En un comunicado, la BCBA señaló que “a esta altura, la evolución de un sinnúmero de factores de toda índole, en especial vinculados con los avances tecnológicos, demandan urgente e imperiosamente un nuevo consenso para configurar un contexto armónico a fin de que todos los actores públicos y privados que participan de la actividad agroindustrial puedan sostener a la Argentina en el lugar de jugador de primera clase mundial en la materia”.

No es la primera vez que la Bolsa de Cereales se manifiesta en torno al tema. En rigor, la entidad ha propiciado meses atrás la creación de un sistema, denominado “Bolsatech” que permitió encarrilar el conflicto entre el gobierno, las entidades de productores y la empresa Monsanto, quien pretendía imponer un sistema de cobro compulsivo de las regalías por su tecnología Intacta en soja. 

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Una de las razones por las que parece importante avanzar en un nuevo marco legal es justamente porque ese sistema Bolsatech, que nació como una iniciativa privada, pasó a ser controlado por el Instituto Nacional de Semillas (INASE), pero los análisis para detectara Intacta todavía son realizados en los laboratorios de las diversas bolsas de cereales que existen en el país.

Es un secreto a voces que ese monumental operativo es financiado por la multinacional Monsanto, que aporta el costo de los reactivos necesarios para el funcionamiento de Bolsatech. Una nueva legislación en materia de semillas y propiedad intelectual debería tener en cuenta también la necesidad de contar con recursos para financiar los controles. 

En este contexto, la Bolsa porteña instó a los legisladores a poner manos a la obra y analziar el anteproyecto de ley que surgió de una “mesa de consenso” entre varias entidades de la cadena agrícola.

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“Creemos que estamos ante una buena base de partida, con los consensos suficientes, para lograr cuanto antes una herramienta legislativa que más allá de promover un marco de equidad sobre los aspectos patrimoniales de cada jugador, signifique una señal clara y contundente, interna e internacionalmente , de que la Argentina marcha decididamente hacia la apertura de las fronteras del desarrollo tecnológico, y que así como hoy defendemos y estimulamos las inversiones en semilla , lo mismo haremos con cualquier inversión que venga a ofrecernos las nuevas tecnologías que avanzan a diario con un ritmo vertiginoso y disruptivo”, señaló el comunicado.

La BCBA agregó que “es necesario adoptar una mirada más abarcadora y comprender que la cuestión de las semillas no se agota en los granos tradicionales. Los beneficios de las nuevas simientes se extenderán sobre toda la extensión del territorio, haciendo más productivos a los que ya lo son e incorporando a los que están esperando que la ciencia y la tecnología vengan a transformarlos”.

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Tres años después de que el Gobierno emitiera una resolución que jamás se cumplió, y que obligada a hacer análisis de calidad de todos los granos que ingresaban al circuito comercial en una red de laboratorios habilitados, la mayor exportadora de granos del país, la estadounidense Cargill, decidió comenzar a hacer sus propios análisis sobre las cargas de maíz y trigo que ingresen a sus depósitos, para efectuar los pagos en base a sus propios resultados.

Nos lo cuenta un productor que está espantado por la decisión y pide a dirigentes rurales y acopiadores que reacciones rápidamente: “Cargill ya no mandará las muestras de trigo y maíz a las cámaras arbitrales. ELLOS pondrán la calidad y liquidarán según su resultado”. Las mayúsculas son de su autoría.

Cargill es la compañía que más granos recibe y procesa en el país. Es responsable de entre 15% y 20% del total de los embarques de granos y sus subproductos. Entre enero y noviembre de 2017 recibió en sus plantas 1,83 millones de toneladas de trigo y 4,16 millones de toneladas de maíz, sobre un total de 10,19 millones y 20,67 millones de toneladas, respectivamente. Los datos hablan solitos. Cualquier cosa que haga esa empresa impacta de lleno en todo el sector.

¿Y qué es lo que empezó a hacer Cargill a partir del 1° de febrero? Cuando recibe un camión cargado con alguno de esos cereales, manda una muestra a su propio laboratorio para establecer si ese lote corresponde, en función de diferentes parámetros de calidad evaluados, a mercadería Grado 1, Grado 2, Grado 3 o está FC (Fuera de Grado). Depende dónde se ubique cada lote se imponen premios y castigos en el precio pagado al productor. Es muchísimo el dinero que se poner en juego.

Hasta ahora el uso y costumbre era que, al recibir un camión, la compañía exportadora  tomaba una muestra y la remitía a los laboratorios de la cámara arbitral de cereales más cercana a su posición. Luego, con el resultado del análisis realizados por esa entidad, aplicaba las bonificaciones o descuentos en la liquidación final de la operación.

Ahora, si se impone el nuevo esquema en el que Cargill hace punta, la cámara arbitral solo intervendrá en el caso de un litigio, y solo si es que el productor se anima a patalear. El chacarero que nos advirtió lo ve muy poco probable: “Cargill no lo reconoce y esas son las condiciones del negocio”, explica.

Un corredor confirmó la ofensiva de la principal exportadora agrícola del país. “Es un total abuso de poder que no se consensuó con ninguna cámara ni con ningún otro sector de la cadena agrícola. Es grave cuando se mira desde  la transparencia, porque termina determinando la calidad de tus granos quién te los compra”, explicó.

Luego el experto comparó lo que sucede con lo que alguna vez vivieron los tamberos: “Hay una resolución que indica que la usina láctea no puede determinar la materia grasa para liquidar la leche al productor, y sin embargo les hacen firma un papel a los tamberos aceptando que liquiden ellos. Si no lo firmás, te dicen que no te compran y listo”.

En febrero de 2015, la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Agroindustria dictó una resolución que complementaba el lanzamiento del Sistema de Información de Operaciones (SIO) Granos, un monitor de los precios diarios. En la Resolución 32 había un artículo específico que determinaba que la calidad de los granos debería en adelante ser determinada por un laboratorio independiente de las partes que concretaran el negocio, ya sea de las cámaras arbitrales u otro laboratorio habilitado.

“El comprador o el receptor de la mercadería remitirá muestra, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la descarga, a algún Laboratorio de Análisis de Calidad registrado, indicando el número de registración del contrato, el número de carta de porte y los datos que permitan identificar a las partes”, decía esa resolución. La idea oficial era que dichas muestras no solo sirvieran para determinar el precio final de los granos, sino que fueran a alimentar una base de datos que posibilitara a Agroindustria establecer políticas oficiales para incrementar los parámetros de calidad de las cosechas.

Como tantas otras cosas en la Argentina, esa resolución nunca se aplicó por desinteligencias y por presiones. También el cambio de gobierno fue como un barajar y dar de nuevo.

Y ahora los jugadores comienzan a mostrar sus cartas solos.

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