fernández anunció que esa meta para 2030 sería ahora es de 360 millones de toneladas, para alcanzar la situación de carbono neutral en 2050, lo que implica, claro, asumir metas mucho más exigentes en ese sentido.

El anuncio realizado por Fernández en materia de emisiones no parece algo coherente con la decisión de desintegrar el programa de biocombustibles, a menos que, en los planes futuros, la reducción de emisiones se logre siguiendo el magnífico ejemplo venezolano, nación en la cual unos pocos afortunados pueden llenar el tanque de combustible. Todo sea por el bien del cambio climático.

Victoria Petrolera: El proyecto oficialista liquida a la industria de bioetanol de maíz y pretende reducir al 3% el cupo de biodiésel

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El proyecto –que se hizo circular de manera informal, dado que el mismo no ingresó aún a la Cámara de Diputados– contempla establecer un nuevo régimen de promoción de biocombustibles hasta el próximo 31 de diciembre de 2027.

En el caso del biodiésel, contempla que el actual corte obligatorio del 10% pasaría al 5% “para las empresas productoras Pymes, Cooperativas de Pymes y Asociaciones de éstas”.

Sin embargo, se especifica que la Secretaría de Energía “podrá disminuir este porcentaje hasta el 3% ante situaciones de incremento en los precios de los respectivos insumos básicos que distorsionen el precio en el surtidor y la composición proporcional que tiene el biodiésel en el mismo, o ante situaciones de escasez de oferta por parte de los sujetos promocionados y que hayan sido fehacientemente comprobadas”.

En lo que respecta al bioetanol, que actualmente tiene un corte obligatorio con nafta del 12%, el proyecto oficialista, al accedió Bichos de Campo, contempla reducir el mismo al 10%, pero con una serie de restricciones que hacen que esa meta sea imposible de cumplir.

El único cupo garantizado es el correspondiente al bioetanol de caña de azúcar, que deberá seguir mezclándose al 6%, tal como sucede actualmente, dado que el cupo del 12% se reparte en partes casi iguales entre bioetanol de caña y de maíz.

Los restantes cuatro puntos del corte de 10% de bioetanol deberían repartirse, según indica el proyecto, en un 2,5% para “las Pymes, Cooperativas de Pymes y Asociaciones de éstas productoras de bioetanol a base de maíz”, mientras que el 1,5% remanente “podrá ser adquirido por las empresas mezcladoras sin restricción de cupo y precio”.

Sin embargo, se aclara que el cupo del 2,5% puede ser reducido por la Secretaría de Energía al 1,5% si se considera conveniente, además de señalar que para ser categorizada como “Pyme” elaboradora de bioetanol de maíz la empresa deberá tener una producción anual que no exceda los 90.000 metros cúbicos y que no “sean asociadas, subsidiarias, ni controladas por, o controlantes de, empresas cuya actividad principal sea la misma, o pertenezcan a un mismo grupo económico controlante de empresas con esta actividad principal, o que la mayoría de los integrantes de su directorio sea simultáneamente integrante del directorio de otra u otras empresas que se dediquen a la misma actividad, o que sus accionistas mayoritarios también lo sean, o sean controladas por capitales extranjeros”.

Pero las principales empresas de bioetanol de maíz –ACABio y ProMaíz– producen más de 90.000 metros cúbicos anuales del biocombustibles, mientras que las plantas industriales de Bio4, Diaser, Maíz Energía y Vicentin no entrarían en la rebuscada definición de “Pyme” establecida en el proyecto. En los hechos, la normativa parece diseñada para eliminar el corte de bioetanol de maíz con nafta.

La iniciativa además establece que las adquisiciones obligatorias de biocombustibles para corte con gasoil y nafta “se realizarán al precio que surja de la aplicación de las fórmulas que determine” la Secretaría de Energía, para lo que deberá tener en cuenta “el tamaño de las plantas y los insumos de origen”

Otra restricción implementada por el proyecto es que los cupos de las adquisiciones obligatorias de biocombustibles se asignarán de manera directa en un 50%, mientras que la mitad restante será distribuida en función de la producción promedio de los últimos 24 meses y de “nuevas inversiones en subproductos derivados de los biocombustibles dentro de sus regiones, que generen agregado de valor comprobable a la balanza comercial argentina”. Este último aspecto, por tratarse de un factor discrecional, podría también eventualmente reducir el nivel de corte previsto de biocombustibles.

Este jueves por la mañana los diputados nacionales que integran los bloques de Juntos por el Cambio y Federal, que responde a Roberto Lavagna, convocaron a una sesión especial para tratar el proyecto de prórroga del actual régimen de biocombustibles, que vence en mayo próximo.

El proyecto, que prolonga hasta 2024 la promoción de los biocombustibles, ya cuenta con media sanción del Senado, pero no tiene dictamen en la Cámara de Diputados. La suma de diputados de Juntos por el Cambio y el bloque Federal no alcanza para aprobar la iniciativa, pero ambas fuerzas promovieron la convocatoria para dejar en evidencia la eventual falta de apoyo de los legisladores justicialistas de Córdoba y Santa Fe, de manera tal que tengan que asumir el costo político del desastre económico y social que generaría el cierre de la mayor parte de las industrias elaboradoras de biocombustibles presentes en ambas provincias.

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Ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró que antes del vencimiento de la Ley Nº 26.093 –en mayo próximo– habrá una nueva legislación o eventualmente una prórroga del actual régimen de promoción. Pero no muchos le creen porque a fines del año pasado prometió tratar el tema durante las sesiones legislativas estivales y no cumplió.

“Empezó la cuenta regresiva de 59 días para que venza la actual Ley Nacional de Biocombustibles Nº 26.093. ¿Por qué no se vota en Diputados la prorroga que en octubre salió por unanimidad de Senadores?”, preguntó hoy en cuenta de Twitter Fabián López, ministro de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba.

En referencia a la promesa de Massa, el funcionario cordobés se preguntó si “realmente alguien cree que en 59 días ambas cámaras sacarán una nueva ley superadora de la actual y con los suficientes consensos”

“¿Existe en algún lugar ese borrador de nueva ley? De ser así, ¿por qué no lo sacaron a la luz en todo este tiempo?. Si la idea es un nuevo marco legal y no una prórroga, ¿por qué no se trató el proyecto de ley elaborado durante casi dos años por todas las provincias productoras de biocombustibles junto con las cámaras industriales del sector?”, apuntó López.

“No hay argumentos, no hay explicaciones, solo incertidumbre e intranquilidad en economías regionales que generaron millonarias inversiones, cientos de miles de empleos y que son el motor de una bioeconomía sustentable que cuenta con múltiples avales”, alertó.

En la provincia de Córdoba están radicadas las principales industrias elaboradoras de bioetanol en base a maíz: Bio 4 en Río Cuarto, Promaíz en Alejandro Roca y ACA Bio en Villa María.

La segunda es la vencida: Massa vuelve a prometer que habrá una nueva ley de biocombustibles

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