#COP26 | La Argentina firmó la Declaración de líderes sobre los bosques y el uso de la tierra, un compromiso para frenar y revertir la deforestación junto a más de 100 países, en el marco de la @COP26.

— Gabriela Cerruti (@gabicerru) November 2, 2021

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“Necesitamos aplicar la emisión de los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional a un gran pacto de solidaridad ambiental, que incluya esencialmente a países de bajos ingresos y renta media, y que sirva para extender los plazos y para atender los pagos del endeudamiento y la aplicación de menores tasas bajo las actuales circunstancias de estrés sanitario y ecológico”, indicó el presidente argentino desde el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

“Admito que lo menciono desde la Argentina, un país particularmente afectado por un endeudamiento tóxico y depredador, pero también tiene sentido para el resto de los países que han aumentado su exposición de deuda durante la pandemia”, reconoció Fernández. Argentina, con un monto del orden del 50.000 millones de dólares, es el país con mayor deuda ante el FMI.

“Los canjes de deuda por acción climática, los mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos y el concepto de deuda ambiental, y de la categoría de acreedores ambientales que ostentan los países menos desarrollados, son otras claves para la salida de la actual crisis”, propuso Fernández.

Si bien no detalló cuáles son los servicios ecosistémicos prestados por la Argentina, entre los mismos se incluyen los brindados tanto por bosques naturales como por los sistemas agrícolas en siembra directa que mantienen plena cobertura del suelo en las rotaciones, una tecnología en la cual el país tiene liderazgo a nivel global.

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“La República Argentina ha decidido poner a la acción climática y ambiental en el centro de sus prioridades; es prioridad de este gobierno. Formalizaremos en la próxima Conferencia de cambio Climático (COP) de Glasgow (a realizarse en noviembre próximo) un incremento del 2% en la ambición de nuestra contribución que determinamos nacionalmente, lo que resulta en un compromiso del 27,7% superior al presentado en 2016.

La Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por su sigla en inglés) por el Estado argentino en 2016 planteaba para el año 2030 no exceder la emisión neta de 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2eq) a través de la implementación de una serie de medidas en todos los sectores de la economía, aunque con foco en energía, agro, bosques, transporte, industria y residuos. Pero en diciembre de 2020 Alberto Fernández anunció que esa meta para 2030 sería ahora es de 360 millones de toneladas para alcanzar la situación de carbono neutral en 2050, lo que implica asumir metas mucho más exigentes en ese sentido.

Para lograr eso, Fernández dijo que “elaboramos el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al cambio climático, junto con las provincias y actores de toda la sociedad; además pusimos en marcha una mesa de transición para la promoción de las energías renovables, y el desarrollo de un complejo productor y exportador de energías limpias y de bajas emisiones, basada en el hidrógeno”.

“También promovemos la adopción de tecnologías para la reducción de emisiones de metano y otros contaminantes; el transporte sostenible es otra de nuestras prioridades para reducir las emisiones, impulsando la eficiencia y la electrificación; también adoptaremos medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal, tipificándola como delito ambiental; nosotros fortalecemos los sistemas de información climática y meteorológica, y la implementación de medidas de reducción de vulnerabilidad en las comunidades, la infraestructura y los sistemas productivos, con el fin de proteger a los más pobres ante los eventos climáticos extremos”, manifestó.

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Este dato no es menor ya que son pocos los países que cuentan con organismos destinados a este tema, entre los que se destacan Australia, Francia, Holanda, Nueva Zelanda, Suecia, Noruega y Portugal.

Patricio Lombardi es el ministro de Cambio Climático y quien responde esta entrevista para Bichos de Campo.

-Se dice que Misiones cuida el último remanente continuo de Bosque Atlántico o selva paranaense. ¿En Brasil y Paraguay ya no queda?

-El Bosque Atlántico abarcaba Brasil, Paraguay y Argentina pero fue degradado debido a las malas prácticas ambientales, como el desarrollo desmedido de infraestructura, la agricultura intensiva y los monocultivos. En los últimos 120 años esta ecorregión fue deforestada en más de un 90%, así que actualmente queda menos de un 7% de su extensión original.  El mayor remanente continuo del Bosque Atlántico está en la provincia de Misiones, en Argentina, lo cual representa un gran logro y se debe al esfuerzo del pueblo misionero que supo ver su importancia y se comprometió, a través de políticas de preservación, a ser refugio de más de la mitad de la biodiversidad del país.

-¿Por qué es tan importante?

-Porque es la segunda ecorregión más importante de América Latina, comparable únicamente con el Amazonas. Este bioma cuenta con un récord mundial de árboles distintos por hectárea y se han encontrado un total de 453 especies. Fue declarado por el secretario de las Naciones Unidas, António Guterres, como uno de los 5 ‘hot spot’ de biodiversidad global más urgente a restaurar, y el más prioritario dentro del continente americano. A pesar de su relevancia, es uno de los ecosistemas más amenazados del planeta.

–¿Desde cuándo el Ministerio se ha especializado en Cambio Climático y en qué consiste esta especialización?

-La iniciativa surge en septiembre de 2020 con la creación de la primera Secretaría de Estado de Cambio Climático de América Latina. Luego de la visita del Gobernador al Papa Francisco, su Santidad nos encomendó la misión de replicar la importancia de preservar la biodiversidad y comprometernos en construir una relación más sana con el ambiente y nuestra Casa Común a través de prácticas sostenibles para hacer frente a la crisis climática. Nos pidió replicar esta iniciativa a otras jurisdicciones y convocar a todos los gobiernos del continente a seguir nuestro ejemplo.

-¿Trabajan con ministerios de otras provincias de Argentina? ¿De qué forma?

-En esta crisis ambiental y climática, las provincias o Estados subnacionales tienen un rol clave como agentes de cambio ya que son los gobernadores e intendentes quienes entienden qué es lo que pasa en sus territorios. Como decimos siempre en el Ministerio: es de abajo hacia arriba. Desde el área local trabajamos transversalmente con todos mis colegas tanto en el área de Educación, como de Hacienda, Agricultura Familia, Ecología y demás. A nivel nacional, nos encontramos trabajando de la mano del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, específicamente con la Dirección de Cambio Climático y con el Gabinete Nacional de Cambio Climático.

-¿También con otros países?

-Sí, continuamos tendiendo redes; por ejemplo, el bloque regional de ZICOSUR (Zona Integrada del Centro Oeste de América del Sur), donde fuimos elegidos unánimemente para presidir la Comisión de Ambiente y Cambio Climático. Esta organización agrupa a 7 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) y 71 Estados subnacionales. Además, Naciones Unidas nos invitó a exponer en el XXII Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, donde tuve el honor de representar a Misiones como el único Estado subnacional con un rol activo.

-¿Por qué decidieron tomar esta bandera del Cambio Climático?

-Porque entendemos que no se trata sólo de la temperatura sino que es una crisis ambiental, que involucra a la pérdida de la biodiversidad, a la crisis hídrica y atmosférica. Ante ese panorama  tenemos una visión integral del problema porque es lo que el mundo requiere. Nos proponemos realizar un cambio transformacional del modo en que se conciben las acciones climáticas a largo plazo para transformar el enfoque de la gestión de los recursos naturales y su valoración en la economía mundial.

-Desde el punto de vista del Ministerio, ¿cómo se concilia la producción agropecuaria con la conservación de la naturaleza?

-Desde Misiones sostenemos que la producción agropecuaria, realizada de forma holística y contemplando tanto al ambiente como a los agricultores, puede incluso ser una aliada de la biodiversidad, generar servicios ecosistémicos y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) propuestos por la ONU. Desde la Secretaría de Cambio Climático estamos trabajando para desarrollar y promover técnicas agrícolas innovadoras, que incluyan los conceptos de restauración de paisaje, conservación de la biodiversidad y protección del suelo.

-¿Pueden nombrar experiencias que hayan realizado o estén realizando?

-Mantuvimos reuniones con referentes del sector productivo de Misiones, por ejemplo con el presidente de la Sociedad Rural, el Ing. Carlos Navajas, con el que conversamos sobre sistemas de ganadería sustentable de pastizal mediante fomento al mercadeo y el desarrollo de productos premium. También charlamos sobre la implementación de modelos de producción ganadera en el sur de la provincia. Estos favorecen la conservación de los ambientes nativos y la captura de gases de efecto invernadero. Se trata de promover el uso sustentable de los pastizales; conservando al mismo tiempo la biodiversidad que contienen, aumentando drásticamente la captación de carbono atmosférico por las pasturas y su posterior fijación en el suelo.

-¿Hay alguna iniciativa relacionada a la producción orgánica o agroecológica?

-Sí, otro de los ejemplos del impulso de la acción climática de Misiones desde una visión integral es el Ministerio de Agricultura Familiar creado en 2015, también el primero en América Latina, con el objetivo de promover la agroecología rural con perspectiva de género. En coordinación con esta Secretaría se promueven acciones en favor de la soberanía alimentaria y la agricultura climáticamente inteligente, promoviendo el uso sustentable de los bosques nativos como alternativa del sistema productivo tradicional. Le estamos dando una señal al mundo: que nos preocupa comer sano, que nos preocupa la rotación del cultivo, el cuidado del suelo, y que nuestras frutas y verduras no tengan agroquímicos.

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Luego de esa definición, las influyentes organizaciones ambientalistas apoyan la implementación de un sistema de trazabilidad para certificar cuando la ganadería y la agricultura están “libres de deforestación”.

En el documento, estas entidades se mostraron preocupadas por la creciente demanda de carne vacuna en todo el mundo, impulsada por el aumento de los ingresos en Asia-Pacífico, así como en Oriente Medio y África. “Entre 2015 y 2020, el consumo mundial de carne vacuna aumentó un 7% debido al aumento de los ingresos en China y otros países en desarrollo, así como al crecimiento de la población mundial. En el 2020 el 75% de las exportaciones de carne vacuna de Argentina fueron a China y dado el impacto a largo plazo de las enfermedades porcinas y avícolas en China, la tendencia podría continuar durante diez años o más”, enunciaron.

¿El desafío? Este tipo de organizaciones cree que “hay que resolver el conflicto entre la producción de alimentos y la conservación de la naturaleza, y que hay que obtener información actualizada y confiable de los ecosistemas y las cadenas productivas que le permita al consumidor diferenciar entre productos provenientes de un manejo sustentable de los recursos naturales y aquellos que provienen de sistemas de producción con alto impacto ambiental”.

Pero mientras se encuentra ese equilibrio, Vida Silvestre considera que hay que identificar los productos que hayan sino producidos sin provocar una mayor deforestación, a partir de un sello especial y un sistema que asegure su trazabilidad.

El estudio recordó que en los últimos años se vienen llevando a cabo diferentes consultas públicas sobre posibles legislaciones en los países compradores (usualmente los europeos) para impedir que los productos vinculados a la deforestación y la conversión lleguen a los mercados, pero para poder asegurar esto, afirman que “hace falta un sistema de trazabilidad efectivo y confiable, que combine información sobre el sistema de producción y el ecosistema donde se desarrolla”.

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Recordaron que el sistema de trazabilidad existente en la industria alimentaria en argentina apunta sobre todo a la regulación del uso de agroquímicos y productos veterinarios. Sin embargo, ante los cambios en los pedidos de los compradores resulta necesario sumar la “trazabilidad ambiental” a los productos para asegurar que el sistema es libre deforestación y conversión de ambientes naturales. Es decir que no se hayan realizado desmontes ni se hayan transformado áreas naturales en ninguna de las etapas del proceso de producción, industrialización y distribución.

Ambas organizaciones sostuvieron que mediante un modelo innovador “se puede reducir la deforestación y la conversión de ecosistemas críticos”, al tiempo que “se mejora la resiliencia económica y ambiental y se posibilitan beneficios para el gobierno, las empresas, los productores y el medio ambiente”.

Durante los últimos dos años, la Fundación Vida Silvestre Argentina y WWF exploraron en ese modelo con el potencial de alterar los mercados y revolucionar las estrategias de impacto climático y pérdida de biodiversidad.

“El aumento de la población mundial conduce a un mayor consumo y demanda de alimentos, lo que da lugar a la expansión de la agricultura comercial y la ganadería intensiva. Estos factores ejercen una fuerte presión sobre los recursos naturales a nivel mundial, especialmente los bosques y otros ecosistemas naturales”, indicaron Vida Silvestre y WWF. “Se estima que alrededor del 80% de la deforestación mundial está impulsada por la expansión agrícola, vinculada a la demanda mundial de productos como el aceite de palma, la soja o la carne”, agregaron.

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La Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA) emitió un comunicado señalando algunos de los cambios en el texto de la Ley sancionada en 2006 que consideran importantes. Pero ante todo señaló que “antes de pretender una modificación, el desafío es empezar a cumplirla.”

Como primer cambio, los agrónomos remarcaron la necesidad de enunciar de forma clara las definiciones de Sustentabilidad y de Rol del Bosque, tanto en el texto de la Ley como de la reglamentación.

“La Ley 26331, con sus ambigüedades y algunas inconsistencias técnicas, produjo un abuso de los términos ‘bosque nativo’, haciéndolo sinónimo de ‘ecosistema’, aspecto muy alejado de la realidad. Esa falta de definición clara ha causado un inmenso problema de aplicación de la Ley, y que no está contemplada en el proyecto que lo reemplazaría”, afirmaron.

En este sentido agregaron que el establecimiento y la definición de conceptos no debería estar a cargo del COFEMA sino de otras entidades, como el INTA el Conicet, los Consejos de Ingenieros Agrónomos, las universidades, centros de investigación y otros organismos que poseen estudios y experiencias sobre la temática.

Respecto a las categorías de conservación, FADIA indicó que la definición de los tipos de vegetación quedó en manos de las autoridades provinciales que utilizan la metodología que más le conviene a cada una. Por eso afirmaron que la ley “sólo debe fijar un marco y parámetros regulatorios generales, regionales y/o provinciales donde claramente se explicite lo que se debe conservar y cómo aprovechar los productos y servicios del bosque y/o monte”.

Criticaron luego que el proyecto de reforma pretende eliminar la Categoría III (Zona Verde), que define a aquellas zonas que pueden “transformarse” con destino agrícola, utilizando técnicas de conservación que resguarden los recursos naturales. Indicaron que “su eliminación a priori rozaría con el principio de propiedad privada, en el cual los productores no quedan en iguales condiciones ante las actividades productivas que puedan realizar.”

Hacia el final concluyeron que el desafío “es dar el paso siguiente que sea superador, basado en cumplir los compromisos asumidos en la presente ley y actualizar la reglamentación de la misma basado en conocimientos científico-tecnológicos de los ecosistemas nativos.”

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Los fondos fueron otorgados gracias a que “se demostró que Argentina logró disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero en el período 2014-2016, alcanzando una reducción total de más de 165 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente, a partir de la deforestación evitada en las regiones del Parque Chaqueño, en la Selva Tucumano Boliviana, en el Espinal y en la Selva Misionera”, dice el comunicado del organismo.

Desde esta mirada, el país está haciendo lo que quisieran hacer muchos productores: recibir dinero por sus capturas de carbono. En ese periodo, la Argentina ofreció una porción de 18 millones de toneladas CO2 de dichos resultados al Fondo Verde, a través de la FAO como Entidad Acreditada. Y a partir de esto es que se le aprobó dicho financiamiento.

Estos fondos serán usados para establecer 7 cuencas forestales sostenibles que alcanzarán a 7000 familias de productores, comunidades y trabajadores y trabajadoras de la madera y servicios forestales; 95 planes integrales de manejo comunitario y 92 planes de manejo de bosques con ganadería integrada que beneficiarán en forma directa a 2900 familias de comunidades locales e indígenas; y se implementarán 6 planes estratégicos de prevención de incendios a nivel provincial.

El proyecto se enmarca en el avance de la implementación del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático, y en la estrategia nacional del programa de las Naciones Unidas REDD+ (“Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques”) para alcanzar las metas del Acuerdo de París y el desarrollo sostenible del país, de las comunidades locales, de las mujeres rurales y de los pueblos originarios, que viven y dependen de los bosques.

El nuevo proyecto será ejecutado en forma conjunta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y la FAO, y se encuadra dentro del recientemente firmado Marco Estratégico de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo (Mecnud).

Para acceder al dinero, la Argentina argumentó a su favor que implementó políticas que permitieron reducir emisiones, como la Ley de Bosques 26.331 en 2006 y el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad. Muchas organizaciones ambientalistas como Greenpeace afirman que, aunque esto atenúo los niveles de deforestación, todavía se siguen desmontando miles de hectáreas, sobre todo en las provincias del norte del país.

El Fondo Verde Climático (FVC) fue constituido como mecanismo para ayudar a que los países en desarrollo puedan realizar prácticas de adaptación al cambio climático y mitigar sus efectos.

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Lo que se pretende con ese documento es analizar las causas de ese fenómeno, pero sobre todo estudiar medidas que frenen al deforestación indiscriminada. A reducir este proceso ayudó la Ley de Bosques sancionada en 2006, pero ahora los expertos quieren sobre todo determinar qué se puede hacer para que convivan la preservación con el crecimiento productivo.

Según Pablo Peri, coordinador del Programa Nacional Forestal del INTA, la principal causa de la deforestación de bosques nativos fue el avance agrícola que tuvo consecuencias importantes.

Con este proceso “perdemos lo que denominamos servicios eco-sistémicos, es decir lo que el bosque nos da al sector productivo y a la sociedad”, explicó el técnico. Eso implica desde “la provisión de madera a la biodiversidad, a la regulación hídrica o la pérdida de suelo cuando perdemos capacidad productiva”, enumeró.

Escuchá la entrevista a Pablo Peri:

Peri explicó que cuando se desmonta en los territorios que conforman el Gran Chaco, el suelo “se saliniza porque suben las napas freáticas y al no estar el componente (forestal), quedan salinos e improductivos”. El IINTA, indicó Peri, está trabajando es la recuperación de esos suelos.

Pero además hay cuestiones que tienen que ver con los social: “Se genera una migración rural al disminuir la diversificación, porque disminuye la (necesidad de) mano de obra entonces”.

Peri sostiene que todo este análisis debe servir para tomar medidas y aclaró que si bien la Ley de Bosques ayudó a que se atenúe el proceso, hay que lograr conservar sin desincentivar el crecimiento productivo. Ambas cuestiones pueden convivir, indicó.

“Tenemos herramientas técnicas para acercar al productor y a los que toman decisiones, como los gobiernos provinciales o el nacional. Una de las alternativas interesantes es lo que denominamos manejo de bosques con ganadería integrada”, explicó. El programa se llama por su sigla MDGI y surge del acuerdo en los ministerio de Agricultura y Ambiente, a partir del cual se establecieron lineamientos técnicos “buscando el equilibrio y mejorando la existencia ganaderas. Así se evita el desmonte pero se focaliza también en la producción”, señaló Peri.

Para el ingeniero del INTA, la ganadería es una alternativa, tanto que actualmente en cerca del 70% de los bosques nativos se desarrolla algún tipo de producción animal. El desafío es también agregarle valor a otras producciones.

En esas regiones, por ejemplo, “hay productos forestales no madereros, como todas las plantas comestibles y fibras de origen vegetal”.

“Más del 75% de las comunidades indígenas está en bosques, ahí hay un desafío enorme en el agregado de valor y en darle al productor un mayor ingreso”, indicó el profesional.

Pero para eso se requiere un rol más activo del Estado, que “es como una especia de árbitro entre los intereses del mercado y los de la sociedad”, indicó. Debe, por ejemplo, “mantener el agua limpia, aumentar la biodiversidad o evitar la migración”.

Peri agregó: “Los técnicos y el sector político y los productores debemos sentarnos a tomar decisiones. El conocimiento de datos queda corto si uno se queda ahí nomás”.

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En esa consultora se dedican desde hace varios años en el país al desarrollo de proyectos forestales que contribuyan a la mitigación del cambio climático mediante la captura de carbono, utilizando a la forestación y al manejo de bosque nativo como una herramienta para fijarlo. En alguno de ellos, ya han llegado a vender bonos de carbono a empresas del Hemisferio Norte. Y llegaron a ganar más dinero con eso que con la venta de la madera.

Según el presidente de GMF, “las emisiones GEI a nivel mundial surgen de la dicotomía de una mayor necesidad de producción de alimentos y del avance de la frontera agrícola contra la fijación de carbono en bosque nativo”. De todos modos aclaró que el manejo de los bosques “así como está visto como un gran problema, también es una solución”.

Mirá la entrevista a Sebastián Fragni:

El cambio climático es un hecho incontrastable, la macana ya está hecha. Con lo cual, para Fragni, se trata ahora de “compensar” esas emisiones. “Hay muchas opciones; una es la forestación, que puede hacerse de modo tradicional con el adicional de incorporar especies nativas. Es decir, reconvertir un campo que originalmente fue bosque nativo, en un campo forestal clásico para producción maderera. La otra vía es la restauración del bosque nativo”, comentó el abogado que dirige el grupo GMF.

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Fragni citó un ejemplo: “Tenemos una producción forestal en Corrientes que lleva 15 años, a través de los cuales vendimos madera por 500 mil dólares. Pero en esos mismos 15 años hemos fijado carbono por 460 mil toneladas, y ese carbono, en un precio de mercado rango mediano, podría comercializarse en 2 o 3 millones de dólares”, dijo. Es decir, el negocio ambiental multiplicó por 5 o por 6 el valor de la madera vendida.

El consultor contó que ya se ha podido vender carbono dentro de la actividad forestal. “Se hizo y se hace. En Argentina tenemos uno de los primeros proyectos forestales de fijación de carbono en lo que era el mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto, ese primer gran acuerdo climático donde los países más desarrollados invertían en tecnologías en países en vías de desarrollo, para hacer una fijación de carbono. Uno de esos proyectos de sustentabilidad fue el Santo Domingo del laboratorio Novartis, que lleva fijadas estas 460 mil toneladas, que fueron adquiridas por un grupo de Suiza”, describió.

Mirá un video sobre esa iniciativa:

-¿Al comprar esos bonos el grupo suizo quería lavar sus culpas ambientales?

-Más que lavar sus culpas, quería tomar conciencia y ser el primer jugador de esto, entendiendo que es inviable seguir haciendo negocios de esta manera, porque impacta en los costos de las empresas y de los seguros, en los accionistas y en la tasa de interés que toman en el negocio- respondió el especialista.

“Acá el cambio de paradigma es producir más con menos impacto. Se puede producir mayor calidad de alimentos con menos recursos. Hay que sacarle presión al bosque nativo con la frontera agrícola y recomponerlo, pero eso no se podrá hacer en tanto no tengas un driver económico que te lo permita, evitando desmontar y siendo premiado si mantenés el bosque nativo. Ahí se podrán llevar adelante acciones intermedias tales como el proceso integrado de ganadería en bosque nativo”, remarcó.

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Proteger y trabajar en forma más racional el bosque nativo es, para Fragni, “un cambio de paradigma absoluto, y ahí habrá una diferencia cuando el precio del carbono sea más atractivo. Toda la cadena de producción es consciente de que la cuestión ambiental es crítica para su modelo de negocios”, consideró.

Según el presidente de GMF, “hay opciones más allá de deforestar todo y de meter soja a todo lo que da. Se puede buscar un punto intermedio haciendo mejores prácticas forestales o agrícolo-ganaderas, y así frenar la crisis climática feroz que tenemos”.

Fragni consideró que esto no es solo una cuestión de elite y de grandes compañías que necesitan lavar culpas. “Todos nuestros vecinos están muy adelantados en esta temática. Si no queremos perder mercados agrícolo- ganaderos, la forestación y el manejo sostenible de bosque nativo pueden ayudarnos a remediar muchos de esos impactos”, concluyó.

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Bunge informó de esta decisión, que podría complicar la vida de algunos productores del norte del país, donde se registran los más altos índices de deforestación, de la siguiente manera: su comunicado se titula “Bunge reafirma su compromiso con cadenas de suministro sustentables”.

Allí la compañía multinacional informó que decidió implementar, junto a TNC ( The Nature Concervancy) y ProYungas, un programa especial llamado Agroideal. Se trataría de “una herramienta para diagramar las estrategias de cultivo, alineándose a su compromiso global de tener trazabilidad en sus cadenas de suministro y que sean libres de deforestación”.

“A nivel global, Bunge asumió el compromiso de tener trazabilidad en sus cadenas de suministro y que sean libres de deforestación, y en esa línea la compañía viene realizando sus esfuerzos. La misma ya está siendo utilizada para respaldar las actividades de planificación en Brasil y se espera que sea adoptada por el sector en Argentina ya que representa un paso importante en la identificación de áreas adecuadas, en donde no se necesita deforestación para expandir la agricultura”, indicó el comunicado.

Desde Ciara-CEC, la cámara que agrupa a este tipo de empresas aceiteras y exportadoras de cereales, ya se había anticipado a principios de junio la decisión de sumarse a esta iniciativa, pero todavía el resto de las empresas no se ha pronunciado. El proyecto Agroideal fue desarrollado por TNC y Proyungas con el apoyo financiero de Bunge y  Gordon and Betty Moore Foundation. Ya se aplica en Brasil.

Mirá la página de Agroideal en Brasil

“Buscando el desarrollo sustentable de la región chaqueña, Bunge comenzó a implementar la tecnología desarrollada por Agroideal a través de la cual implementa sus estrategias de negocios y de desarrollo regional para planificar la expansión en áreas ya abiertas, a fin de reducir la conversión de espacios naturales, e impactos sociales y ambientales”, se añadió en el comunicado de la cerealera. Más claro échale agua. Certificar que uno produce en áreas que no están protegidas es lo que se viene.

Agroideal es una plataforma informática “cuyo objetivo es introducir el concepto de evaluación de los riesgos, oportunidades sociales y ambientales de las regiones en el proceso de planificación y en las decisiones de las empresas comercializadoras de soja sobre las regiones a expandir, marcando dónde comprar, respetando sus compromisos socio-ambientales y garantizando lo mejor en exploración de las capacidades del suelo, clima y factores económicos”.

La plataforma “reúne la información necesaria y la analiza cruzando variables, ponderando capas de información, aportando números de productividad de soja, mapas de poblaciones originarias y superficies de bosque nativos”. 

Esta herramienta fue presentada el mes pasado por Hernán Zunino de TNC y Coordinador de Agroideal en Argentina. En este marco, Guillermo García, gerente de Relaciones Institucionales de Bunge, destacó la potencialidad de Agroideal como “indicador neutro en el diseño de estrategias de originación en la región de Chaco, considerando los impactos ambientales y sociales, en base a los aportes de instituciones como el INTA y ONGs de conservación de recursos”.

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La que estaba estaba pautada desde antes de esta crisis cambiaria era la quinta reunión de la Mesa Forestal. Como para dar una muestra de que la vida productiva pos-retenciones continúa, Macri le dio importancia mayúscula al encuentro y los fotógrafos oficiales se ocuparon de sacar buenas fotos. Como novedad, la escenografía mostraba por primera vez al ministro de la Producción, Dante Sica, flanqueando al presidente, mientras que Luis Miguel Etchevehere, uno de los promotores más activos del tema forestal, fue desplazado varias sillas. La gacetilla de Presidencia, además, lo presentaba como “secretario”.

La Asociación Forestal Argentina (AFOA), entidad que agrupa a las principales empresas del sector maderero, informó luego de la reunión que el primer tema técnico abordado fue “la necesidad de un urgente tratamiento legislativo al proyecto de modificación y prórroga de la Ley 25.080”, que se sancionó en 1998, fue prorrogada en 2008 y tiene vencimiento este año.

“Cabe destacar que esta norma es la principal herramienta de política sectorial vigente para promover las plantaciones y el enriquecimiento de bosques nativos”, indicó el comunicado. De su vigencia, en rigor, dependen estímulos como la estabilidad fiscal o los subsidios a las nuevas plantaciones. Mediante este sistema, el Estado Nacional debe devolver el 80% de los costos de implantación de los bosques cultivados a los pequeños productores, aunque por h o por b generalmente ese dinero llega tarde y mal hacia los productores.

“Esperamos que los legisladores tomen este tema urgente. Esta Ley de promoción es prioritaria para que el sector alcance un desarrollo en el país similar al que tienen países vecinos como Brasil, Chile y Uruguay”, afirmó el presidente de AFOA, Osvaldo Vassallo, que además se quejó por la demora en los desembolsos. 

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“Vemos que hay más de 80 millones de pesos en resoluciones de pago pendientes, de un presupuesto total de 100 millones para todo el ejercicio. Es preocupante”, comentó el forestador. En respuesta a este tema, informó AFOA, el presidente Macri consultó al secretario Etchevehere sobre la situación, mostrando su predisposición a la solución.

Al abrir la mesa, el coordinador empresario de la misma y representante de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda, destacó que a un año de la primera mesa forestoindustrial se pusieron en marcha “10 Mesas Técnicas”,  que involucran a 8 ministerios y a varias provincias, para avnzar en los diferentes temas pendientes.

“Estamos trabajando en distintos aspectos que le den competitividad al sector y los logros están a la vista”, explicó Pereda, quien sitó como ejemplo que “logramos bajar los costos del puerto de Buenos Aires en un 35%”.

Todos los integrantes de la Mesa mostraron su entusiasmo con lo que llaman el Plan Estratégico ForestAR 2030, que tiene el objetivo de llegar para ese año a 2 millones de hectáreas de plantaciones forestales, con un fuerte salto desde las 1,2 millones de hectáreas con que cuenta actualmente el país.  

Ver El gobierno le tomó el gustito al tema y lanza un plan forestal 2030

“Se ha comenzado un proceso con el objetivo de posicionar a la Argentina como una potencia forestal y foresto-industrial sostenible para el año 2030”, elogió Santiago Gowland, de la empresa TNC.

Por otro lado, el representante de la Superintendencia de Seguros mencionó que ya se están recibiendo fondos vinculados al “Seguro Verde”, que fue anunciado en junio pasado por Macri y es la gran esperanza de los forestadores para poder llegar a esas metas. Se trata de un mecanismo de financiamiento con “aportes voluntarios” de las compañías de seguros a las nuevas plantaciones, ya que esas empresas prometieron destinar el 1% del monto de las pólizas cobradas a los automovilistas como aportes a la Ley 25.080 en una suerte de “compensación por la mitigación de los árboles a los gases que producen el efecto invernadero”.

“Este mecanismo cubriría la falta de presupuesto del Estado Nacional, garantizando el cumplimiento de la Ley y alcanzando la meta fijada de 700 mil nuevas hectáreas de superficie forestada en 2030, pasando de 1,3 a 2 millones”, se sinceró el titular de AFOA.

Macri, por un rato, pudo distraerse escuchando hablar de los temas de competitividad sistémica que quiso impulsar desde que comenzó su gestión con este tipo de  mesas. Luego volvió a la coyuntura, su gran dolor de cabeza.

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