Si bien descartaron por ahora definir la realización de acciones de protesta, por medio de un comunicado de prensa aseguraron que “perdimos todos luego de cuatro meses de medidas tomadas de forma unilateral e inconsulta” y reclamaron al presidente que revea la política intervencionista y retrotraiga “la normalización de los mercados a principios del mes de abril”.

La reunión, que ocurrió en el predio porteño de la Sociedad Rural Argentina, en el barrio de Palermo, contó con representantes de entidades productivas, frigoríficas, sindicatos y consignatarias de hacienda, además de dirigentes gremiales, quienes exigieron que “el gobierno debe dictar reglas claras que permitan dar previsibilidad a una actividad con ciclos biológicos de largo plazo y no generando más incertidumbre y pérdidas en la economía”.

“Perdimos los productores porque cayó el precio de la hacienda y subió la incertidumbre. También cayó la inversión en producción forrajera y genética. Perdimos los consignatarios porque el volumen comercial fue menor. Perdimos los industriales y exportadores porque el menor volumen de faena incrementa el costo operativo y daña, una vez más, la imagen de la carne argentina en los mercados ante los reiterados incumplimientos con los compradores. Perdimos los trabajadores por menor actividad industrial. Perdimos los consumidores porque el consumo de carne se vio afectado por la inflación. Y perdimos los argentinos por menor recaudación de impuestos e ingreso de divisas”, aseguraron en una proclama conjunta.

Actualmente, con excepción de las cuotas que tiene Argentina para Europa, EE.UU. e Israel, las ventas externas están restringidas a un 50% del volumen registrado el año pasado y, si bien el próximo 31 de agosto vence el plazo sobre tales cupos exportables, lo más probable es que el gobierno extienda el cepo hasta fines del presente año.

“Necesitamos que se normalice el mercado y que los productores podamos contar con reglas claras, que generen certidumbre en la actividad ganadera”, dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Pino recordó que “cuando desde la Mesa de Enlace, salvo CRA que opinó que no iba a colaborar, presentamos los lineamientos para un futuro plan ganadero, lo hicimos aclarando que ningún plan puede funcionar con las exportaciones de carne cerradas o cuotificadas; es imposible”.

“La producción de ganado necesita que todos los mercados estén abiertos para que el productor pueda defender mejor su producto. Repito, plan ganadero con exportaciones cerradas es inviable”, concluyó el presidente de la SRA.

El presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, declaró que “no sólo los empresarios sino también los trabajadores manifestaron su preocupación por las consecuencias que tiene este cierre de exportaciones”, y comentó que la Mesa de Enlace también mantuvo un encuentro con Sabino Vaca Narvaja, embajador argentino en China para fijar una agenda de trabajo y de convenios de trabajo.

“Vaca Narvaja nos hizo saber que estaba preocupado por este tema y que estaba trabajándolo por su parte con el gobierno chino, y también hablamos de la gran oportunidad que tenemos con China interesada por nuestros productos y no sólo la carne bovina. Tenemos muchas de nuestras cooperativas asociadas interesadas, no sólo grandes como ACA”, agregó Laucirica.

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), explicó que “es imposible e inviable planificar y generar certidumbres y estímulo hacia la producción y ganar mas kilos de terminación en el ganado y aumentar la actividad de faena con las exportaciones de carne cerradas”.

“Los matarifes, consignatarios, y demás trabajadores de la carne coincidimos en la gran perdida que tuvimos en estos últimos cuatro meses por una equivocación que vuelve a cometer el gobierno. Tuvimos una gran baja del valor de la hacienda en pie, y los trabajadores de la carne sufrieron suspensiones, despidos y disminuciones horarias en sus puestos de trabajo, sumando inestabilidad. Si no se hubiese tomado esta medida de cierre y aperturas parciales hubiéramos tenido mayor ingreso de divisas y no hubiese pasado esto”, resaltó.

Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), expresó: “Hoy se escuchó a los trabajadores hablar en el mismo idioma que los productores. Dimos una lección de convivencia. Estamos tratando de evitar el conflicto pero las señales que nos da el gobierno son erróneas”.

De continuar el cepo exportador de Raedemaeker reflejó que “sería la chispita para que se genere una protesta visible. Los productores nos reclaman un cese de comercialización pero por ahora los canales de diálogo siguen abiertos. Es importante la articulación público-privada pero para hacer políticas efectivas se debe escuchar la opinión de todas las partes”, enfatizó.

Además de las cuatro entidades del agro, en el encuentro estuvieron presentes directivos de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado, Cámara de Productores de Carne Vacuna, Centro de Consignatarios de Productos del País (CCPP), consorcio de Frigoríficos Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica).

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“Los abajo firmantes solicitamos ser recibidos en forma inmediata por el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, a fin de que interceda ante el Gobierno Nacional para lograr la normalización de las exportaciones de carne a la mayor brevedad posible”, dice un comunicado firmado por la Mesa de Enlace de Entre Ríos (Farer, Sociedad Rural, Federación Agraria y las cooperativas de Fedeco), por el Sindicato de la Carne Filial Paraná y por la Cámara de Industrias Cárnicas de Entre Ríos.

Las organizaciones de la cadena cárnica (solamente faltan adherir a los frigoríficos de la provincia enrolados en el Consorcio ABC), alertaron que el cepo a las exportaciones de lo que producen tendrá “graves perjuicios” sobre todos los eslabones de la producción ganadera en la provincia, comenzando por el más débil, que es el trabajador.

“Los principales efectos negativos registrados hasta el momento han sido la suspensión inmediata de personal eventual, las reducciones de jornadas horarias de trabajo, el adelanto de vacaciones y la puesta en riesgo de cientos de puestos laborales en diversas plantas frigoríficas y establecimientos rurales de Entre Ríos. Asimismo el congelamiento y retracción de inversiones y la pérdida de expectativas de miles de productores y familias rurales”, se indicó en el comunicado.

Y se agregó: “Este panorama no es solo perjudicial para el principal sector económico de nuestra provincia sino también para el conjunto de la sociedad entrerriana y para el Estado mismo, en un contexto de creciente inflación, pérdida de poder adquisitivo, incremento del desempleo y presión tributaria récord”.

La cadena de la carne santafesina reclamó a Perotti que interceda ante Alberto para revertir el cepo exportador

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La nota fue firmada por Cafrisa (Cámara de Frigoríficos de Santa Fe), las cuatro entidades de la Mesa de Enlace (SRA, FAA, CRA y Coninagro) y también por los referentes del sindicato de la carne a nivel provincial. Como se dijo, es la primera presentación de toda la cadena ante un gobernador. Perotti, de entrada, mandó a decir que no estaba de acuerdo con el cierre de las exportaciones, aunque luego -como sucedió con el caso Vicentín- moderó el tono de sus críticas hasta que se hicieron casi inaudibles.

En la carta, la cadena destaca que la producción, la industria y los trabajadores se ven seriamente afectados directa o indirectamente por las restricciones a las exportaciones dispuesta por el Gobierno Nacional. Por tal motivo solicitan a Perotti “su personal e institucional intervención frente a las autoridades competentes para trasladar la inconveniencia y negativas consecuencias que implica el sostenimiento de estas medidas cuyos objetivos no son alcanzados”.

Luego agregan que los eslabones de la cadena cárnica santafesina decidieron “aunar esfuerzos para participar activamente en las gestiones que el señor Gobernador decida encarar ante las autoridades nacionales”.

Dice la nota que la prohibición parcial de exportar carne redujo el salario de los trabajadores debido a los menores niveles de producción de carne, y a su vez redujo hasta 50% el precio de las vacas, lo que afecta a criadores y a los tamberos, que en Santa Fe se cuentan en gran cantidad.

Pide además la conformación de una Mesa de Trabajo Multilateral integrada por funcionarios, industriales, productores y trabajadores: “Consideramos que estos tres actores constituimos la plataforma productiva que genera inversiones, empleo y divisas”. En ese sentido, alerta que la medida tomada por el presidente Alberto Fernández genera un “inminente peligro de extinción del empleo”.

Los efectos de la medida del gobierno nacional fueron hasta ahora claramente negativos. Por un lado, aumentó en junio casi 8% el precio de la carne vacuna, cuando la supuesta intención del gobierno era que bajen. Por otra parte, el ingreso de los trabajadores se redujo en torno al 40%, especialmente en las empresas exportadoras por la menor faena vacuna y la pérdida de premios por productividad y horas extras. A su vez, a la industria le aumentó el costo por unidad producida.

A nivel de la producción ganadera se produjo un baja significativa en el novillo de exportación, en las categorías de vacas y produjo un cambio de expectativas que frenó inversiones.

Mientras tanto se sigue esperando por el cumplimiento de la promesa oficial, repetida otra vez esta semana, sobre una flexibilización de las exportaciones que permitiría una mayor venta de los cortes de vacas y de la carne kosher.

Esa promesa fue hecha por el ministro de la Producción, Matías Kulfas, y el de Agricultura, Luis Basterra, frente a diferentes representantes de la cadena de la carne vacuna, pero por el momento no hay novedades y el mal humor crece.

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Pero los frigoríficos exportadores que integran el Consorcio ABC decidieron desafiar las lecciones de la historia y probar suerte. Negociaron por su cuenta un “acuerdo cárnico” al tiempo que, casualmente, comenzaban a aparecer diferentes normativas oficiales tendientes a favorecerlos, como el cuarteo obligatorio y restricciones para aquellos osados emprendedores que se animan a exportar sin una planta industrial propia.

Pero, mientras que durante la primera gran intervención del mercado cárnico (2006/2015) la factura llegó con el postre, esta vez la trajeron cuando recién estaban empezando a mirar la carta. Los tiempos de la historia se aceleran.

Pocos días después de firmar un acuerdo en el cual los principales frigoríficos exportadores se comprometían a entregar 8000 toneladas mensuales de cortes bovinos a precios subsidiados, el presidente Alberto Fernández tuvo una mejor idea: cerrar las exportaciones para incrementar la oferta interna de carne.

Se le podría haber explicado al presidente que la faena bovina está distribuida en cientos de operadores, la mayor parte de los cuales abastece al mercado interno; que la mayor proporción de lo que producen los exportadores son cortes destinados al mercado chino que resultan incomibles para el consumidor argentino; que, al desintegrar una media res, el número de cortes que pueden obtenerse de la misma es limitado; que hay algo llamado “mesa de las carnes” que puede ser convocada para estos casos. Pero ya era tarde.

El Consorcio ABC, que inicialmente se propuso como interlocutor válido del sector, debe asumir la responsabilidad de cumplir con el deseo del presidente: que bajen los precios de todos los cortes vacunos populares. Todos. No una cuota mensual de 8000 ni de 16.000 toneladas.

En definitiva, lo que seguramente se vendió puertas adentro de la entidad como una gran oportunidad que no se puede desaprovechar, se transformó en un pestañeo en un gran problema que expandió sus esquirlas hacia los demás eslabones de la cadena cárnica.

El resultado: los frigoríficos que integran el Consorcio ABC deben resolver por su propia cuenta y costo el deseo presidencial para destrabar el cierre de exportaciones, una medida que, ante los ojos de Alberto Fernández, representa un incentivo extraordinario para promover la creatividad de sus subordinados.

La cuestión es que, una vez resuelto el deseo presidencial, sólo puede esperarse un crecimiento de las tensiones presentes dentro de la cadena cárnica, dado que nadie querrá hacerse cargo del costo del subsidio forzoso impulsado por la administración kirchnerista, comandante indiscutible de la deglutida coalición peronista que asumió el gobierno a fines de 2019.

En tal escenario, cabe esperar un creciente nivel de conflictividad intrasectorial que, seguramente, representará una gran oportunidad comercial para aquellos que puedan vender confianza.

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“Es problemático encontrar carniceros que quieran blanquear su actividad porque hay un mayor número de operadores. Somos 400 frigoríficos, más de 1.500 matarifes y para los carniceros se habla de un número más que significativo (extraoficialmente se habla de 120 mil carnicerías), y además están enrolados como monotributistas”, dijo un Riusech preocupado a Bichos de Campo.

Luego sugirió: “Hay que hacer como se hizo con los materifes. Primero registrarlos y luego encontrar el sistema que permita que regularicen su situación y cumplan las normas fiscales. Es un proceso, pero un intento que vale la pena llevar a cabo”

Aquí la nota completa con Carlos Riusech:

Para el industrial de la carne, “el último gran avance (de la Mesa de las Carnes) fue el que se anunció luego de la última reunión con el presidente Macri, la baja de impuestos de ARBA a terceros, de 8% a 1,75%. Eso hace viable la recaudación. Ahora resta la etapa de los carniceros”, detalló.

Riusech cree que lo que debería venir después, en la agenda del trabajo del sector, debería ser “modernizar el consumo. Es decir, dejar de vender la media res y pasar al cuarteo. Lo que permitiría una mejor localización geográfica de los cortes y mejora en los precios. Hoy pasa que el lomo es barato en la provincia y la falda en la capital”, detalló.

Consultamos al CEO de una de las principales plantas exportadoras, que es auditada por los compradores de carne de otras regiones, si actualmente existen quejas por el estándar sanitario del resto de los frigoríficos. Riusech fue optimista en este sentido: “Es destacable el trabajo que está realizando Senasa, en principio en la provincia de Buenos Aires y luego en Santa Fe”, resumió.

– ¿Ve un buen final en la película de las carnes? -preguntó Bichos de Campo.

– Yo creo que sí. Tenemos que lograr que estos cambios dejen de ser coyunturales para pasar a ser estructurales. Ahí vamos a lograr algo.

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En diálogo con el programa Bichos de Campo, por Radio Rivadavia, Rossi adelantó su rechazo a la propuesta de Fifra, una de las cámaras de la industria frigorífica, de adecuar o reducir el peso mínimo de faena en terneras, ya que en muchos casos no se cumple con el requisito de llegar a los 300 kilos de límite. Escuche el reportaje aquí:

“No haremos lugar al pedido de Fifra. Por empezar la medida de los 300 kilos de peso lleva 10 años, tiempo suficiente que tuvieron para adecuar relaciones y metodologías de trabajo. Si cruzamos el río, en Uruguay tenés 50 kilos más por animal que acá; hablar de engrasamiento en las hembras no tiene sentido. Eso sí, bienvenida la recría y que terminen en feed lot animales más pesados”, explicó el funcionario.

¿Qué pasará cuando aparezcan las cajas negras? De acuerdo con Rossi, “habrá más seguridad en los controles. Esto empieza en el campo con el productor y sigue con la industria, que lo que menos querrá es faenar animales más livianos, por una cuestión de eficiencia. En el caso del productor, nos dirá seguramente que es un problema de precios y que el mercado lo va a arreglar. Yo soy de los que piensa que el Estado debe inducir un cambio en el mercado, sobretodo cuando es beneficioso para el conjunto: industria, producción y el desarrollo ganadero, que permitan recuperar las exportaciones después de 10 años nefastos de políticas para el sector”.

Ahora habrá un plazo de 30 días para que se inscriban los oferentes de las tecnologías de cajas negras. “La idea es que cada frigorífico pueda poner el sistema que ellos elijan. No poner un traje a medida para todas las empresas. Esto no es un sistema que te da el Estado, aunque sí se especificarán cuáles son las condiciones técnicas que deben cumplir”, explicó el titular de la Succa.

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