• En octubre de 2020 el gobierno de Alberto Fernández aprobó el trigo HB4, modificado genéticamente por científicos argentinos para soportar en mejores condiciones la sequía.
• Bioceres, la empresa dueña de este OGM, sembró primero 7.000 hectáreas con esa variedad, para tener semilla disponible en el caso de que  se habilitara el negocio. Y en esta campaña 2021/22 implantó cerca de 55 mil hectáreas en convenio con 225 productores.
• La habilitación comercial del trigo transgénico dependía de que esa variedad también se aprobara en Brasil, principal comprador del cereal argentino. La CNTBio, organismo regulatorio del vecino país, ha venido postergando una decisión desde junio pasado. Ahora pasó para noviembre, cuando se acerca la fecha de cosecha del cereal.
• Varios sectores de la cadena triguera, tanto en la Argentina como en Brasil,. han anticipado su rechazo a esta variedad transgénica, aludiendo que los consumidores lo rechazan. Y también han planteado sus temores a una “fuga” del HB4 implantado, que pueda contaminar lotes de trigo convencional y perjudicar a la Argentina en sus  mercados.

En este escenario, el Ministerio de Agricultura reconoció la preocupación del sector y, tal como anticipó el jueves Bichos de Campo, elaboró un protocolo especial para asegurar a la cadena triguera que no habrá peligro. Mediante una resolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE) conocida este viernes, se decidió crear una “Comisión Espacial de Auditoría para el trigo HB4”, que deberá monitorear todo este espinoso asunto.

El Estado argentino publicará un documento para garantizar la comercialización de trigo libre de eventos transgénicos

“Créase la Comisión de Auditoría de Trigo HB4 en el ámbito de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Dirección Nacional de Articulación Federal del INASE”, dice la normativa que será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial. esta es la resolución:

La Comisión especial “estará integrada exclusivamente por agentes del referido Instituto Nacional”. Lo primero que hará es recibir información de parte de Bioceres, a la que se le otorgó un plazo de cinco días para informar sobre “el inventario actual de existencias en cada una de las plantas de procesamiento y/o lugares de almacenamiento con georreferencia de su ubicación. Deberá informar material clasificado, no clasificado, descartes y materiales de purga”.

Una vez definido cuánto y dónde conserva Bioceres de las semillas (en principio, la que se cosechó de las 7.000 hectáreas sembradas en la primera campaña, porque las otras 55.000 hectáreas todavía no han sido cosechadas), el INASE le permitirá “conservar hasta un 20% en calidad de semilla, debiendo identificar, en este caso, lugar de almacenamiento y condiciones del mismo, a fin de permitir su control y verificación”.

¿Y qué sucederá con el resto? El artículo 4° de la norma dictada hoy define con claridad que “todo material que no se encuentre incluido en el artículo que antecede (es decir en el 20% mencionado), deberá ser desactivado en su poder germinativo y/o procesado, debiendo informarse a la Comisión el lugar de procesamiento, cronograma de trabajo y destino del mismo, en un plazo que no exceda de los 10 días”.

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Respecto del nuevo material sembrado en la campaña 2021/22 (las mencionadas 50 mil hectáreas), Bioceres también deberá informar en cinco días todos los lugares de siembra. Según anticipó oportunamente Bichos de Campo, estos están distribuidos entre 225 productores en todo el territorio nacional.

La compañía también deberá acreditar ante la nueva Comisión “un cronograma de cosecha que contendrá, como mínimo, el establecimiento a cosechar, superficie a cosechar, fecha de inicio de tareas, contratista que interviene, cosechadora o cosechadoras afectadas, y cualquier otro dato de interés” sobre este proceso.

A la vez se exigirá de la empresa con sede en Rosario, “un plan detallado de
preservación de identidad y confinamiento, que contenga asimismo un plan de contingencia que prevenga y remedie las posibles fugas de material”.

“Las plantas que se involucren en el procesamiento y almacenaje de Trigo HB4 deberán estar exclusivamente dedicadas al manejo de este material, no pudiendo procesar otro trigo convencional”, se estableció.

En el caso de esta cosecha, Bioceres será obligada a destruir la mitad de la cosecha esperada y solo podrá utilizar como reserva de semilla el otro 50%.

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En la carta enviada al presidente -con copia a los ministros de Agricultura, Julián Domínguez; de Economía, Martín Guzmán; y de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero- la Federación de Acopiadores expresa la “enorme preocupación de toda la cadena triguera” por este tema y reclaman una reunión con el primer mandatario argentino para hablar del asunto.

A su vez solicita que “es imprescindible que, rápidamente, se adopten medidas estrictas de aislamiento y confinamiento de la producción de trigo HB4 en proceso, mientras no exista la certeza de que nuestros compradores aprobarán esa producción”.

Este es la carta que Rivara envió al presidente:

El trigo HB4 fue aprobado por las autoridades del Ministerio de Agricultura en octubre del 2020, aunque su comercialización como semilla quedó condicionada a que Brasil también lo apruebe. La Comisión Nacional de Biotecnología de ese país (CNTBio) viene postergando una decisión al respecto y en su última reunión, la semana pasada, volvió a posponer el tratamiento de dicho expediente para noviembre.

En el texto firmado por Rivara, la entidad que agrupa a los acopios sostiene que “en los 20 meses de gestión no logramos alcanzar un diálogo franco con los funcionarios del Ministerio de Agricultura sobre los peligros que acarrearía la presencia de trigo o harina transgénicos en el complejo exportador. Cada vez que intentamos manifestarlo nos responden que están a favor de la innovación tecnológica, tema que no está en debate ya que la cadena agropecuaria es una firme defensora de esa posición”.

La principal preocupación de la cadena se centra en el posible rechazo de todos los compradores de trigo argentino a adquirir trigo o harinas OGM. Abitrigo (la Cámara que agrupa a los molinos brasileños) ya informó que si Argentina autoriza un trigo transgénico, ellos comprarán el cereal en otros países. Según la carta, lo mismo ocurrió con Bolivia, los países del Sudeste Asiático y África.

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Hoy la Argentina  produce aproximadamente 20 millones de toneladas de trigo convencional, de las cuales  se exportan 13 millones como granos y  800.000 toneladas como harina, generando divisas por 4.500 millones de dólares. El Estado por derechos de exportación recauda unos 530 millones de dólares. Eso es todo lo que está en peligro, según Rivara.

“Es una locura aprobarlo, los compradores no quieren trigo transgénico”, expresó el dirigente de los acopiadores. Que agregó: “Hoy los trigos argentinos son reconocidos en el mundo por su buena calidad, su nivel proteico y gluten, la aprobación transgénica hará que perdamos mercado de excelencia y tengamos que buscar mercados menos exigentes”.

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Es abrumadora la cantidad de entidades vinculadas a la producción de trigo que creen que la Argentina ha dado un mal paso. Están todos los eslabones: las gremiales de productores, los acopios, los corredores, las bolsas, los molinos y las exportadoras del cereal. Faltan las firmas de las entidades tecnológicas y curiosamente la de Argentrigo, la cámara de la cadena triguera.

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El motivo del rechazo está más que claro: la cadena triguera argentina cree que existe riesgo de que los consumidores rehuyan de este trigo transgénico, como sucede en otros países del mundo que han desistido de utilizar este tipo de tecnologías en ese cereal. Esto podría implicar la pérdida de mercados en algunos casos o el encarecimiento de los costos comerciales ante la necesidad de “segregar” el trigo transgénico de las variedades convencionales.

“El trigo HB4 no tiene riesgos ambientales ni de salud pública”, aclararon las entidades que firmaron el comunicado. Pero dijeron que les “llama la atención que el Gobierno decida de forma unilateral, sin consultar a los representantes de la cadena del trigo, la aprobación comercial”.

Según las entidades, el mercado mundial del trigo alcanza las 175 millones de toneladas anuales y el de harinas a los 18 millones. Las variedades modificadas no existen a pesar de esos volúmenes. “En varios países del mundo se intentó hace años lanzar eventos en trigo que no pudieron prosperar debido a la reacción negativa de los mercados compradores”, se explicó.

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“Es por ello que esta aprobación reviste condiciones especiales y altamente riesgosas”, alertó el comunicado, que lleva las firmas de las Bolsas de cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Chaco, Entre Ríos y Santa Fe; la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Industriales Molineros; el Centros de exportadores de cereales, el centro de de corredores; la federación de la Industria de la Molinería, los Acopiadores; y las cuatro entidades de la Mesa de Enlace (CRA, Coninagro, FAA y Sociedad Rural Argentina).

Para esas entidades, “el uso comercial nacional del trigo HB4 impactará en los precios y abastecimiento de trigo en el país; se pondría en riesgo los esfuerzos conjuntos (público-privado) realizados para consolidar nuevos mercados y expandir fuertemente las exportaciones”.

“El daño que se produciría al mercado de trigo argentino sería irreparable e irreversible, toda vez que la contaminación se propagará y la segmentación resulta inviable”, concluyeron.

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